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allende no se suicidó


Juicio al Golpe: Investigación arrojaría que Allende no se suicidó.
[Francisco Marín] Chile. El presente reportaje fue publicado en El Ciudadano la primera quincena de marzo. En lo sustancial, sostiene que no hay ningún argumento de peso que valide la tesis oficial del suicidio. Su difusión causó impacto. Tuvo un alto número de ventas y fue dada a conocer por importantes medios, como Radio Bio Bio. Poco después de aparecida esta publicación, la familia Allende, encabezada por la senadora Isabel anunció –el 11 de marzo- que se haría parte de este caso dejando atrás su negativa de décadas a investigar esta muerte. Fueron más allá: este 13 de abril le solicitaron al ministro Mario Carroza exhumar los restos del mandatario socialista. La senadora Allende se realizó exámenes de sangre, lo que permitirá cotejar su ADN con el que se encuentren en la urna fúnebre. Pronto se podrá saber si los restos enterrados efectivamente corresponden a Salvador Allende. Y también cuál fue la causa de su muerte.
La investigación de la muerte del presidente Salvador Allende Gossens es quizás el juicio más importante que haya tenido Chile en su historia. No sólo pondrá a  prueba la "versión oficial" del suicidio que con tanto ahínco defendieron los promotores del Golpe Militar y que luego fue asumida sin precisar pruebas por la Concertación y el Partido Socialista. También supone un cuestionamiento a la génesis del orden de injusticia instalado desde aquel 11 de septiembre de 1973.
Ha llegado la hora de la verdad. Después de 37 años del golpe militar que acabó con la democracia en Chile, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, investigará las causas de la muerte del presidente Salvador Allende y someterá a prueba la versión oficial según la cual Allende se suicidó y lo hizo con el arma que le dio Fidel Castro.
El militante del Grupo de Amigos Personales (GAP) del ex Presidente socialista, Renato González –mejor conocido como Eladio- quien combatió junto al mandatario en La Moneda, sostiene que nunca ha creído la tesis del suicidio. Dice que su primera convicción nace del hecho de que "Allende siempre luchó y de haber querido morir hubiera preferido hacerlo en combate". Y añade: "Una primera versión del Ejército fue que un GAP lo había ajusticiado. Después no permitieron una autopsia independiente ni el acceso a la prensa.
Además, todos saben que el objetivo de (Augusto) Pinochet no era respetarle la vida, como lo confirman las grabaciones captadas por radioaficionados donde aparece planeando el derribo de un avión con tal de matarlo". Eladio asegura que "todos los que rodeaban a Allende –minutos antes de su muerte- coinciden en que él les habría dado la orden de salir. Pero las versiones sobre qué ocurrió después, no coinciden (…) Yo no descarto que se haya suicidado, pero tampoco que pueda haber intervenido el Ejército en su muerte" .
La muerte de Allende no se explicará sólo dilucidando quién es el autor del disparo letal. Este juicio debiera permitir evaluar la legalidad del bombardeo y ataque a La Moneda que, sin duda, constituyen una evidencia que el objetivo era matar.
El ministro Carroza expresó cuáles son sus impresiones al comenzar este proceso: "La idea es que (la verdad) hay que recorrerla toda porque yo entiendo que esa es la responsabilidad que tenemos". Asevera que "lo que se determine, deberá tender a aclarar la situación en el hecho mismo, pero también todas las responsabilidades que nacen del hecho mismo". Y añade: "No nos ponemos en ningún tipo delictivo determinado, entendemos que puede ser un suicidio, un homicidio (…) obviamente que si hay responsabilidades, tendrán que enfrentarse y asumirse como tales".
Carroza es reconocido por ser un buen investigador. Ingresó en 1977 al Poder Judicial. Antes había ejercido su carrera de profesor de estado en filosofía. Estuvo en tribunales en lo penal, en lo civil; ha sido fiscal, ministro y relator. Ha juzgado los crímenes del Comando Conjunto y el asesinato de Jaime Guzmán Errázuriz.

