ABSUELVEN A ACUSADOS DE ATENTADO CONTRA JUDÍOS EN BUENOS AIRES EN 1994 - kevin gray
En una sorprendente e insólita decisión un tribunal de Buenos Aires absuelve a cuatro policías y un vendedor de coches usados implicados en el mortal atentado contra un centro comunitario judío en la capital en 1994, que se cobró la vida de 85 personas.
Buenos Aires, Argentina. Este jueves una corte federal absolvió a los cinco hombres acusados de complicidad en el atentado de 1994 contra un centro comunitario judío que terminó con la vida de 85 personas, el atentado terroristas más mortífero en suelo argentino.
En una sentencia televisada a nivel nacional un panel de tres jueces absolvió a cuatro antiguos agentes de la policía provincial y a un antiguo vendedor de coches usados acusado de proporcionar la furgoneta utilizada en el atentado, que también dejó heridas a 300 personas.
La sentencia concluyó un juicio de tres años -el más largo en la historia argentina. Los cinco no estaban acusados de participar directamente en el atentado, sino que fueron acusados de ser cómplices por su papel en la banda de ladrones de coches y que fue responsable de la venta y entrega de la furgoneta.
Los fiscales habían pedido cadena perpetua par los cinco, varios de los cuales permanecieron bajo custodia a la espera de cargos separados no relacionados con la investigación del atentado.
Quince otros fueron exonerados de cargos menores.
Líderes de la comunidad judía condenaron la sentencia.
"Es el peor resultado imaginado", dijo Jorge Kirszenbaum, un funcionario de la DAIA, una importante organización judía. Pidió a sus partidarios que se unieran a una manifestación el viernes frente al reconstruido centro comunitario.
La furgoneta robada explotó el 18 de julio de 1994 frente a la Asociación de Ayuda Mutua Argentino-Israelí. La explosión demolió el edificio de siete pisos, un símbolo de la comunidad judía de Argentina de unos 300.000 miembros, la más grande de América Latina. Los cerebros del atentado no fueron identificados nunca.
Fue el segundo de dos atentados con bomba contra los judíos de Argentina durante los años noventa. En marzo de 1992 una explosión destruyó la embajada israelí en Buenos Aires, matando a 29 personas -el caso sigue sin resolver.
Funcionarios estadounidenses, líderes judíos y algunos funcionarios argentinos han sostenido que el atentado contra el centro comunitario fue ordenado por terroristas musulmanes y partidarios de Irán, acusaciones que Teherán ha negado.
Después de fracasar en obtener la extradición de sospechosos iraníes buscados en relación con el caso, los investigadores se han concentrado en lo que se dado en llamar "la conexión local".
Líderes de la comunidad judía asistieron al juicio federal, que fue fuertemente custodiado y cerrado al público.
Grupos judíos han reclamado que la investigación fue mal manejada, señalando una decisión de funcionarios judiciales a comienzos de año de retirar del caso al juez que se encargó de las pesquisas después de que se diera a conocer que sobornó a algunos testigos claves.
Los líderes de la comunidad judía han acusado a los tribunales, a la policía y a varios gobiernos argentinos de no investigar el caso por temor a que se produzcan revelaciones embarazosas.
Entre los absueltos se encuentra Juan José Ribelli, un antiguo jefe de la policía provincial de Buenos Aires que fue acusado de dirigir la banda de antiguos agentes de policía acusada de proporcionar la furgoneta.
Carlos Alberto Telleldin, acusado por los investigadores que negociar en coches robados bajo la protección de Ribelli, fue acusado de proporcionar la furgoneta robada a la banda de miembros de la policía ocho días antes del atentado.
Victor Stinfale, abogado de Telleldin, dijo que la sentencia liberaba a su cliente de un caso "construido sobre mentiras y acusaciones falsas".
"Los líderes de la comunidad judía deben pedirle perdón por mantenerlo en la cárcel durante tanto tiempo bajo acusaciones falsas", dijo.
Con la esperanza de dar nuevo ímpetu al juicio, el presidente Néstor Kirchner firmó el año pasado un decreto que libera documentos del servicio secreto y ordena a agentes de la inteligencia a declarar ante tribunales. Los líderes judíos aplaudieron esa decisión.
Un abogado de las víctimas dijo que estaba "asombrada" por la sentencia del jueves.
