pleito por drogas místicas
[Linda Greenhouse] Corte Suprema oye caso sobre grupos religiosos que usan drogas prohibidas.
La Corte Suprema agregó el lunes a su sumario de causas un importante caso sobre una nueva religión aceptando dirimir si el gobierno puede prohibir la importación de un té alucinógeno que es fundamental para los rituales religiosos de una pequeña iglesia brasileña.
El proceso puso sobre la mesa la cuestión más amplia sobre cómo interpretará la corte, en el contexto de una droga ilegal, una ley que exige normalmente que el gobierno federal se refrene al máximo posible de interferir con prácticas religiosas.
El té, conocido como hoasca [ayahuasca], es hecho con plantas que crecen en la región amazónica y producen un químico que aparece como una substancia controlada tanto en la lista del gobierno federal y en el tratado internacional sobre el tráfico de drogas. El agente químico -dimetiltriptamina, usualmente conocida como DMT- puede ser producido en laboratorios, pero los seguidores de la religión de União Do Vegetal usan solamente la versión natural, que no crece en Estados Unidos.
El caso es un recurso del gobierno de Bush ante una orden de una corte federal ganada por los 130 miembros de la rama americana de la iglesia, que hizo un pleito hace cinco años para prohibir al gobierno invocar la Ley de Substancias Controladas que impide la importación de su té y requisa la bebida sagrada. La iglesia, que combina elementos del cristianismo con religiones indígenas de Brasil, abrió su rama americana en Santa Fe, Nuevo México, en 1993.
La Corte del Distrito Federal de Albuquerque, dictaminando antes del juicio, emitió una orden judicial preliminar contra el gobierno. El mandato fue confirmado subsecuentemente por una comisión de tres miembros de la Corte de Apelaciones del 10º Distrito, en Denver, y en noviembre pasado confirmado nuevamente por la corte de apelaciones en pleno con una votación de 8 a 5.
El juicio aún no toma lugar, un hecho que normalmente supondría un obstáculo para una revisión de la Corte Suprema. De hecho, el 10 de diciembre del año pasado, los jueces negaron la petición del administrador de prorrogar la orden de la Corte de Apelaciones hasta que el procurador del despacho general prepare una petición formal de una revisión de la Corte Suprema. El rechazo de la petición de prórroga en esas condiciones es usualmente una fuerte señal de que la Corte Suprema no considerará la eventual apelación como meritoria de atención.
Pero en este caso, Gonzales v. O Centro Espirita Beneficiente União Do Vegetal, Nº 04-1084, los jueces se han convencido al menos de dejar que el gobierno tenga voz y voto en la apelación severamente formulada, presentada por Paul D. Clement, al procurador general interino.
Denunciando el manejo por los tribunales inferiores del caso como "contrario a todo precedente", Clement dijo que "ningún tribunal ha ordenado nunca a Estados Unidos que permita una excepción religiosa a la Lista I de Ley de Substancias Controladas. La Lista I, en la que aparece el DMT, junto con la marihuana y otras drogas ilícitas, se reserva para substancias que el gobierno considera particularmente peligrosas y sin valor médico válido.
Sin embargo, tanto el ejecutivo como el Congreso han garantizado la exención religiosa para otra droga de Lista I, peyote, que es usada en ceremonias religiosas de la Iglesia Nativa Americana.
En una opinión concurrente en la decisión del 10º Distrito que ratifica la orden judicial, el juez Michael W. McConnell citó la excepción del peyote como evidencia de que el gobierno podía actuar a discreción en esas materias.
Rechazando el alegato de que el tribunal de distrito debería haberse inclinado ante las otras dos cortes, el juez McConnell dijo: "Si el Congreso o el ejecutivo hubieran investigado el uso religioso de la hoasca y hubieran llegado a la conclusión informada que los riesgos sanitarios o la posibilidad de desvío son suficientes para superar la libre discreción en este caso, esa conclusión debería gozar de más peso. Pero ningún poder ha hecho eso.
En realidad, dijo, el gobierno simplemente invocó el principio general de que las substancias controladas son peligrosas.
El juez McConnell, un importante estudioso en cuestiones sobre el libre ejercicio de la religión antes de llegar a ser juez, es considerado ampliamente como una posible opción del gobierno de Bush para una futura vacante en la Corte Suprema.
En su apelación ante la Corte Suprema, el gobierno también argumenta que la orden está obligando al gobierno a violar un tratado internacional de 1971, la Convención sobre Substancias Psicotrópicas de Naciones Unidas, que obliga a los 160 países que lo firmaron a luchar contra el tráfico internacional de drogas ilícitas. Que la convención se aplique a la hoasca está en discusión, debido a que Brasil, un signatario original del tratado, ha excluido al té, y una reciente apelación en Francia exceptuó su uso religioso.