Versiones Encontradas
La versión oficial tiene dos soportes fundamentales: El relato del doctor Patricio Guijón, quien asegura ser el único testigo presencial de la muerte de Allende. Y el informe de la autopsia practicada el mismo día del golpe. Este sólo fue conocido el año 2000, con motivo de la publicación del libro ‘La conjura: Los mil y un días del golpe’, escrito por la periodista Mónica González. La autopsia concluye que "el disparo ha podido ser hecho por la propia persona".
Guijón ha sostenido desde el primer día que, cuando la situación de asedio del Palacio se hacía insostenible, Allende ordenó a quienes resistían hacer una fila en la escalera que da a Morandé. Él se habría puesto al final y, sin que nadie lo advirtiera, regresó al salón Independencia. El médico dice que también volvió: A buscar una máscara antigases como recuerdo para su hijo.
En declaración a la Policía de Investigaciones, que aparece en el acta de peritaje, Guijón dice: "Al trasponer la puerta oeste (del salón Independencia) miró hacia atrás y vio que el señor Allende en ese momento se reclinaba hacia el respaldo del sofá. Acto seguido, se acercó para tomarle el pulso y en esos momentos constató una lesión por estallido de cráneo, observando a la vez, que entre ambas piernas se encontraba un arma automática apoyada con la culata en el piso". Este acta de peritaje también fue dado a conocer por primera vez en el citado libro de Mónica González.
En versiones posteriores como la entregada a medios extranjeros nueve días después del golpe –que fue leída por el general Ernesto Baeza-, Guijón afirma que vio al presidente Allende en el preciso momento que se disparaba con un arma que tenía entre medio de las piernas. "Pude ver cómo el cuerpo se sacudía y volaba con el cráneo hecho añicos". Según señala Hermes Benítez, en ‘Las muertes de Salvador Allende’ (RIL, 2006), en esta versión de Guijón -que se transformó en la versión de la Junta Militar- se omite la parte en que Guijón habría tomado el pulso a Allende y movido el arma, porque le hubieran restado credibilidad al relato, cuando los militares se empeñaban en demostrar la tesis del suicidio.
En revista Cauce (N°24, 1984) dice que presenció el suicidio asegurando que escuchó un disparo. A Ignacio González Camus, autor de El día en que murió Allende (Cesoc, 1988), le señaló que escuchó varias detonaciones.
Según Eladio, después de las 13:00 horas, cuando el incendio se expandía por toda La Moneda, el Ejército ingresó: "Lo hicieron por la entrada de Morandé 80 y por la que da a la Plaza de la Constitución. Hubo combate (al interior de La Moneda). Los militares coparon la segunda planta y fuimos hechos prisioneros. Me sacaron a golpes y culatazos por Morandé 80. Yo estaba combatiendo en el gabinete del Presidente (que daba a la Plaza de la Constitución) mientras él estaba 50 metros más al sur, en el salón Independencia (…) Lo acompañaban algunos de sus colaboradores y médicos mientras en los pasillos seguían los disparos que propinaba otro dispositivo GAP que se mantuvo en combate frente a la entrada de Morandé".
El doctor Óscar Soto –en su libro ‘El último día de Salvador Allende’- sostiene que la última vez que vio al Presidente con vida fue como a las 14 horas en la parte superior de la escalera que da a Morandé. En torno a él había seis colaboradores: la Payita –secretaria y amor de Allende-; Arsenio Poupin, subsecretario de Interior; el doctor Jirón; los asesores, Eduardo ‘Coco’ Paredes y Jaime Barrios; y el doctor Enrique París. Según Soto, ellos acababan de comprender que el combate estaba perdido por lo que habían decidido salir y entregarse.
Entonces Allende habría dicho: "Dejen las armas y bajen. Yo lo haré al último". Coincidiendo con otras versiones, Soto sostiene que Allende se devolvió al salón Independencia. Dice que se sentó en el sillón que daba a Morandé y que se dio dos disparos tras lo cual el intendente Huerta habría gritado: "Allende ha muerto". Según Soto, Guijón ingresó después de eso por lo que no habría visto el instante de su muerte. Esta narración entraña severas contradicciones porque si ni Soto ni Guijón estaban en el momento mismo que Allende murió: ¿Cómo pueden haber descrito cómo fue su muerte?
Soto señala que tras la muerte de Allende, ingresaron el general Javier Palacios y Armando Fernández Larios, quienes se quedaron hablando con Guijón, quien les habría dado la versión del suicidio. Posteriormente este último conversó con los policías de investigaciones, entregándoles detalles de su versión que quedaron plasmados en el croquis N°15.254, dibujado por el planimetrista Alejandro Ossandón, y que está contenido en el acta de peritajes.
Fernández Larios sería más tarde condenado por el asesinato de Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffitt. Actualmente vive en Estados Unidos bajo protección oficial.
El doctor José Quiroga, otro de los ocho médicos que estuvo con Allende ese día, en entrevista dada a La Nación (en septiembre de 2003) sostiene que él y otras cinco personas vieron cómo se habría suicidado Allende.
Camilo Taufic expuso el pasado 10 de febrero –en Radio Cooperativa- que Allende fue rematado por el intendente de palacio Enrique Huerta –en un acto humanitario- tras un suicidio fallido. Esta tesis resulta inverosímil ya que siendo médico, el Presidente debe haber sabido cómo provocarse un disparo suicida. Y Huerta no puede responder a esta afirmación porque, al igual que otras 20 personas que estuvieron hasta el final con Allende, fue asesinado en un recinto del Ejército en Colina. Taufic también señala que Allende no andaba con el fusil que le regaló Fidel Castro en su visita a Chile. Eladio, quien estuvo ahí, dice que indudablemente Allende combatió esa mañana, con ese fusil Kalashnikov plegable.
González Camus señala en su libro que el ex rector de la Universidad de Concepción y ministro de Educación de la Unidad Popular, el médico Edgardo Enríquez, quien compartió con Guijón el relegamiento en Isla Dawson, nunca se convenció de la versión que éste emitió respecto de la muerte de Allende. "Que me perdone Guijón, pero me contó tres versiones distintas de la muerte de Allende. Por eso no (le) creo".
Hugo Pavez, abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior manifestó que la versión del doctor Guijón le merece "muchas dudas". No cree que aquél haya podido ver el supuesto suicidio de Allende debido a que en el interior de La Moneda "había oscuridad y gases lacrimógenos que, junto con el humo del gran incendio, hacían que la visión fuese escasa y el ambiente irrespirable". Pavez redactó una querella por el homicidio de Allende que finalmente no será patrocinada por el Ministerio de Interior.
Pavez considera "que no cabe duda que Allende fue asesinado: La investigación podrá determinar si murió por mano propia o por mano ajena. Si murió por mano ajena, está claro que murió asesinado. Y si murió por mano propia, este suicidio habría sido inducido, compelido, obligado por las circunstancias".

