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a juicio por masacre de mapiripán


Fiscalía imputa masacres de Mapiripán y Caño Jabón a 16 paras. Después de 14 años de impunidad, Justicia y Paz logró que 16 paramilitares aceptaran las masacres de Mapiripán y Caño Jabón, en las que quedó claro que tuvieron la complicidad de militares.
Colombia. La justicia colombiana logró que 16 paramilitares que integraron las Autodefensas de Córdoba y Urabá, entre ellos Manuel de Jesús Piraban alias ‘Pirata’, fueran imputados por las masacres de Mapiripán y Caño Jabón, Meta, ocurridas en junio de 1997 y el 4 de mayo de 1998, en esta última aceptaron haber asesinado a 27 personas.
Esta audiencia, sin duda la más polémica porque se destapó que varias víctimas - unas 8 - no había muerto en la masacre de Mapiripán, y el número de personas asesinadas aun está por corroborarse porque solo se ha podido documentar 11 de ellas.
La Fiscalía también ratificó que para cometer estos crímenes los hermanos Carlos y Vicente Castaño tuvieron la complicidad de miembros de la Fuerza Pública, primero en Urabá de donde salieron varios aviones cargados con paramilitares a órdenes de los hermanos Castaño, y después para hacer un largo recorrido por carreteras del centro del Meta en límites con Guaviare, en donde había una base antinarcóticos y varios regimientos del Ejército.
Estas dos masacres, impulsadas por el afán de los hermanos Carlos y Vicente Castaño de hacerse con el control de lo que llamarón "el pulmón económico" de las Farc en Puerto Alvira, Meta, conocido como Caño Jabón, dejaron más de 40 personas asesinadas y generaron el desplazamiento de alrededor de 120 más.
Luego de dos semanas de juicio, el Tribunal de Justicia y Paz ordenó el aseguramiento de los 16 paramilitares.
Durante la imputación la Fiscalía reconstruyó cada uno de los crímenes cometidos por los paramilitares en las dos masacres. Esta exposición fue el resultado del proceso investigativo del despacho 30 de Justicia y Paz, que se basó en el contraste de los testimonios dados por las víctimas y las confesiones de los paramilitares en las versiones libres.
A lo largo de la investigación la Fiscalía ha podido recuperar los cadáveres de viarios de los desaparecidos en las dos masacres, así como identificar varias de las víctimas cuya identidad no se conocía, cumpliendo así lo ordenado por la Corte Interamericana en su sentencia.
Hasta el momento, como resultado de este proceso, la Fiscalía ha compulsado más de 40 órdenes de captura en la justicia ordinaria, sólo en el proceso de la masacre de Puerto Jabón.
Este dato fue dado por la Fiscal, luego de que la magistratura le preguntara qué acciones ha emprendido contra los colaboradores de los paramilitares que no hacen parte del proceso de la justicia transicional. Uno de las afirmaciones que hizo la Fiscalía fue el préstamo por parte de Víctor Carranza de una de sus fincas a los paramilitares días antes de cometer la masacre de Caño Jabón, así como la colaboración de militares y policías en el avance de los hombres de la Accu y de las autodefensas de Martín Llanos.
Por esta alianza entre militares y paramilitares la Corte Suprema de Justicia ya confirmó la condena de 40 años, recientemente reducida a 37, contra el general Jaime Humberto Uscátegui al no impedir la masacre de Mapiripán.
La investigación de Justicia y Paz, puso fin a la impunidad que rodeaba este proceso, y que hasta el momento había sido la mayor dificultad para reconstruir lo ocurrido en Mapirián, La Cooperativa y Puerto Alvira.
Según lo pudo reconstruir la Fiscalía en su investigación, el punto de reunión de las autodefensas de Carlos y Vicente Castaño, previo a la masacre de Caño Jabón fue una finca del zar de las esmeraldas Víctor Carranza, de nombre Brasil.
Allí un grupo de paras, que se habían quedado del grupo que incursionó en Mapiripán, se unieron con los refuerzos que fueron enviados desde Urabá, luego de saber que las autodefensas de Martín Llanos no se unirían a esta nueva acción criminal.
En esta finca, según el testimonio de los paramilitares, recibieron un entrenamiento para acondicionarse para el ataque. Esta finca fue conseguida por José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’, quien fue el puente con el llamado zar de las esmeraldas.
En ella, tal como se lo contó el ex paramilitar Efraín Pérez Cardona alias ‘400’, él se encargó de dictar unos cursos de reentrenamiento, que tuvieron una duración de 18 a 20 días.
En esta finca hicieron prácticas de combate en campo abierto, cómo hacer requisas en los pueblos y caseríos y alias ‘Pataplum’, quien pertenecía al grupo de los Carranceros, les enseñó a armar y desarmar explosivos.
De esta finca salieron el tres de mayo de 1998 con destino a Puerto Alvira, donde el 4 de mayo de ese mismo año cometerían una de las peores masacres que ha conocido el departamento del Meta.
En los próximos meses, el Tribunal de Justicia y Paz deberá proferir la sentencia alternativa a estos paramilitares y se establecerá la reparación a las víctimas de dos de los peores episodios de violencia que ha vivido el Meta.
10 de noviembre de 2011
8 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

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