impunidad en juicio en áfrica
[Craig Timberg] En casos de ex líderes, la justicia gira de los soldados a los tribunales.
Johannesburgo, Sudáfrica. La detención en marzo de ex presidente de Liberia, Charles Taylor, fue el último de una serie de pasos tentativos hacia el enjuiciamiento de líderes políticos en África por presuntos delitos de corrupción, violación y genocidio, entre otros.
Después de décadas durante las cuales altos personeros de gobierno estuvieron en gran parte más allá del alcance de las leyes nacionales e internacionales, recientemente los fiscales han podido procesar a Taylor por crímenes de guerra cometidos en Sierra Leona, instalar un tribunal respaldado por Naciones Unidas para enjuiciar a ex líderes del genocidio en Ruanda en 1994, y enviar a investigadores internacionales que han sido invitados por otros cuatro países africanos.
Los tribunales nacionales también se han puesto cada vez más agresivos. En Zambia, el ex presidente Frederick Chiluba se defiende contra acusaciones de corrupción, así como varios altos funcionarios en Nigeria, Kenia y Malawi. En Sudáfrica el ex vice-presidente Jacob Zuma, acusado de violar a una amiga de la familia la mitad más joven que él, está esperando el veredicto del tribunal.
"Hay un cambio muy importante en el modo en que la gente concibe el poder y quiere hacer las cosas en el continente", dijo Claude Kabemba, que estudia problemas de gobernabilidad en todo África para el Consejo de Investigación en Ciencias Humanas en Pretoria, Sudáfrica. "En muchos casos, la impunidad de hace una década ya no se considera admisible".
Según algunos observadores, la reciente serie de procedimientos jurídicos en el continente huele a justicia del vencedor. La detención de Taylor fue facilitada por el presidente Ellen Johnson-Sirleaf, un ex rival político. La acusación contra Chiluba han sido respaldada por su sucesor. Y Zuma, un populista del que se esperaba ampliamente que fuera el próximo presidente de Sudáfrica, ha dicho que sus problemas legales se derivan de una conspiración para obstaculizar su ascenso al poder.
Sin embargo, a pesar del sabor político de muchos de los casos, analistas, juristas y activistas de derechos humanos dicen que las acciones de los tribunales marcan una nueva era en la que los conflictos en África están siendo dirimidos cada vez más por jueces antes que por soldados. Puede ser un necesario primer paso, dicen sus partidarios, hacia una variedad más avanzada del imperio de la ley en la que todos los ciudadanos -independientemente de su posición política- sean tratados objetivamente por cortes imparciales.
"¿Qué tiene de malo la justicia del vencedor si es una mejor forma de justicia que la que había antes?", dice Desmond Silva, fiscal jefe del tribunal respaldado por Naciones Unidas que juzga a Taylor. De Silva anunció recientemente su renuncia al cargo, pero dijo que esperaba volver al trabajo para encabezar la acusación contra Taylor.
Ahora Taylor está esperando en una celda de una cárcel de Freewton, la capital de Sierra Leona, para ser procesado por once cargos de crímenes de guerra por financiar un grupo rebelde que dependía pesadamente de niños soldados y era conocido por violaciones masivas y por mutilar a civiles. Se ha declarado inocente.
El crecimiento de tribunales internacionales empezó en los años noventa después de los genocidios en Ruanda y Bosnia. El movimiento ganó fuerza con la creación del Tribunal Penal Internacional en La Haya en 2002.
El gobierno de Bush se opuso al tribunal internacional, prefiriendo en su lugar tribunales especiales como el que está ahora juzgando a Taylor. Argumentó que un tribunal internacional permanente con amplias atribuciones podría infringir la soberanía estadounidense y colocar a sus ciudadanos en situaciones jurídicas delicadas.