Inconsistencias
La versión de Guijón estuvo cerca de convertirse en definitiva. Sin embargo, el informe médico forense del doctor Luis Ravanal –dado a conocer el 8 de septiembre de 2008- en el que analiza las conclusiones de la autopsia Nº 2.449/73 hecha a Salvador Allende por los médicos José Luis Vásquez y Tomás Tobar, modificó esta historia.
El "informe Ravanal" sostiene que las descripciones de las heridas contenidas en la autopsia no corresponden a un suicidio. Según este forense, el orificio de salida de bala descrito en la parte posterior de su cráneo provino "de un arma de bajo calibre, que entró por la cara en la zona próxima al globo ocular derecho y salió por la zona parietal posterior. Y a los pocos momentos de muerto, para simular un suicidio, se le dio un disparo bajo el mentón". Este segundo disparo habría sido con un arma de mayor potencia como un fusil que le provocó el estallido del cráneo.

-Si fuese el caso que Allende fue asesinado y los militares querían simular un suicidio: ¿Por qué dejarían que quedaran ocultas las pruebas del homicidio en el informe de autopsia?
L.R. -Es posible que el doctor Tobar (único tanatólogo del SML -Servicio Médico Legal- del equipo que hizo la autopsia) haya hecho una descripción correcta (y conclusiones incorrectas) como un indicio para que alguien después pudiese controvertir. Acuérdese que estaba rodeado de militares y su margen de acción debe haber sido mínimo. Y es posible que esto se le haya podido pasar a Vásquez (médico de confianza de los golpistas)-.

Ravanal también afirma que si Allende se hubiera disparado con el AK-47 (Kalashnikov) debajo de la mandíbula y cuando permanecía sentado, tendría que haber escurrido mucha sangre por el cuello hacia abajo. Sin embargo, en la foto del cuerpo de Allende que los militares difundieron "en todo el chaleco y el cuello no hay ninguna gota de sangre ¿Cómo se explica eso?"
Ravanal, quien es miembro fundador de la Sociedad Chilena de Medicina Legal (SMEL)y perito judicial inscrito con el registro Nº 1.500 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, señala que el segundo disparo se le debe haber aplicado estando su cuerpo en forma horizontal. Esto explicaría por qué no provocó escurrimiento de sangre hacia la zona del cuello y el tórax.
Aludiendo a que Guijón confesó que él había movido el arma que Allende habría tenido entre las piernas, sostiene: "Eso es muy raro… porque si alguien encuentra un cadáver con la mitad del cráneo ausente y no hay ningún testigo, solamente una persona y más encima esa persona reconoce que manipuló el arma y la cambió de posición, la pregunta bien lógica es: ¿Quién sería el primer sospechoso?"

-Pero doctor ¿No estará insinuando que el doctor Guijón mató a Allende?
-No, lo que quiero decir es que no hay certezas, que no podemos dar por sentado todo lo que allí sucedió con base en un testimonio (que) desde el punto de vista penal tampoco tiene mayor fuerza. (Lo importante) es cómo se comprueba eso. Todo gravita en la prueba objetiva, en el análisis del sitio del suceso, en el informe forense de autopsia y en el informe pericial balístico del arma. Y el arma desapareció como también los proyectiles-.

