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uribe sigue matando


Tropas colombianas asesinan a campesinos y presentan sus cadáveres como los de rebeldes.
[Juan Forero] San Francisco, Colombia. Todo lo que vio Cruz Elena González cuando pasaron los soldados frente a su casa, fue un cuerpo envuelto en una lona y amarrado a una mula. Un guerrillero muerto en combate, murmuraron los soldados al pasar frente a su humilde vivienda en este pueblo del noroeste de Colombia.
Pronto se enteró que el cuerpo era el de su hijo de dieciséis años, Robeiro Valencia, que los soldados clasificaron como guerrillero caído en combate, una afirmación que fue más tarde desmentida por el ombudsman de derechos humanos del gobierno local. "Imagine lo que sentí cuando mi otro hijo me dijo que era Robeiro", dijo González, recordando el asesinato de agosto. "Era mi hijo".
Financiada en parte por el gobierno de Bush, la ofensiva militar lanzada hace seis años ha ayudado al gobierno a recuperar territorio controlado por las guerrillas y a matar a cientos de rebeldes en los últimos meses, incluyendo a dos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Pero según dicen funcionarios de gobierno y grupos de derechos humanos, en los últimos años debido a la intensa presión de los comandantes colombianos para reportar bajas enemigas, el ejército ha estado asesinando a campesinos pobres para presentarlos como rebeldes caídos en acción. La táctica ha desencadenado un encarnizado debate en el ministerio de Defensa entre los generales tradicionalistas que apoyan una campaña agresiva que se centra en el conteo de bajas y los reformistas que dicen que el ejército debe desarrollar otras normas para medir los logros en el campo de batalla.
Los asesinatos, cometidos por unidades de combate bajo las órdenes de comandantes regionales, han sido siempre un problema en la turbia guerra que se prolonga por 44 años y que opone al ejército contra un movimiento rebelde de base campesina.
Pero con la reciente desmovilización de miles de milicianos paramilitares, muchos de los cuales operaban en escuadrones de la muerte para exterminar a los rebeldes, los asesinatos de civiles cometidos por militares han aumentado marcadamente desde 2004, de acuerdo a grupos de derechos humanos, investigadores de Naciones Unidas y a la agencia de asuntos internos del gobierno. El mayor aumento se produjo durante la concentración de tropas que ha significado que las fuerzas armadas prácticamente se duplicaran a 270 mil miembros en los últimos seis años, convirtiéndose en el segundo ejército de América Latina.
Hay versiones divergentes sobre el número de ejecuciones extrajudiciales registradas, como se llama a las muertes de civiles. Pero un informe de una coalición de organizaciones de derechos humanos dice que existen versiones de que entre mediados de 2002 y mediados de 2007 las fuerzas armadas asesinaron a 955 civiles para clasificarlos como guerrilleros caídos en enfrentamientos -un aumento de un 65 por ciento con respecto a los años anteriores, cuando las tropas mataron a 577 civiles.
"Pensábamos que eran incidentes aislados de algunas patrullas militares descontroladas", dice Bayron Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad, un grupo de abogados de Medellín que representan a ciento diez personas asesinadas en circunstancias no aclaradas. "Pero ahora nos damos cuenta de que ha sido algo sistemático".
Las víctimas son los marginales en la terriblemente estratificada sociedad colombiana. La mayoría de ellas, como Robeiro Valencia, son campesinos pobres. Otros son colombianos pobres secuestrados en las calles de la ajetreada Medellín, la capital del estado de Antioquia, donde se han cometido la mayor parte de los crímenes.
Amparo Bermúdez Dávila dijo que su hijo, Diego Castañeda, 27, desapareció en Medellín en enero de 2006. Dos meses después las autoridades llamaron para decir que había muerto en combate. Le mostraron una foto de su cuerpo, vestido con un uniforme militar de camuflaje.
"Yo dije: ‘¿Guerrillero?’", dijo. "Mi hijo no era guerrillero. Y ellos me dijeron que si yo pensaba que no era guerrillero, que entonces presentara una denuncia".
Los fiscales militares normalmente inician investigaciones cuando el ejército mata a alguien. Los casos que parecen simples crímenes pasan a manos de fiscales civiles, como ocurrió en los casos de los asesinatos de Valencia y Castañeda en San Francisco. Pero grupos de derechos humanos y fiscales dicen que las pesquisas iniciales han sido habitualmente poco profundas, y que los investigadores han sufrido la intensa presión de militares de alto rango para resolver a favor de las fuerzas armadas.
Esos problemas han hecho que el conteo de las víctimas civiles sea prácticamente imposible, aunque funcionarios de la fiscalía y el despacho del inspector general dieron a conocer en entrevistas algunas estimaciones.
El despacho del fiscal general está investigando 525 homicidios de civiles, que ocurrieron prácticamente todos desde 2002 y en los que están implicados 706 soldados y oficiales. La fiscalía tiene otros quinientos casos, que implican a cientos de víctimas más, que todavía deben ser abiertos. Entretanto, según Carlos Arturo González, vice-inspector general, el despacho del inspector general está investigando 650 casos entre 2003 y mediados de 2007 que podrían involucrar a más de mil víctimas.
