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racismo en eua se está poniendo peor


Las nuevas leyes contra los inmigrantes son crueles, racistas y contraproductivas. Un editorial de Los Angeles Times.
Estados Unidos. Si pensaba que los programas contra los inmigrantes ideados a nivel local no se podían poner más repelentes, se equivocó. Nuevas leyes en Georgia, Alabama y Carolina del Sur están siguiendo -y en algunos casos superando- el intento de Arizona de preparar la expulsión masiva de indocumentados, sin que importe el daño a la Constitución, la seguridad pública, las economías locales y las familias de los inmigrantes.
Las leyes varían en los detalles, pero comparten una estrategia común: hacer imposible que las personas sin documentos puedan vivir sin temor.
Otorgan nuevas atribuciones a la policía local, que no es instruida en cuanto a las leyes de inmigración. Obligan a las empresas a purgar la fuerza de trabajo y a las escuela a controlar la situación de residencia de los estudiantes. Y aumentan terriblemente el peligro de registros no justificados, detenciones arbitrarias, discriminación racial y otras violaciones, no solamente contra los inmigrantes, sino contra cualquiera que satisfaga la idea que se hagan los agentes de policía de cómo se ve un inmigrante ilegal.
Las leyes permiten que los agentes de policía locales exijan los documentos de personas con las que se crucen en la calle, y detengan a las que consideren sospechosas de ser ilegales. Eso significa que pueden hacer detenciones sin una orden judicial por presuntas infracciones a las leyes de inmigración, un impresionante abuso de poder.
Las leyes hacen también ilegal recoger a ilegales en la carretera, de modo que un hijo podría terminar con sus huesos en la cárcel por llevar a su madre al supermercado, o a un voluntario de la iglesia por llevar a familias a un comedor popular. Exigen que las empresas chequeen a los empleados en la base de datos federal E-Verify, tan plagada de errores, y que despidan a los que aparecen como no autorizados. Una vez que la purga llegue a la agricultura, no quedará nadie para recoger las cebollas, ni los melocotones ni el algodón. La escasez de trabajo inmigrante ya se ha hecho sentir en Georgia, donde las cosechas se están pudriendo y el gobernador ha llamado a enviar a los campos a ex convictos en el paro.
Las leyes de Alabama son todavía peor. Obliga a la escuelas públicas de los distritos a controlar la condición de residencia de los alumnos y sus padres y enviar estos datos al estado. Alamaba no puede prohibir todavía la educación, ya que la Corte Suprema declaró en el caso Plyler v. Doe que todos los niños tienen derecho a la educación pública. Las leyes del estado parecen estar diseñadas para poner en entredicho ese fallo, ya que convierte a los funcionarios escolares en agentes de inmigración de facto y obliga a los atemorizados padres a mantener a sus hijos en casa.
Hace tiempo que está claro que Estados Unidos carece de un sistema de inmigración operacional que proteja mejor a los trabajadores y sus familias, fomente el respeto por la ley en la frontera y en los lugares de trabajo y muestre a la gente trabajadora la ruta hacia la legalidad.
La inercia del Congreso ha permitido que los estados se vuelvan locos con sus propias ideas destructivas. Sus partidarios insisten en que sólo están tratando de implementar la ley. Pero tratar de capturar y deportar a once millones de personas es cosa de lunáticos. El daño que se le hace a este país -a sus ciudadanos y sus leyes- es enorme.
Las organizaciones de derechos civiles se están querellando o amenaza bloquear estas nocivas leyes del estado. De momento las cortes federales son una parte de las malas noticias locales en Arizona, Georgia, Utah e Indiana. El ministerio de Justicia del presidente Obama ha demandado a Arizona, pero no a los otros estados. Tiene que pelear con más vigor.
6 de julio de 2011
3 de julio de 2011
©new york times

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