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gobierno acosa a poder judicial


columna de lísperguer
Ministro de Justicia amenaza con truncar carrera de jueces si no adoptan mano dura del gobierno contra manifestantes detenidos.

Como si el gobierno no tuviese suficientes problemas, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, le abrió un nuevo y duro frente en el poder judicial: en términos que no dejan lugar a dudas amenazó a los jueces con truncar sus carreras en el poder judicial si no acataban las instrucciones de gobierno sobre cómo deben tribunales tratar a los detenidos por desorden público. "Hay que tener claro que [...] que los ascensos de los jueces no [son] un tema exclusivo de los jueces, sino que [son] un tema donde también participan otros poderes del Estado", dijo, refiriéndose al hecho de que en el nombramiento de los jueces el ministerio de Justicia y el propio presidente de la república también deciden (en La Tercera). A la hora de proponerlos, dijo, se considerará el "criterio jurídico" de los candidatos, queriendo decir que si estos se han apartado, en los casos en sus manos, de las instrucciones del gobierno de aplicar mano dura contra los manifestantes detenidos, no serán ascendidos.
Este es un descarado y grave intento de extorsión. Nunca antes declaró un personero de gobierno que los nombramientos de los jueces son en realidad políticos y que el ascenso en sus carreras depende de su acatamiento de las instrucciones de sus patrones. Para todos está claro que nunca ha sido de otro modo. El último descarado caso que recordamos es el nombramiento, en el gobierno de Lagos, de candidatos de extrema derecha, que desde entonces no han hecho otra cosa que utilizar su posición en la Corte Suprema para defender a criminales pinochetistas ignorando los compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos sin que el gobierno ni la clase política hayan hecho nunca nada para impedirlo ni para expulsar del poder judicial a sus elementos parias.
La reacción del presidente de la Corte Suprema, que rechaza la extorsión ministerial es correcta, pero insuficiente. El Parlamento debe intervenir y acusar constitucionalmente a Ribera por su intento de colocar al poder judicial bajo el mando directo del Ejecutivo para se que interprete y aplique la ley según los criterios políticos que maneja el equipo de gobierno. Las amenazas y la exigencia de dictar fallos políticos contra los manifestantes que el gobierno considera de izquierdas son absolutamente intolerables. Así lo ha entendido la bancada de la Democracia Cristiana, que ha llamado al ministro a dar explicaciones. Pero, en realidad, Ribera debe marcharse.
lísperguer

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