cómo mueren los inmigrantes
[Nina Berstein] Nueva investigación de muertes de inmigrantes durante su reclusión.
Sandra M. Kenley estaba volviendo a casa desde su nativa Barbados en 2005 cuando cayó en la forma de encarcelamiento de más rápido crecimiento en Estados Unidos: la detención por inmigración.
Siete semanas más tarde, la señora Kenley murió en una cárcel en el campo de Virginia, donde se había quejado de no recibir medicinas para su presión alta. Fue uno de los 62 inmigrantes que murieron en instalaciones administrativas desde 2004, de acuerdo a un nuevo conteo del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, que ha sumado muchas más muertes que las veinte conocidas previamente.
Ningún organismo oficial está encargado de llevar la cuenta de las muertes ocurridas en centros de detención de inmigración, un retazo de cárceles de condados, prisiones privadas e instalaciones federales donde se encuentran retenidas más de 25.700 personas que no poseen la nacionalidad estadounidense mientras el gobierno decide si las deporta o no.
Obtener detalles sobre los que murieron durante su detención es una empresa difícil dejada en manos de los familiares, grupos de activistas y abogados.
Pero a medida que el sistema de detención de inmigrantes se dispara para satisfacer las demandas de una implementación más estricta de las leyes de inmigración, las muertes durante la detención -y el secreto y confusión en torno a ellas- están provocando una creciente atención de parte de legisladores y de investigadores oficiales.
Estimulado por los informes bipartidistas sobre abusos en los centros de detención, el Senado aprobó unánimemente una enmienda al proyecto de ley sobre inmigración que fundaría una oficina de supervisión de las condiciones de detención dentro del Departamento de Seguridad Interior. La capacidad de detención crecería con 20 mil camas, o un 73 por ciento, según el proyecto, que se espera sea nuevamente debatido hoy en el Senado.
Las quejas se concentran en la ausencia de un control independiente y la incapacidad de definir normas para el cuidado médico, la prevención de suicidios y el acceso a ayuda jurídica.
El inspector general en el Departamento de Seguridad Interior anunció hace poco la "revisión especial" de dos muertes, incluyendo la de una mujer coreana en un centro de detención privado en Albuquerque. Las otras reclusas dijeron a un abogado que la mujer, Young Sook Kim, había suplicado por ayuda médica durante semanas, pero nadie le prestó atención, hasta que sus ojos se volvieron amarillos y dejó de comer.
La señora Kim murió de cáncer al páncreas durante su detención el 11 de septiembre de 2005, un día después de que fuera trasladada a un hospital.
Algunas de las críticas más agudas del sistema provienen de funcionarios de uno de los centros de detención más grandes del país, la Cárcel del Condado de York, en Pensilvania.
"El Departamento de Seguridad Interior ha hecho difícil, sino imposible satisfacer los requisitos constitucionales de proporcionar cuidados médicos adecuados a los reclusos que tengan una grave necesidad de esos servicios", escribió el año pasado el alcaide de la Cárcel del Condado de York, Thomas Hogan, en una declaración el año pasado.
Funcionarios de la agencia de inmigración dicen que algunas muertes son inevitables, y que médicos locales proporcionan controles externos suficientes. El centro de detención creció en más de un 32 por ciento el año pasado, y la duración promedio de las permanencias bajo a 35 días, de 89, dijo una portavoz, Jamie Zuieback.
"Gastamos 98 millones de dólares al año para proporcionar cuidados médicos a personas bajo nuestra custodia", dijo Zuieback. "Cualquiera que viole nuestras leyes nacionales de inmigración recibirá el mismo tratamiento, independientemente de su condición médica".
Se negó a proporcionar información sobre las 62 muertes en centros de detención desde 2004, incluyendo nombres, fechas, centros o causas.
Se informó sobre veinte muertes durante el mismo período en un reciente documento informativo para el enviado especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos de los emigrantes de una lista compilada por abogados de libertades civiles sobre la base de informes de familiares, abogados y boletines de prensa.
Las normas de detención fueron adoptadas por la agencia de inmigración en 2000, pero no son legalmente aplicables, a diferencias de las reglas para el tratamiento de reclusos criminales. El Departamento de Seguridad Interior ha rechazado por los esfuerzos del Colegio de Abogados de Estados Unidos de convertir las normas en regulaciones, diciendo que la creación de reglamentos reducirían la flexibilidad de la agencia.
"Las muertes destacan de la peor manera los problemas del sistema", dijo Sunita Patel, abogado de Ayuda Jurídica [Legal Aid], que preparó el documento para el enviado.
Algunos partidarios de frenar la inmigración dicen que la solución son las deportaciones más rápidas.
