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rechazan ley maldita


Confusam calificó de "ley maldita" iniciativa que fue aprobada en la Cámara. Cuestionan proyecto que sanciona a manifestantes. El presidente del gremio, Esteban Maturana, informó que cerca de 32 mil funcionarios realizarán a partir de mañana un paro nacional de 48 horas para protestar por esta norma y para exigir más financiamiento para el sector.
[Rodrigo Chacón] Santiago, Chile. La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) ratificó ayer el llamado a paro nacional de 48 horas que realizará a partir de mañana martes y cuestionó el proyecto de ley que endurece las penas contra quienes participen en desórdenes en la vía pública.
El presidente del gremio, Esteban Maturana, dijo, en relación a la iniciativa aprobada en sala en la Cámara de Diputados, que nadie pone en duda que los encapuchados que producen desmanes en la vía pública sean sancionados, pero que no se puede reprimir a las organizaciones sociales. "A lo que apunta esta ley es a reprimir la movilización social, eso es un contrasentido", afirmó.
Maturana agregó que muchos de los personeros de gobierno y parlamentarios que hoy están sentados en el Congreso, están ahí gracias a una manifestación. "Chile recuperó su democracia a punta de movilización social, por lo tanto es una brutalidad. El próximo martes 25 aparte de nuestras reivindicaciones, nuestra marcha será para manifestarnos en contra de lo que hemos llamado la ley maldita", concluyó el dirigente.
De ser aprobada la ley, quien cometa un delito a rostro cubierto será castigado con una pena entre 541 días a 3 años de cárcel y una multa de 4 a 8 UTM ($146.580 a $293.160). Además se hace responsables a los organizadores de una manifestación pública al pago de los daños públicos que los participantes causen.

Financiamiento
Respecto a la movilización programada para mañana, el dirigente indicó que ésta tiene por objetivo poner el acento en que la atención primaria necesita más recursos.
Agregó que en la actualidad la atención primaria municipal se sostiene con un aporte de $2.130 por cada persona inscrita en los establecimientos públicos de salud, lo que es claramente insuficiente y que ellos proponen que el financiamiento per cápita sea de 3 mil a 3 mil 700 pesos.
"Este tema lo hemos venido discutiendo con el gobierno y tienen claro que se debe ver, pero necesitamos que se haga ahora. Son cosas que quedaron pendientes de la administración de la ex ministra de Salud María Soledad Barría y que el actual secretario de Estado, Álvaro Erazo, se comprometió a estudiar. No queremos esperar a que este gobierno entregue el poder sin resolver nuestros problemas", dijo.
Maturana llamó a los usuarios de la atención primaria a entender la movilización. "Nuestra bandera de lucha principal en esta ocasión es la del financiamiento de la atención primaria municipal. Reiteramos también nuestro llamado a las autoridades del gobierno a generar las condiciones propicias para evitar una nueva movilización", sostuvo.

17 de agosto de 2009
©la nación 
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