la restitución de un general homicida
El caso Nydia Érika Bautista. El largo proceso judicial que está detrás de la restitución del general (r) Álvaro Velandia H.
Colombia. El 30 de agosto de 1987, minutos después de terminar una celebración familiar y cuando transitaba por una calle del barrio Casablanca, en el suroccidente de Bogotá, desapareció la militante del M-19 Nydia Érika Bautista. Desde entonces han pasado 24 años y a pesar de que el caso dio lugar a una decisión de la justicia internacional contra el Estado, en el país no se ha saldado y, en su lugar, sigue vigente la pelea jurídica del general (r) Álvaro Hernán Velandia, a quien la Procuraduría destituyó hace 16 años por este episodio.
El último capítulo de este interminable expediente sucedió la semana pasada en el Consejo de Estado, cuando una Sala de Conjueces, por vía de tutela, ordenó la restitución de Velandia a su condición de general, reconociendo de paso los salarios y prestaciones dejados de percibir desde 1995. Tres de los magistrados titulares, entre ellos su presidente Mauricio Fajardo, se mostraron en desacuerdo con la sentencia, aunque más por la tradicional oposición a la tutela contra sentencias judiciales. Pero en sí mismo, el caso no tiene parecido.
A pesar de que la desaparición de Nydia Érika Bautista se investigó desde el mismo 30 de agosto de 1987, el asunto cobró importancia cuando un sargento identificado como Bernardo Garzón Garzón acudió a la Procuraduría y además de inculpar a inteligencia militar del hecho, dio las coordenadas exactas para localizar el cadáver. Y efectivamente, los restos mortales de la activista del M-19 fueron hallados en zona rural del municipio de Guayabetal (Cundinamarca). Esta particularidad reactivó la investigación en la Procuraduría General.
El en aquel momento procurador delegado para los Derechos Humanos, Hernando Valencia Villa, vinculó al caso al entonces coronel Álvaro Hernán Velandia, quien para la época de los hechos oficiaba como jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Coici) en Bogotá. Pero a la hora de notificar su destitución en julio de 1995, al parecer se hizo por fuera de los términos legales pues se habían vencido los cinco años que tiene el Ministerio Público para adelantar sus procesos.
Desde entonces la pelea es de nunca acabar. El oficial, quien comandaba la Tercera Brigada en Cali cuando se produjo la decisión de la Procuraduría, recurrió el fallo. El Ministerio Público confirmó su decisión y el delegado Hernando Valencia, objeto de múltiples amenazas, marchó al exilio. Velandia, ya con cargo de general, tuvo que asumir la decisión del Gobierno de destituirlo con base en el fallo de la Procuraduría, pero decidió demandar al Estado a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
En 1997, el Tribunal del Valle falló en contra del general (r) Velandia, quien alegando debido proceso ya había llevado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de mayo de 2002, los entonces magistrados del Consejo de Estado Alejandro Ordóñez Maldonado —hoy procurador general— y Jesús María Lemus, en una sala de tres integrantes, revocaron la sentencia y ordenaron la restitución del general Velandia, con la indemnización económica respectiva. De inmediato aparecieron cuatro recursos.
En septiembre de 2009, la Sala Plena del Consejo de Estado desestimó los argumentos de sus antiguos colegas, le dio la razón al Tribunal del Valle y revivió la restitución del general Velandia. El oficial, quien además es abogado de la Universidad de Medellín y lleva más de una década complementando sus estudios en derecho procesal, regresó a la tutela. Fue necesario integrar una sala de tres conjueces para resolverla. Por dos a uno, la nueva instancia volvió a revivir las pretensiones del oficial, con las indemnizaciones del caso.
Ahora es el presidente de la corporación, magistrado Mauricio Fajardo, quien se opone, con el apoyo de la magistrada Susana Buitrago. Su argumento: el respeto a las decisiones de última instancia. Es decir que, por seguridad jurídica, la tutela no debe proceder contra sentencias judiciales. Esta oposición prevé una nueva instancia y que, definitivamente, este interminable caso terminará resolviéndose en la Corte Constitucional, organismo que tiene potestad para ser el órgano de cierre en materia de acciones de tutela.
En pocas palabras, un verdadero laberinto jurídico para un caso de tan extrema gravedad. En opinión de Yaneth Bautista, hermana de la desaparecida Nydia Érika y a raíz del caso fundadora de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfaddes), lo que se demuestra en este episodio es la enorme impunidad que lo ha rodeado. "Los responsables implicados en el caso, que son miembros de las Fuerzas Militares, van a terminar evadiendo cualquier acción de la justicia", agregó Yaneth Bautista.
A su vez, el general (r) Velandia Hurtado, consultado por El Espectador, observó que en el caso del sargento Garzón Garzón, hubo comprobada clonación de testigos; que tanto la justicia ordinaria como la justicia penal militar investigaron el caso y precluyeron a todos los procesados; que él está en su derecho de defender el debido proceso y su honor militar. "Yo creo en la justicia y he peleado y lo seguiré haciendo con los argumentos que me permite la ley dentro y fuera del país", agregó el exoficial.
No se trata de un general retirado más. El nombre de Álvaro Velandia Hurtado, entre enemigos acérrimos y defensores incondicionales, suscita controversia. Con más de 30 años de servicio activo, desde que recibió el grado de capitán se convirtió en uno de los oficiales determinantes en el área de inteligencia. Sus éxitos operativos llegaron tan rápido como los señalamientos en su contra. De hecho, cuando a principios de 1983 el entonces procurador Carlos Jiménez develó los presuntos nexos del MAS, fue incluido su nombre.
Entonces Velandia oficiaba como comandante del Batallón Patriota en Honda (Tolima), alcanzó a ser investigado y también absuelto. Luego fue inspector delegado para las Fuerzas Militares y gestor del Batallón Charry Solano hasta llegar a ser el director de Inteligencia del Ejército. Sus labores siempre las alternó con la cátedra en la Escuela Superior de Guerra. Cuando le llegó la destitución de la Procuraduría, hacía parte del Bloque de Búsqueda que terminó por capturar a los Rodríguez Orejuela.
A sus 69 años, Velandia es activo integrante de la Asociación de Militares Retirados (Acore) y dicta cátedra en la Universidad Nueva Granada. Todos los días revisa su caso y lo consulta con varios exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, y una y otra vez insiste en que nada tiene que ver con la muerte de Nydia Érika Bautista, pues "ella fue colaboradora del Ejército". En contraste, las organizaciones de Derechos Humanos lo siguen señalando de ser el autor intelectual de la desaparición de la militante del M-19. La Corte Constitucional dirá la última palabra.
15 de marzo de 2011
©el espectador
0 comentarios