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obama deporta a latinos

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Llevan todo el peso del programa de deportaciones. Según funcionarios, el año pasado fueron deportadas 396 mil 906 personas. Fuertes sospechas de que implementación del programa obedece a criterios racistas que afectan sobre todo a los latinos.

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[Julia Preston] Estados Unidos. El programa de deportaciones, que es central en la estrategia de control de la inmigración del gobierno de Obama, ha conducido a la deportación desproporcionada de inmigrantes latinos y a la detención -por las autoridades de inmigración- de cientos de ciudadanos estadounidenses, de acuerdo a un informe de dos facultades de derecho que utilizaron nuevos datos oficiales sobre las deportaciones.
El informe también constató que cerca de un tercio de los alrededor de 226 mil inmigrantes que han sido deportados en el marco del programa, conocido como Comunidades Seguras [Secure Communities] tienen cónyuges o hijos que son ciudadanos estadounidenses, lo que sugiere el amplio impacto que tienen esas deportaciones en los estadounidenses que también forman parte de comunidades latinas.
El informe, que será liberado el miércoles, es el primer análisis de las deportaciones en el marco del programa Comunidades Seguras basado en datos sobre casos individuales, los que fueron obtenidos por recurso a la Ley de Libertad de Información de la facultad de derecho de la Universidad de California en Berkeley y la facultad de derecho Benjamin N. Cardozo de Nueva York.
El programa Comunidades Seguras ha provocado intensas críticas de parte de las comunidades de inmigrantes y de funcionarios locales y del estado, que dijeron que ha conducido a la deportación de muchos inmigrantes que no eran delincuentes peligrosos y ha erosionado la confianza entre las comunidades y la policía local.
Sin embargo, funcionarios del gobierno de Obama han defendido enérgicamente el programa. El martes, funcionarios de inmigración dijeron que las últimas cifras sobre las deportaciones muestran que las Comunidades Seguras y la estrategia más amplia del gobierno de Obama están funcionando y anunciaron que habían deportado un total de 396 mil 906 extranjeros el año pasado, una cifra récord en la última década.
Los funcionarios dijeron que el 55 por ciento de los inmigrantes deportados eran delincuentes condenados, incluyendo 51 mil 620 personas condenadas por delitos graves como homicidio, tráfico de drogas y abuso sexual. Los resultados fueron un 89 por ciento de aumento de las deportaciones de delincuentes desde el inicio del gobierno de Obama, dijeron los funcionarios. De los restantes inmigrantes ilegales deportados, la gran mayoría fueron detenidos poco después de cruzar ilegalmente la frontera o habían retornado ilegalmente después de ser deportados, dijeron los funcionarios.
"Llegamos al gobierno con el objetivo de crear un sistema de control inteligente estableciendo un sistema racional de prioridades, y es lo que hemos hecho", dijo el martes el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, John Morton. "Dijimos que los inmigrantes delincuentes serían nuestra mayor prioridad, y son nuestra más alta prioridad".
En el programa Comunidades Seguras, las huellas digitales de cualquiera que haya sido detenido por alguna policía local son cotejadas con las bases de datos de delincuentes del FBI y también con las bases de datos del Ministerio de Seguridad Interior, que archivan las infracciones a la ley de inmigración. Iniciado en 2008, el programa fue extendido por el gobierno de Obama a más de mil quinientas jurisdicciones, y los funcionarios han dicho que para 2013 abarcará a todo el país.
En una muestra aleatoria proporcionada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de 375 casos de deportación bajo el programa, que fue analizada por facultades de derechos, los investigadores encontraron cinco casos de ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos por agentes de inmigración, sin una razón clara. Aunque el número de ciudadanos es pequeño, su presencia en la muestra preocupa porque las autoridades de inmigración no tienen atribuciones legales para perseguir o deportar a estadounidenses.
"Si Comunidad Seguras estuviera funcionando correctamente", dice el informe, un cotejo en el marco de la implementación del programa "no resultaría nunca en la detención" de un ciudadano. Basándose en la muestra, los investigadores calcularon que al menos 680 ciudadanos de Estados Unidos fueron detenidos en el marco del programa. Ningún estadounidense fue detenido por inmigración, según el informe.
Funcionarios del gobierno rechazaron enérgicamente las conclusiones del informe diciendo que no era una descripción correcta del programa. "Cualquier insinuación de que estamos deteniendo ciudadanos estadounidenses a sabiendas es falso y es una mala interpretación", dijo Morton.
Los funcionarios dijeron que algunos ciudadanos estadounidenses arrestados por la policía local podrían ser marcados en un cotejo de Comunidades Seguras porque las bases de datos de huellas digitales del ministerio incluyen transgresiones a la ley de inmigración y también casos positivos de inmigrantes que solicitaron residencia legal o se naturalizaron para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Los agentes de inmigración pueden detener a un extranjero ya arrestado por la policía local mientras verifican la condición del legal del inmigrante o la ciudadanía estadounidense, dijeron.
"Cuando determinamos que alguien es un ciudadano, no detenemos ni deportamos a esa persona, porque no tenemos esa atribución", dijo Morton. Pero agregó: "Seríamos irresponsables si no investigáramos a alguien que es sospechoso de un delito y que en los archivos aparece como nacido en el extranjero".
Los investigadores dijeron que la presencia de ciudadanos entre los casos deportados indican que el programa no cuenta con procedimientos adecuados para evitar la detención de estadounidenses y otros que podrían o no ser deportados.
El protocolo de Comunidades Seguras consiste a menudo en detener primero e investigar después, y eso no es lo que dicta la Constitución", dijo Peter L. Markowitz, profesor de leyes de inmigración en la facultad de derecho Cardozo y uno de los autores del informe. Los otros autores son Aarti Kohli y Lisa Chávez del Chief Justice Earl Warren Institute en la facultad de derecho de Berkeley.
"Si esto es lo que se entiende por el debido proceso con respecto a ciudadanos estadounidenses", dijo Markowitz said, "deberíamos estar aterrorizados con respecto a inmigrantes que son el objetivo del servicio de inmigración".
El informe concluyó que el 93 por ciento de los inmigrantes detenidos en el marco del programa de Comunidades Seguras eran latinos, aunque los inmigrantes latinos constituyen sólo el 66 por ciento de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.
[Robert Gebeloff contribuyó al reportaje.]
[Foto viene del blog Hora de Cambios.]
10 de noviembre de 2011
18 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

cruzando la frontera una y otra vez

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Los refugios para inmigrantes a lo largo de la frontera mexicana están llenos de curtidos ilegales: hombres y mujeres mayores, a menudo deportados, arriesgándose cada vez más para volver a sus familias en Estados Unidos, el país que consideran su casa.

