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esclavitud de nanasDos horas después de que Alexandra comenzara su vigilia, justo pasadas las ocho de la noche, un furgón granate se detuvo frente a ella. Comenzaba el trabajo de los pasajeros que descendieron del furgón. Estaban ahí para rescatarla. La mujer, de 24 años, quería desesperadamente dejar su trabajo, pero sus empleadores la habían amenazado con llamar a la policía si lo hacía. Dos abogados de la organización CASA, de Maryland, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, golpearon a la puerta y se enfrentaron a su pasmada patrona. Tenían experiencia en este tipo de intercambios, ahora una rutina entre sus labores, y estaban preparados para hacer frente a las acusaciones y desmentidos que seguirían. A los pocos minutos, Alexandra salió de la casa, con un enorme perro de peluche en sus brazos. "¡Estoy feliz!", gritó. Durante casi dos años, había trabajado ochenta horas a la semana, cocinando, limpiando y ocupándose de un bebé en casa de un funcionario ecuatoriano de la Organización de Estados Americanos. Por su trabajo, dijeron sus abogados, recibía algo más de 2 dólares por hora. Había trabajado para la misma familia en Ecuador, pero apenas llegó, dijo, su patrón le retuvo el pasaporte. No tenía dinero y tenía miedo de que si se iba, perdería su visado y la policía la detendría. Historias como la de Alexandra son cada vez más frecuentes entre las miles de mujeres que son reclutadas cada año en países pobres para trabajar como empleadas de puertas adentro, según agentes de policía y grupos de apoyo. Hoy, un creciente número de organizaciones se están ocupando de las empleadas domésticas maltratadas, ayudándolas a dejar a sus patrones y procurándoles viviendas provisorias y asesoría legal. En casos como el de Alexandra Santacruz, las trabajadoras sufren años de explotación. En otros, son víctimas del tráfico, obligadas a transformarse en esclavas modernas. Hace tres años, en Silver Spring, una chica de Camerún, de 14 años, fue hecha esclava por una pareja de su país. Nunca le pagaron, y el hombre abusaba sexualmente de ella. Una criada de Bangladesh de un diplomático de Baraini, en Nueva York, a la que no se le pagó ni dejó salir nunca del apartamento, debió ser finalmente rescatada por la policía, de acuerdo a su denuncia. Una criada india de un diplomático en Potomac dijo que fue maltratada mental y físicamente y que le pagaron 100 dólares por 4 mil 500 horas de trabajo durante un período de 11 meses. (Dos centavos por hora). Los principales destinos de esas trabajadoras en Estados Unidos son Washington y Nueva York, donde hay grandes comunidades de inmigrantes y donde se ubican las sedes de organizaciones internacionales, cuyos funcionarios extranjeros pueden traer sus criados con visados especiales. En muchos casos, las trabajadoras son ocultadas a la vista pública, y viven prácticamente encerradas. "La gente no concibe que haya esclavitud aquí en nuestras propias ciudades, al alero del Capitolio del país", dijo Joy Zarembka, gerente ejecutivo de Break the Chain Campaign, un grupo sin fines de lucro del área, que se ocupa únicamente de las empleadas domésticas. Un informe de la CIA de 2004 estima que entre 14.500 y 17.500 personas son reclutadas o transportadas a Estados Unidos cada año, engañadas u obligadas para ser explotadas sexualmente o para trabajos forzados. Pero precisar la cantidad es imposible, porque ninguna agencia federal o nacional se ocupa de los casos. CASA de Maryland y Break the Chain calculan que reciben en Washington un total de 45 a 50 nuevos casos de empleadas domésticas cada año. Las que trabajan para diplomáticos o funcionarios de organizaciones internacionales deben hacer frente a la amenaza agregada de perder sus visados si abandonan sus trabajos. "Realmente es un dilema draconiano", dijo Carol Pier, el autor de un informe de Human Rights Watch de 2001 sobre las trabajadoras domésticas. "Seguir viviendo en una situación de explotación o dejar a tu patrón y denunciarlo o perder tu condición de inmigrante legal". Para CASA, que ha rescatado a más de 100 trabajadoras domésticas en los últimos seis años, la llamada de Alexandra puso en movimiento un plan de acción. Silvia Navas, de CASA, revisó los detalles de su situación con llamadas secretas. Quedaron de encontrarse en un McDonald unas semanas antes del rescate y fijaron una fecha y una hora. Minutos después, Alexandra puso sus bolsas en el furgón esa noche, el equipo de CASA se dirigió hacia una casa de la ciudad a una segunda operación. Germania Velasco, de 34, brincó al furgón y abrazó a Alexandra, a la que conocía porque los patrones de ambas trabajan