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congreso no puede hacer la vista gorda


columna de lísperguer
Corte Suprema rechaza amenazas del gobierno de entorpecer carrera funcionaria de jueces si no acatan recomendaciones de La Moneda.

Las declaraciones del ministro Ribera, y las del presidente Piñera posteriormente, constituyen una de las más graves amenazas del gobierno contra el estado de derecho. La exigencia de que los jueces, en casos de detenidos por desórdenes públicos, deben aplicar la mano dura que exige el gobierno, pasando por el alto los procedimientos judiciales, es completa y derechamente intolerable y así se lo ha hecho saber la Corte Suprema al gobierno. El gobierno ha amenazado con frustrar o entorpecer la carrera de los jueces que no acaten sus recomendaciones.
Es precisamente por esta razón que el Congreso no puede hacer la vista gorda ni desentenderse del asunto ni lavarse las manos. Pretender que no ha pasado nada y que el entuerto se puede solucionar con un almuerzo, enviaría a los jueces, y a la ciudadanía la ominosa señal de la clase política finalmente también comparte la visión del gobierno y que en el futuro los jueces serán ascendidos o no dependiendo de si han acatado o no las recomendaciones del gobierno de aplicar mano dura. Si los jueces se sienten amenazados y aceptan estas recomendaciones del gobierno, estaremos ad portas de una tiranía.
Hemos conocido una situación similar durante la dictadura, cuando los jueces aceptaron colaborar con la represión rechazando sistemáticamente los recursos de amparo de prisioneros políticos, lo que le costó la vida a innumerables compatriotas. Los jueces que colaboraron con el régimen dictatorial, dicho sea de paso, todavía no han sido juzgados.
Lo que pretende el gobierno es que los jueces acepten sin más las evidencias que entregue el ministerio sobre los detenidos, pese a que es de conocimiento público que la gran mayoría de los detenidos en manifestaciones no son ni han sido los manifestantes violentos o los vándalos que aprovechan la ocasión para saquear el comercio, sino maestros, jóvenes y niños que no han cometido otro delito que ejercer su derecho a manifestarse.
Al mismo tiempo, el gobierno insiste en la ordenar a fuerzas especiales la represión de los manifestantes, que está alcanzado niveles de una brutalidad impresionante: las torturas a que son sometidos niños en los buses de carabineros, incluyendo la tortura llamado el submarino -simulacro de asfixia-, y las tocaciones y abusos sexuales a que son sometidas las niñas detenidas en esos mismos buses. Sobre esto el gobierno hace la vista gorda.
Por todo esto es urgente que el Congreso inicie una acusación constitucional contra el ministro y exija su destitución. Debe quedar claro para toda la ciudadanía que esta interferencia con el trabajo de los jueces es intolerable y un peligro para el frágil estado de derecho que tenemos. De no hacerlo, el Congreso perdería todavía más su menguada legitimidad. Este Congreso que nadie eligió sólo puede redimirse poniéndose del lado de la ciudadanía y protegiéndola contra los abusos del gobierno.
lísperguer

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