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[Damien Cave] Agua Prieta, México. "Mi esposa, mi hijo... tengo que volver con ellos", se repite a sí mismo Daniel, desde el momento en que fue detenido en Seattle por conducir con una licencia vencida, pasando por todas las fases del procedimiento de deportación que lo llevó a México en junio.
Nada lo disuadirá de volver a cruzar la frontera. Dejó su pueblo natal a los veinticuatro, dijo. Doce años después, habla inglés casi fluidamente y tiene un hijo estadounidense, una esposa y tres hermanos en Estados Unidos. "Seguiré tratando", dijo, "hasta que llegue allá."
Este es cada vez más el perfil de la inmigración ilegal hoy. Los refugios para inmigrantes a lo largo de la frontera mexicana están llenos, no de recién llegados que buscan una vida mejor, sino de ilegales curtidos: hombres y mujeres mayores, a menudo deportados, arriesgándose cada vez más para volver con sus familias en Estados Unidos, el país que consideran su casa.
Presentan un enorme reto a la administración estadounidense porque siguen marchándose hacia el norte pese a los obstáculos -los más severos en la historia reciente. No se trata solamente de que la economía estadounidense tiene poco que ofrecer; la frontera misma es mucho más amenazante. Por un lado han aparecido vallas y se han multiplicado los guardias; por otro, los delincuentes acechan a lo largo de todo el camino.
Y sin embargo, mientras estos factores y mejores oportunidades de trabajo en casa ha reducido la inmigración ilegal desde México a su nivel más bajo en las últimas décadas, no han sido suficientes para ahuyentar a un cuadro considerable y decidido.
"Somos los más duros", dijo Christopher Sabatini, director de políticas del Consejo de las Américas.
En realidad, el 56 por ciento de las detenciones en la frontera mexicana implicó en 2010 a gente que había sido capturada previamente -era el 44 por ciento en 2005. En los últimos años un creciente porcentaje de deportados han sido también deportados antes, de acuerdo a cifras del ministerio de Seguridad Interior.
Para el gobierno de Obama, estos reincidentes se han convertido en una prioridad. Los juicios por ingreso ilegal han subido en más de dos tercios desde 2008. Los funcionarios dicen que ahora es el delito federal más perseguido.
El presidente Obama ya ha deportado a cerca de 1.1 millones de inmigrantes  -más que cualquier presidente desde Dwight D. Eisenhower- y los funcionarios dicen que las cifras no menguarán. Pero en una época en que la dinámica de la inmigración está cambiando, expertos y participantes de todos los lados se están preguntando crecientemente si la estrategia, que ha definido la política de inmigración desde el 11 de septiembre de 2001, todavía tiene sentido.
La deportación es cara. Le cuesta al gobierno al menos 12 mil 500 dólares por persona y a menudo no funciona: entre octubre de 2008 y 22 de julio este año, el Servicio de Inmigración y Aduanas gastó 2.25 billones de dólares en la deportación de 180 mil 229 personas que habían sido deportadas antes y habían vuelto de alguna manera. Muchas más han retornado y permanecido en la clandestinidad.
Algunas organizaciones que favorecen una inmigración reducida dicen que hacer la vida más difícil para los inmigrantes ilegales en este país sería mucho más eficiente. Alegan que junto con eliminar las oportunidades de trabajo exigiendo que los empleadores verifiquen el estatus de inmigración de las nuevas contrataciones, el Congreso también debería prohibir que los inmigrantes puedan abrir cuentas bancarias o incluso una tarjeta para la biblioteca.
"Así se reduciría el número de personas que vuelven una y otra vez", dijo Bob Dane, portavoz de la Federación por una Reforma de la Inmigración en Estados Unidos. La alternativa, dice Doris Meissner, la más alta autoridad de inmigración del país a mediados de los años noventa, es aceptar que los inmigrantes ilegales como Daniel "son personas con vínculos fundamentales con Estados Unidos, no de dónde vienen."
"Nuestras sociedades están profundamente interconectadas", dijo Meissner, refiriéndose fundamentalmente a Estados Unidos y México, la principal fuente de inmigrantes ilegales. "Y eso no se refleja en la política de inmigración en absoluto."
El gobierno reconoce que los inmigrantes como Daniel están enraizados en Estados Unidos y tienen normalmente antecedentes penales limpios. Pero debajo de su nuevo plan introducido en agosto -suspender las deportaciones de casos pendientes de baja prioridad, incluyendo inmigrantes que llegaron a Estados Unidos como niños-, los ilegales reincidentes son apartados para su deportación junto con "delincuentes peligrosos", "conocidos pandilleros" e "individuos que representan un claro peligro para la seguridad nacional."
Funcionarios de la administración dicen que están tratando de romper el "efecto yo-yo" de gente que rebota, como ordenó el Congreso cuando endureció las leyes relativas al reingreso ilegal en los años noventa.
Pero algunos expertos alegan que es este barullo el que en realidad socava la seguridad. Después de una década de deportaciones récord, dicen los críticos, se ha hecho incluso más difícil separar a los dos grupos que definen ahora la frontera: los delincuentes profesionales y los inmigrantes experimentados motivados por sus lazos familiares con Estados Unidos.
"Si crees que los narcotraficantes y los terroristas son mucho más peligrosos que las criadas y los jardineros, entonces deberíamos entregarles visas a todas esas personas para poder concentrarnos en la verdadera amenaza", dijo David Shirk, director del Transborder Institute de la Universidad de San Diego. "Ensanchar la puerta podría fortalecer las murallas."

