procesado por secuestro en 1973
Procesan a ex carabinero por secuestro de profesor universitario. Está detenido en la Segunda Comisaría.
Chillán, Chile. Detenido en dependencias de la Segunda Comisaría de Chillán, se encuentra el ex carabinero Juan Francisco Opazo Guerrero, procesado por su presunta responsabilidad en el secuestro del profesor universitario, Francisco Sánchez Argén, ocurrido el 1º de octubre de 1973, desde la vivienda del docente, en Avenida Libertad, en Chillán.
La detención del ex uniformado, se produjo luego que la Corte de Apelaciones de Chillán, revocara la libertad provisional dictaminada por el Segundo Juzgado del Crimen, donde se investiga el secuestro del académico y que procesó a Opazo, debido a "que existen presunciones fundadas por su participación en el secuestro de Francisco Sánchez", explicó Patricia Parra, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien participa como querellante en la causa.
Por ahora, Opazo, aparece como el único procesado en el caso.
Según los antecedentes de la investigación, el ex uniformado concurrió a bordo de una patrulla de Carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán, hasta el domicilio de Sánchez, quien era casado, tenía siete hijos y era profesor de Alimentación y Salud Pública en la Universidad de Chile, sede Ñuble.
"Estamos contentos, porque es un primer paso para encontrar finalmente la justicia después de tantos años", indicó Antonio Sánchez, hijo del académico, tras enterarse de la detención de Opazo.
La abogada Patricia Parra explicó que "desde ahora, es el jefe de la Segunda Comisaría el que debe velar por el cumplimiento de la orden judicial", y agregó que, como se trata de un proceso antiguo, tras el procesamiento, la causa debería entrar en etapa de plenario, antesala a la sentencia.
De ser encontrado culpable, el ex uniformado, arriesga una pena superior a los cinco años de cárcel, agregó.
Procesado por Ejecución de Alcalde
Juan Francisco Opazo Guerrero, apodado ‘el Negro Opazo', es sindicado como uno de los carabineros que participó en varias detenciones ocurridas en Chillán, tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Así consta en varios de los procesos judiciales por detenidos desaparecidos abiertos en juzgados locales.
Asimismo, se encuentra procesado por la ejecución de Ricardo Lagos Reyes, alcalde de Chillán en septiembre de 1973, asesinado por una patrulla de Carabineros, en las afueras de su hogar, en Chillán Viejo, junto a su esposa, Sonia Ojeda, embarazada, y un hijo, Carlos.
Además de Opazo, permanecen procesados, en primera instancia, los ex carabineros Pedro Ernesto Loyola Osorio y Arturo Manuel Alarcón Navarrete, junto al ex teniente Patricio Jeldres Rodríguez, todos en retiro. Este último, llegó a ser jefe de la Zona Metropolitana con el grado de general.
El ministro de fuero a cargo de la investigación, Joaquín Billard, finalizó el sumario y cerró la investigación, lo que implica el inicio próximamente del auto acusatorio, antesala de la sentencia.
Para la parte querellante, representada por el abogado Eduardo Contreras Mella, existen cifradas esperanzas de que los procesados sean finalmente condenados, arriesgando penas por sobre los 10 años de cárcel.
Chillán, Chile. Detenido en dependencias de la Segunda Comisaría de Chillán, se encuentra el ex carabinero Juan Francisco Opazo Guerrero, procesado por su presunta responsabilidad en el secuestro del profesor universitario, Francisco Sánchez Argén, ocurrido el 1º de octubre de 1973, desde la vivienda del docente, en Avenida Libertad, en Chillán.La detención del ex uniformado, se produjo luego que la Corte de Apelaciones de Chillán, revocara la libertad provisional dictaminada por el Segundo Juzgado del Crimen, donde se investiga el secuestro del académico y que procesó a Opazo, debido a "que existen presunciones fundadas por su participación en el secuestro de Francisco Sánchez", explicó Patricia Parra, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien participa como querellante en la causa.
Por ahora, Opazo, aparece como el único procesado en el caso.
Según los antecedentes de la investigación, el ex uniformado concurrió a bordo de una patrulla de Carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán, hasta el domicilio de Sánchez, quien era casado, tenía siete hijos y era profesor de Alimentación y Salud Pública en la Universidad de Chile, sede Ñuble.
"Estamos contentos, porque es un primer paso para encontrar finalmente la justicia después de tantos años", indicó Antonio Sánchez, hijo del académico, tras enterarse de la detención de Opazo.
La abogada Patricia Parra explicó que "desde ahora, es el jefe de la Segunda Comisaría el que debe velar por el cumplimiento de la orden judicial", y agregó que, como se trata de un proceso antiguo, tras el procesamiento, la causa debería entrar en etapa de plenario, antesala a la sentencia.
De ser encontrado culpable, el ex uniformado, arriesga una pena superior a los cinco años de cárcel, agregó.
Procesado por Ejecución de Alcalde
Juan Francisco Opazo Guerrero, apodado ‘el Negro Opazo', es sindicado como uno de los carabineros que participó en varias detenciones ocurridas en Chillán, tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Así consta en varios de los procesos judiciales por detenidos desaparecidos abiertos en juzgados locales.
Asimismo, se encuentra procesado por la ejecución de Ricardo Lagos Reyes, alcalde de Chillán en septiembre de 1973, asesinado por una patrulla de Carabineros, en las afueras de su hogar, en Chillán Viejo, junto a su esposa, Sonia Ojeda, embarazada, y un hijo, Carlos.
Además de Opazo, permanecen procesados, en primera instancia, los ex carabineros Pedro Ernesto Loyola Osorio y Arturo Manuel Alarcón Navarrete, junto al ex teniente Patricio Jeldres Rodríguez, todos en retiro. Este último, llegó a ser jefe de la Zona Metropolitana con el grado de general.
El ministro de fuero a cargo de la investigación, Joaquín Billard, finalizó el sumario y cerró la investigación, lo que implica el inicio próximamente del auto acusatorio, antesala de la sentencia.
Para la parte querellante, representada por el abogado Eduardo Contreras Mella, existen cifradas esperanzas de que los procesados sean finalmente condenados, arriesgando penas por sobre los 10 años de cárcel.
1 de marzo de 2008
©la discusión 
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