más militares a juicio en caso huber
El ministro en visita Claudio Pavez a cargo de la investigación por el homicidio del coronel Gerardo Huber, someterá hoy a proceso a cinco altos oficiales en retiro del Ejército, en calidad de autores del delito de asociación ilícita para ocultar el asesinato.Se trata del ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en 1992, general (R) Eugenio Covarrubias; el ex subdirector de la DINE, general (R) Víctor Lizárraga Arias; el ex jefe de la Dirección de Logística, general (R) Carlos Krumm, el ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, Manuel Provis Carrasco y el coronel (R) y amigo de Huber, Julio Muñoz.
La decisión del magistrado se basó en la serie de antecedentes, contradicciones de los involucrados y, en al menos 30 presunciones judiciales, de que los oficiales (R) ayudaron en 1992 de diferentes maneras para ocultar el homicidio de Huber. Algunos de ellos encubriendo y otros desviando la atención de los hechos, toda vez que el cuerpo del coronel no presentaba lesiones atribuibles a suicido, sino que a la acción de terceros. Las sospechas del magistrado son que el autor material del crimen es uno de los cinco encausados o bien otra persona cuya identidad se niegan a revelar.
En diciembre de 1991 Gerardo Huber se vio involucrado en el tráfico ilegal de armas a Croacia, pertrechos militares que fueron descubiertos en Budapest, Hungría, y que determinaron en Chile la apertura de un sumario a cargo del entonces ministro Hernán Correa de la Cerda.
Cuenta Regresiva
En enero de 1991, Huber fue interrogado y posteriormente arraigado por Correa de la Cerda, antes que viajara a Israel. Para evitar que declarar cuando el caso estaba en su momento más álgido -enero de 1992- Huber presentó un certificado médico aduciendo mareos a raíz de un supuesto estrés y depresión. Pese a estar autorizado para viajar a Puerto Varas, Huber se fue a la casa de su compadre, Elwin Tapia en el Cajón del Maipo.
El 29 de enero el coronel salió en la noche en el Nissan plomo de Tapia, luego que su familia saliera, horas antes, a buscar a su hijo José Ignacio.
A eso de las 23 horas, cuando Elwin Tapia aún se encontraba en casa de su prima, notaron que Huber no llegaba. Se preocuparon y regresaron a la casa de Tapia a ver qué sucedía y hallaron las luces prendidas, la puerta abierta, pero no estaba ni Huber ni el auto. Se contactaron con Carabineros y a las 3 de la madrugada hallaron el automóvil en el puente El Toyo.
Transcurrieron tres semanas hasta que el 20 de febrero de 1992 el cuerpo de Huber apareció en el lecho del Río Maipo con el cráneo destrozado. La causa estuvo caratulada durante 13 años como suicidio hasta que el ministro Claudio Pavez la cambió a homicidio calificado pocas semanas después asumir el caso en septiembre pasado.
Suma de Hechos
La lógica usada por Pavez fue enhebrar todos los hechos desde que Huber salió de la casa de Elwin Tapia aquel 29 de enero de 1991. Una de las presunciones que fundaron su análisis fue que en el puente El Toyo no hubo huellas ni rastros de forcejeo. Por tanto estimó que algunos militares podrían haber llegado esa noche a buscarlo para evitar que entregara detalles del tráfico de armas a Croacia. Posteriormente podría haber sido llevado a una unidad militar. La más cercana y secreta que tenían a manos sus captores era la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE), ubicada en la localidad de Nos, cercana San Bernardo. Distante a sólo poco más de media hora, si se considera que por las noches el tráfico de vehículos es casi nulo en ese sector.
Ahora bien, Pavez realizó una inspección a la EIE y acreditó que en ese recinto se encontraban las dependencias del otrora Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, que en 1992 dependía del director de la DINE, general Eugenio Covarrubias. El recinto contaba con una entrada especial donde oficiales y miembros de la EIE tenían prohibido ingresar.
Pavez, entonces sospecha que Huber bien pudo haber estado secuestrado en ese lugar, mientras el general Lizárraga y el brigadier Provis viajaron –el 15 de febrero- a Linares, donde estaba el hijo menor de Huber junto a su tía Clina Polloni con el objetivo de traerlo a Santiago. El niño fue el último en compartir un largo paseo junto a su padre, pocas horas antes que desapareciera.
Lo concreto es que el cuerpo de Huber apareció el 24 de febrero de 1992 sin las huellas aparentes de un suicidio ni las que dejan el arrastre de un cuerpo por el río durante tres semanas. Para acreditar esto Pavez interrogó al menos a cuatro peritos criminalistas quienes declararon que el cuerpo de Huber presentaba lesiones atribuibles a la acción de terceros.