"El año pasado, el número de quejas se disparó", dijo González. "Algunos dijeron que la causa podría ser que algunos militares inescrupulosos quieren mostrar resultados de operaciones falsas. Otros dicen que es el producto de la presión del alto mando por entregar resultados".
La tendencia ha despertado la preocupación de algunos miembros del Congreso de Estados Unidos. El senador Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont), presidente del subcomité de asignaciones para operaciones extranjeras del Senado, dijo que retendrá 23 millones de dólares en ayuda militar hasta que se vean progresos en la lucha contra la impunidad y la violencia patrocinada por el estado.
"Hemos tenido cinco años y cinco mil millones de dólares de ayuda norteamericana. Más de la mitad se ha destinado a las fuerzas armadas colombianas, y hemos descubierto que el ejército está matando más civiles, no menos", dijo Leahy en una entrevista. "Y según los informes de grupos independientes, los civiles son simplemente detenidos, ejecutados y vestidos con uniformes para presentarlos como guerrilleros caídos en combate".
El gobierno del presidente Álvaro Uribe, que ha logrado una serie de victorias recientes en su guerra contra las FARC, se defiende de las acusaciones y afirma que estas son parte de una campaña internacional diseñada para desacreditar a las fuerzas armadas. En realidad, algunos oficiales dicen que las FARC están incitando a familiares de rebeldes muertos en acción para que digan que eran civiles inocentes.
Sin embargo, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos reconoce esas muertes de civiles y ha tomado medidas que incluyen nuevas reglas de combate, destinado inspectores a unidades de combate para que asesoren a los comandantes sobre el uso de la fuerza y mejorado la formación en derechos humanos de los soldados.
Las fuerzas armadas también están reformando su sistema de justicia y transfiriendo más casos a la fiscalía, que según dice Naciones Unidas deben desempeñar un papel más importante si se quiere erradicar las ejecuciones extrajudiciales. La fiscalía dijo que más de doscientos miembros de las fuerzas armadas han sido detenidos mientras los fiscales investigan su participación en los asesinatos de civiles. El año pasado se dictaron trece condenas.
"Le he dicho claramente: el soldado que comete un asesinato es un criminal y será tratado como criminal", dijo Santos.
Santos ha enfatizado también, en discursos y directrices, que la estrategia del ejército contra las guerrillas debería concentrarse más en generar deserciones que en acumular bajas enemigas, el método tradicional utilizado para medir avances militares. "He dicho a todos mis soldados y policías que prefiero a guerrilleros desmovilizados, o guerrilleros capturados, que guerrilleros muertos", dijo Santos.
Pero los reformistas del ministerio de Defensa han sido recibidos por influyentes generales que han defendido a los oficiales acusados de los asesinatos y favorecen una estrategia más tradicional para derrotar a los rebeldes.
Ese enfoque significa dar más autonomía a los comandantes de campo y entregarles una filosofía que enfatiza atacar a los rebeldes".
"¿Cuál es el resultado de la ofensiva? El combate", dijo en una entrevista el general Mario Montoya, comandante en jefe del ejército colombiano. "Y si hay combate, hay muertos".
Organizaciones de derechos humanos ven una inquietante tendencia, y dicen que las tácticas de algunas unidades militares son similares a las que usaron los escuadrones de la muerte para aterrorizar a los civiles. Un importante relator de Naciones Unidas dijo que algunas unidades militares transportaban incluso ‘cajas’ con granadas y pistolas para plantarlas junto a los cuerpos.
"El método de asesinar a personas de las que se cree que colaboran con las guerrillas es considerado legítimo por demasiados miembros de las fuerzas armadas", dijo Lisa Haugaard, directora del Grupo de Trabajo América Latina, una coalición de organizaciones de derechos humanos de Washington.
Después de que entrevistara a varias familias de víctimas, determinó que en muchos casos los soldados "parecen haber participado en misiones, y que la detención y asesinato de civiles no es algo arbitrario", dijo.
El oficial de mayor rango implicado en los asesinatos extrajudiciales es el coronel Hernán Mejía.
El ex sargento del ejército que sirvió bajo el mando de Mejía, Edwin Guzmán, contó en una entrevista que la unidad de Mejía mataba a campesinos, los vestía con uniformes de combate y llamaba a los periodistas locales para que escribieran sobre los presuntos combates.
Guzmán, ahora un testigo de la fiscalía contra Mejía, dijo que los soldados participaban en los crímenes porque el ejército les daba incentivos -desde pagas extras hasta más días libres- si hacían más bajas. Esto está ocurriendo porque el ejército no paga recompensas por el control de territorio, sino por los muertos", dijo.

4 de mayo de 2008
30 de marzo de 2008
©washington post
cc traducción mQh
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