A pesar de la oposición de Estados Unidos, el apoyo al Tribunal Penal Internacional es alto en todo el mundo, y es visto ampliamente como un modo de llevar a justicia a los peores perpetradores de violaciones de los derechos humanos. La idea se ha hecho suficientemente popular en África y los líderes nacionales, que tradicionalmente han defendido celosamente su soberanía, se han volcado hacia los tribunales internacionales en busca de ayuda.
Los presidentes de la Costa de Marfil, el Congo y Uganda pidieron al Tribunal Penal Internacional que investigue las acciones de grupos armados que controlan partes de sus países, y en Uganda y el Congo se han firmado órdenes de detención para líderes de las milicias.
En la República de África Central, el presidente François Bozize pidió al tribunal que investigue las acciones de su predecesor, Ange-Félix Patasse.
"Políticamente tiene sentido ser un exponente de la justicia", dice Richard Dicker, director del programa de justicia internacional de Human Rights Watch, hablando desde la sede de la organización en Nueva York.
A medida que se fortalecen los tribunales internacionales, las cortes nacionales en muchos países han crecido en influencia y en autonomía. Con el decline de los líderes vitalicios, las nuevas generaciones de líderes africanos han sido presionados cada vez más -por la comunidad internacional y sus propios ciudadanos- para que recurran a otros medios que la violencia para resolver sus conflictos.
"Parece que hay un movimiento que dice que no toleraremos una situación es que la impunidad sea la norma", dijo Nobuntu Mbelle, coordinador de la Coalición para un Tribunal Efectivo sobre Derechos Humanos y Civiles, con oficinas tanto en Sudáfrica como en Nigeria. "No es lo mismo de siempre".
Las investigaciones de casos de corrupción en Kenia han provocado las renuncias de tres ministros de gabinete, y dos hijos del ex presidente Daniel Arap Moi han sido acusados de desfalco.
En Sudáfrica, que en los últimos 12 años desde el fin del apartheid se ha convertido en un centro neurálgico de la diplomacia y en un modelo democrático para muchos otros países, Zuma hace frente a la perspectiva de tener que pasar años en la cárcel por la acusación de violación. También será procesado por corrupción.
Muchos sudafricanos ven motivos políticos en los procesos de Zuma. Lo mismo es verdad en Nigeria, donde la campaña anti-corrupción dirigida por el presidente Olusegun Obasanjo es vista por muchos en el país como un ataque contra enemigos a medida que allana el camino para su posible postulación a un tercer mandato.
Un efecto de los prominentes casos judiciales ha sido refrenar modestamente la corrupción en Nigeria, de acuerdo a analistas políticos de allá, debido a que los funcionarios están intentando protegerse a sí mismos de investigaciones. Otro efecto es un creciente, aunque reluctante respeto por el imperio de la ley, dice Chidi Odinkalu, fundador de la Coalición contra la Impunidad, un grupo parasol con sede en Nigeria con más de 350 organizaciones de derechos humanos de todo el mundo.
"Los motivos son menos altruistas que el fomento del imperio de la ley porque sí", dijo Odinkalu, hablando desde Lagos, Nigeria. Agregó: "La política del imperio de la ley es que tenga consecuencias positivas para la causa de la justicia".
Hay cruciales excepciones, incluyendo la longevidad del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, que ha gobernado esta sureña nación africana mediante medidas cada vez más represivas desde 1980. Otros presidentes africanos se han mostrado reluctantes a desconocer su autoridad, a pesar del importante retroceso económico y amplias evidencias de abusos de los derechos humanos y fraude electoral.
Incluso algunos partidarios de la implementación de normas internacionales de justicia en África se preocupan de que el temor a la justicia ha alentado a Mugabe, 82, a recurrir a cualquier medio para seguir en el poder.
Soportar ese problema, dice John Stremlau, antiguo profesor de relaciones internacionales en Johanesburgo y ahora en el Centro Carter de Atlanta, es mejor que renunciar a la justicia para las víctimas del más brutal de los regímenes africanos.
"Poner a los canallas en peligro es algo bueno", dijo Stremlau, hablando desde Atlanta. "Está fraguado de elementos idiosincrásicos e inconsistencias, pero la línea general es correcta".