Los cinco oficiales debieran ser notificados hoy por el magistrado y quedarán detenidos en una unidad militar a la espera de que el tribunal de alzada de Santiago analice las apelaciones que seguramente presentarán.
7 de marzo de 2006
©la nación
memorial en honor a miguel woodward 
[Jorge Escalante] Poco después del golpe militar de 1973 el religioso católico fue detenido y torturado por oficiales de la Armada a bordo del buque escuela "Esmeralda".
Con la presencia del subsecretario de Relaciones Exteriores, Cristián Barros y del embajador de Gran Bretaña en Chile, Howard Drake, familiares y amigos del sacerdote Miguel Woodward, inaugurarán hoy un memorial en el Cementerio de Playa Ancha, para recordarlo a él y los detenidos desaparecidos de Valparaíso.
La iniciativa contó con el apoyo de la Municipalidad de Valparaíso y el respaldo del presidente Ricardo Lagos, quien inicialmente asistiría al emotivo evento.
Poco después del golpe militar de 1973 el religioso católico fue detenido y torturado por oficiales de la Armada a bordo del buque escuela ‘Esmeralda’. Días más tarde, el violento maltrato le provocó la muerte en el Hospital Naval, entonces ubicado en el cerro Playa Ancha. Sin embargo, la Armada ocultó su cuerpo y falsificó su certificado de defunción, sepultándolo clandestinamente, presuntamente en el Cementerio de Playa Ancha.
A la ceremonia que se iniciará a las 18 horas de hoy, concurrirá su hermana Patricia y el esposode ésta, Fred Bennetts, los únicos familiares del sacerdote que están en Chile. Además, participarán religiosos como José Aldunate y José Gutiérrez, quienes defendieron los derechos humanos durante la dictadura.
El memorial es una placa de piedra con la inscripción "Aquí en una fosa común, yacen cuerpos abrazados. Otros cuerpos, solos, yacen en tierras cercanas y en el mar. Un nombre les representa: Miguel Woodward Yriberry, 1932-1973".
Difícil Proceso
El proceso abierto por el crimen de Woodward, que antes instruyó la jueza Gabriela Corti y que actualmente está en manos de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, ha estado lleno de dificultades debido a diversas presiones denunciadas por la familia.
En la investigación del itinerario vivido por el sacerdote desde su detención, se logró identificar a varios oficiales -hoy en retiro- que participaron en los hechos. Antecedentes que, según sus familiares y abogados querellantes, son suficientes para procesarlos, sin embargo hasta ahora no hay ningún encausado. No obstante, fuentes vinculadas a la indagatoria sostienen que ésta sigue adelante, y creen que, en algún momento, especialmente hoy bajo el mando del almirante Rodolfo Codina, la Armada "abrirá definitivamente su conciencia" para admitir el crimen y revelar detalles.
7 de marzo de 2006
©la nación
detienen a ex director del dine y a cuatro altos oficiales 
Ministro en visita Claudio Pavez procesó a uniformados por asociación ilícita y consigna que asesinato fue para ocultar tráfico de armas a Croacia. Juez ordenó el arresto en el Comando Militar de Peñalolén de los generales (R) Eugenio Covarrubias y Víctor Lizárraga, ambos (el primero jefe) del Dine; al general (R) Carlos Krumm, de Logística; al brigadier (R) Manuel Provis, del Batallón de Inteligencia, y al coronel (R) Julio Muñoz, amigo del coronel Gerardo Huber, asesinado en 1992. Realizarán careos para rastrear a quién ideó la asociación y a los autores materiales.
Detenidos en el Comando Militar de Peñalolén permanecen desde ayer el general (R) Eugenio Covarrubias, ex director de Inteligencia del Ejército (Dine), y otros cuatro oficiales en retiro, quienes fueron procesados por el ministro en visita Claudio Pavez por su presunta responsabilidad en el homicidio del coronel Gerardo Huber, perpetrado en el verano de 1992.
Huber, el entonces jefe de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística del Ejército, desapareció el 29 de enero desde el Puente El Toyo, en el Cajón del Maipo, semanas después de declarar en la investigación por el fallido tráfico de armas a Croacia, durante la Guerra de Los Balcanes. Su desaparición se produjo mientras visitaba a un amigo en el sector de San Alfonso, tras lo cual fue encontrado el 20 de febrero, sin vida, en un arenal del río Maipo, con el cráneo destrozado por un impacto de bala.
Ayer por la mañana los ex militares fueron llegando uno a uno hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde fueron notificados de su encausamiento por asociación ilícita para cometer el homicidio.
