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Tal vez sea la firma con que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hugo Dolmtestch, selle la última resolución que dictará como juez, antes que asuma como el flamante nuevo integrante de la Corte Suprema. Es la condena contra los seis responsables del homicidio del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jécar Neghme Cristi.
Coincidencia o no, el destino también agregó a esta situación el hecho de que Neghme Cristi haya sido la última víctima fatal de la intensa represión política que aplicó Augusto Pinochet a través de la temida Central Nacional de Inteligencia (CNI).
Hace varios meses que el magistrado trabaja en la redacción de este fallo. El segundo de las mismas características que le toca plantear, luego de condenar a parte de la cúpula de la CNI por al detención ilegal y homicidio, en 1987, de 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, caso conocido como ‘Operación Albania' o ‘Matanza de Corpus Christi'.
El viernes, el juez sólo realizaba correcciones de ortografía al texto del fallo, que es esperado con ansiedad entre familiares y organismos de defensa de los derechos humanos. Pero si bien repara errores de texto, el juez decidió postergar unos días más el anuncio debido a que, según informaron altas fuentes, el juez aún mantenía algunas dudas respecto a la penalidad que aplicará contra los culpables.
Hasta ahora, se ha podido confirmar que de los seis agentes de la CNI que acusó en febrero último, como autores de homicidio calificado en perjuicio de Neghme Cristi, nadie se salva y todos deberán cumplir un largo período en la Cárcel de Punta Peuco.
El fallo de primera instancia contemplaría para los autores penas que van desde el presidio mayor en sus grados medio (10 años y un día) a máximo, esto es presidio perpetuo.
Los acusados son el brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, jefe metropolitano de la CNI; los coroneles (R) Eduardo Norambuena Aguilar y Pedro Guzmán Olivares; los capitanes (R) Silvio Corsini Encárate y Luis Arturo Sanhueza Ross, y el mayor (R) Manuel Navarrete Tello.
Todos los acusados por este crimen se encuentran confesos, a excepción de Leddy Araneda, quien insiste en negar su participación, pese a que el magistrado tiene acreditados todos los detalles de la operación que se montó para asesinar al dirigente del MIR, el 4 de septiembre de 1989.

Acribillado
Jécar Neghme murió tras ser acribillado cuando transitaba por calle Bulnes con dirección a la Alameda justo, en pleno centro de Santiago, el mismo día en que Patricio Aylwin Azócar fue proclamado como candidato presidencial de la Concertación.
En esos días, las pugnas internas que mantuvo la organización de izquierda, pusieron a Neghme a favor de la posición de apoyar esa candidatura.
Lo anterior fue un permanente argumento de las autoridades de la dictadura de la época para deslizar la suspicacia de que el asesinato podía venir desde sus oponentes, dentro del MIR.

Acusación
Previo a las condenas, el magistrado citó a declarar a los últimos testigos en el marco de la etapa del plenario del juicio. En esa instancia, concurrió el ex director de la CNI, general (R) Gustavo Abarzúa, quien exculpó en ese entonces al brigadier (R) Leddy.
No obstante esto, todos los ex agentes, autores del asesinato, acusan de ordenarles matar al dirigente.
Los cinco ex CNI que realizaron la operación en un principio negaban su participación. Pero en los últimos meses cambiaron su postura y admitieron su participación directa en la ejecución.
Este hecho vino a refrendar la capacidad del juez Dolmestch, de obtener un alto grado en confesiones en todos los casos que ha investigado.

Otros Fallos
El tiempo es escaso y el ministro Dolmestch deja su cargo el jueves, porque al día siguiente debe jurar ante el Pleno de la Corte Suprema en su nuevo cargo.
Pese a lo acelerado que ha sido su trabajo desde que fue ratificado por el Senado, el juez no tendría tiempo para dictar otras resoluciones importantes.
Dos son las que aún mantiene pendientes: las del asesinato del periodista José Carrasco, Abraham Muskablit, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga; y el de los cinco últimos desaparecidos de la dictadura, los cinco jóvenes del FPMR secuestrados en 1987.
De ellos, el caso de Carrasco se encuentra también en un avanzado estado, restando sólo algunos trámites para que el juez quedara en condiciones de dictar sentencia.
En el caso de los cinco miembros del FPMR, el juez podría decretar procesamientos contra los agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) que serían los responsables de la muerte y posterior desaparición de los cuerpos, arrojados al mar.
La semana pasada, el juez realizó una reconstitución de escena, basado en el testimonio del piloto del helicóptero que realizó el traslado de las víctimas.
Con todo, en caso de no realizar más diligencias ni dictar más resoluciones, ambos casos quedarán en manos del ministro Haroldo Brito, quien reemplazará momentáneamente a Dolmestch. Esto, mientras se nombra a su sucesor.

24 de julio de 2006
©la nación