El mismo reporte de la Policía de Investigaciones habla que había múltiples proyectiles de bala de bajo calibre en el área. Entonces: ¿Dónde están? ¿Quién disparó esas armas? ¿Por qué no podría haber sido uno de esos proyectiles de bala de pistola los que le causaron la muerte? Toda esta evidencia la hicieron desaparecer. ¿Por qué lo hicieron?"-, se pregunta Ravanal.
Según su punto de vista, para aclarar la muerte de Allende, "es fundamental hacer una reconstitución de escena para determinar el ángulo de vista de donde el doctor Guijón vio y pudo ver a Allende suicidarse. Luego, para hacer la proyección de dónde fueron a parar los proyectiles o el proyectil en el caso de que hubiese sido suicidio y para hacer una proyección lineal y decir en esta pared y altura debiera haber quedado el proyectil. Incluso hasta podría estar ahí".
El galeno estima que para esclarecer las causas de la muerte de Allende también es necesario analizar sus restos, realizando pruebas de ADN. Para esto sería necesaria una nueva exhumación.
Luis Ravanal asegura que se requiere una revisión detallada de todo el esqueleto, "en especial del cráneo, el que habría que reconstruir con la finalidad de analizar las características de los orificios de proyectil". Dice que también habría que hacer estudios iónicos para buscar residuos metálicos y de pólvora, tanto en el cráneo como en el o los orificios de bala (en su informe afirma que serían dos los balazos). Especial importancia le asigna al orificio de salida redondeado que aparece descrito en la autopsia como el único disparo presente, el que sería de naturaleza suicida. Explica Ravanal: "Si la pieza donde estaría el orificio estuviese presente, se echaría por tierra la tesis que asegura que sólo se efectuó un disparo (de AK-47). Tendríamos la confirmación de que también hubo un disparo por un arma de menor calibre, es decir, con una pistola o con un revólver".
Consultado el ministro Carroza respecto de si va a solicitar una exhumación nos expresó: "En el Servicio Médico Legal hay una comisión que va a emitir las conclusiones (respecto del informe de autopsia) y después va a interrogar a todas las personas que tuvieron que ver con la autopsia o con las autopsias que se pudieron haber hecho. (Cuando estos informes se evacúen) se tendrá que emitir un juicio respecto de si es necesario o no la exhumación y qué pasos se van a seguir en la eventualidad que esta existiera".
El doctor Ravanal reitera otro elemento que pone en duda la versión del suicidio: La autopsia se hizo en el Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Militar y no en el Servicio Médico Legal. "El hecho que se haya utilizado un recinto que depende administrativamente del Ejército, evidentemente no podía garantizar a los peritos intervinientes la debida independencia". Tampoco se permitió el ingreso de médicos independientes como el diputado Mariano Ruiz-Esquide, quien solicitó participar del procedimiento.
Por otra parte, hasta la fecha, no se conoce el expediente del proceso por la muerte de Allende que estuvo a cargo del titular de la Primera Fiscalía Militar, Joaquín Earlbaum, y que se cerró el 20 de septiembre de 1973 sin castigados ni inculpados. Allí debieran estar las cerca de 70 fotos que los peritos de la Policía de Investigaciones tomaron al cadáver del ex Presidente y al sitio del suceso.

El Capitán Riveros
Eugene Propper, que en su calidad de fiscal investigó el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington, reveló en su libro ‘Laberinto’ el nombre del oficial del Ejército que habría matado a Allende: René Riveros. La información se la entregó quien fue jefe del FBI en Argentina, Robert Scherrer. "El capitán René Riveros era un héroe especial para algunos de sus colegas de las Fuerzas Armadas (de Chile) porque él fue quien mató al presidente Allende en el asalto a La Moneda", escribió Propper en su libro.
En comunicación vía e-mail realizada con motivo de este especial, John Dinges, autor del libro ‘Asesinato en Washington’ nos confesó que Scherrer le ratificó -en 1979- lo mismo que le había expresado al fiscal Propper.
Dinges, quien consideraba a Scherrer "una fuente de oro", señala que Riveros "era un oficial del Ejército que después perteneció a la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina). Viajó a Estados Unidos con pasaporte falso a nombre de Juan Williams, como parte de la operación de asesinato de Letelier".

Allendistas Se Querellan
El lunes 7 de febrero de 2011, militantes del Partido del Socialismo Allendista (en formación) presentaron una querella criminal por la muerte del mandatario. Esteban Silva, uno de los impulsores de esta iniciativa, dijo que aun si se aceptase la versión de que Allende disparó contra sí mismo, de todas maneras se trataría de un homicidio, puesto que la circunstancia del golpe sería –según su parecer– la que lo llevó a la muerte. "La acción militar por tierra y aire que se desató el 11 de septiembre de 1973 sobre el Palacio de La Moneda tenía como objetivo asesinar a Allende y a sus colaboradores", subrayó.
El ministro Carroza acogió a trámite –el 18 de febrero- la querella presentada por los allendistas, determinando que se acumule a la causa. La decisión fue notificada al abogado patrocinante Roberto Ávila, quien expresó: "Una república con la tradición jurídica de la nuestra no puede permitirse que el incendio del palacio de Gobierno y la muerte de un Presidente queden impunes".