Johannesburgo, Sudáfrica. La detención en marzo de ex presidente de Liberia, Charles Taylor, fue el último de una serie de pasos tentativos hacia el enjuiciamiento de líderes políticos en África por presuntos delitos de corrupción, violación y genocidio, entre otros.Después de décadas durante las cuales altos personeros de gobierno estuvieron en gran parte más allá del alcance de las leyes nacionales e internacionales, recientemente los fiscales han podido procesar a Taylor por crímenes de guerra cometidos en Sierra Leona, instalar un tribunal respaldado por Naciones Unidas para enjuiciar a ex líderes del genocidio en Ruanda en 1994, y enviar a investigadores internacionales que han sido invitados por otros cuatro países africanos.
Los tribunales nacionales también se han puesto cada vez más agresivos. En Zambia, el ex presidente Frederick Chiluba se defiende contra acusaciones de corrupción, así como varios altos funcionarios en Nigeria, Kenia y Malawi. En Sudáfrica el ex vice-presidente Jacob Zuma, acusado de violar a una amiga de la familia la mitad más joven que él, está esperando el veredicto del tribunal.
"Hay un cambio muy importante en el modo en que la gente concibe el poder y quiere hacer las cosas en el continente", dijo Claude Kabemba, que estudia problemas de gobernabilidad en todo África para el Consejo de Investigación en Ciencias Humanas en Pretoria, Sudáfrica. "En muchos casos, la impunidad de hace una década ya no se considera admisible".
Según algunos observadores, la reciente serie de procedimientos jurídicos en el continente huele a justicia del vencedor. La detención de Taylor fue facilitada por el presidente Ellen Johnson-Sirleaf, un ex rival político. La acusación contra Chiluba han sido respaldada por su sucesor. Y Zuma, un populista del que se esperaba ampliamente que fuera el próximo presidente de Sudáfrica, ha dicho que sus problemas legales se derivan de una conspiración para obstaculizar su ascenso al poder.
Sin embargo, a pesar del sabor político de muchos de los casos, analistas, juristas y activistas de derechos humanos dicen que las acciones de los tribunales marcan una nueva era en la que los conflictos en África están siendo dirimidos cada vez más por jueces antes que por soldados. Puede ser un necesario primer paso, dicen sus partidarios, hacia una variedad más avanzada del imperio de la ley en la que todos los ciudadanos -independientemente de su posición política- sean tratados objetivamente por cortes imparciales.
"¿Qué tiene de malo la justicia del vencedor si es una mejor forma de justicia que la que había antes?", dice Desmond Silva, fiscal jefe del tribunal respaldado por Naciones Unidas que juzga a Taylor. De Silva anunció recientemente su renuncia al cargo, pero dijo que esperaba volver al trabajo para encabezar la acusación contra Taylor.
Ahora Taylor está esperando en una celda de una cárcel de Freewton, la capital de Sierra Leona, para ser procesado por once cargos de crímenes de guerra por financiar un grupo rebelde que dependía pesadamente de niños soldados y era conocido por violaciones masivas y por mutilar a civiles. Se ha declarado inocente.
El crecimiento de tribunales internacionales empezó en los años noventa después de los genocidios en Ruanda y Bosnia. El movimiento ganó fuerza con la creación del Tribunal Penal Internacional en La Haya en 2002.
El gobierno de Bush se opuso al tribunal internacional, prefiriendo en su lugar tribunales especiales como el que está ahora juzgando a Taylor. Argumentó que un tribunal internacional permanente con amplias atribuciones podría infringir la soberanía estadounidense y colocar a sus ciudadanos en situaciones jurídicas delicadas.
A pesar de la oposición de Estados Unidos, el apoyo al Tribunal Penal Internacional es alto en todo el mundo, y es visto ampliamente como un modo de llevar a justicia a los peores perpetradores de violaciones de los derechos humanos. La idea se ha hecho suficientemente popular en África y los líderes nacionales, que tradicionalmente han defendido celosamente su soberanía, se han volcado hacia los tribunales internacionales en busca de ayuda.