Los tribunales inferiores basaron su resolución en la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, una ley federal de 1993 que prohíbe al gobierno aplicar leyes de un modo que interfiera con prácticas religiosas a menos que la interferencia se justifique por un "interés de fuerza mayor". La Corte Suprema determinó en 1997 que el Congreso carecía de autoridad para aplicar la ley en los estados, pero para el gobierno federal el estatuto siguen en vigor.
El caso del té de hoasca, que será visto en otoño, es el tercero en la minuta de la Corte Suprema que trata de la política federal sobre drogas. Se espera que la corte anuncie pronto una decisión en un caso visto en noviembre sobre si el gobierno federal puede bloquear la aplicación de la iniciativa sobre la marihuana médica en California. Y la corte recientemente accedió a oír la impugnación por el gobierno de Bush de una ley de Oregon que permite a los médicos prescribir dosis fatales de drogas reguladas federalmente para asistir a pacientes terminales a cometer suicidio.
En otra demanda el lunes, la corte aceptó el recurso del estado de Georgia sobre una pregunta de justicia criminal que ha creado durante mucho tiempo confusión entre las cortes de los estados. El caso Georgia v. Randolph, Nº04-1067, gira sobre si la policía puede allanar una casa sin una orden de allanamiento si un habitante da su consentimiento pero otro habitante se opone.
En este caso, una mujer involucrada en una riña doméstica llamó a la policía a la casa que compartía con su marido. En presencia del agente se quejó de que su marido estaba usando cocaína y dijo a la policía que la cocaína estaba en la casa.
El marido, Scott F. Randolph se negó a autorizar el allanamiento, pero la esposa condujo a los agentes a un dormitorio donde la evidencia del uso de cocaína era evidente.
Randolph, impugnando la legalidad del allanamiento, ganó una resolución de la Corte Suprema de Georgia de que ya que los dos miembros de la pareja tenían el "control y autoridad común" de la propiedad, se necesitaba el consentimiento de ambos para realizar un allanamiento sin una orden judicial.
21 de abril de 2005
18 de abril de 2005
©new york times
©traducción mQh
La Corte Suprema agregó el lunes a su sumario de causas un importante caso sobre una nueva religión aceptando dirimir si el gobierno puede prohibir la importación de un té alucinógeno que es fundamental para los rituales religiosos de una pequeña iglesia brasileña.El proceso puso sobre la mesa la cuestión más amplia sobre cómo interpretará la corte, en el contexto de una droga ilegal, una ley que exige normalmente que el gobierno federal se refrene al máximo posible de interferir con prácticas religiosas.
El té, conocido como hoasca [ayahuasca], es hecho con plantas que crecen en la región amazónica y producen un químico que aparece como una substancia controlada tanto en la lista del gobierno federal y en el tratado internacional sobre el tráfico de drogas. El agente químico -dimetiltriptamina, usualmente conocida como DMT- puede ser producido en laboratorios, pero los seguidores de la religión de União Do Vegetal usan solamente la versión natural, que no crece en Estados Unidos.
El caso es un recurso del gobierno de Bush ante una orden de una corte federal ganada por los 130 miembros de la rama americana de la iglesia, que hizo un pleito hace cinco años para prohibir al gobierno invocar la Ley de Substancias Controladas que impide la importación de su té y requisa la bebida sagrada. La iglesia, que combina elementos del cristianismo con religiones indígenas de Brasil, abrió su rama americana en Santa Fe, Nuevo México, en 1993.
La Corte del Distrito Federal de Albuquerque, dictaminando antes del juicio, emitió una orden judicial preliminar contra el gobierno. El mandato fue confirmado subsecuentemente por una comisión de tres miembros de la Corte de Apelaciones del 10º Distrito, en Denver, y en noviembre pasado confirmado nuevamente por la corte de apelaciones en pleno con una votación de 8 a 5.
El juicio aún no toma lugar, un hecho que normalmente supondría un obstáculo para una revisión de la Corte Suprema. De hecho, el 10 de diciembre del año pasado, los jueces negaron la petición del administrador de prorrogar la orden de la Corte de Apelaciones hasta que el procurador del despacho general prepare una petición formal de una revisión de la Corte Suprema. El rechazo de la petición de prórroga en esas condiciones es usualmente una fuerte señal de que la Corte Suprema no considerará la eventual apelación como meritoria de atención.