La Construcción del Suicidio
Para entender por qué se impuso la tesis del suicidio hay que viajar al funeral oficial que tuvo lugar el 4 de septiembre de 1990. Previo a este, se llevó a cabo la exhumación del cadáver que estaba en el Cementerio Santa Inés de Viña del Mar. Esta ocurrió la medianoche del 17 de agosto. Fue realizada a hurtadillas, en el más completo sigilo.
Sólo estuvieron, además de los panteoneros, el entonces ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa (PS); Javier Luis Egaña y Ximena Casarejos, encargados del funeral oficial; el administrador del cementerio Carlos Salvo; el fotógrafo Jesús Inostroza; el camarógrafo Pablo Salas; y el doctor Jirón, quien representaba a la familia Allende.
No fue fácil ubicar la tumba de Allende entre los muertos de la familia Grove, puesto que no tenía nombre. El féretro, que estaba oxidado y desvencijado, fue abierto ante la expectación de los mencionados testigos. Sin más ayuda que unas linternas y sus recuerdos, Jirón realizó una revisión ocular al que sería el cadáver de Allende. El camarógrafo Salas le preguntó si era Allende el cadáver que allí se encontraba. "Sí, es Allende", respondió lacónico Jirón. Fundamentó su veredicto sosteniendo que reconoció el chaleco y los zapatos del Presidente.
Aunque parezca absurdo, esta ojeada fue el único examen que hubo y que sirvió para validar la identidad de los restos tanto como la existencia del suicidio. Como no se informó en detalle en qué consistió este procedimiento de exhumación, la mayor parte de la población pensó que a Allende se le había hecho una segunda autopsia.
Las imágenes de esta exhumación fueron exhibidas por primera vez en 2009 (19 años después de filmadas). Vienen contenidas en el documental ‘Allende, Caso Cerrado’, producido por la Televisión Española (TVE), el cual apoya la tesis del suicidio.
Luego de la señalada revisión, los panteoneros redujeron el cadáver traspasándolo a una urna de menor tamaño, la que volvieron a guardar entre los muertos de la familia Grove. Permaneció allí hasta que el 4 de septiembre siguiente fue trasladado a gran velocidad –en el contexto del funeral oficial- a su última morada en el Cementerio General.
18 años después de estos sucesos, la familia de Allende aún sostenía que las dudas existentes sobre las causas de la muerte habían sido aclaradas fruto de los exámenes realizados con ocasión del funeral oficial. En septiembre de 2008, al conocerse el metanálisis forense del doctor Luis Ravanal que descartaba el suicidio, el nieto del ex presidente, Gonzalo Meza Allende –quien se suicidó en 2010-, declaró a Radio Cooperativa que durante la exhumación de su abuelo se hizo una autopsia que confirmaba que Allende se había suicidado y que ésta no se dio a conocer porque era "un secreto de familia". La verdad, aunque dura porque contraviene la versión de la familia, es que nunca hubo tal examen.
Las fotos de la exhumación de agosto de 1990 se exhibirían con increíble retraso: En el reportaje ‘Los secretos nunca contados de la tumba de Allende en Santa Inés’, de la periodista Ximena Galleguillos (septiembre de 2003, Siete más Siete), el cual contiene, además, una revelación casi inverosímil: Los panteoneros que realizaron esta exhumación afirman que el 12 de septiembre de 1973, poco después del funeral de Allende, un grupo de partidarios del Presidente intentó secuestrar su cadáver con el féretro. Fracasaron, dice la nota, al percatarse de ello militares que vigilaban el Cementerio.
Galleguillos consigna en este punto el relato del sepulturero Sergio Morales: "Los militares lograron recuperar el ataúd quebrada abajo. Cuando lo trajeron de vuelta estaba desclavado y el vidrio que protegía su cara estaba roto", por lo que los panteoneros habrían podido ver ellos mismos que era Allende a quien enterraban.
Este testimonio se concadena con otro hecho. Según se consigna en el citado reportaje de Siete más Siete, un abogado del Ministerio del Interior (que no se identifica), pidió a Morales y a otros cuatro panteoneros firmar una declaración en la que estos certificaran que los restos exhumados eran los de Allende. Los sepultureros accedieron.
Según narra un panteonero no identificado en el reportaje ‘El suicidio de Allende’, del periodista Francisco Martorell, publicado en Análisis (N°348, septiembre de 1990), en circunstancias que el Presidente era depositado en su tumba, la tapa del ataúd se abrió ante los ojos de los panteoneros sin que nadie más se diera cuenta. "Por espacio de 20 segundos, los sepultureros pudieron ver el rostro de Salvador Allende. ‘Tenía la barbilla ennegrecida, uno de los ojos desviados y parte del bigote volado’". Este hecho casual –de ser cierto- fue el que les permitió a los sepultureros saber que estaban enterrando a Allende. Cabe consignar que ni siquiera la viuda, Hortensia Bussi, a pesar de sus súplicas, tuvo el derecho de ver a su marido en la urna cuando le enterraron.
El texto de Martorell fue decisivo para que la versión del suicidio se impusiera por largos años. Obsérvese cómo cierra el periodista su nota: "Hasta el 17 de agosto de este año (…) existían serias dudas de que Allende se hubiera suicidado (…) Sin embargo, el resultado de la exhumación y reducción de los restos del presidente Allende (…) demostró que el cadáver (…) tenía un orificio en el cráneo que puede corresponder a un disparo de tipo suicida. Los que vieron los restos de Allende y sumaron a ello los antecedentes que tenían, están en condiciones de afirmar que Allende se quitó la vida".
La influencia de este escrito radicó –fundamentalmente- en el hecho que Análisis jugó un rol central en la lucha por el restablecimiento de la democracia. Sus conclusiones fueron reproducidas por las agencias de prensa internacionales, y por un amplio arco de la sociedad chilena, que asumió esta versión como una verdad incuestionable.
La investigación, hoy abierta, puede decir otra cosa.
15 de abril de 2011
14 de abril de 2011
©el ciudadano

