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labbé implicado en operación cóndor


Embajador Labbé es citado a declarar por Operación Cóndor. El nuevo representante diplomático en Panamá fue convocado en calidad de "inculpado" y no como testigo.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. La jueza Raquel Lermanda, que reemplaza al ministro Víctor Montiglio, decretó que el nuevo embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, debe concurrir a declarar en calidad de "inculpado" en el proceso por los crímenes de la Operación Cóndor.
De acuerdo a la resolución aprobada por la magistrada, Labbé, quien entre 1975 y 1976 se desempeñaba como segundo secretario en la embajada de Chile en Buenos Aires, deberá indicar cuál era su relación con los agentes de la DINA que integraban el departamento exterior de ese organismo represivo y que permanecían adscritos a esa sede diplomática.
El embajador, que es hermano del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, deberá además dar razón acerca de los envíos que el agente DINA, Enrique Arancibia Clavel, hacía por valija diplomática dirigidos a la DINA en Santiago, conteniendo información y antecedentes de chilenos que residían en Argentina, algunos de los cuales luego desaparecieron en el marco de la Operación Cóndor.
El nombre de Labbé fue mencionado en el proceso Operación Cóndor al menos por los ex agentes DINA instalados entonces en esa embajada, Carlos Labarca Sanhueza y Luis Palma Moreno.
Ambos sostienen que Labbé se relacionaba con ellos para recibir la información que se enviaba vía valija diplomática a la DINA en Santiago.
Sostiene Labarca Sanhueza procesalmente que el agente DINA, Víctor Barría Barría, oficial de Estado Mayor que en ese tiempo era el jefe de ese organismo en la embajada "me entregaba en algunas ocasiones documentos para entregarlos a la persona que en la embajada estaba encargada de enviar la valija diplomática, función que cumplía un diplomático que puedo recordar como un señor de apellido Labbé".
A su vez Palma Moreno afirma judicialmente que "el señor Labbé" mantenía contactos con otro "agregado militar DINA" de ese tiempo en la embajada, "el coronel Osvaldo Hernández Pedreros".

Canciller Moreno
Al cierre de esta edición, el canciller Alfredo Moreno manifestó que había conversado con el embajador Labbé, "quien se enteró por la prensa de la citación que ha realizado la jueza. El embajador me ha señalado que se pondrá inmediatamente en contacto con la jueza para entregar cualquier antecedente que le sea requerido".
Añadió que como es sabido, "la posición invariable del gobierno es que todos los funcionarios, al igual que cualquier chileno, deben estar a completa disposición de la justicia".
Asimismo, señaló que el ministerio que dirige "es respetuoso de la labor del Poder Judicial y espera que los hechos se aclaren en forma rápida y definitiva".

1 de julio de 2010
©la nación
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1 comentario

claudio lisperguer -

Estos bochornos se hubiesen evitado si, después de 1990 y por razones de seguridad nacional, se hubiese adoptado una ley que inhabilitase a perpetuidad para el ejercicio de cargos públicos a funcionarios de la dictadura de Pinochet implicados en violaciones a los derechos humanos o en labores de seguridad. La ausencia de esa ley es una anomalía en los procesos de recuperación democrática, y los perpetradores no tienen suficiente decencia como para apartarse por sí solos de las tentadoras arcas públicas. Acá funcionarios de la dictadura implicados en la represión ilegal pueden participar en la vida política y hacerse elegir, y nuestro presidente del Senado es un desgraciado ejemplo. Difícil que el presidente Piñera pueda resolver esta situación. Sus aliados dan muestras de irritación con el matrimonio de conveniencia. Debería divorciarse y operarse del pinochetismo.