auge de la marihuana médica

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La marihuana médica es legal en California, aunque algunos fiscales federales continúen reprimiéndola.

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[Erik Eckholm] Ukiah, California, Estados Unidos. Una intensa represión federal de los productores y vendedores de marihuana médica autorizada por el estado ha afectado malamente a la industria de varios miles de millones de dólares, que surgió en California cuando los electores aprobaron el uso médico de la droga en 1996 y ha destacado la aguda contradicción entre las policías federal y del estado.
La ley federal clasifica la posesión y venta de marihuana como un delito grave y no acepta excepciones por su uso médico, así que el programa adoptado aquí, en otros quince estados y en el Distrito de Columbia existe en un bizarro limbo jurídico.
Mientras las agencias federales se han ensañado con los californianos que cosechan ganancias ilegales descaradamente en nombre de la medicina, o que transportan marihuana fuera del estado, el Ministerio de Justicia declaró en 2009 que normalmente no perseguiría a las organizaciones que proveen de marihuana a pacientes enfermos, de acuerdo a las leyes del estado.
Pero en las últimas semanas los procuradores federales han allanado o amenazado con requisar la propiedad de decenas de productores y dispensarios en California que, en algunos casos, son considerados por funcionarios locales como modelos en cuanto al respeto de la ley. Al mismo tiempo, el Servicio de Impuestos Internos ha levantado cargos por impuestos no cobrados contra el dispensario más grande del estado, amenazándolo con prohibirlo.
Como un indicio de las fuertes tensiones entre el estado y la legislación nacional, Kamala D. Harris, fiscal general de California, describió en agudos términos el
anuncio del 7 de octubre de cuatro fiscales de Estados Unidos, en que dieron a conocer su nueva y dura campaña contra la abundancia de dispensarios, que
definieron como operaciones comerciales que violan el espíritu de la ley californiana, así como de las leyes federales. "Fue una acción federal unilateral, y sólo ha hecho crecer la incertidumbre sobre si pueden los californianos cumplir legítimamente con la ley del estado", dijo Harris en una entrevista. Desde que las autoridades federales no reconocieran que la marihuana puede tener fines médicos, dijo, "están mal equipados para ser los que deciden sobre qué proveedores están violando la ley".
Pero Harris también describió las leyes del estado que regulan la marihuana médica como "vagas y caóticas", y está trabajando con algunos legisladores para implementar controles más consistentes y más estrictos.
La creciente presión federal, dicen los líderes de la industria, podría obligar al desmantelamiento de algunas de las cooperativas que proveen marihuana a  más de 750 mil californianos que han obtenido "recomendaciones" del doctor para
tratar una amplia variedad de males, desde las náuseas relacionadas
con el cáncer hasta dolores y ansiedad.
En unos años, cientos de colectivos, grandes y pequeños, se han incrustado profundamente en el estado, pagando más de cien millones de dólares en impuestos a las ventas, incorporándose a las cámaras de comercio y a los mejores burós comerciales, apareciendo incluso en letreros de "Adopta una carretera".
Aquí en el condado de Mendocino, que coopera feliz con los agentes federales contra el descarado cultivo ilícito de marihuana, los funcionarios idearon un permiso y un sistema de control mensual para pequeños productores que proveen a grupos de pacientes. El sheriff dijo que esto ha aliviado su carga de trabajo e impedido su desvío al mercado negro, y elogió al Northstone Organics
Collective, dirigido por Matthew Cohen, por su escrupuloso respeto de las reglas.
Pero a las seis de la mañana del 13 de octubre, agentes del Servicio de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration], armados con rifles de asalto y motosierras allanaron la propiedad de Cohen en las colinas cubiertas de robles al norte de Ukiah, talando 99 robustas plantas, de 1.8 a 3.6 metros de alto, que estaban destinadas proveer de marihuana a sus mil setecientos miembros.
"Las leyes federales y del estado existen en universos paralelos", dijo Thomas D. Allman, el sheriff del condado de Mendocino, en su oficina en Ukiah. Él es tan duro como cualquiera en el comercio ilegal de marihuana, dijo, "pero cultivar y usar marihuana médica es un derecho de los ciudadanos de California".
Ahora, dijo, los 94 colectivos que reciben permisos y etiquetas para plantas de su oficina están asustados.
