le quitaron el sueldo
El Consejo de la Magistratura resolvió que se le deje de pagar a Otilio Romano. La decisión de cancelarle los haberes, que según los consejeros rondan los 40 mil pesos, fue unánime. Se tomó en respuesta a la huida del suspendido camarista a Chile para eludir los procesos que se le siguen por su participación en crímenes de lesa humanidad.
[Irina Hauser] Argentina. El suspendido camarista Otilio Romano, apoltronado en una playa chilena para evitar ser juzgado en Argentina por violaciones a los derechos humanos, no podrá cobrar su sueldo mientras siga fugitivo y pidiendo refugio al país vecino. Así lo resolvió ayer por unanimidad el Consejo de la Magistratura, que el 25 de agosto último había ordenado la apertura del juicio político en su contra. El organismo fundamentó que la "conducta" de Romano de sustraerse al juicio penal donde se le imputan 103 casos de crímenes de lesa humanidad y eludir el proceso de remoción es "incompatible con el mantenimiento de las prerrogativas" de "un juez federal". El razonamiento de los consejeros es que el Estado no debe financiarle su estadía como prófugo en ninguna parte. También votaron que su huida debería ser un agravante en el proceso de destitución.
Según calculan en el Consejo de la Magistratura, los haberes de Romano deben rondar los 40 mil pesos. Hasta ayer se supone que podía retirarlos desde el exterior con su tarjeta de débito o crédito, pero el cuerpo de consejeros resolvió que ya no se los depositará. La decisión fue tomada en un plenario al que faltaron el camarista antikirchnerista Ricardo Recondo –quien está en el exterior– y el diputado de la UCR Oscar Aguad. El senador Mario Cimadevilla y el abogado mendocino Daniel Ostropolsky, ambos radicales, plantearon dudas sobre si correspondía quitarle el sueldo teniendo en cuenta que no fue destituido. Se acordó que mientras siga sin presentarse ante la Justicia y el jury de enjuiciamiento no cobra. Si vuelve y lo hace, hay marcha atrás.
Después de lograr dilatar durante un año y medio la apertura del juicio político en su contra Romano fue suspendido el 25 de agosto último. Se va a Chile un día antes. Ante el gobierno de Sebastián Piñera pidió asilo político y le dieron ocho meses de visa mientras evalúan su petición. El Consejo recuerda en su resolución de ayer que la acusación aprobada contra el camarista se basó en "gravísimas imputaciones" relacionadas con su actuación como fiscal y juez subrogante en complicidad con el terrorismo de Estado, ya desde la época de la Triple A. Señala, además, que el cuerpo tuvo en cuenta que estaba procesado por "su participación en numerosos delitos de lesa humanidad" como secuestros, desapariciones, robo de bienes y allanamientos ilegales, por los que además "existe un requerimiento de elevación a juicio oral".
Todo indicaría que, de acuerdo a la legislación y las convenciones a las que adhirió Chile, no hay razones para que cobije a Romano. El camarista suspendido estuvo anteayer ante la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Todo indicaría que alega ser un "perseguido político". En un próximo paso tendrá una entrevista de "elegibilidad".
Todo esto se podría transformar en un juicio de extradición si la Justicia argentina pidiera la captura y detención de Romano, y el Gobierno solicitara que lo devuelvan para juzgarlo. El fiscal Omar Palermo, que ha llevado adelante la investigación penal en su contra ya le pidió al juez del caso, Walter Bento, la captura internacional. Hasta ayer Bento no había tomado decisión alguna. No está descartado que tome alguna resolución intermedia, como una exigencia de que comparezca en su tribunal. Una de sus principales dudas pasaría por si Romano tiene o no inmunidad de arresto, teniendo en cuenta que aún no fue destituido y conserva el cargo de juez. Según Palermo ya no tiene protección de los fueros. Entiende que los fueros son a la función, que el camarista suspendido abandonó para evitar comparecer ante la Justicia. En ese caso, la inmunidad de arresto, según el fiscal, sería garantía de impunidad.
El Consejo evaluó ayer que "la intención del magistrado acusado de sustraerse al proceso judicial en trámite tanto ante la Justicia federal de Mendoza, cuanto el proceso de remoción iniciado ante el jurado de enjuiciamiento (...) denotan el apartamiento de los deberes mínimos indispensables para hacerse acreedor de la contraprestación correspondiente al estatus judicial". El consejero Hernán Ordiales –representante del Poder Ejecutivo– e impulsor del dictamen que llevó a Romano al jury, tradujo: "Un juez que se fuga no tiene derecho a cobrar su sueldo porque le estaríamos financiando la contumacia de prófugo". El cuerpo de consejeros, además, resolvió pedirle al jurado de enjuiciamiento que incorpore como un cargo más el hecho de que Romano se haya escapado para evitar ser juzgado.
El jurado de enjuiciamiento, que tiene plazo formal hasta mitad de febrero para resolver si remueve a Romano, se hizo eco de lo que algunos de sus miembros consideraron una situación de suma gravedad y se reunió el lunes último para analizar las posibilidades de acelerar el proceso. Según los cálculos, para respetar todos los plazos procesales empezarían en noviembre. Se podrá hacer en ausencia del acusado, pero tendrá que estar siempre su defensor oficial, Fabiana León, designada porque Romano no presentó abogados propios. En el ínterin, habrá que ver qué hace el gobierno chileno y, si hay pedido de extradición, sus jueces.
17 de septiembre de 2011
16 de septiembre de 2011
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