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costes de la invasión de privacidad


Si la Ley de Privacidad excluye el pago de reparaciones por daño emocional o mental, entonces no tiene demasiado sentido. Editorial NYT.


Estados Unidos. La Ley de Privacidad de 1974 permite que una persona demande a un servicio federal por revelar intencionalmente y sin su autorización informaciones personales y confidenciales. Pero el gobierno está tratando de limitar el rigor de esa ley y hacer más difícil que las reparticiones fiscales sean consideradas responsables de esas violaciones.
En el caso Federal Aviation Administration [Autoridad Federal de la Aviación] v. Cooper, defendido esta semana en la Corte Suprema, el gobierno contiende que la ley permite a un demandante cobrar por "daños reales" sólo si se trata de pérdidas monetarias, no por trastorno emocional.
Stanmore Cooper entabló la demanda porque en un intercambio de información para identificar a los pilotos médicamente incapacitados, la Administración de la Seguridad Social dio a la Autoridad Federal de la Aviación información confidencial que reveló que era seropositivo y estaba recibiendo un subsidio por discapacidad. Cuando se enteró de esta revelación, quedó devastado. Sufrió ansiedad, insomnio y otros problemas serios. Se declaró culpable de una falta menor por no revelar su condición de seropositivo a la Autoridad Federal de la Aviación, pero demandó al gobierno por severos trastornos mentales y emocionales.
La Corte Suprema falló en 2004 que es necesario demostrar daños reales en una demanda bajo la Ley de Privacidad, pero no dijo si el daño no monetario, como el trastorno emocional, cae en esa categoría. En el caso de Cooper, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos resolvió que sí lo hace. Encontró apoyo en la intención del Congreso de otorgar reparación por "todo daño"; en la opinión de la Corte Suprema de que en casos de privacidad "el principal perjuicio es el trastorno mental por haber sido expuesto en público"; y en las leyes de otros siete circuitos federales.
Sin embargo, el gobierno afirma que la ley no permite explícitamente el pago de indemnización por demandas de trastorno emocional. Para contrarrestar este argumento, la juez Ruth Bader Ginsburg señaló que "la persona que es sometida a esto, a esta vergüenza, a esta humillación, se siente terriblemente afectada, nerviosa, ansiosa y todo eso".
Si el Congreso no tenía la intención de permitir el pago de indemnización por trastorno emocional", dijo, "entonces no debería haber aprobado esta ley".
La limitada interpretación del gobierno anula el espíritu de la Ley de Privacidad, y en muchos casos permitiría que las agencias fiscales actúen impropiamente y con completa impunidad.
11 de diciembre de 2011
2 de diciembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

 


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