castigo indefendible
Es hora de que los estadounidenses reconozcan que la pena capital no puede cumplir con la Constitución y es completamente indefendible. Editorial de TNYT.
Cuando la Corte Suprema reinstituyó hace treinta y cinco años la pena de muerte, lo hizo provisoriamente. Desde entonces, ha tratado de articular normas legales vinculantes para los estados que garantizarían la aplicación justa de la pena capital y evitaría la arbitrariedad y la discriminación que ha llevado a la abolición de todas las leyes de pena de muerte estaduales en 1972.
Como subraya la inaceptable ejecución de Troy Davis en Georgia la semana pasada, la corte ha fracasado porque es imposible tener éxito en esta tarea. La pena de muerte es grotesca e inmoral y debería ser derogada.
En 1976, el marco de la corte para aplicar la pena de muerte, equilibrando factores agravantes como la crueldad del crimen con factores atenuantes, como la ausencia de antecedentes penales del acusado, lo proporcionó el Instituto Americano de Derecho, una organización de jueces, abogados y profesores de derecho independiente. En 2009, después de una revisión de décadas de ejecuciones, la organización concluyó que el sistema no podía repararse y abandonó el intento.
Sentenciar a gente a la muerte sin tomar en cuenta circunstancias agravantes y atenuantes conduce a resultados arbitrarios. Sin embargo, según concluyó la revisión, también los provoca considerar esas circunstancias, porque exige que los jurados sopesen factores contradictorios y hace que la sentencia se vuelva vulnerable a sus prejuicios.
Esos prejuicios son impulsados por la raza, clase y política, que influyen en todos los aspectos de la vida estadounidense. Como resultado, han hecho de la discriminación y la arbitrariedad sellos distintivos de la pena de muerte en este país.
Por ejemplo, dos tercios de todos los condenados a muerte desde 1976 han tomado lugar en cinco estados sureños donde persisten los "valores de vigilantes", de acuerdo al jurisconsulto Franklin Zimring. El racismo continúa infectando el sistema, como lo han demostrado estudio tras estudio en las últimas tres décadas.
Los problemas continúan: muchos acusados en casos capitales son demasiado pobres como para acceder a ayuda jurídica. Muchos de los abogados asignados para su representación están mal preparados para el trabajo. Un importante estudio hecho por la Comisión Judicial del Senado concluyó que "abogados incompetentes en la defensa" daban cuenta de cerca de dos quintos de los errores en casos capitales. Aparte el tema de la ayuda jurídica, estos casos son más caros en cada fase del proceso criminal que los casos no capitales.
La política también impregna la pena de muerte, aumentando la posibilidad de una aplicación arbitraria. La mayoría de los fiscales en jurisdicciones con la pena capital, son elegidos y controlan la decisión de pedir esa pena. Dentro del mismo estado, políticas que varían de condado a condado han producido enormes disparidades en la aplicación de la pena, cuando la tasa de criminalidad y la demografía eran similares. Esto ha sido verdad en Pensilvania, Georgia, Tejas y muchos otros estados.
De momento, bajo este horrendo sistema, diecisiete personas sentenciadas a muerte han sido exoneradas y liberadas sobre la base de análisis de ADN, otras 112 personas sobre la base de otras evidencias. Excepto algunos, todos los países desarrollados han abolido la pena de muerte. Es hora de que los estadounidenses reconozcan que la pena capital no puede cumplir con la Constitución y es completamente indefendible.
28 de septiembre de 2011
25 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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