"No estaba preparada para esto", dijo Marta Nercellas. Pidió una investigación "seria". "Algún día encontraremos respuesta a nuestras preguntas".
4 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
Buenos Aires, Argentina. Este jueves una corte federal absolvió a los cinco hombres acusados de complicidad en el atentado de 1994 contra un centro comunitario judío que terminó con la vida de 85 personas, el atentado terroristas más mortífero en suelo argentino.En una sentencia televisada a nivel nacional un panel de tres jueces absolvió a cuatro antiguos agentes de la policía provincial y a un antiguo vendedor de coches usados acusado de proporcionar la furgoneta utilizada en el atentado, que también dejó heridas a 300 personas.
La sentencia concluyó un juicio de tres años -el más largo en la historia argentina. Los cinco no estaban acusados de participar directamente en el atentado, sino que fueron acusados de ser cómplices por su papel en la banda de ladrones de coches y que fue responsable de la venta y entrega de la furgoneta.
Los fiscales habían pedido cadena perpetua par los cinco, varios de los cuales permanecieron bajo custodia a la espera de cargos separados no relacionados con la investigación del atentado.
Quince otros fueron exonerados de cargos menores.
Líderes de la comunidad judía condenaron la sentencia.
"Es el peor resultado imaginado", dijo Jorge Kirszenbaum, un funcionario de la DAIA, una importante organización judía. Pidió a sus partidarios que se unieran a una manifestación el viernes frente al reconstruido centro comunitario.
La furgoneta robada explotó el 18 de julio de 1994 frente a la Asociación de Ayuda Mutua Argentino-Israelí. La explosión demolió el edificio de siete pisos, un símbolo de la comunidad judía de Argentina de unos 300.000 miembros, la más grande de América Latina. Los cerebros del atentado no fueron identificados nunca.
Fue el segundo de dos atentados con bomba contra los judíos de Argentina durante los años noventa. En marzo de 1992 una explosión destruyó la embajada israelí en Buenos Aires, matando a 29 personas -el caso sigue sin resolver.
Funcionarios estadounidenses, líderes judíos y algunos funcionarios argentinos han sostenido que el atentado contra el centro comunitario fue ordenado por terroristas musulmanes y partidarios de Irán, acusaciones que Teherán ha negado.
Después de fracasar en obtener la extradición de sospechosos iraníes buscados en relación con el caso, los investigadores se han concentrado en lo que se dado en llamar "la conexión local".
Líderes de la comunidad judía asistieron al juicio federal, que fue fuertemente custodiado y cerrado al público.
Grupos judíos han reclamado que la investigación fue mal manejada, señalando una decisión de funcionarios judiciales a comienzos de año de retirar del caso al juez que se encargó de las pesquisas después de que se diera a conocer que sobornó a algunos testigos claves.
Los líderes de la comunidad judía han acusado a los tribunales, a la policía y a varios gobiernos argentinos de no investigar el caso por temor a que se produzcan revelaciones embarazosas.
Entre los absueltos se encuentra Juan José Ribelli, un antiguo jefe de la policía provincial de Buenos Aires que fue acusado de dirigir la banda de antiguos agentes de policía acusada de proporcionar la furgoneta.
Carlos Alberto Telleldin, acusado por los investigadores que negociar en coches robados bajo la protección de Ribelli, fue acusado de proporcionar la furgoneta robada a la banda de miembros de la policía ocho días antes del atentado.
Victor Stinfale, abogado de Telleldin, dijo que la sentencia liberaba a su cliente de un caso "construido sobre mentiras y acusaciones falsas".
"Los líderes de la comunidad judía deben pedirle perdón por mantenerlo en la cárcel durante tanto tiempo bajo acusaciones falsas", dijo.
Con la esperanza de dar nuevo ímpetu al juicio, el presidente Néstor Kirchner firmó el año pasado un decreto que libera documentos del servicio secreto y ordena a agentes de la inteligencia a declarar ante tribunales. Los líderes judíos aplaudieron esa decisión.
Un abogado de las víctimas dijo que estaba "asombrada" por la sentencia del jueves.
"No estaba preparada para esto", dijo Marta Nercellas. Pidió una investigación "seria". "Algún día encontraremos respuesta a nuestras preguntas".
4 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
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