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opinión

sobrevivir para contarlo


Una obsesión de los sobrevivientes era que "alguien debía salir con vida, alguien debía sobrevivir para contar y testimoniar.
[Mario Wainfeld] Dilemáticas, todas, son las decisiones de la víctima en el campo de concentración. Enigmas prácticos y éticos, sin respuesta satisfactoria: "maldito si lo haces y maldito si no lo haces". Así lo cifra Mario Villani, quien lo supo durante años y, tras una profunda elaboración, lo relata. Lo más saliente del libro ‘Desaparecido. Historia de un cautiverio’ es el logrado afán de comprender, de evitar los juicios maniqueos, de transitar las "zonas grises". Hay decenas de ejemplos en ‘Desaparecido...’ todos en situaciones límite, por decirlo de algún modo. Tomemos una, acaso no la más terrible. Villani cuenta cómo vivió la final del Mundial de Fútbol, junto a sus carceleros: "Estábamos gritando goles sin saber si nuestro nombre ya estaba en una lista para morir (...) era la culminación de lo que yo llamo el doble mensaje enloquecedor de los sitios clandestinos de detención, un mensaje también instalado en la sociedad, afuera de los campos". Villani no se extasía, no endilga culpas, casi no repara en su individualidad. "De ahí que me sea tan difícil hoy reflexionar sobre lo que significó aquella situación en el Mundial y entender o condenar la actitud de los secuestrados que celebraban un gol en el campo y la de las personas que lo hacían afuera, estando en libertad. No recuerdo con certeza si yo mismo no grité los goles en el campo y me puse contento, tal vez lo hice". Más adelante añade: "Tampoco las personas que estaban en los estadios eran libres. El país entero era una extensión del campo de concentración". Villani predica con el ejemplo: lo importante es entender, no juzgar.
Lejos del estigma, del simplismo, de las divisiones binarias, Villani se obstinó primero por sobrevivir, después por contar y testimoniar, tanto como por darle un sentido a su experiencia. Cualquier adjetivo es banal referido a las circunstancias que atravesó, también suenan huecos para describir a su libro. Recomendarlo a los lectores de este diario es lo más directo, lo más cercano a un mensaje que uno encuentra.
La saga de los sobrevivientes fue tremenda, en muchos casos prolongando el calvario mediante castigos de prójimos cercanos o lejanos y hasta con alguno autoinflingido. La culpa por haber quedado vivo, la sospecha, aun entre sus compañeros, cuando "reaparecieron", los miedos perdurables, la defraudación de los gobiernos democráticos. Tomó tiempo que sus voces fueran escuchadas, que su relato fuera atendido. Muchas defecciones políticas tiraron al tiesto sus testimonios ante la Justicia, durante demasiados años. Progresivamente, sin embargo, su palabra sirvió para que se conocieran y comprendieran los campos de detención, la dictadura, la sociedad toda, como en el ejemplo del Mundial. También, en la determinante esfera judicial, para identificar a los represores. La sentencia en la megacausa de la ESMA consagra un gran momento de esas trayectorias. Lilia Ferreyra, la noble y profunda compañera de Rodolfo Walsh, lo destacó ese mismo día. Y, con todo, si no se hubiera llegado a ese punto, de cualquier forma el aporte a la democracia de los sobrevivientes sería fenomenal.
Villani es un tipo flaco, preciso en el hablar, dotado de un humor lacónico. Un observador notable. Ha leído a Primo Levi, también el indispensable libro de otra sobreviviente, Pilar Calveiro: ‘Poder y desaparición. Los campos de concentración en la Argentina’. Pretencioso (tal vez ocioso) y superior a las competencias de este cronista es hacer un ranking, el libro de Villani y Fernando Reati honra a esos precedentes, los continúa, los enriquece.
Calveiro escribió: "(...) toda defensa de la propia memoria contra el reformateo del campo, toda burla, todo engaño fueron formas de resistencia a su poder. Tratar de sobrevivir sin ‘entregarse’, sin dejarse arrasar era ya un primer acto de resistencia que se oponía al mecanismo arrasador y succionador". Y agrega que una obsesión de los sobrevivientes era que "alguien debía salir con vida, alguien debía sobrevivir para contar y testimoniar". Villani se consagró a esa misión: fatigó tribunales en nuestro país y en Europa, concibió un mensaje que debe ser escuchado y divulgado.