Crimen en la Frontera
Los inmigrantes que cruzaban la frontera hacia Arizona hace diez o veinte años eran más numerosos, pero menos amenazadores. David Jimarez, un agente de la Patrulla Fronteriza con años de experiencia al sur de Tucson, recordó que incluso cuando los inmigrantes superaban a las autoridades estadounidenses por 25 a 1, no resistían. "Simplemente se sentaban a esperarnos", dijo.
En los últimos años, la composición ha cambiado, y ahora hay más narcotraficantes y otros delincuentes entre las filas menguantes, pero aún substantivas, de inmigrantes.
El impacto es de gran alcance. En el norte de México menos inmigración significa menos negocios. Las ciudades fronterizas como Agua Prieta, conocida como un punto de partida, han pasado de ser centros urbanos ajetreados a pueblos azotadas por el viento. Los taxis que transportaban a turistas a las montañas ahora acumulan polvo. Restaurantes y hoteles como el Girasol en el centro de la ciudad, están prácticamente vacíos. Una tarde hace poco, sólo tres de los cincuenta salones estaban ocupados.
"En 2000, estábamos llenos todos los días", dijo Alejandro Rocha, gerente del hotel.
Nuevas investigaciones de la Universidad de California en San Diego muestran que la delincuencia es ahora la principal preocupación de los mexicanos que piensan en marcharse hacia el norte. Como el miedo mantiene a muchos emigrantes en casa, muchos experimentados guías fronterizos, o coyotes, han abandonado el trabajo en la inmigración ilegal.
En Tijuana, al otro lado de la frontera en San Diego, un conocido coyote está ahora vendiendo llantas. En Nogales, la ciudad mexicana fronteriza con Arizona más grande, el poder ha pasado a los jóvenes tatuados con binoculares caros a lo largo de la valla fronteriza, mientras aquí en Agua Prieta -donde los funcionarios mexicanos dicen que el tráfico se ha reducido a un tercio de lo que era- el único modo de pasar es hablando con pandillas que veces obligan a los emigrantes a llevar drogas.
Es incluso peor en Matamoros, al otro lado de Brownsville, Texas. Sólo con pararte al lado de la valla hace surgir a reclutas de los carteles que exigen trescientos dólares por el derecho a pasar al otro lado. Los inmigrantes y las organizaciones que los ayudan, dicen que los capos de los carteles recorren los refugios buscando a deportados dispuestos a trabajar como vigías -cuatrocientos dólares al mes hasta que reúnan suficiente dinero para pagar su pasaje al norte.
"Estuve pensando en hacerlo", dijo Daniel, cabizbajo. "Pero luego pensé en mi familia."
Funcionarios policiales estadounidenses dicen que la matriz de drogas, inmigración y violencia se ha hecho más visible en la frontera y a lo largo de los rieles y caminos hacia el norte, donde más inmigrantes son detenidos por tráfico de drogas o armas, haciendo más probable que huyan, resistan la detención o cometan otros delitos.
"Hay menos tráfico, pero el que hay es más peligroso", dijo Jimarez, el agente fronterizo.
Larry Dever, sheriff del condado de Cochise, Arizona, al norte de Agua Prieta, accedió: "Los tipos que transportan gente y narcóticos ahora son más siniestros."
Su condado, dieciséis mil kilómetros cuadrados de matorrales, ranchos y pequeños pueblos en el rincón sudeste del estado, se ha convertido en un corredor reconocido desde mediados de los años noventa. Desde 2008, la policía ha vinculado todo delitos a los inmigrantes ilegales, en parte debido a que funcionarios estaduales y federales pedían frecuentemente datos, tratando al condado como un barómetro de la seguridad en la frontera.
En realidad, cuando un ranchero de Cochise llamado Robert Krentz fue asesinado en marzo de 2010 después de haberse comunicado por radio con su hermano para decirle que iba a ayudar a un inmigrante ilegal, el condado se convirtió rápidamente en un punto de ignición de un debate más amplio que finalmente condujo al proyecto de ley 1070, el polémico proyecto de ley de Arizona que da a la policía más responsabilidad en la represión de los inmigrantes ilegales.
Sin embargo, los delitos que implican a inmigrantes ilegales son relativamente escasos (cinco por ciento de todos los delitos locales, dijo el sheriff Dever). Se trata en su mayor parte de hurto de alimento. Y, según muestran archivos públicos, en once de dieciocho delitos violentos relacionados con inmigrantes ilegales en los últimos dieciocho meses, los inmigrantes fueron tanto víctimas como victimarios.
Este no es el retrato pintado por los gobernadores fronterizos republicanos, entre ellos Rick Perry, de Texas, candidato presidencial que hace poco dijo que "la frontera no es segura." Pero mientras los carteles de la droga mexicanos han intensificado su presencia desde Tucson a Nueva York -cometiendo a veces, después de entrar al país, brutales actos de violencia-, los estadounidenses que viven cerca de la frontera están generalmente seguros.
Un análisis de USA Today de Texas, Arizona, Nuevo México y California en julio constató que los delitos hasta 160 kilómetros de la frontera está por debajo tanto del promedio nacional como del promedio de cada uno de esos estados- y ha estado declinando en los últimos años. Varias otras investigaciones independientes han llegado a las mismas conclusiones.
Pero la frontera no es segura para personas que la cruzan o la patrullan. El número de inmigrantes hallados muertos en el desierto de Arizona, incluyendo todo tipo de causas, no se reducido tan rápidamente como la inmigración ilegal, mientras que las agresiones contra agentes de la Patrulla Fronteriza creció en un 41 por ciento entre 2006 y 2010, casi enteramente debido a un aumento en ataques con piedras. Los mayores riesgos han estimulado un debate: ¿La estrategia más agresiva -vallas más altas, más agentes y deportaciones- ha contribuido a aumentar o a disminuir el peligro?
El sheriff Dever, celebrado como un "guerrero contra la inmigración ilegal" por opositores de la inmigración, dice que la aplicación más activa de la ley ha hecho más seguros a los estadounidenses y debería seguir así hasta que sus vecinos le digan que ya no tienen miedo.
Pero algunos defensores de la inmigración dicen que la estrategia del gobierno es demasiado amplia para ser efectiva. "Realmente tenemos que separar al tipo que viene a ganarse la vida del terrorista o del narcotraficante", dijo Peter Siavelis, editor de ‘Getting Immigration Right: What Every American Needs to Know.’

Hogar Es Donde Están los Hijos
Las deportaciones han enturbiado esa delineación. En una reciente fila de deportados, formados ante un autobús en San Diego al lado de una puerta de metal que lleva a Tijuana, todos eran iguales: el criminal con su uniforme de reo y su tenue barba de chivo; la madre esquiva; y vecinos de toda la vida, como Alberto Álvarez, 36, conserje y padre de cinco hijos que dijo que lo habían elegido para conducir, aunque no tiene licencia.
"Mira, llevo dieciocho años en Estados Unidos", dijo, acomodándose una mochila sobre su camiseta Izod. "Ahora mismo mis hijos están solos, mi esposa está sola cuidando a los niños: nos separaron."
Durante la ola de inmigración que alcanzó su punto álgido hace cerca de una década, las deportaciones significaban a menudo algo diferente: muchos deportados no habían estado en Estados Unidos durante mucho tiempo; se estaban marchando a casa.
Pero ahora que hay menos ingresos, el concepto de hogar está cambiando. De los casi once millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, el 48 por ciento llegó antes de 2000. Para los 6.5 millones de mexicanos que viven ilegalmente en Estados Unidos, esa cifra es incluso más alta: el 55 por ciento, de acuerdo al Pew Hispanic Center. Ahora también hay 4.5 millones de hijos de padres ilegales nacidos en Estados Unidos.
Expertos a ambos lados del debate dicen que el gran grupo de inmigrantes con raíces presenta al país con una elección fundamental: Sea hacerles a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos la vida tan difícil que terminen por marcharse por propia cuenta, o permitir que los inmigrantes que no representan una amenaza para la seguridad pública sigan viviendo con sus familias legalmente, aunque no necesariamente como ciudadanos.
Steven A. Camarota, un demógrafo del Centro para Estudios de Inmigración, dijo que el gobierno debería revocar la ciudadanía automática para niños nacidos de inmigrantes ilegales y confiscar los activos de inmigrantes ilegales deportados de modo que tengan menos incentivos para volver.
El presidente Obama, que no ha podido avanzar en el Congreso con su plan de legalización, en lugar de eso ha estado tratando de que la implementación sea más quirúrgica. Debajo de las nuevas instrucciones, los funcionarios utilizarán su "discrecionalidad de enjuiciamiento" para revisar la lista actual de 300 mil casos de deportación, suspendiendo las expulsiones de una categoría de inmigrantes.
Varios factores merecen "cuidado y consideración especiales" para un indulto, entre ellos si la persona ha vivido en Estados Unidos desde su infancia, si está embarazada, o gravemente enferma, o es miembro de las fuerzas armadas, o es mejor de edad, de acuerdo a un memorándum de junio que inició el cambio.
El problema de "si la persona tiene la ciudadanía estadounidense permanente o es cónyuge de un residente permanente, hijo o padre" aparece en el memorándum en la lista de factores secundarios a considerar. Pero no está claro con cuánta clemencia se aplicará. Inmigrantes ilegales reincidentes reciben un marca negra especial, y el gobierno ya ha deportado a cientos de miles de delincuentes de poca monta, pese a afirmaciones de que se concentran en "lo peor de lo peor."
Varios gobernadores demócratas y funcionarios policiales están particularmente enfadados con Comunidades Seguras, un programa que recoge las huellas digitales de cualquiera que haya sido detenido por la policía para verificar si ha violado la ley de inmigración federal. Una gran proporción de esos deportados a través de este proceso -el 79 por ciento, de acuerdo a un reciente informe de Benjamin N. Cardozo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Yeshiva- eran infractores de bajo nivel, detenidos a menudo por delitos de tráfico.
Funcionarios de gobierno rechazan la conclusión diciendo que la ratio de criminales peligrosos está aumentando, y que en última instancia ellos deben implementar la ley de inmigración contra todos los infractores. Han ordenado que el programa se implemente a nivel nacional en 2013.
Las ciudades mexicanas fronterizas ofrecen un retrato de lo que eso podría significar. Casi 950 mil inmigrantes mexicanos han sido deportados desde el inicio del año fiscal 2008. Y en Tijuana -un antiguo centro para emigrantes en dirección norte, que ahora recibe más deportados que cualquiera- el pozo de deportados que se prepara para cruzar nuevamente la frontera simplemente sigue creciendo.
María García, 27, llegó aquí después de ser deportada por una infracción de tráfico. Dijo que había vivido seis años en Fresno, California, con sus dos hijos nacidos en México, de once y siete. Fue una de las muchas que dijo que volverían a Estados Unidos.
"No pueden pararnos", dijo.
El constante flujo de deportados se ha convertido en una creciente preocupación de los funcionarios mexicanos que dicen que las nuevas llegadas son fáciles reclutas, y víctimas, de los carteles de la droga.
Un ex deportado fue detenido el año pasado por desempeñar un importante papel en la muerte de cerca de veinte personas encontradas en fosas comunes. En Tijuana, un campamento de indigentes en la frontera se ha hinchado hasta convertirse en un vecindario con la llegada de deportados, muchos de ellos contando historias de robos y secuestros por pandillas que vieron sus conexiones en Estados Unidos como una fuente de rescates.
Minutos después de llegar, Álvarez, el conserje, dijo que estaba preocupado de la supervivencia: "allá estás jugando con tu vida", dijo. Pero sus hijos gemelos cumplen dos años en unas semanas y como muchos otros, dijo que independientemente de cómo le trataran en Estados Unidos, volverá.
"Me siento muy mal de estar aquí", dijo. "Tengo mis hijos allá, mi familia, toda mi vida. Aquí no", dijo, sacudiendo la cabeza al final de su primer día en Tijuana.
14 de octubre de 2011
2 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

