aprueban protocolo contra la tortura
20 de agosto de 2008
Valparaíso, Chile. La comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que preside el senador Jaime Gazmuri, aprobó en forma unánime el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2002.
Gazmuri calificó como un avance significativo para la promoción de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas en todo el mundo y en nuestra nación la ratificación de esta convención internacional.
"Chile una vez más responde a su compromiso internacional en esta materia. Resulta particularmente significativa la aprobación en forma unánime porque ello augura, además, la aprobación cuando el tema sea llevado a la Sala", dijo el parlamentario.
Artículos
Los antecedentes del documento aprobado son: el Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Tal como lo expresa el mensaje enviado por el Gobierno, el legislador sostuvo que la ratificación de este protocolo resulta "coherente con la postura asumida por Chile durante los largos años de su negociación, período en el cual nuestro país asumió una posición activa que concluyó con su voto favorable en la aprobación del Protocolo en Naciones Unidas, y su posterior suscripción en junio de 2005".
Destacó que según el protocolo "las partes reconocen, entre otros aspectos, que los Estados Partes de la Convención contra la Tortura tienen la obligación expresa de tomar una serie de medidas para erradicar la tortura y otros malos tratos".
Gazmuri precisó también que el Artículo 1 fija el objetivo del Protocolo, cual es establecer un sistema de visitas periódicas a lugares de detención con el fin de evitar la posibilidad que personas privadas de libertad puedan ser sometidas a actos de tortura u otros malos tratos, las que estarán a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes.
©la prensa 
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