Azares de la vida hicieron que Villani conociera a Reati, preso de la dictadura él, en Estados Unidos. Redactaron este libro a cuatro manos, puliendo entrevistas de Reati a Villani, pasándolas a un relato en primera persona. Reati define el valor del testimonio, se vale de un aparente oxímoron: "deberíamos hablar de ‘verdad subjetiva’ porque se trata de la subjetividad de un individuo de carne y hueso que alude a una verdad histórica de la que fue testigo directo". Y redondea, inmejorable: "El hecho de haber estado en los campos no le concede necesariamente mayor validez a la interpretación de Villani (...) es su elaboración posterior, a lo largo de años, lo que le presta valor".
Conocí personalmente a los dos autores en una entrevista radial que les hicimos, junto a la colega Nora Veiras. Les agradecí su libro, su humanismo y comprensión, la grandeza de su verdad subjetiva. Vuelvo a hacerlo acá.
28 de noviembre de 2011
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el precio de la intolerancia


Es demasiado temprano para un análisis completo del daño económico que se ha causado Alabama a sí misma con su radical y nueva ley de inmigración. Editorial NYT.
Los granjeros cuentan el coste de los cultivos que se pudrieron porque los trabajadores huyeron. Los gobiernos pueden calcular la pérdida de ingresos fiscales cuando empiecen a huir los contribuyentes. Es más difícil medir el precio de las reputaciones comerciales arruinadas o el valor de las inversiones perdidas o la productividad perdida mientras los alabameños hacen cola durante horas para demostrar su ciudadanía en cualquier transacción con el gobierno. O lo que el estado gastará finalmente para hacer frente a la avalancha de querellas, o adiestrar y desplegar agentes de policía en las redadas cada vez más amplias de la policía, o el coste de privar de recursos escasos a la lucha contra la verdadera criminalidad.
Un creciente número de alabameños dice que el precio será demasiado caro, y hay convincentes evidencias de que tienen toda la razón. Alabama ya es el último de los estados en cuanto a empleo y vitalidad económica. Ha luchado durante largo tiempo para atraer buenos empleos y se ha despojado de todo un pasado de intolerancia racial.
Ese fue el punto de inflexión y muchos productores extranjeros, incluyendo a Mercedes-Benz, Hyundai y Honda, se han instalado allá. Su buena reputación sufrió un serio revés con la detención en Tuscaloosa de una gerente visitante de Mercedes que fue sorprendido conduciendo sin su licencia y llevado a la cárcel como un potencial inmigrante ilegal.
Sheldon Day, alcalde de Thomasville, ha reclutado para su ciudad, agresivamente, a compañías extranjeras, incluyendo una empresa china -Golden Dragon Precise Copper Tube Group- que planea la construcción de una planta de cien millones de dólares, con más de trescientos empleos.
Ahora el alcalde Day está preocupado por ese proyecto y las perspectivas futuras. Fue citado por el Press-Register en Mobile diciendo que investigaciones comerciales se habían estancado desde la aprobación de la ley. "Sé que el tema de la inmigración ha sido usado contra nosotros".
Ciertamente, los competidores de Alabama no están perdiendo el tiempo. Después del incidente de Tuscaloosa, la página editorial del St. Louis Post-Dispatch invitó a Mercedes a Missouri. "En nuestro estado no pedimos los papeles de inmigración".
Los inmigrantes indocumentados constituyen el 4.2 por ciento de la fuerza laboral de Alabama, esto es 95 mil personas en un estado de 4.8 millones. A pesar de las chácharas sobre despejar el camino para los estadounidenses desempleados, no hay evidencias de que los alabameños estén corriendo en números apreciables para llenar el hueco dejado por los jornaleros y otros trabajadores inmigrados mal pagados.
La pérdida de trabajadores para llenar ofertas de trabajo, de trabajadores contribuyentes, puede llegar a peores si se permite que Alabama implemente una ley que exige que la gente que posee o alquila una caravana obtenga una pegatina de inscripción anual. Esto pone a los indocumentados en una posición insostenible: son delincuentes si no tienen una pegatina, y son delincuentes si tratan de obtener una. De momento, un juez ha emitido una orden paralizando la implementación. Pero si el estado gana, muchos miles de trabajadores podrían simplemente unirse al éxodo y perjudicar la economía.
El daño que causa la ley es particularmente desgarrador en ciudades pobres del estado, donde los pequeños negocios son el alma de la economía. Hemos hablado con tenderos y dueños de restaurantes latinos en lugares como Albertville que dicen que los negocios se han hundido, y que los clientes se han ocultado o huido. La situación no es mucho mejor en Huntsville o Birmingham.
No debe haber ninguna duda sobre la repugnancia moral de la ley de Alabama, que busca privar a familias de trabajadores de medios de subsistencia. Pero incluso los más entusiastas partidarios de la ley están empezando a reconocer su alto coste económico. Ya se está hablando de revisar o revocar la ley. Mientras más pronto lo haga Alabama -y lo aprendan otros estados-, mejor.
