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el imperio de la necedad


columna de mérici
Municipalidad recoge perros de la calle sin motivos justificados.
Es increíble la mala fe y la arbitrariedad en la interpretación del último dictamen de Contraloría de parte de las autoridades, y confirma el peor temor de los animalistas, que es la absoluta falta de fiscalización de lo que hacen los funcionarios en los caniles. Y, al mismo tiempo, es tan típico del partido de los enemigos de los perros. A raíz de dos ataques caninos recientes contra transeúntes, en el sector de calle Bellavista y calle Salvador Donoso, en el centro de Valparaíso, la municipalidad envía a capturar a los perros callejeros que viven en esa esquina. Pero en lugar de llevarse a los perros agresivos y peligrosos, que son conocidos en el barrio, y que son perros que salen de noche y que ya fueron identificados, se llevaron a perros que se encontraban en esa esquina, algunos de ellos con dueño. Ciertamente, algunos ciudadanos resistieron la incautación de sus mascotas, las que fueron, sin embargo, trasladadas al canil de Laguna Verde.
La impericia y necia arrogancia de los funcionarios fue defendida por el encargado del departamento municipal, Mauricio González, que pasó por alto que los perros secuestrados no tenían nada que ver con las agresiones denunciadas. Esto se parece más a un acto de irracional venganza, y es completamente indefendible.
El funcionario argumenta que no se debe alimentar a los perros que se encuentran en la calle de "forma indiscriminada", frase hueca que es inmediatamente desmentida por la segunda argumentación, que es que los comerciantes que alimentarían a esos perros de la calle están saboteando los objetivos de la Cámara de Comercio y Turismo, que protestan "por la proliferación de perros". Encima tiene el tupé de pedir la colaboración de la ciudadanía para satisfacer las pretensiones de la Cámara de Comercio.
¿Qué se supone que va a pasar si la gente ya no puede alimentar a las mascotas en la calle? ¿Habrá previsto las consecuencias? ¿Sabe dónde buscarán el alimento? A mí me parece, además, que es un delito fomentar la comisión de un delito, que es el maltrato por omisión. Se resiste uno a creer que esto sea serio, y menos la postura de las autoridades, que parecen más empeñadas en atormentar a la humanidad con medidas brutas e injustificadas, que en solucionar sus problemas. ¿A qué se refiere con que falta colaboración de la ciudadanía en el control canino? ¿Lo dice sobre la base de investigaciones independientes precisas, o es sólo una chupada de dedo, una bravuconada incompresiblemente necia, bla blá?
Porque, vamos a ver, según lo que sabemos por investigaciones realizadas en varios condados de Estados Unidos y en Inglaterra y otros países, la mayoría de los perros hallados en la calle son perros perdidos, y sólo una minoría, abandonados. Si las autoridades montasen programas que facilitaran el reencuentro entre mascotas perdidas y sus familias humanas, la población canina callejera disminuiría dramáticamente y haría que una queja como la del funcionario quedase totalmente fuera de lugar. Lo que falta es que las autoridades tengan el corazón donde deben tenerlo, y busquen soluciones en el marco de la sensibilidad chilena, que rechaza tanto el sacrificio como el encierro indefinido de las mascotas recuperadas en caniles que, con el paso del tiempo, convierten a los chuchos en condenados a reclusión perpetua.
Es derechamente impresentable que los funcionarios retiren indiscriminadamente a perros de la calle tras denuncias que no son investigadas. Muchos perros, que son alimentados y cuidados (incluyendo tratamientos médicos, vacunas y operaciones) por sus tutores, pasan el día en torno a los quioscos, y pueden dormir en ellos por la noche, y ciertamente están mucho mejor en la calle, con sus padrinos y madrinas, que en un canil con otros cientos de animales donde no tendrán muchas posibilidades de volver a ser felices si no se realizan campañas permanentes y bien diseñadas de adopción y/o reencuentro.
Los funcionarios siguen sin entender que cuando se reconoce, como hacen muchos, si no una mayoría de los chilenos, que el valor de la vida de los animales es intrínseco, no se los puede tratar como otra cosa que personas. Como entre los humanos, los delitos son actos personales, y no son intercambiables. De nada sirve llenar el canil (que es inmensamente grande) con perros que podrían estar perfectamente en la calle, porque no son peligrosos ni agresivos y tienen madrinas o padrinos, donde su calidad de vida es mucho mejor que en el canil. Y la calidad de vida de los perros en casos específicos debiese ser un criterio prioritario a la hora de decidir su traslado al canil. Lo que han hecho los funcionarios es una insensatez, un acto arbitrario, injustificado y estúpido.

