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amnistía denuncia a chile


Amnistía Internacional preocupada por juicios contra mapuches.
La entidad dijo estar inquieta sobre el futuro de las causas mapuches y la actuación de la policía en distintos casos. Además advirtió por el uso de fuerza policial en las protestas de los escolares el año pasado y sobre la permanencia de la ley de amnistía.
El maltrato a los mapuches, el exceso del empleo de la fuerza policial contra los manifestantes en las protestas estudiantiles y las "muy duras" condiciones en las cárceles en Chile, son denunciadas por Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre el estado de los derechos humanos durante el 2006.
El documento, publicado hoy en Londres, recuerda también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en septiembre pasado que era inadmisible la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978 a los crímenes de lesa humanidad cometidos, en otra crítica a la actuación del país en estos temas.
La organización señala por ejemplo la huelga de hambre que protagonizaron varios presos mapuches para reclamar por la aplicación de la ley antiterrorista.
También se menciona la actuación de carabineros al allanar una comunidad mapuche de Temucuicui, en la provincia de Malleco, en busca de animales robados, pese a que sus habitantes negaron en todo momento haber actuado ilegalmente.
Mención aparte merece para el organismo que no se ha abierto ninguna investigación oficial sobre esa operación, en la que los agentes emplearon gases lacrimógenos, balas de goma contra mapuches que iban desarmados.
Durante mayo, junio y octubre del año pasado, el estudio revisa las protestas de los estudiantes y sostiene que se registraron enfrentamientos con la policía en los que ésta - según Amnistía- usó excesivamente la fuerza contra manifestantes y periodistas.

Sistema Penal
Mención aparte merece la evaluación a las condiciones penitenciarias, en este punto indican que en las cárceles chilenas hay hacinamiento, falta de atención médica, malos tratos y corrupción entre guardias y presos.
Más aún afirman que en junio pasado la Corte de Apelaciones de Santiago examinó el caso de 80 presos de la ex Penitenciaria de Santiago que habían sido obligados a dormir a la intemperie.
Amnistía Internacional agrega que unos abogados de la ONG Fundación Paternitas presentaron un recurso de protección en nombre de los afectados.
El informe indica que al finalizar el año, la presidente Michelle Bachelet no ha decidido aún si la ley de aAmnistía debía anularse, revocarse o modificarse mediante una nueva legislación para limitar su aplicación. Este último aspecto, en todo caso, fue abordado por la mandataria en su pasada cuenta del 21 de mayo, donde precisó que efectivamente hará los esfuerzos para anular su aplicación.

Otro Informe
A su vez la Federación Internacional de Derechos Humano (FIDH) en América Latina, en voz de su secretario general, Luis Guillermo Pérez, también pasó revista al panorama de la zona y en el caso chileno alertó sobre los juicios los mapuches.
Al respecto sostiene el documento que preocupa en nuestro país la legislación que permite juzgar a los líderes mapuches como terroristas basándose en testimonios anónimos, algo que contraviene las convenciones internacionales ratificadas por Chile.
Desde París, el representante repasó los principales asuntos que la organización tiene abiertos en América Latina.
En Perú, por ejemplo la organización apoya a su célula local en su lucha jurídica para que el ex presidente Alberto Fujimori sea extraditado y juzgado en el país.
Además, Pérez mostró su preocupación por los intentos de restablecimiento de la pena de muerte del actual presidente, Alan García, al que acusó de estar implicado en algunos atentados contra los derechos humanos en su anterior etapa al frente del país.
El responsable de la FIDH para América Latina se mostró particularmente preocupado por la situación en México por el "mensaje contradictorio" del presidente, Felipe Calderón, que apoya los esfuerzos en favor de los derechos humanos en la esfera internacional pero no actúa dentro del país.
Consideró un "signo negativo" el nombramiento de Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación (Interior) federal, un hombre al que las asociaciones de derechos humanos locales acusan de promover la tortura cuando fue gobernador de Jalisco.
También criticó la "criminalización de la protesta social", en referencia a la respuesta policial a las manifestaciones del estado de Oaxaca, donde según Pérez, la liga de derechos humanos local es atacada por "una justicia instrumentalizada".
La FIDH también promueve acciones en favor de la investigación de los asesinatos de mujeres en México y Guatemala y espera obtener el apoyo de la Unión Europea (UE) en estos casos.
En este sentido, Pérez señaló que la actitud de Bruselas sobre las demandas de presión al gobierno de Calderón tienen menos eco en los últimos años y lo atribuyó a las mayores relaciones comerciales entre la UE y México.
En el caso colombiano, Pérez destacó la compleja situación que vive el país entre las presiones de la guerrilla y de los grupos paramilitares.

23 de mayo de 2007
©la nación
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