28 de noviembre de 2011
27 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

la policía y la prensa


La policía entorpece el trabajo de periodistas. Más que ofrecer disculpas, lo que los agentes deben hacer es aprender sus propias reglas en cuanto a la relación con la prensa. Editorial NYT.
En muchos países, usar una cámara o tomar apuntes te puede meter en problemas. No se supone que deba ocurrir en Nueva York. Sin embargo, cuando la policía desalojaba a los manifestantes de Ocupemos Wall Street del Parque Zuccotti en Lower Manhattan el 15 de noviembre, varios periodistas fueron aprehendidos y arrestados. La policía impidió que muchos documentaran lo que pasó esa noche.
El Comisionado de Policía, Raymond Kelly, debería considerar seriamente por qué ignoraron los funcionarios las directrices del departamento para tratar a los medios de prensa, directrices que prohíben interferir con actividades relacionadas con el recabamiento de información. En una carta a Paul Browne el lunes, el subcomisario de policía, el New York Times y otras doce organizaciones periodísticas dijeron que la policía fue "más hostil con la prensa" que cubría las protestas que en "cualquier otro evento de los últimos tiempos".
Antes de sacar las tiendas y otras estructuras del Parque Zuccotti, por ejemplo, un representante de la policía pidió a los periodistas en el área sus credenciales de prensa. Los periodistas y fotógrafos no necesitan credenciales para estar en áreas públicas. Se supone que los pases les dan un mejor acceso, pero aquellos que admitieron tener pases fueron llevados a un área vallada a cuadras de la comisaría de policía.
En otro sitio más cerca del parque, la policía se estaba llevando a un manifestante cubierto de sangre cuando un fotógrafo levantó su cámara. Cuando dos agentes de policía vieron la cámara, empujaron una barricada sobre el fotógrafo, gritándole que no tenía permiso para tomar fotos incluso si estaba en la acera.
La carta a los medios de noticias dice que un entrenamiento adicional "habría ayudado a evitar las numerosas e inapropiadas, sino inconstitucionales acciones" de los agentes. Un lugar donde empezar podría ser una revisión de las reformas de 1999 y una declaración de política emitida por el Comisionado de Policía, Howard Safir, ese año.
Esa política declaraba claramente que a menos que hubiera "circunstancias excepcionales", los que porten credenciales de prensa no serán restringidos a las áreas de prensa y que, "bajo ninguna circunstancia tendrá la prensa menos acceso que el público general". Es hora de que el Comisionado Kelly haga un intento serio de implementar el propio código de conducta del departamento.
28 de noviembre de 2011
25 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

filmar los alegatos en la corte suprema


Los pocos afortunados que pueden asegurarse asientos en la sala de audiencias no deberían ser los únicos testigos de la historia. Editorial de The Washington Post.
En marzo, la Corte Suprema debe dictar fallo en uno de sus casos más importantes de los últimos años: una impugnación constitucional contra la promulgación del presidente Obama del programa del seguro médico.
El caso también podría ser el más estrechamente observado, literalmente. Sería un vehículo apropiado para el primer alegato televisado de la corte.
A menudo hemos instado a los jueces a permitir las cámaras en la corte. Los argumentos de la Corte Suprema se concentran generalmente en temas de importancia nacional e implican normalmente a los mejores abogados del país y rara vez, si alguna, levantan los tipos de preocupaciones sobre la privacidad o seguridad que surgen en los juzgados menores donde la identidad de testigos y jurados debe a veces ser protegida.
La corte ha resistido firmemente, alegando que permitir los procedimientos televisados podría comprometer el decoro y cambiar la naturaleza de los reposados procedimientos porque los abogados -y quizá incluso los jueces- pueden entregarse a la sobre-dramatización. Algunos críticos temen que las transmisiones puedan estimular los estallidos de miembros del público. Otros dicen que las cámaras harán que los jueces sean reconocidos en la calle, aumentado los temores de seguridad e infringiendo la privacidad. Y otros aun temen que los medios puedan sacar algunos fragmentos de contexto. Finalmente, algunos creen que el público podría no entender los complicados procedimientos.
Estos no son argumentos para prohibir las cámaras: son argumentos para prohibir prácticamente toda cobertura de la corte y los jueces. Ninguna persona razonable los aceptaría.
Es difícil imaginar que la corte pierda el control de los procedimientos. Imaginemos el embarazo -y el riesgo para futuros negocios- de un abogado ostentoso que tiene que ser contenido por los jueces. Peor todavía, esas tonterías podrían en algunos casos costar el caso de los abogados si no logran tratar y refutar las serias preguntas sobre el asunto entre manos. Y hay una simple cura para los raros abogados que se niegan a dejar en casa las payasadas: la pérdida del alegato o la remoción de la sala de audiencias.
