bush y la historia
24 de enero de 2009
Interrogado hace seis años sobre cómo juzgaría la historia la guerra de Iraq, George W. Bush ofreció esta respuesta característicamente desdeñosa: "La historia. No lo sabemos. Vamos a estar todos muertos". Como la guerra que llegó a definirla, es concebible que la presidencia de Bush pueda ser vista de manera más favorable por los historiadores que por el país. Pero nuestro veredicto hoy es que, pese a algunos importantes logros, los años de Bush fueron años de oportunidades despilfarradas, de escandalosos abusos de poder y de cínico abandono tanto de principios jurídicos como de valores históricos.
En 2001, después de que la Corte Suprema asegurara su victoria en los colegios electorales, Bush prometió en su primer discurso inaugural "construir un solo país de justicia y oportunidades". Haciéndose eco de los temas centrales de su campaña, el nuevo presidente agregó: "Estados Unidos, en sus mejores circunstancias, combina su compromiso con los principios con la preocupación por el civismo".
Desgraciadamente, la promesa de ese discurso inaugural han sido sobre todo violada. Desde su rechazo a consultar con el Congreso sobre las medidas antiterroristas de después del 11 de septiembre de 2001, pasando por una arrogante indiferencia ante la opinión mundial y la ciencia moderna, hasta la inapropiada lealtad que permitió que Donald H. Rumsfeld y Alberto R. Gonzales permanecieran en su gabinete, demasiado a menudo la presidencia de Bush se caracterizó no por la búsqueda de consenso, sino por un engreimiento que excluía toda admisión de error.
Sabemos lo que dirán los defensores del presidente: Todo cambió desde el 11 de septiembre de 2001. Bush mismo, en su discurso de despedida el jueves, dijo: "Mientras pasaban los años, la mayoría de los estadounidenses fuimos capaces de volver a nuestras vidas de antes de los atentados. Pero yo nunca pude. Todas las mañanas se me informaba sobre las amenazas contra nuestro país. Juré que haría todo lo que estuviera en mi poder para mantenernos seguros". Nadie disputará que el presidente debe estar alerta para prevenir otro de esos devastadores atentados terroristas. Pero Bush trató los atentados del 11 de septiembre como sólo como un mandato para proteger lo que llegó a ser conocido como la ‘patria’, sino como un pretexto para justificar políticas erróneas.
Un significativo ejemplo de ese tipo de racionalizaciones fue la guerra contra Saddam Hussein en Iraq. Definida como un ataque preventivo contra un país en posesión de armas de destrucción masiva, la guerra también se justificó como una extensión de la guerra contra el terrorismo de después de los atentados del 11 de septiembre. La dudosa afirmación de que Iraq era el principal frente de una guerra que se convirtió en una profecía inevitable cuando la estropeada ocupación estadounidense de ese país proporcionó a Osama bin Laden y sus aliados todo un tesoro de propaganda -al mismo tiempo que desviaba la atención de la situación en Afganistán, cada vez más deteriorada. Finalmente, Bush concedió que "Saddam Hussein no fue responsable de los atentados del 11 de septiembre".
Más allá de políticas particulares, la conducción de Bush tanto de la guerra en Iraq como de la guerra contra el terrorismo fue inspirada por convicciones testarudas y solitarias. La administración eludió al Congreso (y al sistema de justicia militar) estableciendo unilateralmente las comisiones militares para juzgar a sospechosos de terrorismo en el centro de detención de Bahía Guantánamo, una decisión por la que el gobierno fue reprendido por la Corte Suprema. Trató de redefinir la tortura para permitir escandalosos métodos de interrogatorio -como el submarino. Finalmente empezó con el programa de vigilancia electrónica, sin una orden judicial, de las comunicaciones entre ciudadanos estadounidenses y sospechosos de terrorismo en el extranjero. Al actuar solo, en consistencia con las extravagantes ideas del vicepresidente Dick Cheney sobre el poder ejecutivo, el gobierno se enajenó no solamente la voluntad del Congreso sino también a concienzudos abogados en la propia administración. El mismo desprecio por el profesionalismo condujo a una horrorosa politización del ministerio de Justicia durante el periodo del fiscal general Gonzales.
La ironía es que cuando el gobierno se acercó al Congreso, recibió gran parte de la autoridad que necesitaba. Después de que la Corte Suprema encontrara reparos al sistema de comisiones militares de Bush, el Congreso aprobó leyes alternativas. Del mismo modo, se legalizó el programa de vigilancia secreta implementado por la Agencia de Seguridad Nacional con nuevas salvaguardas de la privacidad, tras revisar la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero. Consultando a la rama legislativa solamente cuando no había más remedio, el gobierno se enajenó a los representantes en el Congreso cuya cooperación era necesaria para el éxito del programa doméstico de Bush. (No le ayudó sugerir, durante la campaña electoral, que los demócratas eran derrotistas que querían salir corriendo de Iraq).
Incluso los críticos más severos del presidente deben conceder que ha tenido algunos éxitos. La implementación de la prestación para las medicinas recetadas por Medicare fue la lógica extensión de una premisa de ese programa: que los adultos mayores estadounidenses no deberían empobrecerse por los gastos médicos. Bush colaboró con los demócratas en esa iniciativa, como lo hizo para actualizar las normas de la educación nacional en la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás y en el fallido intento de hacer aprobar una reforma comprehensiva de la inmigración. Presionó en la búsqueda de financiamiento para contener la propagación del SIDA en África. Sus dos nombramientos a la Corte Suprema, el juez John G. Roberts Jr., y el juez Samuel A. Alito Jr., fueron innegablemente cualificados. Los dos jueces son conservadores, pero de momento ninguno de ellos ha adoptado el radicalismo de jueces como Antonin Scalia y Clarence Thomas, que revocarían Roe vs. Wade. Finalmente, es un hecho de que este país no ha sufrido otro 11 de septiembre -aunque Bush debe compartir el crédito con los miembros del Congreso que apoyaron la creación del ministerio de Seguridad Nacional cuando él se opuso a la idea.
Sin embargo, estos logros se ven empobrecidos por los numerosos errores de cálculo que no pueden justificarse recurriendo a la realidad de después del 11 de septiembre de 2001. Aunque nadie puede estar seguro, sospechamos que los historiadores del futuro llegarán a la misma conclusión.
19 de enero de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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