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justicia prescribe en juárez


[Manuel Roig-Franzia] Ley de prescripción para los asesinatos de cientos de mujeres.
Ciudad Juárez, México. Durante trece años, el 14 de junio ha traído a Griselda Salas lágrimas, desgarradores recuerdos y un prolongado dolor.
Fue un día así, en 1993, que desapareció su hermana de dieciséis, Guadalupe Ivonne Salas. El cuerpo de Guadalupe Ivonne apareció menos de una semana después en un parque de esta polvorienta y ventosa ciudad cerca de la frontera de México con Estados Unidos.
Guadalupe Ivonne, que fue violada y estrangulada, fue de las primeras víctimas del más espeluznante enigma policial del México moderno: los asesinatos en Ciudad Juárez de más de cuatrocientas mujeres en los últimos catorce años, con muchos de los cuerpos abandonados en el desierto, horriblemente mutilados. Los asesinatos, en su mayor parte de trabajadoras pobres, han inspirados dos películas de Hollywood e indignado a grupos de derechos humanos, que han llenado tomos con acusaciones de corrupción, investigaciones chapuceras y negligencia oficial.
Sin embargo, el misterio sigue sin resolver.
Ahora los primeros de esos casos están siendo discretamente removidos de los expedientes debido a que México, a diferencia de Estados Unidos y muchos países europeos, tiene un ley de prescripción del delito de homicidio. En momentos en que los fiscales norteamericanos están reviviendo casos de asesinatos de la época por la lucha de derechos civiles -algunos de más de cuarenta años-, México archiva los casos de homicidios después de catorce años. Cada día que pasa, parece probable que un tecnicismo legal ponga fin a la búsqueda de los autores de una serie de crímenes que conmocionaron al mundo.
"Es total, absolutamente grotesco pensar que los asesinos pueden estar disfrutando de libertad debido a esta ley", dijo Jaime García Chávez, legislador del estado de Chihuahua que está pidiendo que México anule la ley de prescripción. "Es inexcusable".
Lleno de entusiasmo en el pasado, pero manteniéndose a flote con la ayuda de gente como las actrices Jane Fonda y Sally Field, aquí las feministas y los legisladores están desmoralizados. Esther Chávez Cano, fundadora del primer centro de asesoría psicológica para casos de violaciones y violencia doméstica de Juárez, lamenta el "inquietante silencio" sobre casos que en el pasado llenaron las primeras planas. Aquí pocos son optimistas, aunque la inminente fecha límite para una docena de casos ha desencadenado una carrera de última hora para revivir investigaciones largo tiempo inactivas.
Se espera que un equipo forense argentino encargado de revisar los asesinatos, y que ha hecho experiencia en las investigaciones sobre la ‘guerra sucia' en Argentina y la guerra civil en El Salvador, dé a conocer un informe definitivo este año que ilustrará la tarea casi imposible que deben iniciar los fiscales. Los argentinos han encontrado partes de cuerpos dejados descuidadamente en el suelo de las oficinas del instituto médico forense, cabezas sin cuerpos identificados, cuerpos sin las cabezas correspondientes y un revoltijo de cuerpos no identificados arrojados a una fosa común para indigentes.
"Básicamente, es un terrible caos", dijo en una entrevista la directora del grupo, la arqueóloga forense Mercedes Doretti.
Los esfuerzos de García Chávez de dar a los investigadores más tiempo para desenmarañar ese caos, ampliando la ley de prescripción, una táctica que considera una apuesta arriesgada, ya han sido demasiado tarde para Jesica Elizalde, un periodista asesinada cuya carpeta policial expiró el 14 de marzo. El caso de la obrera Luz Yvonne de la O García expiró el 21 de abril, así como el asesinato de una mujer todavía no identificada, el 12 de mayo. En los próximos meses y años prescribirán decenas de otros homicidios.
