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disturbios campesinos en china


[Edward Cody] Esta vez, los funcionarios prometieron revisar una expropiación.
Sanzhou, China. Durante veinticuatro horas un grupo de campesinos rebeldes descargaron su rabia por una confiscación de tierras agrícolas este mes y tomaron rehenes a funcionarios locales y, con palos y botellas de ácido, obligaron a un grupo de guardias de seguridad privados a pasar la noche escondidos en una pequeña oficina.
De muchos modos los disturbios se parecen a otras insurrecciones en el campo chino en los últimos años. Pero esta terminó con una novedad: Los campesinos obtuvieron importantes concesiones.
Al atardecer del 14 de junio, los campesinos accedieron a dejar marcharse a todos a casa -o al hospital para ser atendidos- y los funcionarios prometieron una revisión de alto nivel de 300 hectáreas de arrozales y estanques de peces de una propiedad que había sido confiscada por el comité de la aldea y revendida a una inmobiliaria, una transacción que los campesinos calificaron de corrupción.
Además, según los campesinos se les había prometido una explicación de por qué habían llegado a Sanzhou, para proteger un complejo de apartamentos de varios pisos construido en un terreno de excelentes tierras agrícolas confiscadas, doscientos guardias privados, muchos de ellos de pelo corto y tatuajes típicos de los gángsteres chinos.
El compromiso no resolvió el conflicto por la tierra que ha amargado a este pueblo -ahora suburbio- a unos cuarenta kilómetros de Guangzhou, entre los extensos terrenos industriales que han cubierto el delta del río Perla. Pero sí paró la violencia, aunque después de algunas lesiones graves. Más ampliamente, puso de relieve que el gobierno chino se dio cuenta de que los campesinos tienen la razón cuando se quejan de que su tierra y sus medios de vida están siendo injustamente engullidos por un despiadado crecimiento económico.
El gobierno del presidente Hu Jintao, en una señal de preocupación sobre la inquietud entre los campesinos transformados repentinamente en campesinos sin tierras, ha lanzado una campaña para conservar los campos y arrozales que alimentan a los mil trescientos millones de chinos. Además, ha destinado 42.5 billones de dólares para mejorar las condiciones de vida de los 700 millones de chinos que todavía están vinculados a la tierra y ha llenado la propaganda oficial con historias de cuadros del Partido Comunista que solucionan en el campo los problemas de agradecidos campesinos.
A pesar de los disturbios aquí, han emergido los primeros signos de que la campaña está surtiendo efecto. Aunque la censura del partido hace difícil sopesar la información en China, han disminuido agudamente los informes sobre protestas violentas en zonas agrícolas en los últimos seis meses. Esto marca un importante cambio con respecto a 2004-2005, cuando enfrentamientos entre campesinos y agentes de policía escalaron dramáticamente. En 2005, el ministerio de Seguridad Pública reportó 84 mil protestas violentas, más de doscientas al día.
El gobierno también es cada vez más franco sobre la corrupción que acompaña a menudo a las confiscaciones de tierras, indignando a los campesinos y corroyendo su disposición a acatar decisiones oficiales. Sun Wensheng, ministro de Tierras y Recursos, dijo el viernes a periodistas que más de un tercio de las confiscaciones de tierras implicaban acciones ilegales de parte de funcionarios locales del partido y del gobierno.
La semana pasada el gabinete del premier Wen Jiabao emitió una orden -la última de una larga serie- prohibiendo a los funcionarios locales confiscar tierras sin la aprobación del ministerio y prohibiendo también el uso de los beneficios obtenidos con las ventas de tierras confiscadas para financiar instituciones oficiales. Wen no se refirió a la queja expresada a menudo por una mayoría de campesinos: que los funcionarios locales se meten al bolsillo la diferencia entre las bajas compensaciones que se paga a los campesinos y los altos precios de mercado que se exige a las inmobiliarias. Pero Sun dijo que su ministerio estaba implementando un nuevo sistema para supervisar las confiscaciones y prevenir este y otros abusos.
El secretario del partido de la adyacente provincia de Guangdong, Zhang Dejiang, dijo a líderes del ayuntamiento, de la ciudad y de los pueblos en esta región que no pueden utilizar tierras confiscadas si los campesinos no aceptan las compensaciones. En efecto, esta fue una promesa reiterada a los campesinos de Sanzhou para que se dispersaran pacíficamente.
La provincia de Guandong, el área más industrializada de China, ha sido una zona de conflictos por la tierra. El 6 de diciembre la policía disparó contra campesinos que protestaban en el pueblo de Dongzhou, a 210 kilómetros de aquí, matando a varios de ellos y aumentado la aprehensión de que la inquietud se elevaría a niveles más graves de derramamiento de sangre.