la ley de inmigración de alabama

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La mayor parte de la ley, la más estricta del país, está ahora en vigor.

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[Richard Fausset] Leeds, Alabama, Estados Unidos. Los 130 mil inmigrantes ilegales de Alabama están preocupados. Confundidos. Y en algunos casos han desaparecido.
Han desaparecido de las salas de clase y de las plantaciones de tomate.
La semana pasada, algunos habían desaparecido del restaurante Guadalajara Jalisco, ex cafetería que ahora vende productos Tex-Mex a una clientela nacida en gran parte en Estados Unidos en esta somnolienta ciudad al este de Birmingham.
El gerente Fredy Vergara perdió a tres de sus doce empleados, y más trabajadores dijeron que pensaban marcharse pronto, asustados por la nueva ley de inmigración de Alabama.
El camarero Ever Salas se marchó al estado de Washington. Elbia Manzilla, a Texas. Una azafata llamada Joana residía legalmente, pero no sus padres, dijo Vergara. Probablemente se marcharán pronto en dirección a Chicago.
El miércoles en la tarde, los parroquianos empezaron a llegar para el almuerzo y el personal de Vergara estaba respondiendo, sirviendo enchiladas y chile relleno, rápidos y corteses.
"Pero todos estamos pensando en una sola cosa", dijo Vergara, residente legal de Colombia. "En la inmigración."
La mayor parte de la nueva ley, la más estricta del país, entró en vigor después de haber sido aceptada por un juez federal el 28 de septiembre.
Entre otras cosas, la ley exige que la policía controle el estatus de inmigración de sospechosos y entregue a los inmigrantes ilegales a las autoridades federales. Exige que los funcionarios escolares exijan certificados de nacimiento a alumnos que se matriculan por primera vez, aunque las escuelas no pueden rechazar a los estudiantes. Prohíbe que los inmigrantes ilegales participen en transacciones comerciales con la administración del estado.
El viernes el ministerio de Justicia pidió a la Corte de Apelaciones del Distrito 11 que bloqueara la ley hasta que el tribunal la viera completamente. Los abogados del gobierno alegaron, como han hecho sobre leyes similares en otros estados, que la ley contraviene la función de implementación de las leyes de inmigración de las autoridades federales.
De momento, las evidencias sobre un éxodo de Alabama son anecdóticas. Pero sus partidarios saludan la ley como un ejemplo de desgaste por implementación.
Otros, como Mary Bauer, directora jurídica del Southern Poverty Law Center, llaman a la nueva ley como una "crisis humanitaria." Dijo que su organización anti-discriminación había iniciado una línea directa después del fallo del juez y de haber recibido dos mil llamadas de familias preocupadas.
Algunos tenían miedo de llevar al médico a sus familiares enfermos. Los niños en la escuela estaban siendo acosados por matones. Las compañías municipales de agua estaban negándose a proporcionar servicios a personas que no pueden demostrar que eran residentes legales.
"En Alamaba hoy es un día negro", dijo Bauer.
Algunos negocios ya están sintiendo los efectos. En el nordeste de Alabama, los dueños de Smith & Smith Farms estaban tratando de cosechar 36 hectáreas de tomates con tres camiones de trabajadores al día en lugar de los doce normales.
"Hemos contratado a algunos blancos", dijo Kathy Smith, esposa del co-propietario Leroy Smith. "Algunos de ellos trabajan bastante bien. Otros trabajan tres horas y se marchan."
Jimmy Latham, contratista de Tuscaloosa y presidente Alabama Associated General Contractors, dijo que ley desaceleraría la campaña de reconstrucción tras los devastadores tornados de primavera.
"Estamos viendo equipos más pequeños y el trabajo demora más en terminarse", dijo. Los autores del proyecto, dijo, deben haber asumido que los nativos de Alabama tomarían los trabajos que van dejando los latinos. El estado tiene una tasa de desempleo del diez por ciento.
"De momento, no ha sido el caso", dijo.
Entretanto, funcionarios del estado han estado batallando contra la confusión generalizada. El director de Seguridad Interior del estado, Spencer Collier, ha estado recorriendo el estado para instruir a agentes de policía sobre cómo implementar la ley.
El departamento de Educación del estado ha enviado mensajes en español a estaciones de radio en los que prometen a los oyentes que los detalles de inmigración que recogen no serán entregados a funcionarios federales, sino que a  la Legislatura para que contabilice cuántos inmigrantes ilegales hay en las escuelas.
Parecía estar funcionando, dijo una portavoz de Educación, Malissa Valdés: el lunes después del fallo, 2.285 estudiantes latinos, cerca del seis por ciento del total del estado, faltaron a clases. Dos días después, esa cifra estaba nuevamente en cuatro por ciento, la tasa normal de inasistencia.
En Tarrant, un suburbio de clase trabajadora de Birmingham, los padres latinos se amontonaron con preguntas en una sesión de información en una escuela básica con sus hijos. Este pequeño distrito escolar tenía hace diez años "quizá un uno por ciento", dijo la directora Shelly Mize said. Hoy ese porcentaje se acerca del diez por ciento.
Mónica Hernández, una organizadora de la Red de Derechos de los Inmigrantes del Sudeste [Southeast Immigrant Rights Network], acosejaron a los padres no abrir la puerta a nadie a menos que esa persona tuviera una orden judicial, y sólo dar su nombre y dirección a la policía cuando pudieran contar con los servicios de un abogado.
Los padres preguntaron sobre rumores. ¿Puede la policía detenerte simplemente por llevar a tus hijos a la escuela?
No, les dijo Hernández. La policía debe hacer una investigación y debe tener "sospechas razonables" de que una persona reside aquí ilegalmente.
¿Es verdad que están deteniendo a hombres conductores, no a mujeres?  No, dijo. Y respondió no a muchas otras preguntas.
"El miedo es normal", les dijo en español. "Pero lo único que podemos hacer es tratar de ser lo más fuerte posible."
Después, una obrera de treinta años también llamada Mónica fue una de las muchas que hicieron más preguntas. Era madre soltera y propietaria, dijo. Si se mudaba, se preguntaba, ¿qué pasaría con su casa?
"Me siento muy deprimida", dijo otra. "No puedo ir a cualquier parte. Sólo voy a la tienda. Tengo miedo."
En el restaurante Guadalajara Jalisco, los clientes tenían sentimientos contradictorios sobre la ley y el restaurante, que lo inició un hombre de negocios mexicano hace unos quince años.
Janice y John McLaughlin han sido parroquianos durante años. Cuando el restaurante abrió sus puertas, les encantó la idea de "tener algo para comer que no fueran hamburguesas ."
Pero Janice dijo que la ley era la ley. "Básicamente pienso que si eres ilegal, tienes que ser enviado de vuelta."
13 de octubre de 2011
9 de octubre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