llevan 30 días en huelga de hambre


En delicado estado presos políticos mapuches en huelga de hambre hace más de un mes.
Chile. La huelga de hambre de los presos políticos mapuche condenados por el tribunal de Cañete por delitos asociados a la presunta participación en el atentado contra el fiscal Mario Elgueta superó los treinta días.
Los comuneros fueron sentenciados a 25 y 20 años de cárcel y se están movilizando para exigir un juicio justo, pues durante el proceso anterior se utilizó la ley antiterrorista y tanto organismos nacionales como extranjeros registraron fuertes irregularidades.
Por esta razón, Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical comenzaron el día 15 de marzo una huelga de hambre para exigir que se realice un nuevo proceso.
Sin embargo, estos comuneros, que antes protagonizaron también la huelga del 2010, se encuentran en un delicado estado de salud y a la fecha ya han bajado la totalidad del peso que perdieron en la anterior movilización, que se extendió por más de tres meses.
Las manifestaciones de apoyo continúan. Esta mañana se realizó una jornada de movilización a las 11 horas en la Plaza Hospital de Temuco. A las 18:00 horas en Concepción se está convocando a una marcha desde la Plaza Perú, mientras en Santiago a las 19:30 horas se realizará la tradicional movilización desde Alameda con Ahumada hasta la Plaza de Armas.
15 de abril de 2011
14 de abril de 2011
©radio udechile

exigen salida de pastor rata


Caso del pastor CNI: Exigen su salida de la Iglesia Metodista Pentecostal. Presidente de la comisión de DDHH de la Cámara espera que la iglesia evangélica saque de la presidencia a Roberto López Rojas, quien fue agente en dictadura. En tanto, Mariano Ruiz Esquide (DC) informó que la instancia especializada del Senado analizará el caso del pastor.
Santiago, Chile. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, diputado Hugo Gutiérrez (PC), llamaron a la Iglesia Metodista Pentecostal, la principal congregación evangélica chilena, a sacar de la presidencia del directorio de su organización al ex agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), Roberto López Rojas.
"Creo que esta iglesia, con mucha ética y moral, va a tomar las medidas necesarias para que López Rojas deje el directorio", dijo Gutiérrez, apuntando que "la persona que formó parte de la CNI y que, más aún, siguió integrando organismos de seguridad durante la dictadura militar desarrolló una actividad que es totalmente incompatible con lo que desarrolla esta iglesia".
El parlamentario reconoció la labor espiritual de la iglesia metodista, pero advirtió que tener entre sus filas a quien "perteneció a una organización criminal, sin duda hace que se desprestigie esta iglesia".
Subrayó que "una de las cosas que más duele es que López Rojas no se arrepiente de haber integrado los organismos de seguridad de la dictadura, sino que por el contrario considera que es un gran honor. Eso da cuenta de que esta persona no tiene la menor conmiseración  con sus semejantes y menos puede ser obispo o presidente de esta iglesia".
El diputado PC, junto a dirigentes de la AFDD hicieron pública una carta a las autoridades de la Iglesia Metodista Pentecostal, donde llaman a "conminar al presidente del directorio, don Roberto López Rojas, a presentar la renuncia a su cargo".
Recalcan en el documento que "nos provoca una gran molestia que haya personas que en vez de mostrar arrepentimiento, perseveren en reivindicar su participación en grupos represivos de la dictadura que tantas vidas humanas cegaron".
Por eso apuntan que la presencia de López Rojas en la organización eclesiástica "lo único que hace es enlodar el grandísimo aporte ético y moral que esta Iglesia hace a la sociedad chilena".
La misiva subraya que "los valores y principios que la iglesia ha sabido sembrar en nuestro país no pueden ensuciarse por una persona que, lejos de repudiar el proceder de la asociación criminal a la que perteneció, reivindica desvergonzadamente su accionar y se enorgullece de haber formado parte de la misma".

Citación al Senado
En tanto, el presidente de la comisión de derechos humanos del Senado, Mariano Ruiz Esquide (DC), anunció que la instancia analizará el caso de Roberto López.
"Es una noticia muy impactante y al mismo tiempo muy lamentable, porque todas las iglesias son puntos de referencia importante para los derechos humanos como una de las materias más dolorosas que hemos tenido", agregó.
Ruiz Esquide señaló invitarán a la comisión a representantes de las iglesias evangélicas, agrupaciones y a la presidenta del Instituto de Derechos Humanos a la instancia legislativa.
12 de abril de 2011
©la nación

affd: pastor paria impresentable


AFFD: Caso de obispo evangélico López en la CNI es "impresentable". La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, que la situación que involucra al presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal sería impensable en otros países.
Santiago, Chile. La información sobre la participación del actual presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal, Roberto López Rojas, en la CNI durante la dictadura de Augusto Pinochet, que fue confirmada por la agencia EFE, sorprendió a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Su presidenta, Lorena Pizarro, calificó la situación como "impresentable". "Esto que hoy día estamos enterándonos es parte de este dramático cuenta gotas que se vive en el país en relación a los sujetos que pertenecieron a los aparatos represivos", manifestó a Radio Cooperativa.
La dirigente agregó que "en otros países resultaría impresentable e impensable que un obispo de una iglesia haya pertenecido a aparatos represivos, de exterminio, porque todos los que pasaron por estos aparatos no nos cabe duda que sí están involucrados en causas de violaciones a los derechos humanos".
Roberto López confirmó su paso por organismos represores y expresó sentirse "orgulloso" de las funciones que cumplió en la CNI, pero aseguró que no participó en ningún crimen.
12 de abril de 2011
©la nación

