chile rinde culto a criminales
columna de lísperguer
Demoras en tramitación de proyecto que prohíbe culto a miembros de la Junta Militar (1973-1990) en espacios y monumentos públicos.
Hace unos días el diputado Tucapel Jiménez, hijo del asesinado dirigente de la ANEF durante la dictadura de Augusto Pinochet, reclamaba el retraso en la tramitación de un proyecto de ley que "prohíbe la exhibición de imágenes y monumentos públicos que honren la memoria del ex dictador Augusto Pinochet". El proyecto de ley se fundamenta en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró que las policías secretas de la dictadura eran asociaciones ilícitas. Consecuentemente, no es comprensible que Chile rinda tributos a personas que han sido juzgadas y condenadas por graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo detenciones ilegales, homicidios, torturas, violaciones, saqueo de bienes de las víctimas, internamiento en campos de concentración y desaparición de los cuerpos de las víctimas. Permitir monumentos públicos a la memoria de Pinochet y otros miembros de la Junta Militar sería como si Alemania permitiera que se honrara la memoria de Adolf Hilter.
El proyecto de ley de ley especifica que "se prohíbe en los espacios y organismos públicos, así como en los establecimientos educacionales, las imágenes, estatuas, placas o escudos que honren o recuerden al ex comandante en jefe del Ejército de Chile, general Augusto Pinochet Ugarte" y otros miembros de la Junta Militar durante el periodo del gobierno de facto del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990.
El proyecto fue redactado de alguna manera en el mismo espíritu que la ley argentina, aprobada el año pasado, que prohíbe similarmente el culto a funcionarios de facto condenados en juicios por delitos de lesa humanidad y se extiende a toda la historia republicana de ese país. La ley argentina prohíbe igualmente que se recuerde a funcionarios de facto en nombres de calles, plazas, escuelas e incluso regimientos.
Por esto, este proyecto chileno debiese ser ampliado para incluir a funcionarios de facto (lo que incluye a los dictadores que ha tenido Chile en su historia) y a funcionarios, entre ellos militares, que hayan cometido delitos graves, como matanzas de manifestantes y felonías similares, que abundan en la historia chilena. Que los nombres de notorios e infames criminales adornen nuestras calles y plazas e incluso sirvan como nombres de escuelas y otros espacios públicos es una afrenta permanente a los que sí merecen nuestro respeto y recuerdo, que son los que fueron víctimas de estas alimañas.
Duele encontrarse en prácticamente todas las ciudades chilenas con calles y plazas con el nombre de personajes como el general Roberto Silva Renard, Rafael Sotomayor, Pedro Montt -responsables de la espantosa carnicería de cientos de mineros conocida como la Matanza de Santa María de Iquique- y, más recientemente, de personas como Edmundo Pérez Zujovic -autor intelectual de la masacre de Pampa Irigoin en 1969, en la que Carabineros dispararon a matar contra un grupo de pobladores desarmados, ultimando a nueve de ellos, entre ellos un bebé. Por ese horrendo crimen, el entonces ministro del Interior no fue juzgado nunca. Ninguna calle, ni plaza, ni escuela, ni regimiento, ni salón, ni universidad, ni nada deben llevar nunca el nombre de ninguno de estos criminales. Su culto hiere y humilla a los descendientes de las víctimas y deshonra y degrada a los que ven a sus victimarios como militares victoriosos.
La aprobación de esta ley, ojalá ampliada para incluir a otros criminales anteriores, y posteriores, a la dictadura de Pinochet, es una tarea urgente.
[Foto viene de Anarkismo.]
lísperguer
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