latinos huyen después de fallo

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Después del fallo sobre inmigración, los hispanos de una ciudad de Alabama se marchan.

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[Campbell Robertson] Albertville, Alabama, Estados Unidos. El desplazamiento empezó el miércoles noche cuando las familias más asustadas cargaron sus coches con sus cosas y se marcharon tan pronto oyeron la noticia.
Abandonaron casas rodantes, vendieron sus muebles por menos de mil dólares. O simplemente cerraron y, en un gesto de optimismo, dejaron las llaves con un vecino. Alimentaron a los perros por última vez; si no encontraban otro hogar, simplemente se los abandonaba.
Dos, cinco, diez años de vivir aquí, y luego desaparecidos en cuestión de días, en ruta hacia Tennessee, Illinois, Oregon, Florida, Arkansas, Mexico -¿quién sabe? A cualquier parte, menos Alabama.
El éxodo de inmigrantes hispanos empezó apenas horas después de que un juez federal en Birmingham ratificara la mayor parte de las disposiciones de una ley estadual de inmigración de amplias consecuencias.
La juez, Sharon Lovelace Blackburn, aceptó las partes de la ley que permiten que las policías local y del estado controlen la documentación de inmigración durante controles policiales rutinarios, convierten los contratos con inmigrantes ilegales en inejecutables y obligan a las escuelas a verificar el estatus de inmigración de los niños cuando se matriculan.
Cuando la jueza Blackburn terminó, Alabama quedó con lo que el gobernador llamó la "ley de inmigración más fuerte del país." Entró en vigor inmediatamente, aunque el fallo fue recurrido por el ministerio de Justicia y una coalición de organizaciones de derechos civiles.
Desde entonces, los superintendentes escolares han asegurado a los padres -un superintendente lo hizo incluso por televisión, en español- que nada cambiaba para los niños que ya estaban matriculados. Algunos departamentos de policía del estado dijeron que estaban esperando instrucciones sobre cómo implementar la ley.
Sin embargo, para muchos inmigrantes esperar era demasiado peligroso. Para el lunes en la tarde, 123 alumnos se habían retirado de las escuelas en esta pequeña ciudad en las colinas del norte, dejando atrás a compañeros de escuela tristes y confundidos. Decenas más estuvieron ausentes. En el estado, el viernes faltaron a clases 1988 estudiantes hispanos, cerca del cinco por ciento de toda la población hispana en el sistema escolar.
John Weathers, un hombre de negocios de Albertville que alquila casas y ha vendido a muchos vecinos hispanos, dijo que su ocupación había bajado repentinamente en un cuarto y podría seguir bajando, dependiendo de lo que pase la próxima semana. Dos personas que ya habían pagado sus hipotecas, llamaron para preguntar si podían vender sus casas de vuelta, dijo Weathers.
Tiendas de abarrotes y restaurantes fueron notoriamente menos frecuentados, lo que en algunos casos puede haber sido una buena noticia, porque algunos empleados no llegaron al trabajo. En algunos vecindarios, las calles están inusualmente tranquilas, como después de algún tipo de arrebato.
Atraídos por el trabajo en las numerosas plantas procesadoras de pollo, los inmigrantes hispanos han estado llegando a Albertville durante años, los suficientes como para que algunos de los mayores puedan recibir amnistía por la ley de inmigración de 1986. Pero los inmigrantes están llegando en mayores números durante la última década y ahora los letreros en la Calle Principal son en su mayoría bilingües, cuando incluyen al inglés.
Lo que significa a gran escala la nueva ley de inmigración quedará más claro en un lugar como Albertville, sea creando empleo y protegiendo a los contribuyentes o augurando el desastre económico como temen los opositores.
Los críticos de la ley, especialmente granjeros, contratistas y constructores civiles dicen que la medida ya ha sido devastadora, hay una crítica escasez de mano de obra y los cultivos se pudren en los campos. Dicen que incluso trabajadores hispanos totalmente legales se están marchando, una conclusión que se deriva de las entrevistas. El estatus de parientes es a menudo mezclado -a menudo los hijos son ciudadanos nacidos en Estados Unidos-, pero la decisión de quedarse reposa en el eslabón más débil.
Partidarios de la ley reconocen que podría ser disruptiva en el corto plazo y que demostrará su efectividad a largo plazo.
"Tomará algún tiempo para que la fuerza laboral local vuelva a desarrollarse", dijo el senador del estado Arthur Orr, republicano de Decatur, "pero la fuerza laboral extranjera no puede ser traída y echada cada vez que deje de ser conveniente y los pongamos fuera del negocio."
Orr dijo que ya había indicios de que la ley estaba teniendo efecto, señalando que el centro de libertad condicional de Decatur, a unos ochenta kilómetros al noroeste, no hace mucho era incapaz de encontrar trabajo para reos en las plantas avícolas o en talleres. Desde que la ley fuera promulgada, dijo, el centro ha estado colocando más y más reos en esos trabajos, ahora más de ciento cincuenta al día.
Un lunes en la mañana, una planta procesadora de aves en Albertville abrió una feria de empleo, la que atrajo a una enorme multitud, una mezcla de trabajadores hispanos, blancos y negros, que hicieron fila frente a la planta, en la calle.
"Esto debió haber sido hecho hace años", dijo sobre la ley Shannon Lolling, 36, que ha estado desempleado durante más de un año.
Lolling tenía problemas con el sistema que había traído aquí a los trabajadores inmigrantes ilegales, no con los trabajadores mismos.
"Es por eso que nuestros trabajos se fueron a México", dijo. "Pagan menos y se quedan con el dinero, y nos impiden encontrar trabajo."
No lejos de la planta, en los vecindarios hispanos, es difícil diferenciar el silencio de los días de trabajo, el silencio del abandono o el silencio de un miedo que te inmoviliza.
Muchos hispanos que han preferido quedarse, de momento, dicen sin demasiada convicción que seguramente la ley será bloqueada por el presidente, el juez, "el gobierno." Hasta entonces, no abandonarán sus casas a menos que sea absolutamente necesario. Envían a otros a hacer las compras y les obligan a sus hijos a dejar el club de fútbol y a volverse inmediatamente a casa después de la escuela. Hay una avalancha de rumores sobre allanamientos y controles carreteros, y aunque la nueva ley no tenga nada que decir sobre esas cosas, la desconfianza está sembrada de anécdotas, como una contada por un pastor hispano local que dijo que fue detenido en un control de carretera en las afueras de Birmingham el miércoles, a apenas horas del fallo. Su amigo, que conducía -y que reside ilegalmente en Estados Unidos-, ahora está en la cárcel por un delito no relacionado, dijo el pastor, agregando que aunque estaba en libertad, un agente de policía le dijo que ya no era bienvenido en Alabama.
"Tengo miedo de ir a la iglesia", dijo un trabajador de una planta procesadora de pollos llamado Candelaria, que agregó: "La señora que me lleva en coche al trabajo dijo que se marcha. Dijo que se siente como prisionera."
Durante todo el verano, Allen Stoner, abogado de Decatur, ha estado ayudando a sus clientes hispanos a rellenar formularios nombrando a amigos y parientes como tutores de sus hijos, los que en muchos casos son ciudadanos nacidos en Estados Unidos. De este modo, los hijos no pueden ser transferidos a servicios sociales si los padres son arrestados o deportados.
Gran parte d esto ya se había hecho para cuando el juez dictó su fallo, aunque la semana pasada los clientes de Stoner empezaron a contactarlo inmediatamente para preguntar qué deberían hacer. El lunes estuvo tranquilo.
"Tuvimos un montón de llamadas el jueves y viernes", dijo Stoner, "pero se han reducido fuertemente."
No lo sabía con certeza, pero suponía que sus cientes se habían marchado.
8 de octubre de 2011
4 de octubre de 2011
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cc traducción c. lísperguer