"No se puede esperar que el contribuyente financie las elaboradas instalaciones de detención que quisieran algunas de estas organizaciones", dijo Dan Stein, presidente de la Federación por la Reforma de la Inmigración.
En el caso de la señora Kenley, una residente con permanencia legal en Estados Unidos durante más de treinta años, la detención interrumpió su tratamiento médico de su alta presión sanguínea, fibroma y hemorragia uterina. La autopsia atribuyó su muerte a una dilatación del corazón debida a un enfermedad crónica hipertensa. Pero un informe de los servicios médicos de emergencia dicen que se cayó del nivel superior de una litera y que otra reclusa había llamado a su puerta durante veinte minutos antes de que se apersonara algún guardia.
La hermana de Kenley, June Everett, dijo que sus preguntas no habían sido respondidas.
"¿Cómo murió mi hermana?", preguntó. Nicole, la hija de Kenley, lloraba. "Es todo muy confuso. ¿Quién lo sabe, realmente? Y me gustaría saberlo".
Kenley había estado viajando con su nieta de un año cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington, según muestran documentos, y se le ordenó volver sin el bebé para que explicara dos antiguas faltas por drogas que habían salido a la luz en una base de datos del aeropuerto.
Obedeció. Una transcripción muestra que admitió haber sido condenada por posesión de drogas en 1984 y en 2002 por tratar de comprar una pequeña cantidad de cocaína. Describió su vida como descarrilada por la drogadicción después de trabajar once años en la sala de correo de un diario.
"Me trastornó la vida", dijo Kenley al inspector de inmigración, mencionando sus tres años sin drogas después de la libertad condicional y tratamiento, la compleción de un curso de enfermería y la custodia legal de su nieta, Nakita. También mostró que estaba ingiriendo medicinas para la presión alta, y debía operarse.
El inspector la arrestó, invocando dos leyes: por las dos condenas por cargos relacionados con drogas podía ser expulsada de Estados Unidos.
"Apenas estoy viva", escribió Kenley más tarde a su hermana desde la Cárcel Regional de Pamunkey, Hanover, Virginia. "Estoy tratando de aguantar hasta que me consigas un abogado que me ayude".
Muerio en la Cárcel Regional de Hamton Roads, en Portsmouth, Virginia.
Sus comparecencias ante el tribunal fueron por video, y esperó a un abogado voluntario que nunca llegó.
A veces ni siquiera los detenidos con asesoría jurídica sobreviven.
Abdoulai Sall, 50, mecánico de taxis nacido en Guinea, de Washington, sin antecedentes criminales, murió durante su detención en diciembre pasado.
Sall, cuyo patrón lo había patrocinado durante diecisiete años para que obtuviera un permiso de residencia, estaba en una entrevista con un abogado, Paul S. Allen, cuando fue inesperadamente arrestado por una antigua orden de deportación -parte de un enredo jurídico que le dejó otro abogado cuando abandonó su caso en los años noventa, dijo Allen.
El expediente muestra que el despacho de Allen insistió en la intervención médica de Sall, que había estado siguiendo un tratamiento con fármacos para una seria afección al riñón en la época de su detención. Mientras estaba retenido en la Cárcel Regional de Piedmont, Farmville, Virginia, se quejó de que no estaba recibiendo sus medicinas y que sus síntomas estaban empeorando en la unidad.
Otros reos dijeron que encontraron a Sall acurrucado junto al secador de la unidad para calentarse, y apenas podía caminar. "Los del personal médico le dijeron que no tenían lo que necesitaba porque inmigración no pagaba lo suficiente", escribió un detenido.
La acusación fue rechazada por Lou Barlow, el alcaide de la cárcel, que dijo que Sall había sido bien cuidado, incluyendo una visita al pabellón de emergencias local.
"Nunca hicimos nada contrario a la ética, ilegal o inmoral", dijo Barlow.
La autopsia todavía está pendiente.
Algunas muertes, como la de la señora Kim, salen a la superficie bastante después de ocurridas. Kim, cocinera, 60, fue detenida en una redada en un salón de masajes y retenida durante un mes en el Centro Correccional Regional de Albuquerque, una cárcel de condado operada por la Cornell Companies, una empresa privada.
Meses después de su muerte, un abogado de Santa Fe, Nuevo México, Brandt Milstein, se enteró del caso por otros detenidos coreanos, desde entonces deportados. Milstein dijo que según las leyes de Nuevo México, la muerte debió haber sido revisada por un inspector médico, pero los funcionarios no informaron que su muerte había ocurrido en custodia.
Hace unas dos semanas -casi dos años después de la muerte de Kim-, el despacho del inspector general lo llamó, dijo Milstein. La investigación está en camino.