C-SPAN, que provee un valioso servicio televisando las sesiones parlamentarias y otras programaciones de asuntos públicos, ha ofrecido transmitir las audiencias sobre el seguro médico, a las que se ha asignado cinco horas y media. "Creemos que el interés público es servido mejor con la cobertura televisiva en vivo de este debate oral en particular", escribió el presidente de C-SPAN, Brian P. Lamb, en una carta del 15 de noviembre al juez presidente John G. Roberts Jr. "Este es un caso que afectará la vida de todos los estadounidenses, nuestra economía, y ciertamente será un tema de las inminentes campañas presidenciales".
Si una transmisión en vivo fuera objetable, los jueces podrían permitir que los procedimientos fueran filmados para ser transmitidos más tarde. Y si eso fuera demasiado, los jueces podrían al menos permitir la transmisión en audio en vivo del alegato o, como han hecho en otros casos altamente publicitados, acceder a la circulación el mismo día de la grabación en audio de los procedimientos. Los pocos afortunados que pueden asegurarse asientos en la sala de audiencias no deberían ser los únicos testigos de la historia.
27 de noviembre de 2011
25 de noviembre de 2011
©washington post
cc traducción c. lísperguer

la comisión de la verdad en brasil


La Comisión de la Verdad es necesaria porque permitiría construir un relato creíble de lo que pasó para despertar a una sociedad adormecida que no termina de hacerse cargo de su pasado.
[Santiago O’Donnell] Tenemos la noticia de que Brasil formó una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de la dictadura. Y sabemos que esa comisión no va a meter preso a nadie porque no tiene mandato ni poder ni intención de procurar justicia, y sólo quiere averiguar lo que pasó. Hablamos con el joven funcionario del Ministerio de Justicia brasileño Marcelo Torelly, que vino a Buenos Aires a explicar todo eso a la ONG Memoria Abierta, que dirige Patricia Valdez, en el marco de un encuentro académico.
Arranca con el contexto, como para que nos quede claro que Brasil no es Argentina. Dice que la semántica social del terrorismo no fue destruida en Brasil. Que hubo una migración de las elites políticas del poder autoritario al poder democrático. Que hubo una continuidad jurídica entre la legalidad autoritaria y la legalidad democrática.
Torelly ostenta un título raro, me llama la atención. "Miembro de la Comisión de Amnistía."
Dice que el movimiento de amnistía en los ’70 en Brasil fue uno de los primeros pasos hacia la democratización del país. Grandes manifestaciones. Familiares de las víctimas, Chico Buarque, intelectuales. Amnistía para los presos políticos, claro, no para los represores.
A fines del ’79, en dictadura, el proyecto de amnistía de la sociedad civil llega al Congreso pero pierde por pocos votos, cuenta Torelly. Al poco tiempo se aprueba otro proyecto del Poder Ejecutivo: amnistía para todos. Los crímenes de los militares y de los guerrilleros son "conexos". O sea, se impone en Brasil, en 1979, bajo el mando de los militares, la teoría de los dos demonios. Pasan más de diez años y toda la transición hasta que se empieza a cuestionar esto, primero el Colegio de Abogados en el 2008, después y sobre todo a partir de un fallo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del 2010 que condena la amnistía bilateral, señalando que los crímenes de lesa humanidad, o sea los que se cometieron desde el Estado, son inamnistiables e imprescriptibles.
En el medio hubo algunos avances. En la Constitución de 1988 se establece que los perseguidos políticos amnistiados tienen derecho a una reparación económica. En 1995, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, se crea la Comisión de Desaparecidos. La comisión estableció y demostró que la dictadura brasileña había desaparecido a alrededor de 500 personas y sus familiares recibieron reparaciones. En el 2001, Cardoso reglamenta una segunda comisión, la llamada Comisión de Amnistía. En esa trabaja Torelly. Tiene como mandato reparar a las víctimas de la dictadura. La comisión se encarga de documentar los casos y fijar los montos de las reparaciones. No se paga por el sufrimiento (cárcel, torturas, exilio), sino por el trabajo perdido por culpa de la persecución política, explica Torelly.
