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criminalización de la protesta


AI preocupada por "criminalización" de la protesta social en Chile. Según Amnistía Internacional, esta es la señal que se da con la aplicación de la ley antiterrorista en algunos casos. La nueva directora local, Ana Piquer, estimó que en nuestro país "existe la sensación de que los derechos humanos son un tema del pasado".
Chile. Amnistía Internacional (AI) está preocupada por la criminalización de la protesta social que a su juicio se está dando en Chile, según dijo a la agencia Efe una portavoz de esta organización defensora de los derechos humanos.
"Nos preocupa esta penalización de la protesta social, que es la señal que se da con la aplicación de la ley antiterrorista en algunos casos", declaró la nueva directora de AI Chile, Ana Piquer.
La actuación de las fuerzas de seguridad en la represión de marchas y actos de protesta ha sido cuestionada en diversas ocasiones por agrupaciones de derechos humanos, organizaciones sociales e incluso tribunales de justicia.
Este martes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó una resolución en la que consideró ilegal la detención de 16 personas durante una manifestación contra el proyecto eléctrico HidroAysen y censuró "el hostigamiento a los manifestantes" por parte de la policía.
Al respecto, Piquer comentó que "en Chile existe la sensación de que los derechos humanos son un tema del pasado, pero no algo relevante hoy en día".

Ley Antiterrorista
Otro de los asuntos que inquietan a esta organización es la aplicación que se hace de la llamada ley antiterrorista.
"En términos generales es razonable que el Estado quiera tener una legislación específica para hacer frente al terrorismo", admitió Piquer.
El problema -añadió- es que la legislación actual contiene aspectos en tela de juicio, como el hecho de que "la ley no se aplique a casos que efectivamente constituyan terrorismo de acuerdo a estándares internacionales".
El otro es "que se ponga en entredicho la posibilidad de que las dos partes (en un juicio) tengan la misma posibilidad de acceder a la información y (hacer uso de) los elementos procesales", agregó.
Concretamente, la directora de Amnistía se refería al recurso de la fiscalía a los llamados "testigos protegidos".
"Ésta debería ser una situación sumamente extrema, cuando efectivamente existiese un riesgo para la seguridad del testigo, y aún así no debería impedir que la defensa pudiera interrogarle o solicitar su inhabilitación, en caso de que proceda".

Indultos
Respecto a las recientes excarcelaciones ordenadas por tribunales chilenos de personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), Amnistía Internacional considera que esas personas deben cumplir una pena equivalente al delito que cometieron.
"Los indultos, amnistías o liberaciones antes de cumplir la condena son medidas que -salvo en casos muy excepcionales- dan la señal de esas personas no cumplen una condena acorde con la gravedad de su delito", consideró la directora de AI, quien echó de menos un Defensor del Pueblo en Chile.
Ana Piquer explicó que Amnistía Internacional trabaja actualmente en Chile en la campaña "Exige dignidad", cuyo objetivo es vincular los derechos humanos con la superación de la pobreza, y que abarca tanto los derechos civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales.
12 de mayo de 2011
11 de mayo de 2011
©la nación

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