las deportaciones crean desconfianza

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El grupo de trabajo que asesora el programa de deportaciones del gobierno de Obama ha criticado fuertemente a funcionarios de inmigración por sembrar confusión sobre sus propósitos y ha constatado que el programa tuvo un "impacto negativo no previsto" para la seguridad pública en comunidades locales.

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[Julia Preston] En un informe sobre el programa, conocido como Comunidades Seguras, el grupo de trabajo dice que el programa ha erosionado la confianza pública por implicar la detención de muchos inmigrantes que no han cometido delitos graves, después de que funcionarios dijeran que su objetivo era expulsar de Estados Unidos a "los peores" inmigrantes con antecedentes penales. El informe del grupo de trabajo fue completado el miércoles.
El informe también dice que los funcionarios de inmigración han creado tensiones con las autoridades locales al hacer declaraciones inconsistentes sobre si los estados y ciudades estaban o no obligados a participar.
En la más significativa de sus recomendaciones, el grupo de trabajo dice que las identificaciones por huellas digitales en el programa no deberían significar que agentes federales deporten a inmigrantes detenidos por agentes de policías locales por infracciones de tráfico menores.
El grupo de trabajo, que incluye a los jefes de policía de cuatro importantes ciudades así como a defensores de los inmigrantes y funcionarios de seguridad nacional del estado, instaron al Servicio de Inmigración y Aduanas, la agencia que gestiona el programa, a empezar de nuevo para "reintroducirlo" en muchos lugares donde la oposición local ha aumentado.
El informe agrega leña a la polémica sobre el programa de Comunidades Seguras, un elemento central en los planes del gobierno de Obama para refrenar la inmigración ilegal, deportando a cuatrocientos mil extranjeros por año.
John Morton, director de la agencia de inmigración, llamó al grupo de trabajo en junio para canalizar y tratar la resistencia entre funcionarios del estado, jefes de policías locales y organizaciones de inmigrantes. Pero en las horas finales del informe, en el grupo surgieron nuevos desacuerdos. El miércoles, cinco de los diecinueve miembros, incluyendo a los tres que representaban a los sindicatos, renunciaron antes que endorsar el informe final.
El informe muestra que las divisiones persistieron entre los miembros restantes del equipo. Algunos piensan que el programa tenía demasiados defectos como para continuar. Otros, especialmente los agentes de policía, alegaron que compartir información entre agencias policiales en el programa era demasiado vital como para interrumpirlo.
Bajo Comunidades Seguras, las huellas digitales tomadas de cualquiera que haya sido detenido por las policías local o estadual son cotejadas en los bancos de datos de convictos del FBI -un procedimiento policial rutinario- y también en los bancos de datos del ministerio de Seguridad Interior, que registra las violaciones a la ley de inmigración. Después de empezar el programa en 2008, el Servicio de Inmigración y Aduanas lo ha ampliado a la mitad del país, últimamente haciendo frente a una creciente indignación.
Chuck Wexler, director ejecutivo del Police Executive Research Forum, que presidió el equipo de trabajo, dijo que existía un "fuerte consenso" en el grupo de que Comunidades Seguras debía concentrarse en deportar a delincuentes violentos o que hayan cometido delitos graves.
Pero muchos agentes de policías locales dijeron al grupo de trabajo que el programa había erosionado la relación de confianza que existía entre ellos y las comunidades de inmigrantes, porque causaban la impresión de que estaban encargados de implementar las leyes federales de inmigración. Algunas comunidades se muestran ahora reticentes a la hora de denunciar delitos.
"No puedes remover a infractores de bajo nivel y no perder credibilidad frente a las comunidades", dijo Wexler.
En cuatro audiencias públicas, el grupo de trabajo se enteró de muchos casos de inmigrantes ilegales que habían sido detenidos por la policía por infracciones de tráfico menores -o, en algunos casos, sin que hubieran cometido ninguna infracción- que fueron deportados después de haber sido identificados por un control de Comunidades Seguras.
"En la medida en que Comunidades Seguras pueda dañar la labor policial en las comunidades", constató el informe del grupo de trabajo, "el resultado puede ser que haya niveles más altos de criminalidad."
El grupo de trabajo dijo que los funcionarios de inmigración habían hecho declaraciones confusas sobre las autoridades legales que autorizan el programa. Después de sugerir inicialmente que los funcionarios del estado podían dilatar su participación, los funcionarios del gobierno dicen ahora que para 2013 deben haber extendido el programa a todo el país.
El grupo de trabajo dijo que el servicio de inmigración podía hacer un uso más amplio y mucho más sistemático de su atribución fiscal para concentrar sus recursos en la deportación de delincuentes condenados.
En una carta presentada el miércoles, representantes de A.F.L.-C.I.O. y dos sindicatos de funcionarios de inmigración dijeron que estaban renunciado al grupo de trabajo porque el informe final "demuestra la clara ausencia de nuestra opinión." No dieron detalles sobre los desacuerdos.
Arturo Venegas, ex jefe de la policía de Sacramento, y director de la Law Enforcement Engagement Initiative, una organización policial, dijo en su carta de renuncia que las recomendaciones no iban demasiado lejos para garantizar que los inmigrantes detenidos por faltas menores no fueran deportados. Un representante del National Immigration Forum, una organización de voluntarios, también renunció.
Roberto Villaseñor, jefe de policía de Tucson, Arizona, y un miembro del grupo de trabajo que respaldó el informe, dijo que la policía tenía que seguir compartiendo huellas digitales con las autoridades de inmigración. "No creo que, como policías, debemos privarnos de eso", dijo.
Morton dijo que se reuniría con los miembros del grupo de trabajo que habían renunciado, para oír sus quejas.
23 de septiembre de 2011
15 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
 

el boicot contra arizona

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Partidarios de la inmigración divididos sobre el boicot contra Arizona.