Se trata del general (R) Eugenio Covarrubias; el general (R) Víctor Lizárraga, ex secretario coordinador del Dine; el general (R) Carlos Krumm, ex director de Logística y superior directo de Huber; el brigadier (R) Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y el coronel (R) Julio Muñoz, entonces amigo del coronel muerto.
Joanna Heskie, querellante por la familia en el caso y quien presentó el viernes la solicitud de encausamiento por asociación ilícita, sostuvo que "la familia está contenta, pero súper nerviosa" tras 14 años de espera. La abogada del estudio Colombara y Olmedo recalcó que espera que este procesamiento permita avanzar hasta hallar a los autores materiales del asesinato.
Las Presunciones
Fuentes ligadas al caso sostuvieron que los cinco encausados se reservaron ayer su derecho a apelar o presentar un recurso de amparo.
Las fuentes añadieron que el ministro cuenta con 30 presunciones que respaldarán los encausamientos en caso de que éstos intenten dejarla sin efecto y que justifican la resolución que adoptó.
Una de las principales presunciones de Pavez se basa en una declaración realizada en 2003 en el marco de la investigación del ministro Hugo Dolmestch por la desaparición de cinco frentistas tras el secuestro en 1987 del coronel Carlos Carreño. Fuentes afirman que en esta declaración un ex trabajador de la Unidad de Arsenales de Guerra -quien actualmente vive en Holanda- habría declarado que el coronel Huber le entregó documentos sobre el tráfico de armas a Croacia que éste, a su vez, pretendía entregar al periodista inglés Jonathan Moyle, muerto en Santiago en 1990. Este hecho, a juicio de Pavez, podría corroborar el móvil por el cual fue asesinado el coronel.
Rastrearán Autores Materiales
Tras notificar a las partes, Pavez dijo que hoy iniciará una segunda etapa de la investigación que contempla "buscar al autor material o mejor dicho reunir las pruebas en contra de las personas que podrían estar involucradas en el hecho directo".
Fuentes ligadas a la causa sostuvieron que entre estos últimos podría encontrarse el brigadier (R) Provis, encausado ayer por su rol en el BIE.
Fuentes consultadas afirmaron que el segundo propósito del ministro en esta etapa es precisar cuál es el rol que jugó cada uno de los cinco procesados en la asociación ilícita, determinando quiénes la idearon. Agregaron que para ello Pavez hará una ronda de careos entre los encausados, que se sumará a nuevos interrogatorios destinados a hallar al autor material.
Los Argumentos del Fallo
La resolución de Pavez sostiene que la interceptación en 1991 -en Budapest, Hungría- de un cargamento de armas con destino a Croacia dejó al descubierto una organización para exportar armas ilegalmente y, además, "para encubrir responsabilidades en dicho tráfico y en otros delitos relacionados, sin importar la perpetración de nuevos hechos punibles".
Para Pavez, el crimen de Huber constituye una acción "planificada para neutralizar a dicho oficial por el conocimiento que tenía de las operaciones irregulares en las que intervino personal de Ejército y Famae", en la que "un grupo de individuos se organizaron para atentar contra la propiedad del Estado, las personas y encubrir a los responsables", lo que configura el delito de asociación ilícita.
CDE Alude a Provis y Lizárraga Como Autores
La abogada María Inés Horvitz, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), sostuvo que "tenemos bastantes antecedentes de que tuvo que haber sido el Batallón de Inteligencia (BIE) el que ejecutó materialmente el hecho", a lo que añadió que "todo apunta a la intervención bastante directa de Víctor Lizárraga (Dine) y Manuel Provis (BIE)" como autores materiales.
En el proceso consta que tanto Provis como Lizárraga se constituyeron muy pronto en el lugar de la desaparición de Huber y que participaron en las labores de búsqueda, dando versiones contradictorias de su presencia en el lugar.
Respecto de responsabilidades superiores en el crimen, Horvitz sostuvo que "el BIE y el Dine dependían de la Comandancia en Jefe", por lo que existen elementos "para pensar que el entonces comandante en jefe (general (R) Augusto Pinochet, quien declaró en la causa) estaba involucrado en estos hechos".
Horvitz también planteó que otros de los oficiales que podrían tener responsabilidad en el caso son el entonces comandante de la II División de Ejército, general (R) Guido Riquelme, y el entonces jefe del Estado Mayor de la institución, general (R) Rodrigo Sánchez Casilla.
Acerca de la forma en que murió el oficial, precisó que éste lo hizo por un impacto de un proyectil, como lo consigna el auto de procesamiento. Sin embargo, añadió que existen antecedentes de que fue un proyectil de alto impacto, posiblemente supersónico, lo que explicaría el grado de destrucción que presentaba el cráneo del coronel Huber. Esto, ya que en su autopsia consta que tenía dos grandes orificios y el rostro destrozado.
