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secuestrados y fotógrafo asesinados


Un fotógrafo muerto tras aparición de cadáveres de 3 hermanos secuestrados.
Caracas, Venezuela. Un fotógrafo de prensa fue asesinado el miércoles por un supuesto policía en una Caracas conmocionada por el descubrimiento de los cadáveres de tres hermanos canadienses menores de edad y su chofer, secuestrados hace más de un mes.
Jorge Aguirre, fotógrafo del diario El Mundo, murió de un balazo que le descerrajó "un supuesto policía", según informó a la AFP su jefe Esso Alvarez, cuando intentaba ingresar al campus de la Universidad Central de Venezuela donde se desarrollaban manifestaciones de estudiantes.
Los cuerpos Bryan (17), Kevin (13) y Jason (12) Faddoul y el de su chofer Miguel Rivas, fueron encontrados en la noche del martes en la localidad de Yare, luego de haber sido secuestrados el 23 de febrero cuando se dirigían al colegio y fueron detenidos por un retén de supuestos policías, en la urbanización de Vista Algre al suroeste de Caracas.
Jorge Aguirre llegó en un automóvil plenamente identificado como del diario El Mundo a la universidad cuando "un supuesto policía en una moto sin placas le impidió el acceso", dijo Álvarez.
Cuando Aguirre se bajó del vehículo para ingresar a pie al campus, el supuesto policía le disparó tres tiros, acertándole uno que se le alojó en el costado derecho del tórax, precisó Álvarez.
Al caer, Aguirre alcanzó a tomar una foto del supuesto policía de espaldas, que huía en la moto.
Manifestaciones espontáneas se desarrollaron el miércoles en varios puntos de la capital venezolana para reclamar al gobierno medidas contra los secuestradores, que actualmente mantienen en cautiverio a por lo menos 31 personas, 21 de ellas en el estado Táchira, limítrofe con Colombia.
Un empresario ítalo-venezolano, dueño de un diario y de una estación de TV, Filippo Sindoni, fue asesinado hace una semana tras haber sido secuestrado horas antes en la ciudad de Maracay (80 km al oeste de Caracas).
Los cuerpos de los menores y del chofer se encontraron alineados uno al lado del otro y presentaban "impactos de bala en la región occipital y cervical y en forma lineal, por lo cual se presume que se trató de un ajusticiamiento", dijo el director de la Policía Científica (CICPC), Marcos Chávez.
Los cuerpos tenían entre 48 horas y 72 horas de muertos, indicó Chávez. Dos de los chicos vestían aún la camiseta del uniforme del colegio.
Uno de los muchachos, Kevin, padecía una parálisis cerebral que le impedía mover su pierna y su mano derecha, lo que permitió también a uno de sus tíos identificar los cadáveres.
El padre de los adolescentes es un empresario libanés nacionalizado canadiense, del sector del calzado, que vive en Venezuela desde hace más de dos décadas.
Gladys Diab, madre de los niños envió el 22 de marzo una misiva al Papa Benedicto XVI en la que le pidió la intervención del caso. En la misiva, la madre perdonó a los secuestradores y les escribió: "Si Dios los escogió para finalizar con la misión de esas criaturas, no puedo hacer nada para evitarlo".
El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, indicó que varias de las personas que llamaron a los familiares de los muchachos para negociar el rescate tenían acento colombiano.
Reveló que en principio los secuestradores pidieron una "exagerada" suma de dinero, pero que después se llegó a un acuerdo por un monto más bajo que, dijo, se había acordado pagar cerca del lugar donde fueron encontrados los cadáveres.
La prensa venezolana se refirió a una cifra de 5 millones de dólares.
El fiscal dijo también que se investiga si hubo participación de agentes de la policía en el secuestro debido a que éste se produjo cuando fueron obligados a detenerse en un supuesto retén policial por tres hombres vestidos con uniformes de esa institución armada.
Tras el crimen de Sindoni, que también fue capturado en un supuesto retén policial, el Ministerio de Justicia intervino a la policía regional del estado Aragua (oeste) por la supuesta participación de algunos de sus funcionarios en el caso.
Marino Alvarado, coordinador de la organización humanitaria Provea, no descartó la participación de organismos policiales venezolanos en secuestros.
Recordó que en los 17 casos de desapariciones forzadas registradas por la organización entre 2004-2005, se encuentran funcionarios de las policías regionales.
"En Venezuela hubo 17 desapariciones forzadas y 162 denuncias de violaciones a la vida, donde están involucrados las policías estatales", dijo Alvarado a la AFP.
El asesinato de los niños Faddoul recibió la condena general de autoridades, dirigentes políticos, religiosos y empresariales, muchos de los cuales abogaron por eliminar las alcabalas policiales y depurar a los organismos de seguridad pública en Venezuela.
A raíz de la muerte de los menores, diputados abogaron por acelerar una ley antisecuestros que castiga severamente a los involucrados de estos crímenes y aprobar la Ley de Policía Nacional, que aspira unificar en un solo cuerpo a las policías regionales para tener más control del Estado.

6 de abril de 2006
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