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ganó alabama, perdió eua


Un tribunal mantuvo las disposiciones de la draconiana ley contra los inmigrantes, lo que muestra lo peligroso que puede ser dejar que los estados definan sus propias políticas. Washington necesita ponerse serio sobre la necesidad de una reforma comprehensiva.
Esta semana Alabama se convirtió en el primero de varios estados que han aprobado draconianas leyes contra los inmigrantes después de defender con éxito, en un tribunal, las disposiciones claves de la ley.
La juez de distrito Sharon Lovelace Blackburn concluyó que partes del polémico proyecto de ley de Alabama no contradecían la autoridad del gobierno federal para regular la inmigración. Eso significa que, con efecto inmediato, las policías locales y estaduales deben detener y arrestar a cualquiera del que sospechen que se encuentra ilegalmente en el país. Las escuelas estarán obligadas a determinar el estatus de inmigración de los estudiantes y entregar la información a los funcionarios distritales. Y los inmigrantes detenidos sin documentos podrán ser acusados judicialmente.
La ley de Alabama es cruel e innecesaria. Pero el estado no es el único responsable del barullo legal. Tampoco lo es Blackburn, aunque su decisión de permitir que la policía implemente las leyes de inmigración contradice la de otros jueces federales que bloquearon leyes similares en Arizona y Georgia. El hecho es que una parte importante de la culpa la tiene Washington.
El Congreso y el gobierno de Obama han relegado la reforma de la inmigración en gran parte a una guerra de palabras, cada lado acusando al otro de la inercia administrativa. Como consecuencia, los estados han empezado a implementar sus propias soluciones redactando lo que se ha convertido en un retazo nacional de regulaciones. Este es difícilmente la manera que reparar el resquebrajado sistema de inmigración del país.
El único modo de impedir que los estados implementen leyes crueles e inhumanas es que el gobierno federal proporcione una solución comprehensiva que proteja la frontera y trate el problema de los once millones de inmigrantes ilegales que ya viven en Estados Unidos, así como proporcionar una estrategia de implementación sensible para deportar a los que representen un peligro.
Desgraciadamente, los legisladores no han sido capaces de reunir voluntad política para llegar a un acuerdo, y es improbable que lo logren antes de las elecciones de 2012. Lo que podrían hacer es dar un pequeño paso hacia la racionalidad revitalizando dos claves intentos bipartidistas de reforma.
Los legisladores deberían implementar leyes que provean una ruta condicional hacia la legalización para ciertos grupos de jóvenes inmigrantes ilegales. Conocida como la Ley DREAM, entregaría algo de ayuda a los que sirven en las fuerzas armadas o estudian en la universidad y aspirar a trabajar legalmente. Y el Congreso debería revisar la Ley de Oportunidades de Trabajo en la Agricultura, Prestaciones y Seguridad. Ese proyecto permitiría que los jornaleros que quieran regularizar su estatus de inmigración si acceden a pagar una multa y siguen trabajando en el campo por al menos tres años.
Washington no puede encargar a los tribunales que hagan su trabajo. El Congreso y el presidente deben tomar la iniciativa.
13 de octubre de 2011
30 de septiembre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

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