La Comisión de Amnistía también puede hacer, y hace, otro tipo de reparaciones, agrega Torelly. Facilitar jubilaciones, reconocimiento universitario de materias rendidas, facilitación de trámites jubilatorios. Pero sobre todo tiene la potestad y la obligación de pedir disculpas públicas ante las víctimas. Torelly destaca las llamadas "caravanas de la amnistía", en las que el ministro de Justicia se traslada al lugar donde se cometieron los crímenes, a los barrios devastados, a los cuarteles que sirvieron de centros de tortura y campos de concentración, en distintos rincones del país, y allí encabeza un acto oficial, que suele convertirse en fiesta popular, donde después de los homenajes y los recitales el ministro cuenta lo que pasó ahí y pide disculpas en nombre del Estado brasileño. Torelly dice que las caravanas, al reivindicar y homenajear a las víctimas de la dictadura, visibilizan lo que amplios sectores de la sociedad brasileña aún no quieren ver o prefieren olvidar. Las caravanas empezaron en el 2008, cuando Lula era presidente y el ministro de Justicia era Tarso Genro. Ahora siguen bajo el gobierno de Dilma. Desde que arrancó su trabajo, la Comisión de Amnistía recibió más de 70 mil denuncias, hizo más de 35.000 reconocimientos y reparaciones y otros 10.000 todavía no han sido evaluados.
"El proceso de reparación creó un espectro de visibilidad pública para las violaciones, que no existía, e impulsó una lucha más amplia por la verdad, memoria y justicia", dice Torelly.
¿Cómo surge la Comisión de la Verdad? En el 2009, en el marco de la conferencia nacional de derechos humanos, una especie de congreso nacional sobre el tema, se eleva al Poder Ejecutivo, para que eventualmente gire al Congreso, un Plan Nacional que incluye la creación de una Comisión Nacional de Verdad y Justicia, con el mandato de impartir responsabilidades dentro del Estado e imponer castigos a las personas que cometieron los crímenes al amparo del poder. Es plan fue muy resistido por el sector que defiende a los militares y al final Lula no presentó esa parte del plan al Congreso. Después el gobierno de Dilma Rousseff (foto) presentó el plan al Congreso, pero modificado: el componente de Justicia quedaba afuera de la comisión. Con un fuerte trabajo de lobby, el gobierno logró que la ley se apruebe con sólidas mayorías en las dos Cámaras. Así se llegó a la Comisión de la Verdad.
Lo novedoso de la comisión es que puede investigar y nombrar a las personas que cometieron los crímenes con nombre y apellido. También puede citar a los ex represores y tomarles testimonio. Si son militares y no se presentan, pueden recibir sanciones disciplinarias. Todo esto va a servir para tener un panorama más claro y más completo de lo que pasó. Para ponerle caras, historias, contexto y narrativa a las historias de esos 500 desaparecidos y a esas decenas de miles de víctimas directas de las torturas y vejaciones de la dictadura brasileña entre 1964 y 1985.
El resultado de ese proceso queda abierto a la voluntad de los brasileños. ¿Habrá que desandar el camino de la verdad, para llegar al de la Justicia, como sucedió en la Argentina? Es una opción. En el otro extremo está la opción española, que es olvidar y perdonar todo con un gran pacto nacional. Parece que no funcionó porque recién ahora están excavando las fosas comunes. En el medio hay otras opciones. Está la sudafricana, que consiste en perdonar a los asesinos si los asesinos cuentan todo, en aras de la pacificación nacional. Está la variante colombiana, que a cambio de que los asesinos cuenten todo, les dan penas de cárcel pero bastante leves y los obligan a reparar a las víctimas con su patrimonio. También está el caso salvadoreño, donde la Comisión de la Verdad pudo citar a la fuerza e interrogar a los represores, pero al mismo tiempo el Congreso aprobó una ley de amnistía general para esos mismos represores.
En Brasil la situación es más o menos así: según las encuestas, una mayoría de los brasileños no quiere juzgar a los represores. La Corte Suprema ratificó que la amnistía bilateral de la dictadura es válida. La mayoría del Congreso no quiere juicios a los represores y ha votado en contra de la iniciativa. La Procuración del Tesoro ha dictaminado en contra de juzgar a los represores. El gobierno de Lula no quiso tocar el tema de los juicios y el de Dilma se cuida mucho porque ella fue apresada y torturada durante la dictadura, y no quiere quedar como una resentida. Necesita un consenso para avanzar. Queda abierta la instancia de la Fiscalía Federal, que debe responder al fallo de la Corte Interamericana en el sentido de que los crímenes de la dictadura no se pueden amnistiar. Para la Corte, el mínimo aceptable es la solución colombiana.
Por eso es tan importante la Comisión de la Verdad. Por un lado porque permitiría construir un relato creíble de lo que pasó para despertar a una sociedad adormecida que no termina de hacerse cargo de su pasado. Por el otro, porque al aparecer las pruebas con nombre y apellido los fiscales querrán investigar. Si eso se acompaña con la demanda social y la presión internacional de la Justicia Universal, entonces se podrá avanzar por el camino de la Justicia.