La siguiente podría ser Guadalupe Yvonne Salas, aunque los fiscales dicen que están cercando a un sospechoso, una promesa que la familia se muestra reticente a creer después de años de esperanzas frustradas.
Salas, una niña de dieciséis, compartía una cama de una plaza con su hermana bebé y su madre, Vicky Salas, en una chabola de cemento. La familia, como otras miles, fue atraída a Ciudad Juárez por las maquiladoras -plantas de montaje, la mayoría de propiedad de compañías norteamericanas- que surgieron a calles de la frontera debido a la abundancia de trabajo barato y que convirtieron a la ciudad en la cuarta más poblada de México.
Los capataces de las fábricas favorecen especialmente a mujeres jóvenes, debido a que se las considera más fiables y menos pendencieras que los hombres. Casi de un día para otro, las mujeres empezaron a ganar dinero mientras los hombres seguían luchando por encontrar trabajo, provocando el resentimiento de la cultura machista local que los activistas dicen que es el trasfondo social de los asesinatos.
Salas caminaba todos días por un desolado camino de tierra, debiendo pasar junto a basura en proceso de pudrirse y chozas de endebles paredes, para coger el autobús que la llevaba a una fábrica de piezas de televisión. Ganaba 35 dólares a la semana, a veces haciendo turnos nocturnos y volviendo a casa en un vecindario sin farolas.
El día que desapareció debería haber sido un día feliz; se estaba preparando para festejar el primer cumpleaños de su hija. Griselda Salas recuerda a su hermana diciendo que un amigo le iba a prestar dinero para comprar regalos y provisiones para la fiesta.
"Probablemente salió con un buey", recuerda Griselda Salas que le dijo la policía cuando su hermana no volvió a casa. "Espere, en unos meses volverá embarazada con una gorda barriga".
Vicky Salas estaba en un retiro religioso para la época de la desaparición de su hija. Cuando volvió varios días después, los miembros de su iglesia estaban llorando.
"Encontraron a una niña muerta", recuerda que le dijeron sus amigos. "Creen que es Ivonne".
Un accidente de carretera atrasó la visita de Vicky Salas a la morgue, que estaba cerrada cuando ella llegó. Un hosco agente le dijo: "Tendrá que volver mañana", y ninguna de sus súplicas como madre afligida lo hizo cambiar de opinión.
Incluso cuando aumentaba el número de muertes, las familias de las víctimas seguían quejándose sobre detectives insensibles. Un fiscale general del estado sugirió que las mujeres atraían a los agresores por vestirse provocativamente. Otros funcionarios insinuaron que las víctimas eran prostitutas, que llevaban vidas dobles, aunque sus madres insistían en que eran trabajadoras pobres.
"Las llamaban las morenitas", dijo en una entrevista el criminólogo de la policía de Juárez, Óscar Maynez, recordando un término peyorativo que estaba de moda en la época. "Nadie se preocupaba de investigar sus muertes. Era claramente sexismo y clasismo".
Las autoridades federales mexicanas y organizaciones de derechos humanos que han investigado los casos han acusado a las autoridades locales de Ciudad Juárez y del estado de Chihuahua de encubrir evidencias y de haberse pasado quince años sin investigar profesionalmente los crímenes.
La Oficina de Washington para América Latina [OWAL], una organización de derechos humanos de Washington, dijo que los verdaderos asesinos pueden haber sido protegidos por las autoridades que torturaron a inocentes para que se acusaran de haber cometido esos crímenes. Las familias de las víctimas han sido sometidas a acoso policial.
"Hace poco la familiar de una víctima de asesinato recibió un amenaza en su buzón de voz advirtiéndole que abandonara el caso; el teléfono trazó el origen de la llamada a la policía judicial del estado", dice el informe de OWAL.
