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podrían enjuiciar a militares salvadoreños


La masacre puso fin a la ayuda norteamericana al ejército salvadoreño.
[Victoria Burnett] Madrid, España. Casi veinte años después de que el ejército salvadoreño matara a seis sacerdotes jesuitas en uno de los episodios más infames de la guerra civil en El Salvador, una demanda criminal presentada al más alto tribunal español ha revivido las esperanzas de que los que cometieron la masacre puedan ser llevados a juicio.
Abogados de derechos humanos presentaron una denuncia ayer contra el presidente salvadoreño de la época, Alfredo Cristiani Burkard, y catorce ex miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas, así como dos empleadas, por su participación en el asesinato de los sacerdotes y en el encubrimiento oficial que siguió. La indignación internacional por los asesinatos demostró ser crucial para socavar el apoyo norteamericano al ejército salvadoreño.
"Esperemos que este caso ayude a despertar la memoria y la conciencia del pueblo salvadoreño", dijo Almudena Bernabeu, abogado del Centro de Justicia y Responsabilidad de San Francisco, que presentó la denuncia junto con la Asociación Española de Derechos Humanos.
La corte española debe decidir si presentar cargos contra los hombres y pedir su extradición a España, dijo Bernabeu.
El aguerrido juez español Baltasar Garzón hizo historia legal en 1998 cuando ordenó la detención en Gran Bretaña del dictador chileno Augusto Pinochet, recurriendo a un principio legal español de que los crímenes contra la humanidad pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo. El general Pinochet evitó apenas su extradición a España alegando mala salud. Desde entonces, el tribunal superior español ha recibido casos relacionados con violaciones de derechos humanos en varios países, incluyendo Argentina, Chile y Guatemala.
En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, miembros del ejército salvadoreño irrumpieron en la residencia de los sacerdotes jesuitas en el campus de la Universidad Centro Americana de San Salvador. Los cinco sacerdotes debieron yacer boca abajo en el jardín, donde fueron ejecutados, y luego los soldados allanaron la casa, asesinando a otro sacerdote, un ama de llaves y su hija de dieciséis. Pero otra ama de llaves presenció el ataque.
Un informe de 1991 de la comisión de verdad patrocinada por Naciones Unidas dice que el general en retiro Emilio Ponce, entonces comandante del ejército, ordenó el asesinato de uno de los sacerdotes, Ignacio Ellacuria Bescoetxea. El general Ponce ordenó a los soldados que no dejaran testigos del asesinato del Padre Ellacuria, que había fomentado las conversaciones de paz entre el gobierno de extrema derecha y las guerrillas marxistas.
La denuncia presentada ayer acusa al ex presidente Cristiani de ayudar a encubrir un crimen contra la humanidad. Acusa al general Ponce y los otros trece ex oficiales y soldados de crímenes contra la humanidad, homicidio y terrorismo patrocinado por el estado por su participación en la masacre.
Carlos Martín-Baro, cuyo hermano era uno de los sacerdotes asesinados dijo que el caso había reavivado sus esperanzas de justicia. Sin embargo, dijo que no buscaba venganza por la muerte de su hermano y esperaba que el proceso legal contribuyera a una lucha más amplia contra la injusticia en El Salvador.
Pese a la versión del testigo, las investigaciones y las evidencias circunstanciales, los intentos de llevar a justicia a los militares salvadoreños han resultado en gran parte inútiles. En un juicio de 1991 en El Salvador, dos oficiales fueron condenados por homicidio y conspiración para cometer actos de terror y sentenciados a treinta años de cárcel. Los dos fueron dejados en libertad con una amnistía en 1993.
Gisela de León, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Costa Rica, dijo que estaba discretamente optimista de que la denuncia de ayer resultara en que los acusados sean llevados a juicio en España.
"Va a presionar a las autoridades salvadoreñas y recordarles que existe una comunidad internacional y que tienen que respetar sus normas", dijo, por teléfono.
Incluso si los sospechosos no son extraditados, el caso español podría forzar un juicio en El Salvador, dijo Bernabeu. Todo enjuiciamiento serviría como una forma de justicia y ayudaría a fortalecer los llamados para la revocación de la controvertida ley de amnistía del país, dijo.
"Recuerde que Pinochet murió como criminal", dijo.

25 de noviembre de 2008
©boston globe
cc traducción mQh
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