Ese es un camino. El otro es seguir a Mandela por el camino de la verdad, la compasión y la tolerancia, esos atributos que los represores nunca tuvieron, lo cual necesariamente implica la injusticia de tener que perdonar a cambio de saber todo.
En eso anda Brasil, tratando de averiguar su verdad, esperando que esa verdad le indique el camino.
27 de noviembre de 2011
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reforma de la educación en tennessee


Un retraso en la implementación de la evaluación docente podría echar por tierra los intentos de reforma. Editorial NYT.
Tennessee tiene todavía mucho que hacer para mejorar sus escuelas, pero ha dado un paso significativo al convertirse en un laboratorio para la reforma de la educación. Fue uno de los primeros estados en poner a prueba un riguroso sistema de evaluación de los docentes, que fue implementada durante este año escolar. Sin embargo, incluso antes de conocer los resultados, hay fuerzas políticas proponiendo posponer el uso de estas evaluaciones. Los legisladores del estado y los funcionarios de la educación deben resistir.
La necesidad de que Tennessee tiene que hacerlo mejor no quedó nunca tan en evidencia como en el último National Assessment of Educational Progress, conocido también como la libreta de notas del país, clasificando cerca del fondo en los resultados de cuarto grado en matemáticas, un poco más adelantado que Alabama, Luisiana y Mississippi. Estos deprimentes resultados -ligeramente peores que los de 2009- fueron hechos públicos a principios de mes durante las sesiones legislativas sobre el sistema de evaluación.
La Tennessee Education Association ha criticado algunos aspectos del sistema, mencionando lo que describe como evaluadores mal preparados y confusos criterios de calificación, y quiere posponerlo hasta que sea esencialmente perfecto. Algunos legisladores están sugiriendo que las evaluaciones realizadas este año no sean usadas a la hora de tomar decisiones sobre el personal. Ese retraso podría destruir el impulso y debilitar la reforma.
Tennessee y Delaware fueron los únicos estados en ganar generosos subsidios en la primera ronda de la iniciativa educativa Carrera hacia la Cima [Race to the Top] del gobierno de Obama. Ganaron parcialmente en parte porque habían aprobado reformas comprehensivas, dejando de lado un sistema que evaluaba a los docentes permanentes sólo dos veces cada diez años. El nuevo enfoque exige que los docentes sean evaluados varias veces al año.
Las evaluaciones de los maestros tienen ahora tres componentes: cincuenta por ciento de datos de observaciones en el aula, treinta y cinco por ciento de puntajes de rendimiento estudiantil y quince por ciento de mediciones de logro estudiantil que son seleccionadas localmente. Los profesores son clasificados en una escala de 1 a 5, desde "muy por debajo de las expectativas" to "por encima de las expectativas". Las escuelas del distrito no están obligadas a despedir a nadie sobre la base de ese índice, pero el estado sí exige que los maestros trabajen cinco años, en lugar de tres, antes de ser elegibles para la planta fija. Aquellos que quieran formar parte de la planta fija, deberán obtener índices altos durante dos años.
En la sesión legislativa, los superintendentes y otras autoridades escolares elogiaron el nuevo sistema, diciendo que había obligado a los directores de escuela a gastar más tiempo en las aulas y les exigía brindar más ayuda a los maestros novatos.
Sin embargo, el presidente del sindicato de docentes señaló que algunos evaluadores no daban a los maestros la retroalimentación que necesitaban para mejorar. Y dejó en claro sus inquietudes sobre la justicia de la decisión del estado de usar mediciones de logro escolar para evaluar en más del cincuenta porciento a los maestros que trabajan en grados o en materias donde no se rinden pruebas estandarizadas. Hay mejores medidas en elaboración, pero no están disponibles.
Como ocurre con toda reforma, habrán que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, los directores de escuela deberían tener la opción de evaluar a los profesores con puntaje alto con menos frecuencia que a los principiantes o docentes de puntaje bajo. Y los funcionarios del estado deben seguir revisando la pregunta sobre qué porcentaje de datos de las pruebas estandarizadas deben contar en la evaluación docente. Tennesse deberá tratar estos problemas con ecuanimidad si se trata de que el método encuentre un amplio apoyo entre maestros y administradores de escuelas. Pero incluso con defectos, el nuevo enfoque de la evaluación docente es una enorme mejora del método que remplazó.
