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el corredor de la muerte en pensilvania


Muchos casos capitales se prolongan indefinidamente porque los jurados se resisten a dictar pena de muerte. El estado debería simplemente abolir el castigo capital.
Pensilvania ocupa uno de los primeros lugares entre los estados que dictan sentencias de muerte y uno de los últimos en implementarlas: hoy hay 208 hombres y mujeres en el corredor de la muerte, pero desde 1999 no se ha ejecutado a nadie; desde que se reintrodujera la pena de muerte en 1976, sólo tres personas han sido ejecutadas.
El número de ejecuciones, sin embargo, no debería ocultar el fracaso de la justicia en los casos capitales del estado. De las 391 sentencias capitales desde 1976 en el estado, informó el Philadelphia Inquirer esta semana, al menos 125 han sido revocadas o reenviadas a nuevas audiencias en las cortes de apelaciones federales y del estado debido a graves errores cometidos por los abogados.
Estos desastrosos hechos muestran vívidamente que la pena de muerte no puede satisfacer normas constitucionales. Entre los fracasos más notorios del estado está el hecho de que en casos capitales no está brindando una defensa adecuada. Los abogados asignados por el gobierno son tan mal pagados que pocos de ellos están dispuestos a aceptar estos casos tan extremadamente difíciles. Filadelfia paga sólo dos mil dólares por preparar un caso y cuatrocientos dólares por el juicio. En la ciudad, donde se han revocado o reenviado 69 casos, menos de treinta de los trece mil abogados del colegio están dispuestos a encargarse de ellos. Algunos abogados son asignados a casos capitales incluso cuando son vergonzosamente ineptos e incluso cuando han sido sancionados por ello por la comisión de disciplina del estado. Las bajas tarifas crean una "presunción de inoperancia", dijo un grupo de abogados a la Corte Suprema de Pensilvania.
La mayoría de los casos de pena de muerte pendientes en Pensilvania se remontan a más de diez años debido a que los jurados están cada vez más reluctantes a dictar la pena capital. En lugar de esta abolición de facto, el estado debería aprobar la ley propuesta en marzo para poner fin a la pena de muerte. No hay argumento válido a favor de mantener el sistema capital que es primitivo, arbitrario y caro.
22 de noviembre de 2011
28 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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