NUEVAS ACUSACIONES DE GENOCIDIO EN MÉXICO - kevin sullivan
A pesar del revés sufrido en el caso contra Echeverría, el fiscal tiene en su mira a 30 ex oficiales. México tiene una curiosa ley que prescribe el delito de genocidio a los 30 años. La crueldad y cobardía de la clase política mexicana del PRI obstaculiza la justicia.
Ciudad de México, México. El fiscal especial que investiga las violaciones de los derechos humanos por el gobierno durante el período conocido en México como la guerra sucia' dijo que piensa acusar a 30 antiguos líderes civiles y militares de genocidio, a pesar del revés legal sufrido por sus esfuerzos sin precedentes por llevar a juicio por la misma acusación al antiguo presidente Luis Echeverría.
El fiscal Ignacio Carrillo Prieto, defendió en una entrevista el jueves pasado su intento de responsabilizar a antiguas autoridades políticas por las muertes y desapariciones durante una campaña represiva dirigida contra estudiantes y otros activistas entre los años sesenta y ochenta.
El fiscal especial ha debido hacer frente a críticas desde julio, cuando le pidió a un juez que emitiera una orden de detención contra Echeverría, 82, que fue presidente desde 1970 a 1976. También pidió detener a otros once antiguos altos funcionarios, acusándoles de genocidio en conexión con una masacre de 1971, en la que alrededor de 30 estudiantes que protestaban en Ciudad de México fueron asesinados por las fuerzas de seguridad.
Carrillo Prieto no dijo cuando presentará los cargos por genocidio contra los otros 30 antiguos funcionarios, pero declaró que su despacho tenía evidencias que los asociaban a cerca de 200 muertes y desapariciones.
"Esta guerra es larga y compleja, pero tenemos que seguir adelante", dijo Carrillo Prieto.
También pidió al presidente Vicente Fox que reuniera apoyo para los juicios, a pesar de una fuerte oposición política a confrontar el pasado de México. Aunque Fox ha apoyado sus esfuerzos, Carrillo Prieto dijo que el presidente no ha puesto las investigaciones en su lista de prioridades más importantes. Fox, por ejemplo, no proporcionó los fondos suficientes para exhumar fosas comunes sospechosas en el sur del estado de Guerrero, dijo.
"Si no hay prioridad, la voluntad no es suficiente", dijo Carrillo Prieto, un antiguo profesor de derecho que fue nombrado por Fox en enero de 2002. Dijo que pensaba reunirse con el presidente la próxima semana. "Si no hay una respuesta positiva le diré: Señor presidente, ¿de qué se trata esto?'"
Carrillo Prieto dijo que su interpretación de la ley internacional define genocidio como el intento sistemático de eliminar un grupo étnico, religioso o nacional. Los fiscales que instruyen casos de violaciones de los derechos humanos en Yugoslavia y Argentina han concluido que entre esos grupos también se incluye a los disidentes políticos, dijo Carrillo Prieto. Ha acusado a Echeverría de usar a los militares del estado y a las fuerzas policiales para "exterminar" sistemáticamente a los disidentes políticos de México, algo que Echeverría niega.
Menos de 24 horas después de solicitar una orden de detención contra Echeverría y otros once, el juez rechazó su petición, resolviendo que la ley de prescripción del delito de genocidio había expirado después de 30 años. Carrillo Prieto argumentó que las investigaciones oficiales sobre la masacre estuvieron en curso hasta 1982, de modo que el período de 30 años debería comenzar entonces. En ese caso, los delitos prescribirían recién en 2112.
El fiscal general del estado, para el que trabaja Carrillo Prieto, recurrió la resolución del juez ante la Corte Suprema, de la que se espera que determine pronto si considerará la apelación.
Carrillo Prieto dijo que no estaba desanimado por la resolución del juez; dijo que la esperaba.
Dijo además que hace frente a una poderosa oposición a que se investiguen las violaciones, que tomaron lugar durante el período del Partido Revolucionario Institucional PRI, que controló el gobierno desde 1929 hasta el 2000.
Para muchos mexicanos la rápida resolución del juez era una prueba de que la poderosa clase política mexicana y el débil poder judicial no tenían intención de investigar los abusos que ocurrieron durante la era del PRI, cuando los presidentes gobernaban casi con poderes dictatoriales.
"Hemos avanzado, pero no estamos satisfechos, y no debemos estarlo", dijo Carrillo Prieto. "No ayuda que la gente diga que no vale la pena. Lo peor que puede ocurrir es que la gente pierda la esperanza".
Muchos críticos se han quejado de que Carrillo Prieto exageró al acusar a Echeverría de genocidio, un cargo que es difícil de probar y que puede incluso provocar que el antiguo presidente -que es terriblemente poco popular- escape a la justicia. Carrillo Prieto defendió su decisión en el caso. "Incluso si hubiera mejores posibilidades con cargos menores, lo importante que determinar la verdad histórica y legal del asunto: los mexicanos lo merecen", dijo. Eso implica asesinatos que constituyen genocidio. "Es ridículo", dijo, tener una ley que prescribe el genocidio.
En casos relacionados, el despacho del fiscal especial ha logrado órdenes de detención para ocho individuos: uno de ellos murió, otros seis se encuentran fugitivos y Miguel Nazar Haro, uno de los más importantes agentes de seguridad interior de la era de la guerra sucia, está en prisión. Carrillo Prieto dijo que pedirá a un juez este viernes una orden de detención contra otro importante funcionario de gobierno, pero se negó a dar a conocer su identidad.