Sandra M. Kenley estaba volviendo a casa desde su nativa Barbados en 2005 cuando cayó en la forma de encarcelamiento de más rápido crecimiento en Estados Unidos: la detención por inmigración.Siete semanas más tarde, la señora Kenley murió en una cárcel en el campo de Virginia, donde se había quejado de no recibir medicinas para su presión alta. Fue uno de los 62 inmigrantes que murieron en instalaciones administrativas desde 2004, de acuerdo a un nuevo conteo del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, que ha sumado muchas más muertes que las veinte conocidas previamente.
Ningún organismo oficial está encargado de llevar la cuenta de las muertes ocurridas en centros de detención de inmigración, un retazo de cárceles de condados, prisiones privadas e instalaciones federales donde se encuentran retenidas más de 25.700 personas que no poseen la nacionalidad estadounidense mientras el gobierno decide si las deporta o no.
Obtener detalles sobre los que murieron durante su detención es una empresa difícil dejada en manos de los familiares, grupos de activistas y abogados.
Pero a medida que el sistema de detención de inmigrantes se dispara para satisfacer las demandas de una implementación más estricta de las leyes de inmigración, las muertes durante la detención -y el secreto y confusión en torno a ellas- están provocando una creciente atención de parte de legisladores y de investigadores oficiales.
Estimulado por los informes bipartidistas sobre abusos en los centros de detención, el Senado aprobó unánimemente una enmienda al proyecto de ley sobre inmigración que fundaría una oficina de supervisión de las condiciones de detención dentro del Departamento de Seguridad Interior. La capacidad de detención crecería con 20 mil camas, o un 73 por ciento, según el proyecto, que se espera sea nuevamente debatido hoy en el Senado.
Las quejas se concentran en la ausencia de un control independiente y la incapacidad de definir normas para el cuidado médico, la prevención de suicidios y el acceso a ayuda jurídica.
El inspector general en el Departamento de Seguridad Interior anunció hace poco la "revisión especial" de dos muertes, incluyendo la de una mujer coreana en un centro de detención privado en Albuquerque. Las otras reclusas dijeron a un abogado que la mujer, Young Sook Kim, había suplicado por ayuda médica durante semanas, pero nadie le prestó atención, hasta que sus ojos se volvieron amarillos y dejó de comer.
La señora Kim murió de cáncer al páncreas durante su detención el 11 de septiembre de 2005, un día después de que fuera trasladada a un hospital.
Algunas de las críticas más agudas del sistema provienen de funcionarios de uno de los centros de detención más grandes del país, la Cárcel del Condado de York, en Pensilvania.
"El Departamento de Seguridad Interior ha hecho difícil, sino imposible satisfacer los requisitos constitucionales de proporcionar cuidados médicos adecuados a los reclusos que tengan una grave necesidad de esos servicios", escribió el año pasado el alcaide de la Cárcel del Condado de York, Thomas Hogan, en una declaración el año pasado.
Funcionarios de la agencia de inmigración dicen que algunas muertes son inevitables, y que médicos locales proporcionan controles externos suficientes. El centro de detención creció en más de un 32 por ciento el año pasado, y la duración promedio de las permanencias bajo a 35 días, de 89, dijo una portavoz, Jamie Zuieback.
"Gastamos 98 millones de dólares al año para proporcionar cuidados médicos a personas bajo nuestra custodia", dijo Zuieback. "Cualquiera que viole nuestras leyes nacionales de inmigración recibirá el mismo tratamiento, independientemente de su condición médica".
Se negó a proporcionar información sobre las 62 muertes en centros de detención desde 2004, incluyendo nombres, fechas, centros o causas.
Se informó sobre veinte muertes durante el mismo período en un reciente documento informativo para el enviado especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos de los emigrantes de una lista compilada por abogados de libertades civiles sobre la base de informes de familiares, abogados y boletines de prensa.
Las normas de detención fueron adoptadas por la agencia de inmigración en 2000, pero no son legalmente aplicables, a diferencias de las reglas para el tratamiento de reclusos criminales. El Departamento de Seguridad Interior ha rechazado por los esfuerzos del Colegio de Abogados de Estados Unidos de convertir las normas en regulaciones, diciendo que la creación de reglamentos reducirían la flexibilidad de la agencia.
"Las muertes destacan de la peor manera los problemas del sistema", dijo Sunita Patel, abogado de Ayuda Jurídica [Legal Aid], que preparó el documento para el enviado.
Algunos partidarios de frenar la inmigración dicen que la solución son las deportaciones más rápidas.
