cae autor de más de dos mil asesinatos
17 de febrero de 2010
Capturan a ex paramilitar colombiano acusado de 2.500 crímenes.
Bogotá, Colombia. El ex comandante paramilitar Arnolfo Santamaría (alias ’Pipa’), a quien se atribuye unos 2.500 crímenes en el sur del país, entre estos la muerte del líder sindical ecuatoriano Hipólito Hurtado, fue capturado este martes en Bogotá, según fuentes de la fiscalía.
Luis González, jefe de la unidad de Justicia y Paz de la fiscalía, dijo a periodistas que ’Pipa’ fue capturado en un comercio de la población de Soacha, vecina a Bogotá, en donde se hacía pasar por ’brujo’ y vendedor de teléfonos celulares.
"Estaba en un centro comercial donde desempeñaba actividades diferentes a la delicuencia y al crimen organizado. Allí se encontraba ejerciendo una profesión totalmente diferente", agregó González.
Según el funcionario "el bloque (grupo) paramilitar en el que actuaba Santamaría en el departamento (provincia) de Putumayo (fronterizo con Ecuador) tiene alrededor de 5.000 víctimas, pero en los sitios en donde hizo presencia el capturado, tenemos alrededor de 2.500 víctimas".
"Esas víctimas, explicó, reflejan hechos de desaparición forzada, masacres, secuestros, homicidio y desplazamiento forzado".
Además, dijo González, quien tiene a cargo los procesos por crímenes de los desmovilizados grupos paramilitares de extrema derecha, "la Fiscalía encontró suficientes elementos de prueba para vincular a Santamaría en la muerte de un sindicalista", el líder cívico Hipólito Hurtado, muerto en febrero de 2005.
Hurtado residía en la población de La Dorada, en Putumayo, cuando fue asesinado luego de organizar una marcha para protestar por los abusos cometidos por paramilitares en la zona.
Santamaría se desmovilizó en el 2006 coincidiendo con el proceso de paz negociado entre el gobierno del presidente Alvaro Uribe y los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) que concluyó con la entrega de armas por parte de unos 32.000 hombres.
Sin embargo, el jefe paramilitar no se acogió al proceso de justicia y paz al que deberían someterse los miembros de grupos armados ilegales sindicados de crímenes de lesa humanidad, lo que les garantizaba beneficios como penas máximas de prisión de entre cinco y ocho años.
Ahora, el ex comandante paramilitar deberá comparecer ante la justicia ordinaria y podría ser condenado a más de 30 años de cárcel.
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