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el primer ministro y los sunníes


Tras inverosímil denuncia de que sunníes preparaban un golpe de estado, el gobierno chií de Iraq encarcela a seiscientos ciudadanos sunníes. Editorial NYT.
Son bien conocidas las tendencias autoritarias del primer ministro de Iraq, Nuri Kamal al-Maliki. Pero la detención de más de seiscientos iraquíes a los que el gobierno describe como sospechosos de haber sido miembros del Partido Baath de Sadam Husein y del ejército iraquí es particularmente cínica e insensata. Ahora que las tropas estadounidenses abandonarán el país a fin de año, lo último que debería hacer Maliki es avivar las tensiones religiosas.
Como informó Andrew E. Kramer en el Times, los detenidos -de los que la inmensa mayoría son sunníes- fueron arrestados después de que el gobierno chií recibiera presuntamente informaciones de los nuevos funcionarios interinos libios de que antiguos leales de Sadam Husein estaban planeando un golpe de estado.
Algunos líderes políticos han conversado sobre la posibilidad de reemplazar a Maliki mediante un voto de censura. El gobierno todavía tiene que entregar evidencias concretas de la conspiración, y la idea de que había seiscientas personas implicadas en ella desafía toda credibilidad. Los funcionarios estadounidenses se muestran altamente escépticos.
La mayoría chií fue duramente perseguida durante el gobierno de Sadam Husein. Los gobiernos de la era post-Sadam han sido todos dominados por los chiíes y han estado mucho más interesados en la venganza que en la inclusión. Si Maliki tiene pruebas de que los detenidos han cometido algún delito, debería juzgarlos en un proceso justo y transparente. Si no es así, debería dejarlos libres.
Los iraquíes tienen motivos fundados para sentirse infelices con Maliki. Un informe de septiembre del Grupo Internacional de Crisis describe al gobierno como plagado por la corrupción y falta de credibilidad, y señala que muestra "tendencias autoritarias" y un "severo deterioro de los servicios públicos".
El historial con los sunníes es especialmente nefasto. El gobierno prometió empleo a cien mil miembros de los Consejos del Despertar Sunní -insurgentes cuya decisión de cambiar de lado ayudó a poner fin a la guerra civil- pero sólo la mitad de ese número han sido contratados. Los sunníes tienen algunos publicitados ministerios, pero no tienen la influencia que se merecían después de que su coalición conquistara la mayoría de los votos en la elección de 2010.
La Autoridad Provisional de la Coalición de la época de Bush que gobernó Iraq inmediatamente después de la guerra, desbandó al ejército y excluyó a la  mayoría de los miembros del Partido Baath que tenían funciones de gobierno. Una ley aprobada en 2008 debía fomentar la reconciliación ofreciendo empleo a los ex baathistas. Pero ha sido aplicada de manera selectiva con el propósito de debilitar a los rivales políticos.
El gobierno debe definir claramente qué grado de participación en el Partido Baath es tan atroz que descalifique a alguien para obtener empleo en la administración e implemente esos juicios de manera equitativa. (El número de los perpetradores de los delitos más graves es muy pequeño.) El Parlamento aún no ha promulgado una ley, llamada de la Constitución, que brindaría las bases jurídicas para determinar quién debería ser procesado por apoyar al Partido Baath u otras ideologías extremistas.
La influencia de Washington es cada vez menor. Pero Bagdad todavía quiere comprar armas estadounidenses -ya ha ordenado aviones de guerra F-16- y necesita ayuda para la capacitación militar. El gobierno de Obama debe usar esa influencia para presionar a Maliki para que limite sus peores impulsos. La democracia iraquí es frágil, y el riesgo de una renovada violencia religiosa es escalofriantemente real.
18 de noviembre de 2011
4 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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