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presidente piñera se está asilvestrando


columna de lísperguer
Presidente Piñera retoma y reitera amenazas de ministro Ribera contra poder judicial.

Es penoso e irritante que el presidente vuelva a amenazar a los jueces con una acción tan grave como truncar las carreras de los jueces si no adoptan el punto de vista del gobierno en casos de detenidos por desorden público. El presidente no logra entender que el estado que acusa a los detenidos es sólo una parte en el litigio y no puede ser parte y juez a la vez. Ese modo de pensar demuestra que no entiende el propósito de la justicia y, lo peor, que está dispuesto a violentar el estado de derecho para salirse con la suya.
Las declaraciones del presidente refuerzan las amenazas del ministro Ribera y hacen urgente e inevitable una acusación constitucional. Si los parlamentarios deciden no hacerlo, pondrán en grave peligro la independencia del poder judicial, cuyos miembros presumiblemente ya se sienten amenazados y necesitan saber que el Congreso y la ciudadanía rechazan categóricamente los intentos del gobierno de poner los tribunales a su servicio. Lo que quiere el presidente se llama derechamente tiranía.
Es conocido que los gobiernos autoritarios recurren a figuras como estas -detención por desorden público, por resistirse a la detención, por sospechas- para intimidar y oprimir, y es justamente la razón por la que los jueces no deben aceptar sin más los cargos del gobierno. La figura del desorden público -turbar "gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado"- es frecuentemente utilizado de manera abusiva por la fuerza pública y abogados de derechos civiles vienen denunciando esta práctica desde hace muchos años. Abogados, organizaciones sociales y de derechos humanos y la prensa han constatado que la gran mayoría de las detenciones por desorden público son arbitrarias, y la propia policía ha enfatizado lo difícil que les ha sido detener a los verdaderos vándalos en las manifestaciones. La inmensa mayoría de los detenidos no estaban cometiendo ningún desorden ni alterando la tranquilidad pública cuando fueron detenidos, y es la razón por la que los jueces se niegan a dictar prisión preventiva. Además, el ministerio público no demuestra casi nunca la veracidad de las acusaciones. Insistir en una interpretación autoritaria y bruta de la ley amenaza el estado de derecho.

Por otro lado, frente a hechos realmente graves el presidente ha adoptado una actitud de complicidad con los excesos de la fuerza pública. No vi al presidente indignado por la violencia policial. Cuando el carabinero Millacura asesinó a sangre fría al niño Manuel Gutiérrez no le oí llamar a endurecer las leyes contra los carabineros parias ni ha enviado ningún proyecto de ley para castigar con más rigor a ese tipo de criminales, ni siquiera ha sugerido ni prometido impedir que ese carabinero sea juzgado por sus superiores en las farsas que monta la justicia militar. Ni menos se le ha oído insinuar que eliminará la aberrante justicia militar. No le he visto pedir la expulsión del poder judicial de jueces prevaricadores -como Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y otros fanáticos de extrema derecha- que protegen a los criminales pinochetistas torciendo el sentido de las leyes y aplicando artículos que contravienen los tratados de derechos humanos suscritos por Chile, especialmente los que declaran ilegal el otorgamiento de amnistía o la aplicación de prescripción penal a delitos de lesa humanidad. Ni le he visto lamentar ni tratar de reparar el hecho de que los peores criminales de la historia Chile se encuentren en libertad, con grave peligro para la ciudadanía, o en cárceles especiales que no merecen, ni le he visto prometer que serán enviados a cárceles comunes, como debiese ser. En buen castellano, eso se llama hipocresía.
lísperguer

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