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recuerdan ejecuciones en tierra del fuego


Hijo de una de las víctimas habla de los hechos, del proceso judicial y de sus sentimientos. Dice que el Ejército fue utilizado. Asimismo se siente decepcionado por la actitud de los partidos políticos. En la causa tres militares (r) se encuentran cumpliendo condenas.
Punta Arenas, Chile. De entrada, advierte que con esta entrevista "cierro esta página, sin odio y dejando el precedente de que es posible encontrar la justicia".
La grabadora avanza atrapando cada palabra, pero con la incapacidad de registrar los sentimientos que Iván González Toro transmite con un gesto y una mirada al momento de hablar de su padre Ramón.
Con voz clara y pausada, remarcando frases finales, parece no querer dejar detalle fuera de la conversación. Siempre el punto de partida es el mismo, aquel 30 de octubre de 1973. Horas después un bando del Ejército informaba: "muertos tres extremistas por ley de fuga".
Oscuridad, ruido de metralla, gritos y el último aliento. El sector de Los Canelos, la Tierra del Fuego manchada con la sangre de Ramón González, Germán Cárcamo y Carlos Baigorri. Más de 30 años después aquel episodio sería caratulado como el Caso Porvenir.
Como una película en avance rápido, Iván González inició en 2003 una ardua labor que tuvo como propósito reunir antecedentes que le permitieran establecer responsabilidades en la muerte de su padre. En mayo de 2005 aquel trabajo dio sus frutos cuando se logró abrir la causa, que tuvo su corolario el 28 de enero de este año cuando se condenó a tres militares (r) como autores de la muerte de los profesionales fueguinos.

En una Caja Sellada
Justamente hoy, 3 de noviembre, se cumplen 35 años desde que los restos de Ramón González Ortega, funcionario del Servicio de Impuestos Internos, sin filiación política, fueran entregados a la familia en una caja sellada y luego trasladados a su natal Chillán. Tenía 37 años.
El hoy asistente judicial muestra parte de los escritos de la causa, una carpeta anillada que incluye declaraciones, solicitudes y cuanto detalle fue parte del proceso ventilado en Santiago. "Y ésta es sólo la parte de la conclusión. Aquí tenemos la sentencia y ahora resta esperar lo que decida la Corte Suprema con respecto a las apelaciones".
Luego González lee parte de la documentación: "se establece que las tres víctimas son sacadas del Regimiento Caupolicán por orden directa del comandante Augusto Reiger Rago y se designa una patrulla. Esa misma noche cumplen la misión. Estaba a cargo el teniente José Rafael Aguirre Aguirre y los tres ejecutores que son los que disparan "in situ", Miguel Muñoz Uribe, Juan Ortiz Toledo y Luis Arata Campodónico".
Revisa otro documento y menciona que los condenados confesaron el hecho de inmediato, sindicalizando como responsable de la patrulla ejecutora a José Rafael Aguirre, quien se encuentra cumpliendo una pena de cinco años de prisión efectiva y buscando demostrar que en esa fecha se encontraba fuera del regimiento en comisión de servicio. Los otros dos militares (Arata Campodónico está fallecido) cumplen tres años pero en libertad condicional.

¿Cómo ocurrieron los hechos aquella noche del ‘73?
"González, Cárcamo y Baigorri son sacados cerca de la medianoche por una unidad y llevados al sector de Los Canelos (a 30 kilómetros de Porvenir). Luego de acuerdo a la versión militar viene la fuga, la entrega de los cuerpos y la inmediata inscripción de defunción. Y las causas de la muerte son todas las mismas, impacto de bala, hemorragia aguda. Incluso una declaración dice que fue tanta la ráfaga que a una de las víctimas prácticamente la partió. Por eso es que en el mismo lugar los sepultan. Después se da la orden de buscar los cuerpos y entregarlos".

¿Las familias vieron los cuerpos?
"Del cuerpo tenemos dudas, porque el ataúd lo entregaron sellado. Fue un funcionario de Impuestos Internos amigo de mi padre quien fue a buscar los restos; no le dijeron nada. Mucho tiempo después esta persona comentó que él pudo ver el rostro y que no había duda de que era mi padre. Pero no hay prueba por parte de la familia, y lo mismo sucede con los otros cuerpos".

¿Y no hubo posibilidad de una exhumación?
"La pedimos, pero a razón de lo sucedido en el Patio 29 con todo lo que fue el reconocimiento de ADN esta causa se iba a demorar al menos tres años más. Estas personas se están muriendo y a lo mejor no iban a alcanzar a ser condenadas. Entonces se privilegió mantener al margen tal posibilidad".

La Responsabilidad del General
En el diálogo aparece mencionado el fallecido general Manuel Torres de la Cruz, quien -a juicio de González- supo lo que había ocurrido aquella noche en Tierra del Fuego.
"El segundo comandante del Regimiento Caupolicán, mayor (r) Ciro Nahuel Jofré, dijo en 2005: "quiero decir que jamás cumplí funciones como fiscal militar, pero quiero agregar que después que ocurren las muertes de las personas antes mencionadas visita la unidad militar el comandante, general Manuel Torres de la Cruz, quien pese a enterarse de lo sucedido no adoptó ninguna medida al respecto, razón por la cual todo quedó ahí. Por qué traigo a colación esto, lo hago porque Manuel Torres de la Cruz en una declaración hecha a La Prensa Austral (29 de junio de 2000) niega que hubo torturas en Magallanes".

4 de noviembre de 2008
©prensa austral
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