26 de noviembre de 2011
11 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

la cara de la esclavitud moderna


Cuando escribo sobre la trata de seres humanos como una forma moderna de esclavitud, la gente a veces se desconecta y pone su mirada vidriosa. Así, Ojos Vidriosos, les presento a Srey Pov.
[Nicholas D. Kristof] No se deja entrevistar fácilmente porque se quiebra cuando recuerda su vida en un prostíbulo camboyano, y pronto mis ojos también empiezan a humedecerse.
La familia de Srey Pov la vendió a un burdel cuando tenía seis años. No sabía lo que era el sexo, pero lo descubriría pronto. Un pedófilo occidental compró su virginidad, dijo, y los dueños del burdel la amarraron desnuda, con las piernas abiertas a una cama para que él pudiera violarla.
"Tenía mucho miedo", recuerda. "Estaba llorando y preguntando: ‘¿Por qué me hace esto?’"
Después de eso, la niña fue muy demandada precisamente porque era tan joven. Recuerda que cada noche la violaban unos veinte clientes. Y el burdel cosió su vagina para poder venderla nuevamente como virgen. Esta práctica terriblemente dolorosa es común en los burdeles asiáticos, donde los clientes a veces pagan cientos de dólares por violar a una virgen.
La mayoría de las chicas que han sido vendidas, sea en Nueva York o en Camboya, finalmente se entregan. Son degradadas y aterrorizadas, y dudan de que sus familias o la sociedad las vuelvan a aceptar. Pero de algún modo, Srey Pov se negó a rendirse.
Trató de escapar repetidas veces del prostíbulo, aunque contó que fue capturada todas las veces y fue castigada brutalmente con golpizas y descargas eléctricas. El burdel, como muchos en Camboya, también tenía una celda de castigo para romper la voluntad de las chicas rebeldes.
Como lo recuerda Srey Pov (y las otras chicas cuentan historias similares), cada vez que intentaba escaparse, la encerraban desnuda en la oscuridad en un barril medio lleno de aguas servidas, repleto de alimañas y escorpiones que la mordían constantemente. Le pregunté cuánto tiempo duraba este castigo, pensando que eran quizás una o dos horas.
"¿Lo más largo?", recordó. "Fue una semana".
Los cientes son, por supuesto, la razón de por qué sigue habiendo tráfico de seres humanos y muchos de ellos piensan honestamente que las chicas en los burdeles lo hacen voluntariamente. Muchas lo están, por supuesto. Pero las sonrisas no son siempre lo que parecen. Srey Pov recuerda incluso haber coqueteado para evitar que la mordieran.
"Sonreímos por fuera", dijo, "pero por dentro estamos llorando".
Sin embargo, esta es una historia con un final triunfante. A los nueve, Srey Pov fue capaz de correr fuera del burdel y ganarle al guardia. De algún modo llegó a un refugio dirigido por Somaly Mam, una activista contra la trata que fue -ella misma- prostituida cuando era niña. Ahora Somaly dirige la Fundación Somaly Mam para combatir el tráfico de seres humanos en el sudeste asiático: ella es la que dirigió la redada en el burdel sobre la que conté en mi última columna.
En el refugio de Somaly, Srey Pov aprendió inglés y floreció. Ahora de diecinueve, Srey Pov puede incluso imaginar que tiene un novio.
"Antes no me gustaban los hombres porque me golpeaban y me violaban", reflexionó. "Pero ahora creo que no todos los hombres son malos. Si encuentro un hombre bueno, me puedo casar con él".
Somaly está creando un ejército de chicas como Srey Pov que han sido rescatadas de prostíbulos: bien educadas y determinadas a derrotar la trata de seres humanos. En el curso de los años, he visto a estas mujeres y chicas hacer la diferencia, y se están imitando.
En mi última columna describí una atemorizada niña vietnamita de séptimo que fue rescatada en el allanamiento a un burdel en el que participamos Somaly y yo. Ese allanamiento en la ciudad de Anlong Veng ya había causado un impacto, pues seis prostíbulos más en la zona han cerrado debido a la atención pública y el temor de que ellos podrían ser los siguientes. Y la chica de séptimo se está recuperando de su trauma en el refugio de Somaly, donde una niña llamada Lithiya la había puesto bajo su protección.
Lithiya, ahora de quince, es una de mis favoritas del ‘ejército de Somaly’, quizás porque quiere ser periodista y ha aprendido por su propia cuenta un inglés asombrosamente bueno. Vendida a los nueve en Vietnam, Lithiya fue encerrada en un prostíbulo durante años antes de que trepara una muralla y escapara. Ahora en el noveno, es la mejor estudiante de su clase.