Por otro lado, el fenómeno del perro perdido existirá siempre, por más estrictas que sean las leyes o su implementación, porque habrá siempre perros curiosos que salen a explorar, se van calle abajo y se pierden; que aprovechan un descuido y una puerta abierta; que excavan por debajo de las rejas; que saltan por encima de las vallas; que se lanzan balcón o terraza abajo; que empujan y rompen los portones hasta abrirlos; que rompen las telas metálicas; que tuercen los alambres. Y como el hambre que acompaña a las ganas de comer, tampoco son los humanos capaces de controlar todo lo que se le puede ocurrir a un perro que está empeñado en salir a pasear, ni pueden muchos respetar el paseo diario que se les prometió al principio. Lo más cuerdo parece entonces diseñar estrategias de reunificación familiar que sean efectivas y gestionadas por personal idóneo, de buena fe, como las miles de viejas locas y padrinos que estarían dichosos si las autoridades les incluyesen en esos planes, como voluntarios -voluntarios para organizar campañas permanentes de adopción, para encargarse de la reunificación familiar, para localizar a los perros perdidos, para acompañar y sacar a pasear a los perros que, en los caniles, esperan una familia humana, y en tantas otras cosas. Porque también deben entender, autoridades y ciudadanía, que el canil es un lugar de tránsito hacia una familia, y no el fin del trayecto. El incidente que comentamos deja en claro qué tienen las autoridades en la cabeza: para ellas, el problema no es que los perros lo están pasando mal en la calle, desorientados y hambrientos. El problema es que hay perros en la calle que pueden ser peligrosos y a los que hay que retirar de la vía pública. Más allá de eso, parecen no ver nada, porque tampoco parece que exista mucho interés en montar un plan de reunificación familiar, de hogares adoptivos temporales y de adopciones que permita lograr el objetivo central.
A ello se agrega el despropósito de llevarse al canil a sabiendas, como en este caso, a perros con dueño, porque ignoran y desconocen el derecho de la gente sin techo y de los nómades urbanos a tener perros, y lo desconocen ingenua y abiertamente y de hecho secuestran a sus perros para depositarlos en un canil no con el objetivo de ayudarlos, sino simplemente para sacarlos de la calle. Las autoridades aún no han aprendido nada. Parece que los senadores chilenos, al convenir en un proyecto necesario y tan bien intencionado que rechaza el sacrificio animal, viven en otro país que muchos energúmenos que hacen las veces de autoridades locales, que sólo piensan en encerrar o matar.

No me parece que el dictamen http://www.contraloria.cl/LegisJuri/DictamenesGeneralesMunicipales.nsf/DetalleDictamen?OpenForm&UNID=C1E16E0482C0E768842577E70049E2FC de Contraloría, pese a su gótica redacción, justifique estas licencias en su interpretación. El dictamen termina, concluyendo, con que "[...] frente a casos específicos de canes enfermos o gravemente heridos, cuya vida no es viable desde el punto de vista clínico, y que de provocarse su muerte se le evitarán sufrimientos innecesarios, resulta procedente que la autoridad municipal disponga la adopción de las medidas adecuadas", las que incluyen el retiro de los canes de la calle y su sacrificio. La conclusión no faculta a las municipalidades a recoger en masa o sin motivo justificado a perros de la calle, sino solamente a canes enfermos y heridos, en "casos específicos".
Todos sabíamos que las autoridades mal intencionadas utilizarían este dictamen par justificar los retiros y posiblemente matanzas o desapariciones encubiertas (que ocurre cuando se terceriza el retiro de mascotas o se contrata a firmas de control de plagas), porque la ley no contempla ninguna instancia de fiscalización independiente. El dictamen tampoco justifica los retiros preventivos, sistemáticos y permanentes. En el caso de que se trata, los funcionarios debieron capturar a los perros acusados de haber atacado a esos transeúntes en horas de la madrugada y trasladarles a un canil donde deberían ser resocializados antes de su adopción. En lugar de eso, comportándose los funcionarios de un modo increíble e inaceptablemente rústico, se dirigieron a las calles mencionadas y recogieron a todo perro que encontraron -menos a los que sí debían recoger, que eran perros agresivos, y nocturnos. E inverosímilmente requisaron y secuestraron a perros que sí tenían tutores, pero cuyos reclamos ignoraron por tratarse de indigentes.

Está de más decir que no existe ninguna ley ni ordenanza que prohíba que un indigente o una persona sin domicilio fijo tenga perros. La condición social y personal no es tampoco un requisito legal que capacite para la propiedad o tenencia de animales. Esto es un sin sentido. Los funcionarios municipales no tienen ninguna facultad para proceder al decomiso y secuestro de animales en la calle que sí tienen dueños. La teoría que defendió el encargado municipal fue que los perros que atacaron a los transeúntes en la noche, son perros que durante el día han formado jaurías. Por ello, si se retiran los perros del día, no podrán formar jaurías para morder peatones por la noche. Todo este razonamiento pese a las declaraciones de una vecina de que se trata de un grupo de perros agresivos que sale de noche.

Es difícil imaginar tanta necedad, incompetencia y mala fe. Hace mal la municipalidad en contratar a matones o en intimidar a funcionarios para que realicen estas actividades que nada justifica, y hace mal en permitir que se discrimine tan grosera e ilegalmente a algunos ciudadanos. Con estas acciones sólo reavivará la hostilidad que caracterizó siempre la relación entre autoridades y porteños.
[mérici]

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