conmoción por pastor paria


Obispo Soto: Participación del pastor López en la CNI es "cuestionable". El presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas Chilenas ratificó que hace tiempo contaban con antecedentes de la situación, pero que le corresponde a la Iglesia Metodista Pentecostal tomar alguna medida con respecto al tema.
Santiago, Chile. El obispo evangélico Emiliano Soto, presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas Chilenas, calificó de "cuestionable" la participación del pastor Roberto López Rojas en la CNI durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero aclaró que el futuro del religioso depende de la Iglesia Metodista Pentecostal, entidad del cual es presidente.
Soto informó a Radio Cooperativa que "contábamos con antecedentes por conversaciones personales que él nos había dado hace mucho tiempo atrás y, además, públicamente varios medios ya habían informado del hecho".
Narró el obispo López le informó en su oportunidad que "lo que él desarrollaba lo hacía dentro de una de las ramas de las Fuerzas Armadas, que es precisamente la Armada de Chile. Bajo contrato, fue enviado a cumplir labores de inteligencia y al interior de la CNI especialmente labores secundarias, de acuerdo a lo que él plantea, como fotografiar y conocer lugares".
Con respecto a la situación que afecta al representante de la Iglesia Metodista Pentecostal "podría ser cuestionable".
"Cualquier acción que se haya realizado dentro de un organismo como la CNI es cuestionable. Nuestra mirada a nivel global es que hay revisar y estudiar el caso, porque personas que cumplieron labores de ese tipo resulta reñido con la moral religiosa de poder seguir cumpliendo un cargo tan importante como ese. Pero le compete a la Iglesia Metodista Pentecostal poder asumir una definición con respecto al tema", aclaró.
El obispo Soto explicó que Roberto López no representa a los 2 millones de evangélicos que hay en el país, sino que a los fieles de la Iglesia Metodista Pentecostal que reúne a unas 120 mil o 130 mil personas.
12 de abril de 2011
©la nación

obispo metodista era agente cni


Presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile fue agente de la dictadura militar.
Chile. El obispo Roberto López Rojas integró la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA como policía secreta de Pinochet. Preguntado si no se considera moralmente impedido de encabezar una institución que aboga por la paz y los derechos humanos, tras haber estado en organismos represivos que violaron esos derechos, como la CNI y los servicios de inteligencia de la Armada, expresó que "no". "Por el contrario, a mucha honra, me siento orgulloso de haber cumplido mis funciones", sostuvo.

El actual presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal, la principal congregación evangélica de Chile, con más de dos millones de fieles, el obispo Roberto López Rojas, fue agente de organismos represivos y de espionaje durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Así lo pudo confirmar Efe a través de documentos de la Marina a los que tuvo acceso y en una entrevista con el obispo, quien aseguró que no estuvo involucrado en "ningún crimen", pero dijo sentirse "honrado" de haber cumplido las funciones que se le asignaron como suboficial de la institución naval.
López integró la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA como policía secreta de Pinochet.
En su currículo figuran cursos de perfeccionamiento en la CNI y en la Marina donde también operó como agente de la Dirección de Inteligencia de la Armada (Dirinta), entre ellos de "Inteligencia Naval", "Capacitación de inteligencia operacional" y "Guerra especial"
Además, fue agente del Servicio Secreto de la Armada, con operaciones tanto en el ámbito interno como externo de la institución
Su condición de agente aparece confirmada en el "Oficio Ordinario número 1505/0323/1590 INT", de la Marina, al que tuvo acceso Efe.
El documento no detalla qué funciones cumplió el obispo en los organismos donde estuvo, pero señala que López también cumplió tareas en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.
En entrevista con Efe, Roberto López confirmó su paso por todos los organismos mencionados, aunque al señalársele la necesidad de grabar algunas de sus respuestas, además de tomar notas, se negó y puso como condición la presencia de un abogado, en una nueva reunión, que él convocaría.
Posteriormente el obispo cambió de opinión y no accedió a una nueva entrevista.
Roberto López no aparece involucrado en delitos de lesa humanidad y asegura que no se avergüenza de su pasado.
Preguntado si no se considera moralmente impedido de encabezar una institución que aboga por la paz y los derechos humanos, tras haber estado en organismos represivos que violaron esos derechos, como la CNI y los servicios de inteligencia de la Armada, expresó que "no".
"Por el contrario, a mucha honra, me siento orgulloso de haber cumplido mis funciones, pues nunca estuve involucrado en ningún crimen", repuso.
En 1985 el juez Carlos Cerda instruyó la causa "ROL 2-77? en contra de la asociación ilícita criminal "Comando Conjunto", por el secuestro y desaparición, en 1976, de los militantes comunistas Edras Pinto Arroyo y Reinalda Pereira Plaza.
Según el expediente de este proceso, el 10 de diciembre de 1985 el juez Cerda ordenó detener a una persona que, desde un vehículo, fotografiaba su ingreso y el del testigo Carlos Paredes a la cárcel santiaguina de San Miguel, donde debía realizar unas diligencias.
Según un oficio redactado por el juez e incorporado al expediente, el detenido dijo llamarse "Roberto Alejandro López Rojas" y aseguró que estaba ahí "para visitar a un amigo que había caído" y que se encontraba detenido.
El juez Cerdas ordenó entonces ingresar a Roberto López al recinto carcelario, para interrogarle e incautarle la máquina fotográfica
En una declaración judicial prestada ese mismo día, López Rojas reconoció haber sido enviado "a tomar fotos de las personas que entraran al presidio"
Posteriormente, el 11 de diciembre de 1985, la Armada envió al juez Cerda el oficio número 40-87, en el que informaba de que López fue enviado a la cárcel "a prestar protección al teniente de la Armada Daniel Guimpert Corvalán".
Este episodio fue confirmado a Efe también por el obispo López, quien permaneció en la Marina entre el 1 de agosto de 1979 y el 15 de julio de 2001.
El teniente Daniel Guimpert fue un triple agente de la DINA, Comando Conjunto e Inteligencia Naval, que actualmente se encuentra procesado por varios crímenes de lesa humanidad.
Testimonios judiciales relativos a los juicios en que está imputado coinciden en que se destacó por su extrema crueldad con los prisioneros.
En 1986 Guimpert figuró en una lista de 40 agentes del Comando Conjunto procesados por el juez Carlos Cerda por el secuestro y desaparición de Edras Pinto y Reinalda Pereira, lista que encabezó el exintegrante de la junta militar, y exjefe de la Fuerza Aérea (FACH), Gustavo Leigh Guzmán, fallecido años después.
11 de abril de 2011
©el mostrador

