justicia indígena en bolivia
11 de febrero de 2009
[Chris Kraul] Achacachi, Bolivia. Se equivocaron de pueblo. Tras llegar en camioneta a esta sólida ciudad indígena la noche del festival anual, la pandilla pensó que los lugareños borrachos serían una presa fácil. Los vecinos dijeron que en una serie de asaltos, la pandilla, de once miembros, incluyendo a cinco mujeres, atacó a treinta víctimas en las oscuras calles y les obligaron a entrar en sus vehículos, donde fueron desnudadas, agredidas sexualmente y robadas hasta que jóvenes de la localidad dieron la voz de alarma.
Se reunieron rápidamente algunos vecinos, que llevaron a los sospechosos a una cancha de fútbol y los amarraron a los postes de la portería. Aunque varios de los sospechosos se declararon inocentes, fueron todos golpeados y escupidos durante diez horas, luego rociados con gasolina y quemados, muriendo dos de ellos.
El incidente de noviembre, que pudo ser visto en YouTube, provocó indignación aquí y en el extranjero. No fue un caso aislado. El año pasado murieron al menos 45 personas en ciudades y barrios indígenas, a manos de turbas que se tomaron la justicia en sus manos.
Entre otros linchamientos del año pasado, tres agentes de policía acusados de extorsión fueron asesinados por una turba en Epizana, en febrero. El incidente mereció un aviso de Naciones Unidas de que "el frágil aparato judicial de Bolivia, y la lenta reacción de las autoridades favorecen una impunidad que sólo fomenta la repetición de estos actos".
Los incidentes con turbas de este tipo están aumentando como nunca antes en las comunidades indígenas bolivianas, que constituyen una tercera parte o más de la población. La semana pasada los votantes aprobaron la nueva constitución, que eleva los sistemas judiciales locales al mismo nivel que el derecho tradicional, dejando que grupos indígenas y campesinos administren sus propios sistemas jurídicos.
La nueva constitución terminó una campaña de dos años del presidente Evo Morales, de la etnia aimará, de promoción "de la justicia indígena y campesina". Es parte de una campaña más amplia para dar a los bolivianos más derechos y autonomía.
La pregunta de muchos juristas es si esos incidentes disminuirían si los indios creyeran que tienen más recursos legales, o si aumentarán los juicios sumarios, que caracteriza al derecho indígena.
Petronilo Flores, director de justicia comunitaria del ministerio de Justicia, dijo que de hecho la justicia indígena se viene aplicando desde hace siglos y que la nueva constitución era un intento de terminar con "persistentes actitudes coloniales en Bolivia de que la justicia indígena no funciona, de que nada asociado con los indios es bueno".
Flores dijo que los linchamientos no reflejaban la verdadera justicia indígena y que los incidentes disminuirían a medida que las comunidades establecieran su autoridad y procedimientos judiciales.
"En la mayoría de los casos, esta justicia es mucho más rápida, más eficiente y mucho más económica que el sistema tradicional", dijo Flores.
Otros juristas temen que los linchamientos no hagan más que aumentar. Juan Cristóbal Oriuste, experto en derecho constitucional, dijo que la nueva constitución dejaba de lado los temas de derechos humanos y debido proceso. Y no hay recurso de apelación en la justicia sumaria aplicada en algunos lugares, dijo.
"El debido proceso asume el derecho a defenderte ti mismo y el conocimiento de la ley", dijo Oriuste. "Si la ley no es definida o no está escrita, ¿cómo me puedo defender?"
La constitución no aprueba la violencia ni la pena de muerte. De hecho, afirma el derecho a la vida. Pero garantiza a las comunidades indígenas el derecho a ejercer "sus principios, valores culturales, normas y sus propios procedimientos". La constitución dice que sus procesos jurídicos no pueden ser revocados por tribunales tradicionales.
La justicia indígena normalmente no está codificada y se transmite oralmente de generación en generación, dijo Ramiro Molina, director del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de La Paz, la capital. Las funciones judiciales y de investigación son realizadas por miembros designados de la comunidad que son entrenados desde niños para asumir esas responsabilidades.
Pero los juristas coinciden en que la aplicación de la justicia indígena puede tener dificultades en casos de delitos graves como homicidio, violación y agresión, incluyendo los incidentes de noviembre. Normalmente esos casos son entregados al estado para tratarlos en tribunales tradicionales. Pero los procedimientos son vagos, y usualmente no existe un protocolo de entrega.
Molina dijo que estaba asistiendo al gobierno federal en un proyecto para codificar el derecho indígena para abreviar la brecha entre los dos sistemas jurídicos.
Lo que sí es seguro es que los bolivianos en las ciudades, así como los del campo, están hartos con la policía y los tribunales tradicionales que parecen irremediablemente estropeados.
"Por supuesto se trató de un caso de psicología social y no debería haber ocurrido nunca", dijo en una entrevista la semana pasada Eugenio Rojas, el alcalde de Achacachi, en esta ciudad a unos ochenta kilómetros al noroeste de La Paz. "Pero la gente está harta con el sistema tradicional y con que sólo tenemos ocho agentes de policía para una ciudad de cien mil habitantes. Si hubiese habido un fiscal en la ciudad esa noche al que entregar los sospechosos, eso no habría ocurrido nunca".
El defensor público Waldo Albarracín condenó a los vecinos, pero dijo que entendía que haya podido ocurrir.
"Están equivocados. Cometieron delitos que son asesinatos", dijo. "Pero su reacción tenía un motivo, y fue la falta de protección del estado y la incapacidad de ofrecer a los ciudadanos la seguridad que necesitan".
Interrogados para que explicaran el aumento de los linchamientos, Molina y otros dijeron que la colisión de las culturas indígenas con las urbanas y el cambiante clima político eran factores a considerar. Los linchamientos ocurren cuando la presencia y la influencia del estado y la justicia indígena son débiles, dijeron.
El jurista Gonzalo Mendieta dijo que el derecho indígena era eficiente "mientras creas en él. Si no, entonces te parecerá terriblemente arbitrario".
"Lo que queremos es una sociedad que defienda los derechos humanos", dijo Mendieta. "Los que los defendemos no estaremos siempre a favor de la idea romántica de que la justicia indígena es buena por naturaleza".
1 de febrero de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
1 comentario
Jose Luis Vigabriel Camacho -
es decir primero partiria indicando que la palabras justicias no es un termino netamente de la cultura Incaica es decir la palabra justicia es termino utilisado en el occidente es decir esto implica que la persona afectado por un hecho que va encontra de sus derechos o su forma de vida con la biodivercidad por ende su cultura busca ser repuesto para ello sedan soluciones con castigos en funcion al presente al contrario los anterpasados no analisa con prioridad el hecho al contrario analisan el efecto del hecho para poner una solucion a futuro que no rompa el equilibrio del hombre y la biodiversidad.
es decir si bien la justicia como termino ha sido aceptado por la comunidad excluida por la ley de manera indirecta por su bajo nivel economico este frente a la inificiencia y ineficacia de la justicia busca resolver sus problemas locales en juncion a la justicia pero de acuerdo a los resu8ltados del pasado frente a los crimenes o robos por seres extraños a la comunidad