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despenalizar el consumo de drogas


Hay que abrir la mente: A despenalizar el consumo de drogas.
Chile. El año pasado en Chile la policía detuvo a 74.945 personas por infracción a la ley de drogas. Ocho de cada diez de estas personas fueron violentadas por el aparato punitivo del Estado por el simple hecho de portar o consumir dichas sustancias. La mayor parte de ellos no tenían ningún compromiso delictual anterior. Sean obreros, abogados, un director de una repartición estatal o un estudiante secundario, lo cierto es que además del mal rato que les hacen pasar, de concentrar tantos recursos en perseguir conductas que no le hacen daño a terceros -y son de estricta decisión personal-, es un despilfarro del dinero de los contribuyentes.
En sus ya cien años de vigencia, la declarada guerra a las drogas no tiene otro rédito para exhibir que rotundos fracasos. Pese a esto, los políticos de turno se empecinan en convencernos en proseguir esta cruzada moral. Y es que no sólo da réditos electorales levantar campañas azuzando miedos sociales, es también un buen negocio abrir centros terapéuticos que convencen a los padres de que van a ‘rehabilitar’ a sus hijos, justificar cada vez más gastos policiales y mantener prohibidas una serie de sustancias cuyo comercio ilegal es el más rentable del planeta.
Hace poco más de 10 años, los gobiernos de los diferentes países se sumaban felices a la campaña ‘un mundo libre de drogas’. Con el tiempo, tuvieron que agregarle al eslogan ‘podemos hacerlo’, debido a que todas las estadísticas confirmaban que las personas no querían dejar de usar drogas y el mercado que satisface esta demanda lo que menos quiere es su regulación.
La prohibición de las drogas ha dejado como consecuencias, además, violaciones a los derechos humanos de los mismos consumidores, asolados por el aparato policial, de comunidades campesinas y pobres urbanos, los que son los eslabones más débiles de la cadena del tráfico de drogas.
Los usuarios de drogas declaradas ilícitas también han debido soportar no sólo la criminalización de sus hábitos, sino que están obligados a tener que recurrir al mercado negro para proveerse de dichas sustancias y marginalizar su consumo. Las drogas no son peligrosas por ser drogas, sino porque están prohibidas.
El estigma de que los consumidores son personajes marginales, cada día se desvanece más. La realidad es que un alto número de universitarios y personas de los estratos con más alto poder adquisitivo son quienes más acceso tienen a las drogas, por razones obvias. El ánimo de esconder esta evidencia llevó incluso a Conace (Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes) a dejar de reportar el consumo de drogas por comunas, cuando sus mismas encuestas mostraban que quienes más ingerían drogas eran los jóvenes de clases altas, con estudios y sin riesgo social alguno. Consumidores de otros grupos sociales, en su mayoría, tampoco tienen problemas con las drogas.
Además, el reducido número de usuarios que tienen problemas con el consumo, no reciben la atención sanitaria y social que necesitan y deben conformarse con fracasadas terapias que persiguen el abandono total del consumo de drogas, cuando de lo que se trata es enseñarles a desarrollar estrategias de cuidado de sí y de consumos responsables.
Otro daño es el que se hace al medio ambiente. A baja escala es el provocado por los miles de laboratorios clandestinos que procesan drogas en selvas y vierten sus desechos en las fuentes fluviales. En un nivel mayor las políticas de erradicación forzada y el bombardeo de extensas zonas campesinas y selváticas con biocidas han devastado regiones enteras y dejado varios muertos. Esto es considerado un costo marginal para los gobiernos que mantienen estas políticas.
La excusa del combate a las drogas, asimismo, ha provocado en los países del sur del mundo una violación constante de su soberanía y la obligación de someterse a certificaciones con fines políticos. Esto ha terminado por erosionar el Estado de Derecho con la creación de órganos de controles nacionales e internacionales que escapan del examen democrático y, en muchos casos, son invitaciones abiertas a la corrupción.
Las muertes debidas a la guerra de las drogas son mayores que las causadas por su consumo. Sólo en México, desde el 2006, este conflicto ha cobrado la vida de más de 30 mil personas. Una guerra impuesta por Estados Unidos e implementada por agencias como la DEA, el FBI y la CIA, que no sólo ha traído violencia, corrupción, desplazamiento forzoso de familias, daños al medioambiente, sino que, por una parte, no ha dado resultado –incluso en sus áreas de influencia el narcotráfico se ha consolidado-, y, por otro lado, ha significado un debilitamiento de las democracias y de la soberanía nacional, pues ha servido para justificar el intervencionismo de la gran potencia del norte en Latinoamérica (con esa excusa, en 2010 una flota de guerra de EUA fue instalada en Costa Rica).
El siglo que prohibió a plantas y sustancias con efectos sobre la conciencia no deja otro saldo que el estigma y marginalización de los millones de usuarios de drogas prohibidas en el mundo, el haber entregado al mercado negro un negocio que hoy es el tercero más rentable del planeta -luego de la venta de armas y la trata de personas-, la desintegración social de muchas comunidades y graves daños al medio ambiente y comunidades urbanas y rurales.
Pero frente a este desolador panorama cabe decir que la mayor parte de los usuarios no tienen problemas por el consumo de drogas. Las consumen por placer, las comparten, se informan y cada vez más generan mejores estrategias de cuidado para su consumo. Es más, la paradoja de nuestra época da cuenta de que los usuarios de drogas permitidas como el alcohol y el tabaco son los que tienen más riesgos.
Para aportar más elementos a este debate, El Ciudadano quiso conocer la visión de quienes han sido la piedra de tope del aparato punitivo que se ha ensañado con los usuarios de drogas: Los jueces. A ellos les llegan jóvenes sorprendidos por fumar un pito de cannabis en la calle o portando un papelillo de cocaína o con una tableta de éxtasis. Y ya no son pocos los que han alzado sus voces para parar este delirio. En Argentina, Brasil y, como pudimos constatar, también en Chile, son varios magistrados que abogan por otra política de drogas, que sea justa, realista y eficaz.
Los mayores avances se han dado en Argentina, donde la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo de la legislación sobre drogas por violar los derechos individuales. Es una señal de que, pese a la prohibición y las mentiras desparramadas, el continente se mueve.
Sólo cabe pedir más sensatez a los legisladores nacionales.
23 de mayo de 2011
22 de mayo de 2011
©el ciudadano 99 primera quincena abril 2011

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