presión sobre honduras
16 de julio de 2009
De facto, interinamente o nombrado por el Congreso, no importa cómo se le llame, Roberto Micheletti no es presidente de Honduras. El presidente es Manuel Zelaya y, guste o no, es el hombre que fue derrocado el 28 de junio por un golpe cívico-militar y que debe volver a Tegucigalpa a terminar los últimos meses de su mandato. Sobre este punto están todos de acuerdo: Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el presidente de Venezuela Hugo Chávez y el presidente Obama. La cuestión es cómo llevarlo hasta allá contra la implacable oposición de las elites políticas.
El gobierno de Obama tenía razón en dejar que América Latina tomara la delantera en la resolución de la crisis hondureña, primero a través de la OEA y, después del fracaso del retorno de Zelaya, con la mediación del presidente de Costa Rica y laureado del Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. Pero las conversaciones se rompieron después de dos días de impasse y Zelaya ha amenazado con volver -una decisión que podría poner en peligro su vida y la de otros. Es hora de que Estados Unidos muestre más músculo a la clase política hondureña.
Obama ha dicho claramente que sacar a Zelaya del país por fuerza militar era ilegal, y que Estados Unidos ha puesto ‘en pausa’ decenas de millones de dólares en ayudas. Venezuela ha interrumpido los envíos de petróleo y la OEA ha suspendido a Honduras, pero nada de eso ha terminado con el empate. Micheletti y compañía parecen creer que si pueden aguantar las dificultades hasta las elecciones de noviembre, que se les perdonará todo. Pero no es así. El gobierno de Obama tiene que dejar en claro ahora que las elecciones realizadas en estas condiciones no serán consideradas legítimas y que ese plan sólo prolongará los problemas de Honduras. Entretanto, Estados Unidos debería considerar imponer sanciones a los individuos implicados en el golpe, como la cancelación de sus visas y el congelamiento de sus cuentas bancarias. También podría seguir el ejemplo de la Unión Europea y retirar a su embajador.
Las negociaciones son la única solución y todos esperamos que América Latina apoye a Arias para que Zelaya vuelva a la presidencia. Zelaya debería renunciar a su propuesta de convocar a un referéndum para reformar la Constitución y a la idea [si la tuviera] de extender los términos del mandato presidencial, a cambio de la renuncia de Micheletti. Las dos partes, parece, van a necesitar la garantía de una amnistía. Si eso es el coste de una solución negociada, que lo sea. No volver al orden constitucional enviaría al resto de América Latina la señal de que una vez más los problemas políticos pueden ser resueltos con un anticuado golpe de estado. Y para Honduras significaría un prolongado conflicto social, la erosión de la legitimidad de las instituciones oficiales y, muy posiblemente, la exigencia de una asamblea constituyente del tipo que las elites esperaban evitar con un golpe.
©los angeles times
cc traducción mQh
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