En Oakland, el dispensario más grande del estado, Harborside Health Center, vende marihuana y productos derivados a más de seiscientas personas al día, cobrando desde veinticinco a sesenta dólares por 3,5 gramos, con un límite de 57 gramos por paciente a la semana. Steve DeAngelo, director ejecutivo, describió eso como "la cantidad máxima que un paciente médico puede consumir legítimamente en una semana".
Inscrita como una cooperativa sin fines de lucro, Harborside tiene 95 mil miembros-pacientes y 120 empleados, ingresa veintidós millones de dólares al año y es uno de los diez contribuyentes más importantes de Oakland, dijo DeAngelo.
En octubre, el Servicio de Impuestos Internos notificó al centro que la consideraba una organización narcotraficante criminal y dijo que no podía deducir su renta, salarios, consultorías y otras operaciones como gastos de negocios, dijo. Le pasó al centro una cuenta por 2.5 millones de dólares en impuestos impagos, lo que podría destruir a la compañía, dijo DeAngelo, que piensa recurrir la decisión en la corte.
"Claramente violamos las leyes federales todos los días, pero estamos acatando fielmente las leyes de California y de Oakland", dijo DeAngelo. La Corte Suprema falló que la justicia penal federal puede prevalecer, pero DeAngelo y otros cuestionan las prioridades del Ministerio de Justicia.
"¿Por qué está el gobierno atacando a empresas legítimas, reguladas?", preguntó. "¿Es mejor que los pacientes la compren limpia y en el ambiente seguro de una tienda o a un vendedor callejero?"
Los partidarios de la marihuana médica acusan al gobierno de Obama de retroceder de promesas anteriores de no perseguir a las organizaciones que respetaran las leyes locales.
Pero funcionarios de la justicia federal dicen que el verdadero cambio es la proliferación de empresas comerciales grandes, no sus directrices.
"Un montón de tiendas de marihuana médica que dicen que no tienen fines de lucro, están haciendo un montón de dinero", dijo en una entrevista Benjamin B. Wagner, fiscal para el Distrito Este de California, en Sacramento.
Agregó que los procuradores no creían en las necesidades médicas de muchos compradores. "En California prácticamente todo el mundo puede conseguir una receta médica", dijo.
Desde fines de septiembre, en su mayor represión hasta la fecha, procuradores federales enviaron cartas a más de cien dispensarios registrados o a sus caseros en todo el estado, advirtiéndoles que su propiedad puede ser confiscada y que podrían terminar en la cárcel si no cierran.
En una rueda de prensa el 7 de octubre, André Birotte Jr., procurador federal en Los Angeles, dijo que un centro comercial en el condado de Orange tenía ocho tiendas que vendían marihuana. "Esto no es ni lo que querían ni en lo que autorizaron los electores en California", dijo.
Algunos de los dispensarios amenazados por el gobierno federal han cerrado sus puertas o están siendo desalojados por caseros miedosos.
Incluso muchos defensores de la marihuana concuerdan en que las leyes del estado que regulan la marihuana médica son inadecuadas, dejando en gran parte en manos de funcionarios locales la tarea de definir normas para el cultivo y venta que varían enormemente de condado en condado. También es un secreto a voces que una parte de los compradores aprobados por los médicos no tienen necesidades médicas plausibles.
En Ocean Front Walk, en la Venice Beach, por ejemplo, compiten por clientes para llevarlos a destartaladas clínicas con nombres como Medical Kush
Doctor, prometiendo recetas médicas por 45 dólares.
"¿Por qué no persiguen a los malos doctores?", preguntó Cohen, el productor del condado de Mendocino. "Yo apoyo fuertemente las regulaciones estrictas".
El senador del estado, Mark Leno, un demócrata de San Francisco, ahora está trabajando con el fiscal general Harris para idear una ley del estado que estipule normas más uniformes y estrictas para la marihuana médica.
Pero condenó lo que llamó las "agresivas intervenciones" de las autoridades federales.
Incluso si el estado endurece los controles y contiene a la industria, el choque central entre la guerra federal contra las drogas y el deseo de California de ofrecer marihuana médica, permanecerá.
Harris dijo que esperaba que si el estado mejoraba el control, los funcionarios federales encontrarían otras prioridades. "Yo soy una procuradora profesional", dijo, "y sé que todo el mundo tiene un montón de obligaciones y recursos limitados".
[Ian Lovett contribuyo al reportaje desde Los Angeles.]
27 de noviembre de 2011
24 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer