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despachan inscripción automática


Comisiones unidas de Gobierno Interior y de Constitución despacharon proyecto sobre inscripción automática.


Valparaíso, Chile. Dentro de los aspectos aprobados en la sesión de hoy se encuentran los títulos correspondientes a las reclamaciones y sanciones; las nuevas atribuciones del Servel y del Consejo Directivo; y la adecuación normativa del sistema con otras leyes vinculadas.
Con un amplio marco de consenso en prácticamente todo el articulado, las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Constitución de la Cámara de Diputados terminó de aprobar y de despachar el proyecto (boletín 7338) sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones.
La iniciativa, que aún debe pasar por un último trámite en la Comisión de Hacienda antes de ir a la Sala, fue abordada en tiempo récord por el grupo parlamentario, que presidió el diputado Germán Becker (RN). Según se explicó, la premura tuvo como objeto permitir su despacho del Parlamento durante el mes de enero y su promulgación y publicación como ley antes del 1 de febrero.
El calendario explicado por los representantes del Servicio Electoral (Servel) da cuenta de la siguiente relación: tres meses para que se pueda hacer el proceso de inscripción masiva (se suman cerca de cuatro millones de nuevos ciudadanos); dos meses para que la gente se informe y solicite los cambios necesarios, todo eso tras con una campaña que efectuará el Gobierno; y cuatro meses para efectuar el proceso normal de una elección, en este caso, la municipal. En total, el cálculo es de 270 días.
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, agradeció al término de la sesión por el acucioso trabajo realizado, así como la dedicación mostrada por los diputados para aprobar y despachar en corto plazo un proyecto tan importante como éste, que va en pos de mejorar nuestro sistema democrático.

Artículos Compensatorios
Uno de los puntos de mayor debate durante la sesión se relacionó con los llamados “artículos compensatorios” (Octavo, Noveno y Décimo) que fueron introducidos en el primer trámite por senadores de oposición y que tuvieron como fin crear una suerte de incentivo para que los ciudadanos se acerquen a votar.
Específicamente, dichas normas establecían los siguientes derechos para quienes hubiesen sufragado en una elección o plebiscito: goce irrenunciable a media jornada de descanso compensatorio remunerado para los trabajadores, por el tiempo que utilicen en este proceso; preferencia frente a una postulación a un empleo público; y preferencia en la adjudicación de becas estatales.
El Ministro Larroulet fue enfático en señalar que el Ejecutivo no estaba de acuerdo con dichas normas y alertó que su mantención en el cuerpo normativo podría provocar un retraso innecesario, dado que serían cuestionadas en el Tribunal Constitucional (TC).
Al respecto, los diputados UDI Edmundo Eluchans y Arturo Squella sostuvieron que las normas son de por sí inconstitucionales porque vulneran el principio de voluntariedad del voto y la condición básica de igualdad ante la ley, al generarse situaciones arbitrarias y discriminatorias.
Los diputados RN Alberto Cardemil y German Becker también refutaron los artículos. El primero recordó que el Poder Legislativo optó por un camino en 2009, al variar el concepto de “deber” votar por el “derecho” de votar, que implica una motivación personal; en tanto que el segundo criticó que la propuesta de los senadores se aleja de la idea matriz del proyecto, por lo cual tampoco sería admisible su mantención por esta vía.
Desde la oposición las opiniones fueron diversas. Para los diputados Guillermo Ceroni (PPD) y Sergio Ojeda (DC) los tres artículos son inconstitucionales y estimaron que la motivación para votar no debe estar dada por incentivos arbitrarios, sino por la oferta programática que hagan los candidatos que participan en las elecciones.
Otro grupo, en los que se inscribieron los diputados Pepe Auth (PPD), Marcelo Díaz (PS) y Matías Walker (DC), dijo apoyar el fondo de la propuesta, pero reconoció que podría haber algún cuestionamiento en torno a la constitucionalidad de las normas, hecho que podría retrasar la puesta en marcha de la ley, especialmente si el TC terminaba impugnándolas.
En una posición particular, el diputado Jorge Burgos (DC) defendió tanto el fondo como la forma de los artículos. Estimó que no hay vulneración de preceptos constitucionales y que, con o sin dichas normas, el TC igualmente tendrá que pronunciarse sobre la iniciativa legal. Además, planteó que si hay un retraso en la publicación de la ley, más allá del 1 de febrero, será labor del Ejecutivo y del Servel ajustar los plazos para hacerla operativa para las elecciones municipales de 2012.
El debate finalmente se zanjó rechazándose los tres artículos por un voto a favor, doce en contra y cuatro abstenciones.

Otras Normas
Dentro de los aspectos aprobados en la sesión se encuentran los títulos correspondientes a las reclamaciones y sanciones; las nuevas atribuciones del Servel y del Consejo Directivo; y la adecuación normativa del sistema con otras leyes vinculadas, como la Leyes Orgánicas de Municipalidades y Votaciones Populares y Escrutinios.
En estas materias, la mayor parte de las indicaciones aprobadas fueron concensuadas con el Ejecutivo y tuvieron como motivo una mayor eficiencia del sistema. Así, por ejemplo, se incluyó una indicación del diputado Cardemil para ampliar las posibilidades de reclamación frente a errores y otra del diputado Eluchans para agregar dentro de las inhabilidades de los miembros del Consejo Directivo del Servicio Electoral (CDSE) que sean asesores remunerados de quienes tengan cargos de representación popular o de los partidos políticos.
Un tema bastante debatido en la sesión fue el de la aplicación de las normas de transparencia y probidad para los miembros del Consejo, respecto del cual hubo consenso entre los diputados y el Ejecutivo de abordarlo en una iniciativa complementaria. En todo caso, para el diputado Burgos sostuvo que, como organismo del Estado, el CDSE es afecto a todas las normas de la Ley de Transparencia y Probidad.
También fue sustento de discusión la forma en que serán entregados los informes parciales o totales de los escrutinios. Al respecto, los diputados acordaron apoyar una indicación del diputado Auth para radicar la facultad en el presidente del CDSE, el cual deberá realizar el acto en una ceremonia pública y solemne. Sin embargo, dado los plazos ajustados para preparar el sistema, se aprobó también una indicación del Ejecutivo que permite que las citadas funciones sigan siendo ejercidas por el Ministerio del Interior durante las próximas elecciones municipales.
14 de diciembre de 2011
13 de diciembre de 2011
©la nación

 


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