gobierno de bush en tela de juicio
9 de abril de 2009
El gobierno de Obama ha eliminado el término ‘guerra global contra el terrorismo’ del léxico de su gobierno, pero le está siendo cada vez más difícil borrar las manchas que tiñen algunas de las tenebrosas actividades que [durante el gobierno de Bush] se intentó justificar con retórica. Desde su elección el presidente Obama ha dicho que prefiere mirar hacia adelante en lugar de quedarse en el pasado, acusando al gobierno de Bush del uso de la detención ilegal y la tortura en la implementación de su campaña contra el terrorismo. Ese es un impulso político comprensible, pero será difícil de sostener.
Un tribunal español ha iniciado un procedimiento penal contra seis altos personeros del gobierno de Bush acusados de proporcionar el margo legal que permitió la tortura de los prisioneros en el centro de detención de Bahía Guantánamo, entre ellos el ex fiscal general Alberto R. Gonzales, el ex jefe de gabinete del vicepresidente David S. Addington y John C. Yoo, un ex abogado del ministerio de Justicia que ahora enseña derecho en la Universidad de California en Berkeley.
Varios factores hacen que este caso probablemente seguirá adelante, incluyendo el hecho de que lo lleva el juez Baltazar Garzón, un cruzado de los derechos humanos que emitió la orden de detención que terminó con la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998. Además, se concentra en cinco ciudadanos o residentes legales de España, otorgando a ese país una jurisdicción específica.
El caso español viene pisándole los talones a una investigación británica sobre si un agente de seguridad del M15 se coludió con agentes norteamericanos para torturar a Binyam Mohamed, un residente británico retenido en Guantánamo. Los dos casos reflejan una creciente determinación internacional para determinar si el gobierno de Bush abandonó el imperio de la ley para perseguir a los terroristas. Nosotros también queremos saberlo.
Cuando se reúna con el primer ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero el domingo en Madrid, Obama podría querer señalar que los sistemas jurídicos de nuestro país están funcionando. El ministerio de Justicia ha iniciado una investigación sobre si los agentes de la CIA cometieron actos criminales al destruir las cintas con los interrogatorios de los dos prisioneros de al Qaeda. El mes pasado, el Comité de Inteligencia del Senado abrió una pesquisa sobre las políticas de detención e interrogatorio de la CIA durante el gobierno de Bush. Y el senador Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont), presidente del Comité Judicial del Senado, ha propuesto una comisión de verdad y reconciliación bipartidista, aunque no estamos convencidos de que sea la mejor manera de proceder antes de que proceso legal haya tenido oportunidad de funcionar.
El gobierno de Obama debe restaurar la confianza de la comunidad internacional en el estado de derecho en Estados Unidos. Eso quiere decir que las investigaciones sobre posibles delitos cometidos en el marco de la guerra contra el terrorismo deberían proceder con cuidado y vigor. Una vez que se completen las pesquisas, sus hallazgos deben ser hechos públicos, siempre que sea posible. Y, como dijo Obama, si hay evidencias de delitos, debería haber juicios.
4 de abril de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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