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[Marc Lacey] Phoenix, Estados Unidos. Después de la aprobación de la polémica ley contra inmigrantes en abril de 2010, los músicos suspendieron sus conciertos en Arizona, los turistas cancelaron sus vacaciones allá y los organizadores de congresos ignoraron al estado para preferir otros políticamente menos tóxicos. Pero los mismos activistas que montaron el boicot, afectando en el proceso las arcas del estado, están ahora divididos sobre si continuarlo o no.
Algunos llamaron al boicot a fines del año pasado después de que un juez federal bloqueara los pasajes más contenciosos de la ley de inmigración. Otros se han apartado más recientemente. El Consejo Nacional de La Raza, una organización de defensa de los latinos, anunció la semana pasada que ya no apoyaba el boicot. Sin embargo, otros activistas se mantienen en sus trece, insistiendo en que ese estado, en el futuro previsible, debe ser evitado.
"Desde el principio ha habido confusión en todos los aspectos de este problema", dijo Kristen Jarnagin, portavoz de la Arizona Hotel and Lodging Association, cuyos miembros se sintieron agredidos por el boicot y quieren que termine oficial y completamente. "Estamos felices de saber que para algunos ha terminado. De los otros esperamos que abandonen el boicot con la misma rapidez con que se unieron a él."
Que siga o no el boicot, los estudios muestran una clara reducción en congresos y en la ocupación hotelera en Arizona desde que se declarara el boicot. Además de eso, los activistas muestran con orgullo la carta que importantes hombres de negocios de Arizona, temiendo más protestas, enviaron este año a los legisladores del estado instándoles a no adoptar medidas todavía más duras contra los inmigrantes.
Pero los mensajes contradictorios están creando confusión entre los simpatizantes de la causa.
El cantante Steve Earle, que se unió al boicot el año pasado, anunció un concierto en Tucson en julio, pensando que el boicot había sido levantado. Después de oír las críticas, canceló el concierto, pero expresó su frustración por tener que hacerlo.
Earle dijo en una declaración que quería "investigar más sobre el boicot y sus efectos, porque como alguien que apoya el movimiento por los derechos de los inmigrantes, no estoy convencido de que sea útil seguir apartándonos de las personas progresistas del estado."
Otros artistas han decidido presentarse en Arizona, con o sin boicot.
Los Lobos, que inicialmente respaldaron el boicot y cancelaron sus presentaciones en Arizona el año pasado, ofrecieron un concierto en mayo en Tucson. Para mostrar su oposición a la ley de Arizona, la banda permitió que las organizaciones de defensa de los inmigrantes organizaran la rifa de una guitarra autografiada y repartieran literatura en la entrada. Cuatro organizaciones asistieron al concierto, pero no la Coalición de Derechos Humanos, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes de Arizona, que emitió una declaración diciendo que el concierto "debilitaría el efecto que ha tenido el boicot y las cancelaciones de eventos."
Uno de los primeros funcionarios públicos en retirarse del boicot fue el representante demócrata Raúl M. Grijalva, de Tucson, que debió enfrentarse a las protestas de su electorado por las perspectivas de tener que soportar más penurias económicas.
"Le estoy diciendo a la gente que vuelva a Arizona", dijo Grijalva la semana pasada. "Mi opinión es que la nueva estrategia debe ser invitar a la gente a venir, pero instándoles a que ayuden a cambiar el clima político."
El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), un influyente partidario del boicot, terminó en diciembre su apoyo a las sanciones económicas contra Arizona. Pero Sound Strike, una organización de Los Angeles que llamó a los artistas a evitar el estado después de la aprobación en el Senado del proyecto de ley 1070, declaró la semana pasada que el boicot continuaba.
Juan Ramos, pastor de Love International, una importante iglesia bilingüe en el centro de Phoenix, convenció hace poco a una organización nacional de evangélicos de que realizara su congreso en Arizona, argumentando que el boicot, que nunca apoyó, estaba perjudicando a los inmigrantes que pretendía ayudar.
Pero Kat Rodríguez, directora de programas de la Coalición de Derechos Humanos, sigue recomendando que los turistas se mantengan alejados, que los músicos suspendan sus conciertos y que las organizaciones busquen otros lugares donde realizar sus congresos.
"No tenemos interés en boicotear por boicotear", dijo Rodríguez. "No queremos que el estado pretenda continuar como si no hubiese pasado nada. La gente cree que el proyecto 1070 es una noticia del año pasado, pero los inmigrantes en este estado siguen sufriendo."
La ley nunca fue implementada completamente. Un juez federal bloqueó la disposición que exigía que los agentes de policía controlaran la situación de inmigración de las personas que detuvieran por sospechas de haber entrado ilegalmente al país. El estado de Arizona recurrió la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El gobernador Jan Brewer, que ganó tanto un empuje político como desprecio por firmar la ley, ha reprobado a los partidarios del boicot como equivocados, diciendo en una ocasión: "Están perjudicando a la gente que quieren ayudar."
Tal como están las cosas, algunos activistas dicen que el boicot ya terminó, otros sostienen que todavía sigue y muchos adoptan una posición intermedia, llamando a los visitantes a hacer una diferencia si visitan el estado.
"Queremos acciones reales, no simplemente gente que venga a jugar golf en algún congreso o a disfrutar de las vistas en el Grand Canyon o Sedona y pararse frente a los vórtices", dijo Rodríguez.
Muchas de las municipalidades y distritos escolares que se unieron al boicot el año pasado no han cambiado de posición. "Simplemente estamos mirando qué pasa",dijo John Stiles, portavoz del alcalde R. T. Rybak, de Minneapolis, que el año pasado ordenó a los jefes de departamento no visitar Arizona.
Insegura en cuanto a si el boicot continuaba, la Conferencia Nacional de Líderes Hispanos Cristianos, la organización de iglesias evangélicas latinas más grande del país, se comunicó con pastores de Arizona antes de decidir si realizar su congreso en Tucson este mes. Esos pastores se mostraron ansiosos de contar con apoyo moral, dijo el Reverendo Samuel Rodríguez, presidente de la organización.
"Lo que nos convenció de realizar nuestra cumbre en Arizona es que no queremos que la gente se olvide de Arizona", dijo Rodríguez. "No queremos que el tema de la inmigración sea dejado de lado. Queremos recordar a la gente que este estado es un estado que intenta incorporar criterios raciales en su legislación."
Javier González, organizador de Sound Strike, dijo que la organización había estado realizando conciertos en Arizona durante el boicot, pero que se trató de eventos en los que la mayor parte de la recaudación estaba destinada a organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes.
"Tenemos que ver cuál va a ser el siguiente paso", reconoció González. "Existe una diferencia de opinión. Algunos artistas no quieren volver a tocar nunca más en Arizona. Otros quieren saber cuándo pueden volver a tocar aquí."
La decisión de Lady Gaga de renunciar al boicot, pese a que denunció la ley de inmigración desde el escenario en su concierto en Phoenix el julio de 2010, le significó críticas de algunos activistas. Un concierto anunciado de Manu Chao, un cantante francés de origen español, este mes en Phoenix, está recibiendo elogios debido a que es gratis y apoya a la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras.
Una razón de porqué el boicot ha perdido su efectividad, dicen algunos partidarios de los inmigrantes, es que la ley que pretende hacerle la vida difícil a los inmigrantes ilegales se ha extendido de Arizona a otros estados.
"Ahora que Alabama, Georgia y Carolina del Sur están aprobando leyes similares o todavía peores, el argumento para decirle a la gente que no visite Arizona es discutible", dijo Grijalva, el demócrata de Tucson. "No estoy seguro de que tenga sentido componer una larga lista de estados que deben ser boicoteados."
20 de septiembre de 2011
15 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