Zhang, el secretario provincial del partido y miembro del Politburó nacional, fue criticado en Pekín por permitir que la violencia llegara a esos extremos en su provincia. Desde entonces se ha despedido a tres funcionarios locales implicados en la matanza de Dongzhou, de acuerdo a fuentes disidentes, y 12 campesinos han sido condenados a penas de prisión.
Los líderes de las protestas en Sanzhou, que contaron lo que ocurrió aquí a condición de preservar su anonimato debido a que temen ser detenidos, dijo que buses llenos de agentes de policía esperaban en las cercanías cuando, el 13 y 14 de junio, estallaron disturbios. La media docena de policías que observaban la escena no estaban armados, dijeron.
Los campesinos dijeron que aunque las confiscaciones de tierras en Sanzhou empezaron con decisiones tomadas a mediados de los años noventa, no fue sino hasta hace poco que reconocieron cuánto de sus tierras fueron destinadas al desarrollo industrial y residencial. En los últimos años, un enorme estanque en el que los campesinos criaban carpas ha sido desecado para construir un parque industrial. En los antiguos arrozales se han construido bodegas municipales. Cerca de ahí se ha levantado una fábrica de termos, con dormitorios adyacentes para los hijos de los campesinos, que son su fuerza de trabajo.
Los campesinos estaban indignados por lo que dijeron que era el uso de sus compensaciones por parte de funcionarios de la aldea para levantar un puente por encima del estanque de peces. Se destinaron innecesarias y abultadas sumas para el puente, que ha sido diseñado como un simple tramo de concreto de 200 metros sobre la ciénaga, dijeron. "Dicen que necesitan diez veces más de lo que realmente necesitan, y así se quedan con la diferencia", dijo un campesino, sarcásticamente.
El director del departamento de investigaciones del distrito de Shunde, que tiene jurisdicción sobre Sanzhou, se negó a hacer comentarios, refiriendo las preguntas al departamento provincial de propaganda de Guangdong. Los funcionarios allá, que de acuerdo a periodistas locales han prohibido dar informaciones sobre los disturbios en Sanzhou, dijeron que no tenían más informaciones.
Desde enero los campesinos han bloqueado el proyecto de construcción del puente, que no ha sido terminado y se compone de dos bloques de cemento achicharrándose bajo el fuerte sol del sur de China. Muchos campesinos y sus mujeres se instalan diariamente en un cobertizo para impedir que regresen las máquinas excavadoras. Se han colocado pancartas en la tienda que proclaman que los campesinos no se moverán hasta que se les paguen compensaciones por sus tierras.
Antes este mes líderes de la protesta se habían enterado de que una inmobiliaria estaba a punto de entregar a compradores la posesión de apartamentos en un edificio construido en otro terreno de tierra confiscada. El urbanista, dijeron, envió el 11 de junio dos docenas de guardias privados de paisano para proteger una pequeña oficina de ventas. Para el 13 de ese mes, la cifra había aumentado a más de 200, dijeron. Los campesinos llamaron a la policía local para intervenir contra los desconocidos de apariencia ruda, pero no obtuvieron respuesta.
A medida que empeoraba el enfrentamiento, varios campesinos avanzaron hacia el edificio de apartamentos y, amenazándolos con golpearlos, expulsaron a los obreros encargados de las terminaciones. Los guardias contraatacaron, y empezó la pelea. Los campesinos hicieron sonar los gongs, la alarma, y al final del día había en el sitio diez mil campesinos de la localidad y sus familias.
Atacaron la oficina de ventas, rompieron sus ventanas y expulsaron a la vendedora. Reconocieron que algunos usaron botellas de ácido sulfúrico para ahuyentar a los guardias de seguridad, y muchos de ellos blandieron palos y arrojaron piedras, obligando a los guardias a refugiarse en la oficina de ventas y bloquear la puerta.
Varios de los funcionarios locales que se aparecieron por el lugar para apaciguar los ánimos, fueron impedidos de volver a marcharse, dijeron los campesinos, y fueron retenidos toda la noche, hasta la tarde del día siguiente, cuando se logró un acuerdo.
Como parte del acuerdo, los campesinos deberán negociar con la inmobiliaria, que prometió detener la construcción a la espera de un acuerdo sobre una compensación. El agente inmobiliario insistió, sin embargo, en que el nivel de la compensación era un asunto entre los campesinos y el comité de la aldea. Pero los jefes del comité se negaron a recibir a los campesinos, dijeron los líderes de la protesta, y el secretario local del partido no se dejó ver.
"Hace mucho tiempo que no lo vemos", dijo uno de los organizadores.

28 de junio de 2006
©washington post
©traducción mQh
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