para la OEA. "Estoy siendo rescatada!", dijo, jadeando, contándole por su celular a una amiga que estaba bien, que la estaban rescatando. En la casa, la patrona de Alexandra, Verónica Peña, y su marido, le estaban gritando a Navas y al abogado de CASA, Jayesh Rathod. Navas contó que la señora Peña dijo que "todo el mundo lo hace", refiriéndose a los bajos salarios que se pagan por la ayuda doméstica. Navas dijo que le había replicado, "Es por eso que estamos aquí". Peña, segunda secretaria de la delegación ecuatoriana ante la OEA, dijo que no tenía autorización de su gobierno para hacer comentarios. Alexandra Santacruz y Germania Velasco llegaron a Estados Unidos con visados que les permitían viajar con sus empleadores. Como muchas otras, firmaron contratos que luego los empleadores ignoraron, según el abogado Victor Glasberg. Alexandra dijo que no le dieron tiempo para leer el contrato ni le dieron una copia. El contrato de Germania Velasco decía que se la pagaría 6 dólares la hora, casi tres veces más de lo que finalmente le pagaron, según Glasberg. Quiere que le paguen los salarios atrasados -calcula que le deben alrededor de 20 mil dólares por 20 meses de trabajo, y que a Germania Velasco le deben 28 mil dólares por casi dos años de trabajo. Según la ley federal del salario, las mujeres podrían cobrar dos veces ese importe si sus empleadores les pagaron menos de lo normal a sabiendas. El empleador de Alexandra Santacruz, Efraín Baus, primer secretario de la misma misión ante la OEA, se negó a dar comentarios. En una carta reciente a Glasberg, su abogado, Samuel G. McTyre, dijo que Baus y su esposa "muy probablemente" se avendrían si el asunto se mantenía privado. Observó que la pareja estaba asombrada de la denuncia de la Santacruz y dijo que "ella conocía los términos y condiciones de su empleo... y los había aceptado durante dos años sin quejarse ni una sola vez". Negó enfáticamente haberle retenido el pasaporte. Debido a que lo que se juega es mucho, dicen los abogados, las trabajadoras domésticas son a menudo puestas bajo presión para que no busquen compensación. La carta del abogado de Baus, por ejemplo, menciona que la denuncia de Alexandra Santacruz "puede o no" afectar los trabajos de sus parientes en casa de otros miembros de la familia Baus y amigos en Ecuador. Creía Que Era La Hija Mayor Joy Zarembka, 32, agrega la pasión a su trabajo. Es la hija de una empleada doméstica de Kenia. Y hace algunos años se enteró de que una empleada de puertas adentro en el barrio de su padre en Gaithersburg no recibió un centavo en cinco años de la pareja de Camerún para la que trabajaba, según las actas del sumario. Joy veía a menudo a la adolescente y pensaba que era la hija mayor. "En retrospectiva, ahora recuerdo la tristeza de sus ojos", dijo. El padre de Joy contactó con CASA, que puso sobre aviso a la ley. La indignación la llevó en el 2000 a trabajar para una coalición de grupos de defensa de los trabajadores, de derechos humanos y religiosos que más tarde se transformarían en la campaña Break the Chain. Desde entonces, el grupo ha ayudado a más de 100 trabajadoras domésticas. "Nos cuesta poco pagar un salario normal, especialmente cuando lo comparas con los salarios de los abusadores", dijo Joy Zarembka. Hasta hace poco, Break the Chain y CASA eran los únicos grupos en el área de Washington que ayudaba a las empleadas domésticas. Pero el crecimiento del problema ha espoloneado la creación de nuevos grupos y nuevas iniciativas. Con fondos privados, por ejemplo, la organización sin fines de lucro Project House International está planeando comprar dos casas para dar alojamiento a víctimas del tráfico de esclavos. Además, un reciente énfasis en la lucha contra el tráfico, incluyendo una ley federal del 2000, ha liberado fondos federales para ello -más de 90 millones de dólares el último año fiscal. Con esos fondos, Break the Chain y otros grupos Ayuda, de Washington, y Boat People SOS, de Falls Church, han comenzado a preparar a agentes de policía, trabajadores sociales, enfermeras, intérpretes y otros para reconocer signos de una trabajadora que puede estar siendo explotada o atrapada. En los seminarios de formación, Joy enseña a hacer las preguntas claves: "¿Te dejan salir?" "¿Te han golpeado o han abusado de ti sexualmente?" "¿Te han amenazado?" "¿Tienes tu pasaporte?" "¿Te han pagado por tu trabajo?" Un Empleador Desaparecido ¿Quién Paga la Impunidad? Tratando De No Pensar En Ello Bobbye Pratt contribuyó a este reportaje. 3 mayo 2004 © washington post ©traducción mQh" Jueves, 06 de Mayo de 2004 00:22 #. reportajes Comentarios » Ir a formulario |
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