tres semanas en huelga de hambre


Los cuatro líderes mapuche condenados en el juicio de Cañete en Chile cumplieron 3 semanas en huelga de hambre para exigir un juicio justo e imparcial.
[Alonso Mejía] Chile. Los líderes indígenas chilenos Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, quienes fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel el pasado 15 de marzo en la causa que investigó el atentado contra el fiscal Mario Elgueta, retomaron el ayuno que ya habían protagonizado en el segundo semestre del 2010, y lo han prolongado por tres semanas.
Los mapuches son miembros de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco-Malleco (CAM). La primera huelga de hambre fue depuesta tras un compromiso del Gobierno, que los mapuches consideran quedó en letra muerta, pues consideran que no se les ha hecho un juicio justo e imparcial.
Los comuneros subrayaron que aunque en el fallo del tribunal no se utilizó la ley antiterrorista como prometió La Moneda, a lo largo del juicio sí se apeló a los procedimientos contemplados en el criticado instrumento jurídico que data desde la dictadura de Augusto Pinochet.
La vocera de los comuneros preesos, Natividad Llanquileo, sostuvo en un acto público en el Paseo Ahumada de Santiago de Chile que "tiene que ser así para que puedan ser escuchados".
Las comunidades mapuches aseveran que la condena del tribunal de Cañete demuestra la persecución del Estado chileno contra la etnia, con el fin de detener la lucha por la recuperación de tierras ancestrales usurpadas en beneficio de privados y empresas transnacionales.
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
©el pregón

condenas en caso torres de san borja


DDHH: Justicia condena a autores de crímenes de Torres de San Borja.
Santiago, Chile. En el marco de la investigación denominada Caso Torres San Borja, donde fueron detenidas 6 personas el 17 de octubre de 1973 y más tarde ejecutadas cerca del túnel Lo Prado, el ministro en visita Jorge Zepeda dictó sentencia de 10 años para tres ex uniformados.
Los sentenciados fueron identificados como los ex miembros de la escuela de suboficiales del Ejército Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, quienes una vez que quede ejecutoriado el dictamen, deberán cumplirlo con presidio efectivo.
Los ex agentes son responsables de los homicidios calificados de Ricardo Montecinos Slaughter, funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); la pareja de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero; Víctor Garretón Romero, importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi, estudiante universitario y Julio Saa Pizaro, cirujano dentista.
Este caso tuvo un alto revuelo en 1976, pues el FMI consideró el hecho una violación a los derechos humanos por lo que pidió a la ONU investigar los hechos. El organismo internacional recomendó a Chile iniciar una investigación y encontrar a los responsables, sin embargo, en la época, se cerró el proceso sin culpables.
De acuerdo a la sentencia, las víctimas fueron detenidas mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 de remodelación San Borja, el 16 de octubre de 1973 por miembros de la escuela de suboficiales del Ejército y conducidas al recinto de detención habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas en Pudahuel.
El 17 de octubre de 1973 son sacadas de ese lugar y llevadas a los alrededores del túnel Lo Prado, donde se les ordena a cada uno que huya, para simular una fuga, y no obstante los ruegos de clemencia, son asesinadas por ráfagas de ametralladora.
7 de abril de 2011
6 de abril de 2011
©la nación