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la ley de inmigración de alabama


La mayor parte de la ley, la más estricta del país, está ahora en vigor.
[Richard Fausset] Leeds, Alabama, Estados Unidos. Los 130 mil inmigrantes ilegales de Alabama están preocupados. Confundidos. Y en algunos casos han desaparecido.
Han desaparecido de las salas de clase y de las plantaciones de tomate.
La semana pasada, algunos habían desaparecido del restaurante Guadalajara Jalisco, ex cafetería que ahora vende productos Tex-Mex a una clientela nacida en gran parte en Estados Unidos en esta somnolienta ciudad al este de Birmingham.
El gerente Fredy Vergara perdió a tres de sus doce empleados, y más trabajadores dijeron que pensaban marcharse pronto, asustados por la nueva ley de inmigración de Alabama.
El camarero Ever Salas se marchó al estado de Washington. Elbia Manzilla, a Texas. Una azafata llamada Joana residía legalmente, pero no sus padres, dijo Vergara. Probablemente se marcharán pronto en dirección a Chicago.
El miércoles en la tarde, los parroquianos empezaron a llegar para el almuerzo y el personal de Vergara estaba respondiendo, sirviendo enchiladas y chile relleno, rápidos y corteses.
"Pero todos estamos pensando en una sola cosa", dijo Vergara, residente legal de Colombia. "En la inmigración."
La mayor parte de la nueva ley, la más estricta del país, entró en vigor después de haber sido aceptada por un juez federal el 28 de septiembre.
Entre otras cosas, la ley exige que la policía controle el estatus de inmigración de sospechosos y entregue a los inmigrantes ilegales a las autoridades federales. Exige que los funcionarios escolares exijan certificados de nacimiento a alumnos que se matriculan por primera vez, aunque las escuelas no pueden rechazar a los estudiantes. Prohíbe que los inmigrantes ilegales participen en transacciones comerciales con la administración del estado.
El viernes el ministerio de Justicia pidió a la Corte de Apelaciones del Distrito 11 que bloqueara la ley hasta que el tribunal la viera completamente. Los abogados del gobierno alegaron, como han hecho sobre leyes similares en otros estados, que la ley contraviene la función de implementación de las leyes de inmigración de las autoridades federales.
De momento, las evidencias sobre un éxodo de Alabama son anecdóticas. Pero sus partidarios saludan la ley como un ejemplo de desgaste por implementación.
Otros, como Mary Bauer, directora jurídica del Southern Poverty Law Center, llaman a la nueva ley como una "crisis humanitaria." Dijo que su organización anti-discriminación había iniciado una línea directa después del fallo del juez y de haber recibido dos mil llamadas de familias preocupadas.
Algunos tenían miedo de llevar al médico a sus familiares enfermos. Los niños en la escuela estaban siendo acosados por matones. Las compañías municipales de agua estaban negándose a proporcionar servicios a personas que no pueden demostrar que eran residentes legales.
"En Alamaba hoy es un día negro", dijo Bauer.
Algunos negocios ya están sintiendo los efectos. En el nordeste de Alabama, los dueños de Smith & Smith Farms estaban tratando de cosechar 36 hectáreas de tomates con tres camiones de trabajadores al día en lugar de los doce normales.
"Hemos contratado a algunos blancos", dijo Kathy Smith, esposa del co-propietario Leroy Smith. "Algunos de ellos trabajan bastante bien. Otros trabajan tres horas y se marchan."
Jimmy Latham, contratista de Tuscaloosa y presidente Alabama Associated General Contractors, dijo que ley desaceleraría la campaña de reconstrucción tras los devastadores tornados de primavera.
"Estamos viendo equipos más pequeños y el trabajo demora más en terminarse", dijo. Los autores del proyecto, dijo, deben haber asumido que los nativos de Alabama tomarían los trabajos que van dejando los latinos. El estado tiene una tasa de desempleo del diez por ciento.
"De momento, no ha sido el caso", dijo.
Entretanto, funcionarios del estado han estado batallando contra la confusión generalizada. El director de Seguridad Interior del estado, Spencer Collier, ha estado recorriendo el estado para instruir a agentes de policía sobre cómo implementar la ley.
El departamento de Educación del estado ha enviado mensajes en español a estaciones de radio en los que prometen a los oyentes que los detalles de inmigración que recogen no serán entregados a funcionarios federales, sino que a  la Legislatura para que contabilice cuántos inmigrantes ilegales hay en las escuelas.
Parecía estar funcionando, dijo una portavoz de Educación, Malissa Valdés: el lunes después del fallo, 2.285 estudiantes latinos, cerca del seis por ciento del total del estado, faltaron a clases. Dos días después, esa cifra estaba nuevamente en cuatro por ciento, la tasa normal de inasistencia.
En Tarrant, un suburbio de clase trabajadora de Birmingham, los padres latinos se amontonaron con preguntas en una sesión de información en una escuela básica con sus hijos. Este pequeño distrito escolar tenía hace diez años "quizá un uno por ciento", dijo la directora Shelly Mize said. Hoy ese porcentaje se acerca del diez por ciento.
Mónica Hernández, una organizadora de la Red de Derechos de los Inmigrantes del Sudeste [Southeast Immigrant Rights Network], acosejaron a los padres no abrir la puerta a nadie a menos que esa persona tuviera una orden judicial, y sólo dar su nombre y dirección a la policía cuando pudieran contar con los servicios de un abogado.
Los padres preguntaron sobre rumores. ¿Puede la policía detenerte simplemente por llevar a tus hijos a la escuela?
No, les dijo Hernández. La policía debe hacer una investigación y debe tener "sospechas razonables" de que una persona reside aquí ilegalmente.
¿Es verdad que están deteniendo a hombres conductores, no a mujeres?  No, dijo. Y respondió no a muchas otras preguntas.
"El miedo es normal", les dijo en español. "Pero lo único que podemos hacer es tratar de ser lo más fuerte posible."
Después, una obrera de treinta años también llamada Mónica fue una de las muchas que hicieron más preguntas. Era madre soltera y propietaria, dijo. Si se mudaba, se preguntaba, ¿qué pasaría con su casa?
"Me siento muy deprimida", dijo otra. "No puedo ir a cualquier parte. Sólo voy a la tienda. Tengo miedo."
En el restaurante Guadalajara Jalisco, los clientes tenían sentimientos contradictorios sobre la ley y el restaurante, que lo inició un hombre de negocios mexicano hace unos quince años.
Janice y John McLaughlin han sido parroquianos durante años. Cuando el restaurante abrió sus puertas, les encantó la idea de "tener algo para comer que no fueran hamburguesas ."
Pero Janice dijo que la ley era la ley. "Básicamente pienso que si eres ilegal, tienes que ser enviado de vuelta."
13 de octubre de 2011
9 de octubre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

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