Srey Pov, Lithiya y Somaly fueron víctimas de una forma de opresión que evoca la esclavitud del siglo diecinueve. Pero hoy la escala es más grande. Según mis cálculos, ahora se venden a burdeles unas diez veces más chicas anualmente que los esclavos africanos llevados al Nuevo Mundo en los años de apogeo del comercio de esclavos transatlántico.
Para los que duden de que la ‘esclavitud moderna’ es realmente un problema en la nueva agenda internacional, piensen en Srey Pov -y multiplíquela por millones. Si lo que viven esas chicas no es esclavitud, entonces esa palabra no significa nada. Ahora es el momento para un movimiento abolicionista del siglo veintiuno en Estados Unidos y en todo el mundo.
25 de noviembre de 2011
17 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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bussi, el siniestro


En su entierro, los argentinos que salieron a la calle para gritar "dónde están los desaparecidos" gritarán: "Nunca más". Nunca más un general Bussi. El siniestro.
[Osvaldo Bayer] Murió Domingo Bussi, el general. Una de las más siniestras figuras de nuestra historia. Sí, no se cometería ninguna exageración si cuando se haga referencia a él se diga: "El general Bussi, el siniestro". Sólo basta recorrer su biografía para constatarlo. La perfidia de sus crímenes llega a lo inimaginable. Y ahí está la pregunta que todavía no nos hemos contestado: ¿dónde aprendió Bussi su oficio de matar con total impunidad? ¿En el Colegio Militar, en la Escuela Superior de Guerra o en sus estadías en Kansas con el ejército yanki o en Vietnam durante su gira? Sea como fuere, fue un criminal de la mayor cobardía y crueldad. Sus crímenes comprobados y por eso condenado son todos de lesa humanidad. Su hazaña máxima como criminal es el haber exhibido el cadáver congelado de Santucho en el Museo de la Represión, en Campo de Mayo. Se le caía la saliva de la boca de puro placer. Pero, además, los mil casos de torturas, de "desaparición", de asesinatos. El mismo ejecutaba a los presos políticos de un solo tiro. Está declarado por testigos. ¡Ah, general! La degradación. La absoluta validez de la ley del más fuerte.
Y ese episodio tan perverso, donde la vileza ya no tiene palabras para describirlo: cuando ordenó apresar a los vagabundos y los pordioseros de la capital tucumana y los transportó en camiones que los arrojaron por las sierras catamarqueñas, donde murieron de hambre y de frío. Occidental y cristiano el general. Eso ocurrió en tierras tucumanas donde en 1816, en aquel increíble 9 de julio, se cantó nuestro Himno Nacional con aquello tan sabio de "Ved en trono a la noble Igualdad, Libertad, Libertad, Libertad".
Pero uno, como argentino, sintió aún mucho más vergüenza cuando el pueblo tucumano, ya en democracia, votó a ese abyecto personaje como gobernador de Tucumán. ¿Qué hubieran pensado los congresales de 1816 al saber que en esa misma tierra libertaria se había votado al abyecto supremo? Ahora, esos que lo votaron de los barrios bien y de los barrios que exigían "más seguridad" tendrían que tener el coraje civil de marchar frente a la Casa de Tucumán y pedir perdón por tamaña acción de burlar para siempre a la democracia.
Lo mismo que tendrían que hacer los diputados del radicalismo y de otros partidos conservadores que votaron el "Punto Final" de Alfonsín por el cual quedó en total libertad la jauría uniformada de la desaparición como método.
El "general" Bussi. Cuando trasladó el centro clandestino de detención de Famaillá al Ingenio Nueva Baviera, ahí sí que se sintió dueño de la vida y de la muerte. Dueño y señor de la picana y el submarino y de toda clase de torturas aprendidas en el General Staff College de Fort Leavenworth, en Kansas. Claro, siguieron las huellas de aquel general Julio Argentino Roca cuando mandó comprar diez mil remington, el invento estadounidense con que se había eliminado a los pieles rojas y a los sioux. Y con ellos Roca demostró que los argentinos somos los mejores europeos y americanos del norte. Videla, Menéndez, Bussi... la lista es larga. Pero por fin muchos de ellos ya están en cárceles comunes y retratados para siempre en el diccionario de la infamia.
Murió Bussi. El espectro de la infamia. General de la Nación. ¿De qué Nación? No aquella del 25 de Mayo ni de 1813 y del 9 de julio tucumano. No, la fiera sanguinaria salida de claustros castrenses argentinos y entidades "educadoras" norteamericanas. En su entierro, los argentinos que salieron a la calle para gritar "dónde están los desaparecidos" gritarán: "Nunca más". Nunca más un general Bussi. El siniestro.
25 de noviembre de 2011
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