Pero en este caso, Gonzales v. O Centro Espirita Beneficiente União Do Vegetal, Nº 04-1084, los jueces se han convencido al menos de dejar que el gobierno tenga voz y voto en la apelación severamente formulada, presentada por Paul D. Clement, al procurador general interino.
Denunciando el manejo por los tribunales inferiores del caso como "contrario a todo precedente", Clement dijo que "ningún tribunal ha ordenado nunca a Estados Unidos que permita una excepción religiosa a la Lista I de Ley de Substancias Controladas. La Lista I, en la que aparece el DMT, junto con la marihuana y otras drogas ilícitas, se reserva para substancias que el gobierno considera particularmente peligrosas y sin valor médico válido.
Sin embargo, tanto el ejecutivo como el Congreso han garantizado la exención religiosa para otra droga de Lista I, peyote, que es usada en ceremonias religiosas de la Iglesia Nativa Americana.
En una opinión concurrente en la decisión del 10º Distrito que ratifica la orden judicial, el juez Michael W. McConnell citó la excepción del peyote como evidencia de que el gobierno podía actuar a discreción en esas materias.
Rechazando el alegato de que el tribunal de distrito debería haberse inclinado ante las otras dos cortes, el juez McConnell dijo: "Si el Congreso o el ejecutivo hubieran investigado el uso religioso de la hoasca y hubieran llegado a la conclusión informada que los riesgos sanitarios o la posibilidad de desvío son suficientes para superar la libre discreción en este caso, esa conclusión debería gozar de más peso. Pero ningún poder ha hecho eso.
En realidad, dijo, el gobierno simplemente invocó el principio general de que las substancias controladas son peligrosas.
El juez McConnell, un importante estudioso en cuestiones sobre el libre ejercicio de la religión antes de llegar a ser juez, es considerado ampliamente como una posible opción del gobierno de Bush para una futura vacante en la Corte Suprema.
En su apelación ante la Corte Suprema, el gobierno también argumenta que la orden está obligando al gobierno a violar un tratado internacional de 1971, la Convención sobre Substancias Psicotrópicas de Naciones Unidas, que obliga a los 160 países que lo firmaron a luchar contra el tráfico internacional de drogas ilícitas. Que la convención se aplique a la hoasca está en discusión, debido a que Brasil, un signatario original del tratado, ha excluido al té, y una reciente apelación en Francia exceptuó su uso religioso.
Los tribunales inferiores basaron su resolución en la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, una ley federal de 1993 que prohíbe al gobierno aplicar leyes de un modo que interfiera con prácticas religiosas a menos que la interferencia se justifique por un "interés de fuerza mayor". La Corte Suprema determinó en 1997 que el Congreso carecía de autoridad para aplicar la ley en los estados, pero para el gobierno federal el estatuto siguen en vigor.
El caso del té de hoasca, que será visto en otoño, es el tercero en la minuta de la Corte Suprema que trata de la política federal sobre drogas. Se espera que la corte anuncie pronto una decisión en un caso visto en noviembre sobre si el gobierno federal puede bloquear la aplicación de la iniciativa sobre la marihuana médica en California. Y la corte recientemente accedió a oír la impugnación por el gobierno de Bush de una ley de Oregon que permite a los médicos prescribir dosis fatales de drogas reguladas federalmente para asistir a pacientes terminales a cometer suicidio.
En otra demanda el lunes, la corte aceptó el recurso del estado de Georgia sobre una pregunta de justicia criminal que ha creado durante mucho tiempo confusión entre las cortes de los estados. El caso Georgia v. Randolph, Nº04-1067, gira sobre si la policía puede allanar una casa sin una orden de allanamiento si un habitante da su consentimiento pero otro habitante se opone.
En este caso, una mujer involucrada en una riña doméstica llamó a la policía a la casa que compartía con su marido. En presencia del agente se quejó de que su marido estaba usando cocaína y dijo a la policía que la cocaína estaba en la casa.
El marido, Scott F. Randolph se negó a autorizar el allanamiento, pero la esposa condujo a los agentes a un dormitorio donde la evidencia del uso de cocaína era evidente.
Randolph, impugnando la legalidad del allanamiento, ganó una resolución de la Corte Suprema de Georgia de que ya que los dos miembros de la pareja tenían el "control y autoridad común" de la propiedad, se necesitaba el consentimiento de ambos para realizar un allanamiento sin una orden judicial.
21 de abril de 2005
18 de abril de 2005
©new york times
©traducción mQh
0 comentarios