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represión y muerte en honduras


Derrocamiento de Manuel Zelaya, elecciones y asunción del gobierno de Porfirio Lobo, legitimado por Estados Unidos. Hoy habrá movilizaciones en todo el país recordando el aniversario del golpe de Estado. El movimiento popular de la resistencia denuncia que continúan los asesinatos selectivos de dirigentes. Se instalará una comisión de la verdad.
[Mercedes López San Miguel] Honduras. Hace un año, el presidente Manuel Zelaya era arrancado del poder a punta de fusil. La comunidad internacional alzaba la voz en repudio. Honduras era expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estados Unidos pasaba de condenar el golpe a legitimar las nuevas elecciones que se realizaban bajo un manto autoritario. Entonces fue electo Porfirio Lobo, quien asumió en enero pasado con el beneplácito de Washington, la mayoría de los países centroamericanos y dos de sus aliados sudamericanos: Perú y Colombia, que piden el regreso de Honduras a la OEA. Hoy la represión y los asesinatos selectivos siguen tan vigentes como durante el régimen de Roberto Micheletti, señalan los líderes de la resistencia.
El 10 de junio Lobo denunció que en su país se respiraba un "clima de golpe". Ello no impidió que partiera a ver el Mundial –su viaje duró lo que la selección en Sudáfrica–. La fiscalía le pidió a Lobo que presentara pruebas. No se supo más del asunto. Según Carlos Reyes, uno de los principales representantes del Frente Nacional de la Resistencia Popular, detrás de la denuncia se esconde una maniobra de Estados Unidos. "El embajador norteamericano, Hugo Llorens, se reunió con dirigentes de organizaciones de derechos humanos y les dijo que el gobierno de Lobo es débil y que necesita respaldo. Y el señor que dice estar amenazado se va a Sudáfrica a ver el Mundial. Todo esto es parte de un guión que pretende aplicar la embajada norteamericana."
Reyes señala en diálogo telefónico con Página/12 que en su país se instaló una segunda base militar estadounidense. "Lobo inauguró en abril pasado una Base Naval en la zona de La Mosquitia, rica en agua y petróleo. Estados Unidos ya tiene la base Palmerola."
Manuel Zelaya, exiliado en República Dominicana, suscribe a esta idea de guión. Asegura que su derrocamiento fue "planificado en la base de Palmerola por el Comando Sur de Estados Unidos y que Porfirio Lobo no procede contra los golpistas por subordinación a Washington". Y agrega a la agencia Telam: "Los militares (hondureños) sólo son ejecutores de la parte violenta del golpe de Estado, igual que (el ex presidente de facto, Roberto) Micheletti es un testaferro; ninguno de ellos tiene capacidad de organizar un golpe de Estado".
Tanto la administración Obama como los gobiernos de Centroamérica, Colombia y Perú abogan por el regreso de Honduras a la OEA. En la última asamblea general del organismo realizada en Perú, la jefa de la diplomacia norteamericana, Hillary Clinton, enfatizó que el gobierno de Lobo "cumple con sus obligaciones bajo los acuerdos Tegucigalpa-San José" –que incluyeron la formación de un gobierno de reconciliación nacional y una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos durante el golpe–.
Pero estas medidas no impresionan a aquellos países que se niegan a reconocer a un gobierno que, consideran, es el resultado de unas elecciones celebradas en un marco de ruptura democrática y que reclaman que la situación de Zelaya sea resuelta. Exigen que el derrocado presidente vuelva a Honduras con todos sus derechos y sin ser "perseguido", una condición sine qua non para los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Esta última rechazó la presencia de Lobo en la cumbre Unión Europea-América latina que se realizó en Madrid en mayo pasado.
Reyes afirma que hoy habrá movilizaciones en todo el país y que se instalará una Comisión de la Verdad paralela. "La Comisión de la Verdad avalada por la OEA y Estados Unidos tendrá resultados en 10 años. Sólo se busca blanquear el golpe. El gobierno intenta invisibilizar la resistencia y la represión."
El dirigente de la resistencia denuncia ataques y asesinatos selectivos. "La persecución continúa contra el movimiento popular organizado. Es una represión selectiva. La semana pasada un compañero maestro fue amenazado por gente armada en un carro. A otra compañera del magisterio también la amenazaron. Hace unos días asesinaron a un dirigente campesino en la zona del Aguán, donde existe un conflicto de tierras."

28 de junio de 2010
©página 12 
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