8 de marzo de 2006
©la tercera
riggs: interrogan a tres altos oficiales (r) del ejército 
[Andrea Chaparro S.] Fundación Pinochet se hizo parte en el proceso. Según trascendió, detectives llegaron en horas de la tarde hasta el Hotel Militar, ubicado en Providencia, para tomar declaración al general (R) Carlos George Langer Von Furstenberg, ex agregado militar de Chile en Alemania.
Con el interrogatorio a tres generales (R) del Ejército continuaron ayer las diligencias en el caso Riggs que habían quedado suspendidas luego que las Corte de Apelaciones de Santiago ordenara al ministro Carlos Cerda, inhabilitarse temporalmente para conocer la causa, luego de acoger a tramitación la recusación presentada en su contra por la defensa de Óscar Aitken, ex albacea de Pinochet.
La ronda de entrevistas se reactivó con una resolución dictada por la actual subrogante del ministro Cerda, la jueza del 30º Juzgado Civil de Santiago, María Eugenia Campo, quien dio luz verde a la Fuerza de Tareas e Investigaciones Reservadas de la policía civil para realizar las pesquisas decretadas por el magistrado antes de abandonar el proceso.
Según trascendió, los detectives llegaron en horas de la tarde hasta el Hotel Militar, ubicado en Providencia para tomar declaración al general (R) Carlos George Langer Von Furstenberg, quien se desempeñó en la agregaduría militar de Chile en Alemania.
Los efectivos policiales también interrogaron al general (R) Roberto Guillard Marinot, ex intendente de la Región Metropolitana, y al coronel (R) Sucre Elgueta Segura.
Hasta el momento, la lógica que siguen estos interrogatorios es atar
algunos cabos sueltos sobre los dineros que pasaron por las agregadurías europeas. También si Guillard pudo haber tenido conocimiento de otros gastos en los que incurrió el ex dictador.
Documentos Viajeros
En tanto, la ministra Campo informó ayer en una de sus resoluciones que llegó desde Venezuela la respuesta a un exhorto enviado por el anterior ministro Sergio Muñoz y que fue agregado al expediente.
Fuentes cercanas al proceso aseguraron que en esa carta rogatoria se pidieron antecedentes respecto de movimientos financieros efectuados en ese país por Jacqueline Pinochet Hiriart, hija del ex dictador.
Asimismo, la magistrada dejó constancia de que la Fundación Pinochet se hizo parte en la causa. El acto procesal se produjo a raíz de que el tribunal solicitó, el pasado 15 de febrero al Banco Chile, una lista de movimientos financieros de tres cuentas pertenecientes a esta institución entre 1998 y 2004.
Se sospecha que parte de los activos que Pinochet tuvo en bancos extranjeros pudieron haber pasado por ese organismo con el fin de legalizarlos y así poder utilizarlos en las actividades que desarrollaban.
Por esta razón es que la magistrada suplente busca determinar si en la cuenta Nº 164-03970-08, abierta en 1998 cuando Pinochet estaba detenido en Londres, hubo donaciones provenientes del mismo ex uniformado o de su entorno familiar.
Fuentes ligadas con el proceso revelaron que el banco pidió a la judicatura -a través de un oficio- precisar en qué calidad se encontraba la Fundación en la causa antes de entregar la información.
CEMA
En otra arista de la causa, el tribunal recibió el informe pericial de la biblioteca que el ex dictador ordenó construir en 1984 en su residencia de El Melocotón.
En el documento se concluye que, tras revisar los antecedentes recopilados en la investigación y las declaraciones prestadas por una arquitecta y uno de los administradores de la fundación CEMA Chile, el organismo intervino en la construcción de la biblioteca.
Esto, porque la arquitecta Ruth Ballevona, quien trabajó para esa institución dirigida por la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, colaboró en el diseño de los planos. CEMA también facilitó obreros -contratados para edificar las viviendas sociales que la Fundación entregaba en esa época a la gente de escasos recursos- con el objetivo de construir la mencionada biblioteca.
Esta información está confirmada en la declaración del administrador Álvaro Romero, quien sostuvo que la Fundación CEMA Chile "se hizo cargo de la obra por medidas de seguridad, al tratarse de la casa del entonces Presidente de la República".
En el informe también se estableció que en la construcción de la biblioteca se gastaron cerca de 14 millones de pesos de la época, los que fueron cancelados a Romero por Lucía Hiriart, con un cheque del Banco de Chile "cuya cuenta corriente estaba a nombre de don Augusto Pinochet".
8 de marzo de 2006
©la nación
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