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colombia debe investigar asesinatos


Colombia debe investigar recientes asesinatos cometidos por grupos armados.
Washington, Estados Unidos / Colombia. La masacre de siete personas en el sur de Colombia, presuntamente cometida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), evidencia las despiadadas tácticas que emplean los grupos armados de ese país, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno colombiano debe asegurar que se inicien investigaciones inmediatas y exhaustivas de estos hechos, que tuvieron lugar el 2 de julio de 2011, así como de los recientes asesinatos de miembros de comunidades indígenas en el norte de Colombia, presuntamente cometidos por grupos sucesores de los paramilitares, manifestó Human Rights Watch.
En el episodio del 2 de julio, un grupo de hombres armados ingresó en una finca del municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento sureño de Caquetá, y mató a seis miembros de una familia, incluyendo dos menores, y a un empleado. Miembros del Ejército y de la policía atribuyen la masacre a las FARC. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, las FARC han aumentado su presión sobre la población civil y mantienen una presencia activa en la zona donde se produjeron los asesinatos.
"Esta masacre sigue el patrón de abusos crueles cometidos por las FARC, quienes rutinariamente matan civiles sin el menor respeto por las leyes de la guerra", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
En otro episodio reciente, ocurrido el 25 de junio, ocho personas fueron asesinadas en el departamento sureño de Nariño. Al menos 10 hombres armados ingresaron en una sala de billar en el municipio de Colón-Génova y comenzaron a disparar. Según los informes de prensa, entre las ocho personas que perdieron la vida había un menor, y otras cuatro resultaron heridas. Un funcionario local le dijo a Human Rights Watch que en la zona operan grupos sucesores de los paramilitares, las FARC y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según estadísticas oficiales, entre enero y mayo ocurrieron 17 de estas masacres, las cuales dejaron un saldo de 76 muertes y representan un aumento del 21 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. El gobierno define masacre como el asesinato de cuatro o más personas al mismo tiempo. Los grupos sucesores de los paramilitares contribuyeron a que, en 2010, las masacres aumentaran en un 34 por ciento -  el total anual más alto que se ha registrado desde el año 2005.
Human Rights Watch también instó al gobierno colombiano a asegurar que se inicien investigaciones exhaustivas e inmediatas sobre una serie de asesinatos de líderes y miembros de comunidades indígenas que se produjeron recientemente en los departamentos de Antioquia y Córdoba, en el norte del país.
El 5 de julio, hombres armados asesinaron a balazos a una líder indígena Zenú, Mérida del Carmen Fuentes Hernández, en el municipio de Montelíbano, Córdoba, conforme a la información publicada por los medios y a un funcionario local que habló con Human Rights Watch. Los medios señalaron que las autoridades arrestaron a uno de los sospechosos del ataque armado, quien presuntamente pertenece a los "Urabeños", un grupo sucesor de los paramilitares que surgió del fallido proceso de desmovilización de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La prensa también señaló que un miembro del grupo indígena Embera Katío había sido asesinado el 1 de julio en el municipio de Montelíbano.
El 2 de julio, agresores no identificados asesinaron a balazos a Fernando Tequía, el gobernador de una comunidad indígena Embera Katío, en el municipio de Urrao, en Antioquía. De acuerdo con la Organización Indígena de Antioquía (OIA), Tequía había denunciado que en sus tierras se estaban desarrollando actividades de minería ilegal.
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, cinco miembros de comunidades indígenas zenúes del norte de Antioquía fueron asesinados el 24, 25 y 26 de junio, presuntamente por un grupo sucesor de los paramilitares. Entre las presuntas víctimas se encuentran Jorge Mejía Estrada, el vicegobernador de una comunidad Zenú, y sus dos hijos - ambos menores -, quienes están desaparecidos desde el 25 de junio y se presume que han fallecido.
La Defensoría del Pueblo señaló que, supuestamente, los asesinos eran miembros de un grupo sucesor de los paramilitares denominados los "Rastrojos." En la región operan al menos otros tres grupos sucesores de los paramilitares, entre los cuales se encuentran los "Urabeños", las "Águilas Negras" y los "Paisas", según datos de la Defensoría del Pueblo.
La OIA informó a Human Rights Watch que, en lo que va del año, un total de 14 miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en Antioquía, docenas de familias indígenas han sido desplazadas y muchos líderes han sido amenazados.
"Las comunidades indígenas sufren actos de extrema violencia cometidos por poderosos grupos armados de Colombia, que incluyen a los grupos sucesores de los paramilitares", expresó Vivanco. "Las autoridades colombianas deben tomar medidas urgentes para proteger a las comunidades indígenas de los violentos grupos armados que frecuentemente los matan, los amenazan y los desplazan de sus tierras por la fuerza".
13 de julio de 2011
8 de julio de 2011
©hrw

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