cidh critica política migratoria de eua

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La CIDH critica la política migratoria en Estados Unidos.

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Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a las autoridades estadounidenses a modificar la ley migratoria de Alabama que obliga a la policía a verificar el estado migratorio de las personas que detenga por sospechas de ser indocumentados, obliga a las escuelas a verificar el estatus de los estudiantes y penaliza el transporte o alojamiento de ilegales. "Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley", señaló el organismo.
La legislación migratoria conocida como HB 56, cuyas disposiciones irán entrando en vigor a partir del 1 de septiembre y hasta abril de 2012, es considerada más restrictiva que la promulgada en Arizona, el año pasado, también criticada por la CIDH.
La comisión "conmina a las autoridades de Estados Unidos a utilizar los mecanismos legales que tenga a su alcance para modificar estas leyes a fin de ajustarlas a los estándares internacionales de derechos humanos".
La ley de Alabama no define cuál es la "sospecha razonable" que llevaría a un policía a pedir papeles migratorios, por lo que puede conducir a que los agentes usen "perfiles raciales", señaló el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo, penalizar "el transporte o alojamiento de migrantes podría obstaculizar de forma indebida las labores de asistencia y protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos de las personas migrantes".
Organizaciones de derechos de los inmigrantes han señalado que recurrirán a los tribunales para impugnar la ley de Alabama.
26 de junio de 2011
25 de junio de 2011
©página 12

patrulla fronteriza asesina a inmigrante

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Un inmigrante murió baleado por un agente fronterizo de Estados Unidos. Ramses Barrón Torres tenía 17 años y fue encontrado muerto en las primeras horas del miércoles, después de haber sido herido por uniformados estadounidenses que estaban apostados en la zona fronteriza de Arizona. Un fiscal investiga.

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Estados Unidos. Un adolescente mexicano murió en el norte de México tras recibir un disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza de Arizona, fuerza conocida en México como "La Migra". La fiscalía mexicana está investigando el caso. Mientras tanto, el ombudsman de México denunció que durante el año pasado hubo más de 214 secuestros masivos de migrantes en ese país.
Ramses Barrón Torres tenía 17 años y fue encontrado muerto en las primeras horas del miércoles, después de haber sido herido por uniformados estadounidenses que estaban apostados en la zona fronteriza de Arizona. La bala alcanzó al muchacho cuando estaba tratando de escalar la valla que divide a México de los Estados Unidos, dijeron desde la policía federal mexicana. Pero el chico no murió en el lugar sino que tres personas lo llevaron hasta el hospital de Nogales, una ciudad de 200 mil habitantes ubicada en el norteño estado de Sonora. "Lo dejaron allí y huyeron", explicó Eliazar Álvarez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Nogales.
Selma Berenice Barrón, la madre del adolescente, fue quien confirmó la identidad del chico. La joven mujer de 37 años habría visto que Ramses presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo. Como confirmó la autopsia, la bala disparada desde el lado estadounidense le habría atravesado el brazo derecho, entrado por el pecho y perforado el pulmón. La fiscalía de Nogales abrirá una nueva causa por el homicidio del muchacho. El portavoz de la Patrulla Fronteriza, David Jimarez, dio explicaciones esquivas sobre las circunstancias que rodearon la muerte del chico. "Hubo un agente involucrado en una balacera en Nogales, Arizona, pero los detalles son poco precisos. No tenemos información de las lesiones resultado de ese incidente", se atajó el vocero.
La del miércoles no fue la primera muerte de un migrante en manos de los agentes estadounidenses apostados en la frontera. En mayo del año pasado, un inmigrante fue golpeado salvajemente y sometido a descargas eléctricas mientras se negaba a ser deportado. Tiempo después, murió por las heridas que le provocaron los uniformados. Un chico de catorce años también fue asesinado cuando supuestamente lanzaba piedras al lugar donde estaba la patrulla fronteriza.
Nogales, donde murió Barrón Torres, es una ciudad dividida por un gran muro de metal y es uno de los puntos más concurridos por los migrantes de México, Centroamérica y Sudamérica que quieren cruzar hacia Estados Unidos. También el paso por Nogales es uno de los más vigilados por la Patrulla Fronteriza, que todas las noches utiliza alta tecnología para cazar a los migrantes que tratan de escabullirse.
El ataque a Barrón Torres se da en medio de un creciente clima hostil contra los migrantes que se irradia desde Arizona, donde actualmente se debaten medidas discriminatorias que incluirían negarles la ciudadanía a los hijos de los indocumentados. En el estado comandado por la republicana Jan Brewer se adoptó en julio pasado una ley que busca frenar la migración y que está actualmente en vigencia, aunque la Justicia suspendió las partes más discriminatorias de la norma, que incluía un permiso para que la policía parara y pidiera documento a todo aquel que, por portación de cara, pudiera parecer un inmigrante "ilegal".
Aldo Saracco, primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora, dijo a Página/12: "Los migrantes no son animales para que los traten y cacen de la forma en que lo hicieron con este jovencito de 17 años. Tratar de entrar a los Estados Unidos no los convierte en delincuentes". El especialista agregó: "Definitivamente desde la implementación de la Ley Arizona se intensificó la caza de migrantes aunque no hubo la repatriación masiva que esperábamos".
En tanto, el ombudsman mexicano, Raúl Plascencia, informó ayer que en 2010 se registraron 214 casos de secuestros masivos de inmigrantes en ese país. "No son secuestros individuales sino masivos, de hasta 100 o 150 migrantes y después se los traslada a un punto donde son víctimas de extorsión", explicó el defensor de los derechos humanos. A mediados de diciembre, un contingente de 50 centroamericanos fue raptado en el estado sureño de Oaxaca y aún se desconoce el paradero de esas personas. Aunque un sacerdote que atiende un refugio para migrantes de la zona, Alejandro Solalinde, informó que habrían sido liberados en los últimos días en el norte de México. Como ejemplo más crudo de la denuncia del ombudsman aparece la masacre de Tamaulipas, ocurrida en agosto del año pasado, cuando 72 migrantes fueron asesinados en un rancho de ese estado norteño después de haber sido capturados por la banda narco Los Zetas.
[Informe de Luciana Bertoia.]
7 de enero de 2011
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