Los presidentes de la Costa de Marfil, el Congo y Uganda pidieron al Tribunal Penal Internacional que investigue las acciones de grupos armados que controlan partes de sus países, y en Uganda y el Congo se han firmado órdenes de detención para líderes de las milicias.
En la República de África Central, el presidente François Bozize pidió al tribunal que investigue las acciones de su predecesor, Ange-Félix Patasse.
"Políticamente tiene sentido ser un exponente de la justicia", dice Richard Dicker, director del programa de justicia internacional de Human Rights Watch, hablando desde la sede de la organización en Nueva York.
A medida que se fortalecen los tribunales internacionales, las cortes nacionales en muchos países han crecido en influencia y en autonomía. Con el decline de los líderes vitalicios, las nuevas generaciones de líderes africanos han sido presionados cada vez más -por la comunidad internacional y sus propios ciudadanos- para que recurran a otros medios que la violencia para resolver sus conflictos.
"Parece que hay un movimiento que dice que no toleraremos una situación es que la impunidad sea la norma", dijo Nobuntu Mbelle, coordinador de la Coalición para un Tribunal Efectivo sobre Derechos Humanos y Civiles, con oficinas tanto en Sudáfrica como en Nigeria. "No es lo mismo de siempre".
Las investigaciones de casos de corrupción en Kenia han provocado las renuncias de tres ministros de gabinete, y dos hijos del ex presidente Daniel Arap Moi han sido acusados de desfalco.
En Sudáfrica, que en los últimos 12 años desde el fin del apartheid se ha convertido en un centro neurálgico de la diplomacia y en un modelo democrático para muchos otros países, Zuma hace frente a la perspectiva de tener que pasar años en la cárcel por la acusación de violación. También será procesado por corrupción.
Muchos sudafricanos ven motivos políticos en los procesos de Zuma. Lo mismo es verdad en Nigeria, donde la campaña anti-corrupción dirigida por el presidente Olusegun Obasanjo es vista por muchos en el país como un ataque contra enemigos a medida que allana el camino para su posible postulación a un tercer mandato.
Un efecto de los prominentes casos judiciales ha sido refrenar modestamente la corrupción en Nigeria, de acuerdo a analistas políticos de allá, debido a que los funcionarios están intentando protegerse a sí mismos de investigaciones. Otro efecto es un creciente, aunque reluctante respeto por el imperio de la ley, dice Chidi Odinkalu, fundador de la Coalición contra la Impunidad, un grupo parasol con sede en Nigeria con más de 350 organizaciones de derechos humanos de todo el mundo.
"Los motivos son menos altruistas que el fomento del imperio de la ley porque sí", dijo Odinkalu, hablando desde Lagos, Nigeria. Agregó: "La política del imperio de la ley es que tenga consecuencias positivas para la causa de la justicia".
Hay cruciales excepciones, incluyendo la longevidad del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, que ha gobernado esta sureña nación africana mediante medidas cada vez más represivas desde 1980. Otros presidentes africanos se han mostrado reluctantes a desconocer su autoridad, a pesar del importante retroceso económico y amplias evidencias de abusos de los derechos humanos y fraude electoral.
Incluso algunos partidarios de la implementación de normas internacionales de justicia en África se preocupan de que el temor a la justicia ha alentado a Mugabe, 82, a recurrir a cualquier medio para seguir en el poder.
Soportar ese problema, dice John Stremlau, antiguo profesor de relaciones internacionales en Johanesburgo y ahora en el Centro Carter de Atlanta, es mejor que renunciar a la justicia para las víctimas del más brutal de los regímenes africanos.
"Poner a los canallas en peligro es algo bueno", dijo Stremlau, hablando desde Atlanta. "Está fraguado de elementos idiosincrásicos e inconsistencias, pero la línea general es correcta".
2 de mayo de 2006
©washington post
©traducción mQh
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