1 de septiembre de 2004
4 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
Ciudad de México, México. El fiscal especial que investiga las violaciones de los derechos humanos por el gobierno durante el período conocido en México como la guerra sucia' dijo que piensa acusar a 30 antiguos líderes civiles y militares de genocidio, a pesar del revés legal sufrido por sus esfuerzos sin precedentes por llevar a juicio por la misma acusación al antiguo presidente Luis Echeverría.El fiscal Ignacio Carrillo Prieto, defendió en una entrevista el jueves pasado su intento de responsabilizar a antiguas autoridades políticas por las muertes y desapariciones durante una campaña represiva dirigida contra estudiantes y otros activistas entre los años sesenta y ochenta.
El fiscal especial ha debido hacer frente a críticas desde julio, cuando le pidió a un juez que emitiera una orden de detención contra Echeverría, 82, que fue presidente desde 1970 a 1976. También pidió detener a otros once antiguos altos funcionarios, acusándoles de genocidio en conexión con una masacre de 1971, en la que alrededor de 30 estudiantes que protestaban en Ciudad de México fueron asesinados por las fuerzas de seguridad.
Carrillo Prieto no dijo cuando presentará los cargos por genocidio contra los otros 30 antiguos funcionarios, pero declaró que su despacho tenía evidencias que los asociaban a cerca de 200 muertes y desapariciones.
"Esta guerra es larga y compleja, pero tenemos que seguir adelante", dijo Carrillo Prieto.
También pidió al presidente Vicente Fox que reuniera apoyo para los juicios, a pesar de una fuerte oposición política a confrontar el pasado de México. Aunque Fox ha apoyado sus esfuerzos, Carrillo Prieto dijo que el presidente no ha puesto las investigaciones en su lista de prioridades más importantes. Fox, por ejemplo, no proporcionó los fondos suficientes para exhumar fosas comunes sospechosas en el sur del estado de Guerrero, dijo.
"Si no hay prioridad, la voluntad no es suficiente", dijo Carrillo Prieto, un antiguo profesor de derecho que fue nombrado por Fox en enero de 2002. Dijo que pensaba reunirse con el presidente la próxima semana. "Si no hay una respuesta positiva le diré: Señor presidente, ¿de qué se trata esto?'"
Carrillo Prieto dijo que su interpretación de la ley internacional define genocidio como el intento sistemático de eliminar un grupo étnico, religioso o nacional. Los fiscales que instruyen casos de violaciones de los derechos humanos en Yugoslavia y Argentina han concluido que entre esos grupos también se incluye a los disidentes políticos, dijo Carrillo Prieto. Ha acusado a Echeverría de usar a los militares del estado y a las fuerzas policiales para "exterminar" sistemáticamente a los disidentes políticos de México, algo que Echeverría niega.
Menos de 24 horas después de solicitar una orden de detención contra Echeverría y otros once, el juez rechazó su petición, resolviendo que la ley de prescripción del delito de genocidio había expirado después de 30 años. Carrillo Prieto argumentó que las investigaciones oficiales sobre la masacre estuvieron en curso hasta 1982, de modo que el período de 30 años debería comenzar entonces. En ese caso, los delitos prescribirían recién en 2112.
El fiscal general del estado, para el que trabaja Carrillo Prieto, recurrió la resolución del juez ante la Corte Suprema, de la que se espera que determine pronto si considerará la apelación.
Carrillo Prieto dijo que no estaba desanimado por la resolución del juez; dijo que la esperaba.
Dijo además que hace frente a una poderosa oposición a que se investiguen las violaciones, que tomaron lugar durante el período del Partido Revolucionario Institucional PRI, que controló el gobierno desde 1929 hasta el 2000.
Para muchos mexicanos la rápida resolución del juez era una prueba de que la poderosa clase política mexicana y el débil poder judicial no tenían intención de investigar los abusos que ocurrieron durante la era del PRI, cuando los presidentes gobernaban casi con poderes dictatoriales.
"Hemos avanzado, pero no estamos satisfechos, y no debemos estarlo", dijo Carrillo Prieto. "No ayuda que la gente diga que no vale la pena. Lo peor que puede ocurrir es que la gente pierda la esperanza".
Muchos críticos se han quejado de que Carrillo Prieto exageró al acusar a Echeverría de genocidio, un cargo que es difícil de probar y que puede incluso provocar que el antiguo presidente -que es terriblemente poco popular- escape a la justicia. Carrillo Prieto defendió su decisión en el caso. "Incluso si hubiera mejores posibilidades con cargos menores, lo importante que determinar la verdad histórica y legal del asunto: los mexicanos lo merecen", dijo. Eso implica asesinatos que constituyen genocidio. "Es ridículo", dijo, tener una ley que prescribe el genocidio.
En casos relacionados, el despacho del fiscal especial ha logrado órdenes de detención para ocho individuos: uno de ellos murió, otros seis se encuentran fugitivos y Miguel Nazar Haro, uno de los más importantes agentes de seguridad interior de la era de la guerra sucia, está en prisión. Carrillo Prieto dijo que pedirá a un juez este viernes una orden de detención contra otro importante funcionario de gobierno, pero se negó a dar a conocer su identidad.
1 de septiembre de 2004
4 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
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