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justicia después de troy davis


Si desaparece la pena de muerte en EUA, lo será no porque nadie quiera ya ejecutar a culpables, sino porque nadie quiere matar a inocentes.
[Ross Douthat] Es fácil ver por qué el caso de Troy Davis, el hombre de Georgia ejecutado la semana pasada por el asesinato de un agente de policía de franco, se convirtió en una causa célebre para los que se oponen a la pena de muerte. Davis fue identificado como el tirador por testigos que confesaron más tarde haber sido presionados por los detectives. Fue procesado y condenado sobre la base de las mismas declaraciones de testigos oculares dudosos, antes que sobre evidencias forenses. Y sus apelaciones fueron laboriosamente lentas y no entregaron nada parecido a la certeza: tomó a tribunales veinte años decir no al segundo juicio que Davis puede haber merecido.
Para muchos observadores, la lección de este caso es simple. Tenemos que abolir inmediatamente la pena de muerte. El argumento de que la pena capital es inherentemente inmoral ha perdido terreno hace mucho tiempo en la política estadounidense. Pero en la edad de las evidencias por ADN e interminables excavaciones en los medios, el argumento de que las cortes y los jurados son simplemente demasiado falibles como para confiarles asuntos de vida o muerte puede ser más efectivo.
Si la pena capital desapareciera de Estados Unidos, no sería porque los votantes y los políticos ya no quieren ejecutar a los culpables. Lo será porque tienen miedo de ejecutar a los inocentes.
Este es uno de los temores sanos que cualquier sociedad puede tener. Pero para los partidarios de la reforma de la justicia penal, aquí acecha un peligro. Después de todo, en un mundo sin pena de muerte, probablemente Davis no habría sido ni juzgado nuevamente ni exonerado. Sus apelaciones seguirían siendo rechazadas, pasaría el resto de su vida en prisión y mucho menos gente se habría preocupado por él o enterado de su destino.
En lugar de eso, recibió ayuda jurídica, atención de los medios y apoyo de los activistas que pocos convictos reciben. Y su caso se convirtió en un ejemplo de cómo la finalidad misma de la pena de muerte puede concentrar la atención de la opinión pública en temas que muchos estadounidenses prefieren ignorar: el celo exagerado de polis y fiscales, los límites del proceso de apelación y las adversas condiciones a las que hacen frente muchos de los más de dos millones de estadounidenses actualmente en prisión.
Simplemente tirar la toalla y eliminar completamente las ejecuciones podría, en contraste, ser una forma de evasión moral: un modo de consolarnos a nosotros mismos con el conocimiento de que ningún inocente es ejecutado nunca, incluso si abusos más generalizados no son controlados. Debiésemos querer un sistema judicial en el que podamos confiar en asuntos de vida o muerte, y que pueda resistir el tipo de presión pública que recibió el caso de Davis. Y reformar, poco a poco, la pena de muerte -imponiéndola en menos ocasiones y con más salvaguardas, de las que se puedan beneficiar igualmente otros acusados- puede ser más conveniente que la abolición absoluta para abordar problemas mayores relacionados con el crimen y el castigo en Estados Unidos.
Este punto fue bien hecho la semana pasada por Pascal-Emmanuel Gobry, en The American Scene. En cualquier sistema penal, señaló, pero especialmente en el nuestro -que puede ser brutal, de extremo hacinamiento, lleno de violaciones y otras formas de violencia- una sentencia a prisión perpetua puede ser más cruel e inusual que una ejecución rápida. Y una sociedad que presuntamente valora la libertad tanto o más que la vida no se civiliza necesariamente si conserva la vida de sus convictos mientras viola consistentemente sus derechos y dignidad. Simplemente se engaña mejor a sí misma acerca de qué está pasando realmente.
En lo esencial, la mayoría de los estadounidenses que apoyan la pena de muerte lo hacen porque quieren creer que nuestro sistema judicial es justo, y no meramente un mecanismo para encerrar a los peligrosos y garantizar seguridad a los que respetan la ley. La defensa de la ejecución de asesinos es un caso de proporcionalidad en el castigo: de sentencias que se correspondan con el delito, y penas que cierren el círculo.
En lugar de desechar este punto de vista como atrasado y bárbaro, los reformadores de la justicia penal deberían tratar de aprovecharlo, señalando que demasiado a menudo nuestros castigos no se corresponden con el delito, que las sentencias para muchos delitos relacionados con las drogas son desproporcionados, o que la violación y el abuso sexual se han convertido en una parte implícita de muchas sentencias de prisión. Los estadounidenses deberían ser llamados a apoyar la reforma penal no a pesar de su creencia de que algunos asesinos merecen la ejecución, sino que debido a ella: porque ambos son intentos de asegurarse que criminales acusados reciban lo que merecen.
Abolir la pena capital en una especie de desesperación sobre su falibilidad enviaría un mensaje muy diferente. Le diría a la opinión pública que nuestras leyes y tribunales y jurados son fundamentalmente incapaces de entregar lo que la mayoría de los estadounidenses considera justicia genuina. Alentaría un punto de vista más cínico y utilitario sobre por qué existen fuerza pública y cárceles, y en qué orden de normas morales deben responder. Y mientras se pone fin a las ejecuciones erróneas, podría producir todavía más injusticias.
[Foto viene del blog de Emily L. Hauser.]
29 de septiembre de 2011
24 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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