Flor Rocío Munguía González, la fiscal especial de lo que se conoce como los femicidios de Juárez, dijo en una entrevista que esos delitos eran "cosas del pasado" y que ella había más que triplicado a su personal de investigaciones encargados de resolver los viejos casos antes de la fecha de prescripciób establecida por la ley e identificar a los responsables de los continuados crímenes de mujeres en Juárez.
"Estoy satisfecha de nuestros esfuerzos, estamos haciendo todo lo que podemos", dijo Munguía González, que asumió su cargo en febrero de 2006.
Después de ver pasar a ocho fiscales especiales sin obtener resultados, los activistas locales no se muestran impresionados. Maureen Meyer, una analista de OWAL, dijo que un detective federal especial había establecido que 130 funcionarios públicos se habían comportado de manera negligente o habían abusado de su autoridad durente las investigaciones de los homicidios, pero que ninguno había sido castigado.
"Nadie los llama a rendir cuentas", dijo Meyer en una entrevista.
Maynez, el criminólogo, dijo que cree que existe una poderosa red de agentes de policía, funcionarios municipales y personajes del crimen organizado que todavía protege a los asesinos. Tras un breve período renunció a su puesto, después de que le pidieran ayuda para acusar falsamente a dos conductores de buses en uno de los casos. Se negó a hacerlo, pero los dos hombres fueron igualmente arrestados. Uno de ellos murió en sospechosas circunstancias durante una operación quirúrgica en la cárcel. El otro fue dejado en libertad tras declarar que había sido torturado por la policía para que se declarara culpable.
Un abogado de los choferes de buses fue asesinado en una comisaría de policía de Chihuahua cuando le dispararon desde un coche en la calle en 2005, cuatro días después de jurar que presentaría una denuncia por corrupción policial. La policía dijo que el asesinato había sido un caso de confusión de identidades.
A medida que se acerca la conclusión de sus pesquisas, crece el escepticismo de los forenses argentinos. El equipo ha descubierto que los funcionarios forenses de Ciudad Juárez cremaron los cuerpos de algunas víctimas, destruyendo así cruciales elementos de ADN. El grupo también constató que las familias de al menos tres víctimas recibieron cuerpos equivocados para los funerales.
"Las autoridades simplemente sellaron los ataúdes y dijeron a las familias que no hicieran más preguntas", dijo Doretti, la directora del equipo forense.
Las familias de Juárez, dijo Doretti, han insistido en no enviar evidencias a laboratorios mexicanos. En lugar de eso, Doretti envió muestras a un laboratorio norteamericano; dice que pronto recibirán los resultados.
Las nuevas evidencias forenses y la cercanía de la fecha de prescripción son los tipos de desarrollos que en el pasado provocaban manifestaciones en el centro de Juárez. Pero las madres que han estado durante años clamando por justicia, están exhaustas, viejas y enfermas.
El caso de Silvia Morales, que fue asesinada cuando tenía dieciséis, expirará en menos de dos años. Su madre, Ramona Morales, ha sido una de las críticas más vehementes de un movimiento de protesta de las familias de las víctimas, pero ahora sufre de diabetes y tiene una rodilla mala.
"Ya no puedo seguir haciéndolo", dijo una tarde hace poco, limpiándose las lágrimas de su cara.
Eva Arce, cuya hija Silvia Arce desapareció en 1998, fue golpeada dos veces por matones después de participar en manifestaciones pidiendo justicia. Ahora pasa sus días recortando artículos de diarios sobre la nueva generación de mujeres asesinadas en Juárez, y escribiendo poemas.
"Una alma torturada emerge de un río de sangre", dijo hace poco, leyendo su cuaderno.
Ese mismo día, el diario El Norte, de Ciudad Juárez, publicó una foto de una joven y guapa mujer de pelo negro. No era muy diferente a Silvia Arce o Silvia Morales o Guadalupe Ivonne Salas. La leyenda decía: "Edith Aranda Longoria, a 729 días de su desaparición".

16 de mayo de 2007
14 de mayo de 2007
©washington post
©traducción mQh
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