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General salvadoreño que ordenó el asesinato de sacerdotes jesuitas. Publicamos la necrológica de esta hiena humana sólo porque se demuestra en el artículo la profunda responsabilidad de Estados Unidos en los crímenes cometidos por este militar fascista.
[William Grimes] Murió el lunes en un hospital militar de El Salvador el líder militar salvadoreño René Emilio Ponce, que fue acusado de ordenar la comisión de una de las atrocidades más espantosas de la guerra civil salvadoreña: el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989. Tenía 64 años.
En una declaración el ministro de Defensa de El Salvador dijo que había sido internado en el hospital la semana pasada en un estado cardiaco crítico.
El coronel Ponce era comandante del estado mayor conjunto el 15 de noviembre de 1989 cuando presidió una reunión de altos mandos militares que decidieron actuar contra las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que había iniciado una ofensiva sorprendentemente fuerte cuatro días antes.
El objetivo era el reverendo Ignacio Ellacuría, el rector de la Universidad José Simeón Cañas de San Salvador. El Padre Ellacuría, nativo de España, prominente teólogo e intelectual, era despreciado por elementos de extrema derecha por su simpatía hacia los rebeldes, a muchos de los cuales había enseñado, y por tratar de negociar un acuerdo de paz entre las fuerzas rebeldes y el gobierno.
Se dice que el coronel Ponce ordenó al coronel Guillermo Benavides, director de la academia militar de El Salvador, que utilizara tropas especiales para cometer el asesinato, encomendándolo no dejar testigos.
Al día siguiente, antes del alba, el coronel Benavides y sus hombres entraron en el Centro Pastoral de la universidad, donde vivían el Padre Ellacuría y otros cinco profesores jesuitas, junto con su ama de llaves y su hija de dieciséis años.
Fueron llevados todos a un patio trasero, obligados a tenderse en el suelo bocabajo y ejecutados. Antes de marcharse, los soldados dispararon con sus ametralladoras contra la fachada de la residencia y dejaron un pedazo de cartón con un mensaje manuscrito con la intención de implicar a los revolucionarios: "El FMLN ejecuta a los informantes. Victoria o muerte, FMLN".
Las sospechas recayeron en los militares salvadoreños casi de inmediato. Bajo intensa presión de grupos eclesiásticos y organizaciones de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos, aunque partidario incondicional del gobierno en su lucha contra los rebeldes, exigió conocer la verdad.
El general Maxwell R. Thurman, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, fue enviado por el Departamento de Estado para que entregara el siguiente mensaje al alto mando de las fuerzas armadas de El Salvador: "Hay sólo una solución. Si en el asesinato están implicados miembros de las fuerzas armadas, deben ser entregados".
El coronel Ponce, que llegaría a ser general y ministro de Defensa en 1990, logró escabullirse, protegido por el presidente Alfredo Cristiani, incluso después de haber accedido a purgar las fuerzas armadas como parte de un acuerdo de paz entre el FMLN y el gobierno.
Sin embargo, en 1992 Naciones Unidas encargó una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil de El Salvador. El informe, ‘De la locura a la esperanza: La guerra de los doce años en El Salvador’ [From Madness to Hope: The 12-Year War in El Salvador], fue publicado en marzo de 1993 e identificó al general Ponce como el hombre que aprobó el asesinato. También concluyó que él proporcionó las tropas, destruyó evidencias y presionó a oficiales para que guardaran silencio sobre la participación de los altos mandos.
Apenas unos días antes de la publicación del informe, el general Ponce renunció como ministro de Defensa, pero negó responsabilidad por los asesinatos. En un desafiante discurso por televisión, rodeado de otros oficiales, calificó el informe y propuestas de Naciones Unidas para purgar a las fuerzas armadas salvadoreñas como "injustas, incompletas e ilegales".
Cinco días después de la publicación del informe de Naciones Unidas, en medio de rumores de un inminente golpe de estado, el Parlamento salvadoreño aprobó una ley de amnistía general para todos los crímenes cometidos durante la guerra civil. En 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, declaró esa ley en contravención del derecho internacional.
Sin embargo, el general Ponce no fue nunca acusado de ningún delito y los dos hombres condenados por los asesinatos, el coronel Benavides y uno de sus lugartenientes, fueron dejados en libertad.

René Emilio Ponce nació en 1947 en Sensuntepeque en el centro de El Salvador. Estudió en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios, graduándose en 1966.
Después de su nombramiento como agregado militar en México, estudió en la Escuela de las Américas en Estados Unidos.
Como comandante de la Policía Fiscal y de la Tercera Brigada de San Miguel, estuvo asociado a varias atrocidades cometidas contra civiles. En 1988 fue nombrado jefe del estado mayor conjunto.
Después de verse obligado a retirarse, el general Ponce fue presidente de la Asociación de Militares Veteranos.

En 2008, abogados de derechos humanos, siguiendo el precedente establecido cuando España acusó al chileno Augusto Pinochet por violaciones a los derechos humanos en 1998, presentaron una querella contra Cristiani y otros catorce miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas por los asesinatos de 1989 y su encubrimiento ante el Tribunal Supremo español.
El general Ponce y sus oficiales fueron acusados de crímenes contra la humanidad, asesinatos y terrorismo de estado. En enero de 2009, el juez Eloy Velasco accedió a procesar a los catorce oficiales. Aún no se formulan cargos contra ellos.
20 de mayo de 2011
3 de mayo de 2011
©new york times

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