"No se puede esperar que el contribuyente financie las elaboradas instalaciones de detención que quisieran algunas de estas organizaciones", dijo Dan Stein, presidente de la Federación por la Reforma de la Inmigración.
En el caso de la señora Kenley, una residente con permanencia legal en Estados Unidos durante más de treinta años, la detención interrumpió su tratamiento médico de su alta presión sanguínea, fibroma y hemorragia uterina. La autopsia atribuyó su muerte a una dilatación del corazón debida a un enfermedad crónica hipertensa. Pero un informe de los servicios médicos de emergencia dicen que se cayó del nivel superior de una litera y que otra reclusa había llamado a su puerta durante veinte minutos antes de que se apersonara algún guardia.
La hermana de Kenley, June Everett, dijo que sus preguntas no habían sido respondidas.
"¿Cómo murió mi hermana?", preguntó. Nicole, la hija de Kenley, lloraba. "Es todo muy confuso. ¿Quién lo sabe, realmente? Y me gustaría saberlo".
Kenley había estado viajando con su nieta de un año cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington, según muestran documentos, y se le ordenó volver sin el bebé para que explicara dos antiguas faltas por drogas que habían salido a la luz en una base de datos del aeropuerto.
Obedeció. Una transcripción muestra que admitió haber sido condenada por posesión de drogas en 1984 y en 2002 por tratar de comprar una pequeña cantidad de cocaína. Describió su vida como descarrilada por la drogadicción después de trabajar once años en la sala de correo de un diario.
"Me trastornó la vida", dijo Kenley al inspector de inmigración, mencionando sus tres años sin drogas después de la libertad condicional y tratamiento, la compleción de un curso de enfermería y la custodia legal de su nieta, Nakita. También mostró que estaba ingiriendo medicinas para la presión alta, y debía operarse.
El inspector la arrestó, invocando dos leyes: por las dos condenas por cargos relacionados con drogas podía ser expulsada de Estados Unidos.
"Apenas estoy viva", escribió Kenley más tarde a su hermana desde la Cárcel Regional de Pamunkey, Hanover, Virginia. "Estoy tratando de aguantar hasta que me consigas un abogado que me ayude".
Muerio en la Cárcel Regional de Hamton Roads, en Portsmouth, Virginia.
Sus comparecencias ante el tribunal fueron por video, y esperó a un abogado voluntario que nunca llegó.
A veces ni siquiera los detenidos con asesoría jurídica sobreviven.
Abdoulai Sall, 50, mecánico de taxis nacido en Guinea, de Washington, sin antecedentes criminales, murió durante su detención en diciembre pasado.
Sall, cuyo patrón lo había patrocinado durante diecisiete años para que obtuviera un permiso de residencia, estaba en una entrevista con un abogado, Paul S. Allen, cuando fue inesperadamente arrestado por una antigua orden de deportación -parte de un enredo jurídico que le dejó otro abogado cuando abandonó su caso en los años noventa, dijo Allen.
El expediente muestra que el despacho de Allen insistió en la intervención médica de Sall, que había estado siguiendo un tratamiento con fármacos para una seria afección al riñón en la época de su detención. Mientras estaba retenido en la Cárcel Regional de Piedmont, Farmville, Virginia, se quejó de que no estaba recibiendo sus medicinas y que sus síntomas estaban empeorando en la unidad.
Otros reos dijeron que encontraron a Sall acurrucado junto al secador de la unidad para calentarse, y apenas podía caminar. "Los del personal médico le dijeron que no tenían lo que necesitaba porque inmigración no pagaba lo suficiente", escribió un detenido.
La acusación fue rechazada por Lou Barlow, el alcaide de la cárcel, que dijo que Sall había sido bien cuidado, incluyendo una visita al pabellón de emergencias local.
"Nunca hicimos nada contrario a la ética, ilegal o inmoral", dijo Barlow.
La autopsia todavía está pendiente.
Algunas muertes, como la de la señora Kim, salen a la superficie bastante después de ocurridas. Kim, cocinera, 60, fue detenida en una redada en un salón de masajes y retenida durante un mes en el Centro Correccional Regional de Albuquerque, una cárcel de condado operada por la Cornell Companies, una empresa privada.
Meses después de su muerte, un abogado de Santa Fe, Nuevo México, Brandt Milstein, se enteró del caso por otros detenidos coreanos, desde entonces deportados. Milstein dijo que según las leyes de Nuevo México, la muerte debió haber sido revisada por un inspector médico, pero los funcionarios no informaron que su muerte había ocurrido en custodia.
Hace unas dos semanas -casi dos años después de la muerte de Kim-, el despacho del inspector general lo llamó, dijo Milstein. La investigación está en camino.
26 de junio de 2007
©new york times
©traducción mQh
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